martes, 17 de octubre de 2017

Derecho constitucional y Derecho penal

A la vista de algunos comentarios y análisis parece que hay una cierta confusión sobre lo que está sucediendo en Cataluña y la forma en que se está abordando.
Es evidente que algunas autoridades catalanas han decidido actuar fuera de la ley, lo que ha arrastrado también fuera de la ley a las instituciones que dirigen, el Govern de la Generalitat y el Parlament de Cataluña. Esto ha provocado una crisis institucional bastante grave, ya que debería resultar claro para todos que si una Comunidad Autónoma pierde a sus dos instituciones básicas, que han decidido actuar no como órganos constitucionales, sino como el núcleo de la administración de una hipotética República Catalana, es imposible mantener la normalidad institucional y han de adoptarse medidas extraordinarias.
La respuesta a esta crisis institucional es política y ha implicado hasta ahora el endurecimiento de los controles financieros sobre la Generalitat por parte del Gobierno y la activación del art. 155 de la Constitución, que es el precepto que en nuestro ordenamiento jurídico está previsto para devolver la legalidad a una Comunidad Autónoma en la que sus instituciones se han declarado en rebeldía.
La solución a esta crisis institucional es, como digo, política y en ella ha de haber margen para el diálogo, simpre tendente a la devolución de la legalidad y a la restauración de la convivencia.



Ahora bien, aparte de esta crisis institucional con consecuencias constitucionales, existen también hechos y actuaciones con transcendencia penal. Es claro que si una autoridad o funcionario no acata una orden judicial comete un delito de desobediencia, si dedica dinero público a fines ilegales uno de malversación y si, mediante la resistencia "pasiva" se pretende impedir que una autoridad o funcionario ejerza sus funciones se incurre en el delito de sedición del art. 544 del Código Penal.
De todos estos delitos están conociendo y han de conocer los tribunales, que actúan de forma independiente respecto al Gobierno y sometidos únicamente a la ley. Evidentemente, los jueces y magistrados pueden equivocarse e, incluso, actuar al margen de lo obligado legalmente y, por tanto, sus decisiones pueden ser criticadas y, llegado el caso, revocadas y ellos mismos procesados si se advierte que se apartaron de ese deber esencial para el desarrollo de su función constitucional.
Ahora bien, precisamente como los jueces y tribunales están sometidos únicamente a la ley cualquier crítica a su actuación que no se base en la ley misma no solamente carece de sentido, sino que es profundamente (repito, profundamente) antidemocrática. No puede pretenderse que los jueces actúen por motivaciones políticas y, por tanto, criticar sus decisiones a partir de la conveniencia o no de determinados resultados hace un muy flaco favor al Estado de Derecho.
Digo esto, evidentemente, por las reacciones a la decisión sobre la prisión provisional para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. No digo que no pueda analizarse críticamente dicha decisión y examinar con detalle los argumentos que se utilizan; pero la crítica ha de basarse en esos elementos y nada más. Cualquier referencia a la posibilidad de que dificulte "diálogos" o que contribuya a generar tensión está completamente fuera de lugar.


