Un libro

domingo, 4 de junio de 2017

La Comisión de Venecia y nosotros

La Comisión de Venecia le ha enviado una carta a Puigdemont.
Se trata de la respuesta a la que remitió el Presidente de la Generalitat a este órgano asesor del Consejo de Europa en materias constitucionales. Valora la calidad democrática de las regulaciones de los países europeos y ha intervenido en la supervisión de algunos referéndums de autodeterminación. En este contexto ha elaborado un código de buenas prácticas en materias de referéndums que es citado con frecuencia.
La carta de Puigdemont está fechada el 29 de mayo. En ella se comunica a la Comisión de Venecia la Resolución del Parlamento de Cataluña que insta a solicitar la cooperación de esta institución para la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Se afirma que la voluntad de la Generalitat es la de realizar una consulta acordada con el Gobierno español y se informa de la negativa de éste a pactar la realización de dicha consulta.



En definitiva, es una muestra más del proceso de internacionalización del conflicto que el nacionalismo catalán lleva intentando desde hace cinco años. En todo este tiempo, cargados de los argumentos "democráticos" que han venido elaborando desde hace décadas, han pretendido que la comunidad internacional denuncie la pretendida falta de democracia de España, reconozca el derecho a la autodeterminación de Cataluña, exija al Gobierno español que ofrezca vías para la realización de una consulta sobre la secesión en Cataluña y, eventualmente, reconozca la independencia de esta región.
Hay que admitir que los secesionistas habían planteado bien su caso desde la perspectiva de la comunicación, hasta el punto de que muchos en España habían comprado su discurso. Percibía -y aún percibo- cierto acomplejamiento en quienes se oponen al secesionismo, como si realmente éste tuviera alguna base democrática que hiciera que se tuviera una cierta prevención en oponérsele abiertamente.
Quienes nos oponemos activamente al proceso separatista padecemos constantemente este imaginado plus democrático que se reconoce a los nacionalistas. Hace unas semanas, por ejemplo, presentábamos en el Congreso de los Diputados el segundo informe de Societat Civil Catalana sobre déficits democráticos en Cataluña, y podrá comprobarse cómo las intervenciones de Podemos y del PSOE no eran especialmente contundentes con lo que allí se explicaba; y algunas cosas son estremecedoras.


El discurso nacionalista, ese que pretende que más allá de la ley puede residir una legitimidad que debería ser atendida, ha calado -inexplicablemente- en personas que deberían ser conscientes de los mimbres con los que se construye la democracia moderna en Europa, aquella que surge de las cenizas que dejaron los regímenes totalitarios de los años 20 y 30 del siglo XX y que tiene muy claro que la democracia se consigue a través del Derecho. Quienes hemos alzado la voz contra el régimen nacionalista hemos sufrido este desenfoque, y así hemos tenido que soportar dudas sobre nuestro talante democrático cuando, precisamente, lo que nos mueve es la restauración plena de la democracia en un territorio, Cataluña, en el que los nacionalistas han introducido prácticas intolerables desde los estándares internacionales.
Es duro que en tu propio país se ponga en duda que lo que te mueve es, precisamente, la consecución del reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y la garantía de los principios que han de inspirar el funcionamiento de las instituciones democráticas; y es por eso que agradecemos a la Comisión de Venecia que recuerde lo que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo.

En marzo la Comisión de Venecia, en un informe que debería ser ampliamente difundido, analizaba la  reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional realizada en el año 2015. Ese informe contiene un contundente alegato sobre la obligación de acatar la Constitución y las decisiones del Tribunal Constitucional, así como de la necesidad de forzar a la autoridades que no obedezcan las decisiones del Tribunal Constitucional con el fin de que las acaten. No son mis palabras, son las palabras de la Comisión de Venecia ¿se imaginan la reacción de tantos en España si un documento de Societat Civil Catalana dijera eso, que hay que forzar a las autoridades desobedientes al cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional? Que aquí sea piedra de escándalo una afirmación que, de acuerdo con la Comisión de Venecia, es esencial para que podamos hablar de una democracia madura, da cuenta del grado de distorsión en que se encuentra la política española.

La carta de la Comisión de Venecia del día 2 de junio es otra muestra de las cosas sobre las que aquí dudamos y que en Europa tienen meridianamente claras.



La carta acusa recibo de la información remitida por Puigdemont y habla del referéndum, claro; pero de todas las condiciones que tiene que cumplir tan solo se fija en una: el referéndum debe ajustarse a las exigencias previstas en la Constitución y en las leyes. Además, recuerda a Puigdemont que la propia Comisión de Venecia tiene como nombre oficial "Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho". Toda una lección en una sola frase: no hay legitimidad al margen de la ley. Justo lo contrario de lo que sostienen los nacionalistas.


¿Servirá esto para que en España se deje de jugar a contentar a los nacionalistas y asumamos que no solamente no tienen un plus de legitimidad democrática, sino que sus propuestas de actuación unilateral y al margen de la ley son una amenaza para la democracia completamente inadmisible?
Tengamos convicción, porque tenemos razón; desde la Comisión de Venecia nos lo han vuelto a recordar.




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