Ley y política en Cataluña

Desobediencia (9 de mayo de 2015)

Sorprende que la valoración que se hace del recurso planteado por el Gobierno español contra la normativa de matriculación de la Generalitat se centre casi exclusivamente en los efectos de dicho recurso sobre el sistema de inmersión.
Evidentemente, el recurso afectará a la denominada “inmersión”, pero las razones que explican su planteamiento van más allá de las bondades o maldades de la exclusiva utilización del catalán como lengua vehicular en la enseñanza.
Con independencia de que la inmersión sea un error (o no), lo relevante es que la exigencia de que al menos el 25% de la enseñanza en Cataluña deba impartirse en castellano se encuentra fijada por los tribunales. Esto es, ya no se trata de debatir sobre si la inmersión es o no es una buena opción educativa, sino de conseguir que la administración actúe con sometimiento pleno a la ley y al derecho y que cumpla las decisiones judiciales.
Es cierto que el Departamento de Enseñanza de la Generalitat no es un ejemplo de acatamiento a la ley. En ésta y en otras materias parece actuar con cierta frecuencia como si las normas fueran tan solo algo a esquivar, no a cumplir; pero todo tiene un límite. La desobediencia explícita y arrogante ante decisiones inequívocas de los tribunales no puede ser tolerada so pena de quebrar nuestro sistema social y político, que se basa –como no podía ser de otra manera- en el sometimiento de la administración a los tribunales.
Por eso sorprende que la mayoría de los partidos con representación en el Parlamento de Cataluña hayan reprobado la acción del Gobierno. Lo lógico sería que incluso aquellos que son favorables a la inmersión apoyaran una medida que pretende algo tan básico como hacer cumplir las resoluciones de los tribunales.
Quizás la cultura democrática no abunda. Lástima.


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