Aparte de esto, sin embargo, todavía hay otra dimensión que ha de ser consdierada y para la que debemos detenernos en los hechos de los que resulta la investigación criminal que ha conducido a Sánchez y a Cuixart a la prisión.
Los días 20 y 21 de septiembre se desarrollaban unos registros judiciales por orden del Juzado de Instrucción núm. 13 de Barcelona. Se trata de investigaciones que derivan de las denuncias presentadas a raíz de ciertas declaraciones de Santiago Vidal y Lluís Salvadó a finales del año 2016, declaraciones en las que se decía expresamente -en el caso de Vidal- que la Generalitat estaba construyendo ilegalmente bases de datos con los de los catalanes. ¿Alguien se plantea que esto no debería ser investigado judicialmente?
Los registros de los días 20 y 21 se vinculaban a estas investigaciones y ahora sabemos que en ellos se encontraron planes para la generación de inestabilidad en Cataluña con el fin de crear un conflicto que forzara una mediación internacional; también apuntes sobre lo que debería hacerse en caso de "guerra" y de "guerrilla". Estos documentos obraban en el domicilio de cargos autonómicos o en edificios públicos.
Ante la noticia de que estos registros se estaban realizando los Sres. Sánchez y Cuixart convocaron una concentración ante la sede de la Vicepresidenta Consejería de Economía con el fin de impedir o dificultar tales registros. Es decir, no estamos ante una manifestación "pacífica", sino ante el intento expreso y deliberado de dificultar la actuación de los funcionarios judiciales y los policías que los acompañaban. En el auto que decreta la prisión provisional para los presidentes de la ANC y Omnium se dan detalles de cómo estos tomaron parte activa en la organización del bloqueo de la Consejería de Economía, cómo hicieron de interlocutores entre los congregados y los funcionarios y policías sitiados y cómo animaron a continuar con el bloqueo a pesar de las muchas horas que llevaban encerrados los integrantes de la comisión judicial. Los detalles pueden consultarse en el auto donde se decreta la prisión provisional para Sánchez y Cuixart).




A partir de estos hechos -que no creo que nadie niegue, porque hay hasta constancia gráfica de ellos- puede discutirse si los Sres. Sánchez y Cuixart no parece, al menos indiciariamente, que han incurrido en el tipo del art. 544 del Código Penal, lo que podría acarrearles penas de prisión de hasta diez años a cada uno de ellos.
Quizás algunos pretendan que en aras al "diálogo" estos hechos deberían dejar de ser investigados y la justicia debería mirar para otro lado; esto es, como hemos visto, incompatible con el Estado de Derecho, pero es que, además, tiene una dimensión política que no debemos olvidar.
La sociedad catalana es una sociedad dividida. Los nacionalistas y quienes se oponen a la secesión forman dos grupos con visiones antagónicas en muchas cosas. Los consensos en la sociedad están rotos y, por tanto, lo único que nos queda para mantener la paz social es la ley.
¿Qué mensaje recibirían los catalanes no nacionalistas si se admitiera que los nacionalistas pueden actuar a su antojo, saltarse las leyes que nos vinculan a todos y, además, no ser perseguidos por ello? ¿Qué les quedaría a los catalanes no nacionalistas aparte de someterse o saltarse ellos también las leyes?
En estos momentos de tensión es fundamental el respeto a la ley. Ahora mismo es lo único que en Cataluña nos separa de un conflicto civil y, por tanto, cualquier pretensión de que la ley se relaje para los nacionalistas es de consecuencias imprevisibles.
No jugemos a aprendices de brujo. Ante las decisiones judiciales lo que toca es decir lo que se ha dicho siempre: respeto a la actuación de los tribunales y legítimo derecho a la discrepancia sin cuestionar su legitimidad.

sábado, 14 de octubre de 2017

Hablemos de delitos

Artículo 544 del Código Penal:

"Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

De esos artículos del Código Penal que cuando estudias la carrera te parece que no se aplicarán nunca. Supuestos que te es difícil imaginar; y que, sin embargo, en las últimas semanas se han materializado con una claridad meridiana. Desgraciadamente hemos visto por televisión o han sido descritos en la prensa hechos que encajan como un guante en este tipo penal. El 1 de octubre pasado fue pródigo en momentos que parecían sacados para ilustrar ejemplos de manual en relación a este tipo penal.
Recordemos el contexto: el 6 de septiembre de 2017 el Parlamento de Cataluña aprueba, en clara vulneración de la Constitución y el Estatuto de Autonomía una Ley que preveía la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña el día 1 de octubre de 2017. Esa ley fue inmediatamente recurrida al Tribunal Constitucional, quien la suspendió y prohibió que se llevara a cabo actividad alguna dirigida a organizar o celebrar dicho referéndum. Dado que, como es sabido por todos, las autoridades de la Generalitat continuaron con la preparación del mencionado referéndum, se iniciaron actuaciones judiciales destinadas a investigar si esta actuación de cargos y funcionarios supondría la comisión de los delitos de desobediencia (art. 410 del Código Penal), prevaricación (art. 404 del Código Penal) y malversación de fondos públicos (art. 432 del Código Penal). La juez encargada de la instrucción de estas causas ordenó que fueran sellados los locales destinados a la votación del 1 de octubre y que fueran requisadas, en su caso, urnas, papeletas, ordenadores y demás material destinado a la celebración del mencionado referéndum ilegal. Todos estos elementos podrían ser utilizados en la causa abierta contra quienes desobedecieron al Tribunal Constitucional, dictaron resoluciones u órdenes administrativas contrarias a derecho o comprometieron caudales públicos para la realización de actuaciones ilícitas.
Hasta aquí el contexto de los hechos del 1 de octubre. Como es sabido, desde el viernes los lugares de votación, o al menos un número significativo de los mismos, fueron ocupados por personas que tenían el declarado propósito de impedir la actuación de la policía que debía dar cumplimiento a las órdenes judiciales. El domingo no se habían cerrado los colegios con anterioridad a la hora en que estaba fijada su apertura y en varios de ellos se presentaron policías con la orden de acceder al interior de los mismos y requisar el material que se estuviera utilizando para la realización de la votación. En varios de dichos colegios las personas congregadas se ubicaron en los accesos al local con el fin de impedir la entrada de la policía.
Creo que pocas dudas caben de que esta actuación de tales personas entra en el tipo del art. 544 del Código Penal. Se trataba de un alzamiento público y tumultuario (es decir, con la participación de una "multitud" de personas) orientada a impedir que la policía ejerciera sus funciones. No parece un caso difícil o problemático, sino que encaja con naturalidad en la definición del art. 544 del Código Penal.


La resistencia pasiva a las órdenes de la policía ya entraría en el tipo penal; pero es que, además, en algunas ocasiones los congregados dieron el paso de enfrentarse a la policía, rodearla e incluso lanzarle piedras, sillas u otros objetos. Aquí ya no puede hablarse de "simple" resistencia pasiva y, por tanto, la calificación como delito de sedición parece que debería presentar pocas dudas.


Evidentemente, lo anterior no ha de impedir identificar los casos que hayan existido de extralimitación policial; pero este análisis no conducirá a alterar lo que hasta ahora se ha explicado: las personas que se reunieron en los colegios electorales con el fin de impedir el acceso de la policía que debía cumplir una orden judicial de requisa han incurrido en el tipo del delito de sedición, delito que supone una pena de entre cuatro y ocho años de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público también por un período de entre cuatro y ocho años.

No se actuará contra las personas congregadas en los colegios electorales, porque el Derecho penal deja de cumplir su función cuando el número de infractores supera un determinado límite; pero que dicha actuación no se produzca no debería hacernos también ocultar la quiebra de la legalidad que supone tolerar una actuación claramente delictiva. Esta tolerancia esconde un déficit no pequeño de nuestro Estado de Derecho que, además, tiene consecuencias no solamente respecto a las instituciones y el conjunto del ordenamientos, sino también respecto a los ciudadanos. Vamos a verlo a continuación.
Para darnos cuenta de esta última dimensión hemos de considerar que el referéndum de autodeterminación se inserta en una determinada estrategia desarrollada por los nacionalistas y que, como veremos, tiene como fin la independencia de Cataluña, independencia obtenida por la vía de hecho, en contra del Derecho español y al margen de las previsiones del Derecho internacional que en algunos supuestos facilitan la creación de nuevos Estados en territorios que forman parte de Estados preexistentes. Esta estrategia ha supuesto la instrumentalización de las instituciones y su puesta al servicio de tan solo una parte de los ciudadanos; esto implica la paralela exclusión de quienes no comparten los planteamientos nacionalistas que, a su vez, ven con temor un plan que supondría la pérdida de su condición de ciudadanos españoles en España y su sometimiento a un nuevo Estado que legítimamente pueden presumir hostil al haberse fundado sobre un movimiento nacionalista que los ciudadanos amenazados no comparten en absoluto.
Teniendo esto en cuenta, la utilización de recursos y medios públicos para la realización del referéndum ilegal es percibida como una agresión por quienes no comparten los planteamientos nacionalistas. Imaginemos ahora lo que sentirán estos ciudadanos cuando se dan cuenta de que los nacionalistas no solamente pueden utilizar las instituciones y recursos de todos para sus fines particulares, sino que, además, pueden delinquir impunemente sin que la ley actúe respecto a ellos. Al revés, la utilización de los poderosos medios de propaganda de los que disponen los nacionalistas condujo a que los delincuentes fueran considerados víctimas y a las fuerzas del orden como agresores. Esta impunidad agravada es percibida como una quiebra de las reglas legales y de convivencia que, como digo, no solamente tiene consecuencias institucionales, sino que afecta directamente a la seguridad jurídica de quienes no comparten los planteamientos nacionalistas.

Artículo 472 del Código Penal:

"Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:
1º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.
2º Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o a la Reina, al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad.
3º Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.
4º Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles algunas resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias.
5º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
6º Sustituir por otro Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad.
7º Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno."

Antes indicaba que el 1-O no fue un hecho aislado, sino que se inserta en una estrategia más amplia. La búsqueda de la confrontación entre la policía y los ciudadanos que ocupaban los colegios electorales iba orientada a crear una espiral de conflicto que conduciría a una situación que el Estado español sería imposible de gestionar, lo que obligaría a una mediación internacional que favorecería enormemente los intereses de los nacionalistas.
Lo anterior creo que es conclusión a la que llegará cualquier persona que haya seguido la evolución de los acontecimientos de Cataluña en los últimos años. No insistiré aquí en las múltiples pistas que nos han dejado en su soberbia envanecida sobre la construcción de estructuras de estado, robo de datos personales y acción exterior porque en los últimos días todo esto se ha visibilizado en los documentos incautados por la policía que investiga desde hace meses las declaraciones efectuadas en su momento por Santiago Vidal y Lluís Salvadó
En estos documentos se explica la estrategia seguida por la trama golpista que se ha adueñado de las instituciones catalanas. Su propósito es generar un conflicto en la calle que obligaría a actuar al Estado. La inacción de los Mossos d'Esquadra, partícipes en el complot a través de sus mandos y pese a la lealtad a la Constitución de muchos de sus integrantes, garantizaría el "éxito" de la maniobra: la desestabilización de Cataluña y la necesidad de una intervención internacional ante la impotencia del Estado.
Visto desde esta perspectiva, el 1-O no fue más que el primer paso en la estrategia insurreccional y un ensayo para una revuelta más amplia. El 1-O se experimentó con la utilización de la ciudadanía como fuerza de choque especialmente útil a efectos de propaganda -y de ahí la exageración en el número de heridos atendidos en esa jornada-, así como la pasividad de los Mossos d'Esquadra cuando no colaboración directa con los organizadores del referéndum ilegal.


Se trata de un plan que estremece: se trata de utilizar la ocupación de la calle y contar con el apoyo de los Mossos d'Esquadra a fin de crear un problema de orden público que la policía no podría resolver más que con una violencia que haría nacer un conflicto de grandes dimensiones que forzaría una intervención internacional. Diabólica la utilización de los ciudadanos como carne de cañón a efectos propagandísticos y la puesta a disposición de la rebelión de un cuerpo como los Mossos d'Esquadra. No se trata, sin embargo, de una especulación. El 1-O y la jornada de "huelga patriótica del día 3 de octubre permitió ver un ensayo de esta actuación coordinada de la agitación callejera y de los Mossos d'Esquara. El vídeo que comparto a continuación da buena cuenta de ello.


Nótese cómo este ciudadano de dos patadas quita los neumáticos ardiendo ante la mirada despreocupada de una dotación de Mossos d'Esquadra, la imagen perfecta de la pasividad de la policía ante los desórdenes.

La agitación en la calle precisa de organización. En el caso del plan que resulta de los documentos incautados por la policía esta organización estaría a cargo de la ANC y Omnium, lo que explica la investigación por sedición de los presidentes de ambas organizaciones; y también de los medios públicos de comunicación dependientes de la Generalitat, que se encargarían de distribuir las consignas adecuadas e, incluso, de hacer circular la información necesaria para la revuelta. En este sentido, debemos recordar que hace unos días Mònica Terribas animaba a los ciudadanos a informar sobre los movimientos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y que más recientemente llamaba a la movilización en la calle. Esta movilización, insertada en un plan general destinado al bloqueo de infraestructuras con el fin de conducir a la secesión entraría en el tipo de la rebelión que se reproduce un poco más arriba, y se separa completamente del legítimo ejercicio del derecho de manifestación. En este caso estamos hablando de movilizaciones que, tal como se desprende de mensajes que circulan por las redes sociales y de los documentos incautados por la policía pretende conseguir la desestabilización de Cataluña con el objetivo de derogar la Constitución y conseguir la independencia. De esta forma, estas actuaciones constituirían un supuesto de rebelión que debe perseguirse y castigarse, incluso aunque no llegue a realizarse y permanezca en la fase de preparación.

Artículo 477 del Código Penal:

"La provocación, la conspiración y la proposición para cometer rebelión serán castigadas, además de con la inhabilitación prevista en los artículos anteriores, con la pena de prisión inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente"

En caso de rebelión efectivamente realizada la pena será de quince a veinticinco años de prisión, acompañada de la de inhabilitación absoluta por igual tiempo.

La gravedad de la pena se corresponde con la gravedad del delito, que al igual que pasaba con el de sedición, pero todavía en mayor grado, no solamente violenta principios constitucionales, sino que también supone afectación directa a las personas, tal como estamos sintiendo de manera directa estas semanas en Cataluña. El daño que se produce a los ciudadanos cuando se ven sometidos a la amenaza de una revuelta que puede producir graves desórdenes y, en caso de triunfar, el fraccionamiento del país y la pérdida de la condición de nacional en su propio Estado es difícilmente imaginable por quien no lo haya experimentado. Muchos ciudadanos catalanes somos testigos de la gravedad de una situación como ésta que podría conducirnos al sometimiento a un régimen nacionalista que ya conocemos demasiado bien, aún en los límites que marca el Derecho español y la normativa europea. Entendemos, por tanto, perfectamente también la gravedad de las penas, a la vez que deseamos que la justicia actúe para poner fin a esta situación de zozobra e incertidumbre.
Una situación de zozobra e incertidumbre que ha tenido como efecto hacer que la tantas veces denominada "mayoría silenciosa" deje de serlo. La manifestación del pasado 8 de octubre, multitudinaria más allá de lo que podían imaginar los organizadores, legitima aún más la necesaria actuación de los poderes públicos para restaurar el Estado de Derecho y poner fin a la trama criminal que desde hace años planifica un golpe desleal contra las instituciones y los ciudadanos.


El Derecho penal no lo es todo. En la crisis abierta por los nacionalistas el Derecho constitucional también tiene mucho que decir; pero eso lo dejaremos para otro post. Aquí se trataba de dar cuenta de algunos aspectos penales, no todos (hay otros como los relativos a malversación, desobediencia y utilización ilegítima de datos personales, que aquí no hemos casi ni mencionado), que son relevantes para lo que nos ocupa; y, sobre todo, destacar que la utilización del Derecho penal no es caprichosa u opcional, sino obligada pues, como he intentado explicar, en este caso el Derecho penal no solamente protege a nuestras instituciones, sino también las legítimas expectativas de los ciudadanos.

martes, 10 de octubre de 2017

¿Qué ha dicho Puigdemont?



"Como presidente de la Generalitat asumo al presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y nuestros conciudadanos el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república. Esto es lo que hoy corresponde hacer. Por responsabilidad y por respeto. Y con la misma solemnidad, el Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada".

Estas son la media docena de líneas que parecen tener desconcertados a políticos y opinadores. Parecen existir dudas sobre lo que hoy ha hecho Puigdemont. Se ha buscado la ambigüedad, pero eso no impide que haya algunas cosas bastante claras.

1- Se ha proclamado la independencia de Cataluña.

Es claro que ha habido una declaración de independencia, tanto por la afirmación de Puigdemont en el sentido de que "asume (...) el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república" como del hecho de que posteriormente se proceda a solicitar la suspensión de (cito textualmente) "la declaración de independencia". El propio Puigdemont da por hecha la declaración de independencia puesto que no puede suspenderse lo que no existe.

2- En ningún caso hay una suspensión de la declaración, sino, en su caso, de los efectos de la misma.

Lo que afirma Puigdemont es que se pide que se suspendan "los efectos de la declaración de independencia", no la declaración misma. La diferencia es sutil, pero relevante, porque implica que la soberanía que se pretende haber conseguido para la república catalana se mantiene, aunque no sea más que formalmente, incluso aunque se suspendan los efectos de la misma.

3- No se han suspendido los efectos de la declaración de independencia.

Puigdemont es claro: no afirma que se suspenden los efectos de la declaración , sino que propone que el Parlamento suspenda dichos efectos. Es una propuesta del Presidente y de su Gobierno que se dirige al Parlamento y que, en su caso, debería concretarse en una decisión del Parlamento de Cataluña que, a mi conocimiento, no se ha producido. Así pues, la propuesta del Presidente queda en eso, una propuesta, sin que se haya producido ninguna suspensión pues no existe acuerdo alguno en este sentido por parte del Parlamento.

Esta impresión se confirma si se tiene en cuenta que tras la conclusión del Pleno del Parlamento, los diputados independentistas han firmado un documento solemne que declara la independencia y constituida la república catalana. Además indican que se declara la entrada en vigor de la ley de transitoriedad jurídica e iniciado el proceso constituyente.



El documento es "extraparlamentario"; pero eso no le priva de significado. Recordemos que un proceso de secesión forzosamente se ha de dar un salto entre la legislación del Estado de origen y la del nuevo Estado que se pretende crear. La firma de un documento complementario de la declaración realizada en el Parlamento visualiza este salto de una forma clara.
Nada de esto se ajusta a lo que preveía la Ley del Referéndum aprobada el 6 de septiembre y posteriormente suspendida por el Tribunal Constitucional; pero es que este ajustarse a la ley es secundario en un proceso de secesión que, por definición, se basa en el hecho y no en el derecho. Lo que cuenta es la voluntad manifestada por quienes pretenden crear un nuevo Estado sobre el territorio de Cataluña. Esa voluntad, su concreción y la forma en que se convierte en eficaz es lo que resulta relevante.

En resumen, se confirma que la Generalitat ha dado el paso final para la confrontación con el Estado. El hecho de que se haya planteado una suspensión de la declaración de independencia (que no se ha concretado) no limita la gravedad del desafío, que exigirá la respuesta de las instituciones del Estado.
Ni que decir tiene que todo esto que está pasando tiene (o puede tener) también una traducción penal; pero de eso se tienen que ocupar los jueces y la policía.

sábado, 23 de septiembre de 2017

Nuestros datos en su censo

El pasado jueves 21 muchos catalanes nos dimos cuenta de que, efectivamente, nuestros datos personales habían sido utilizados para configurar un censo ilegal destinado a ser utilizado en el referéndum de autodeterminación convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional.
El propio Presidente Carles Puigdemont difundía la dirección de la web donde introduciendo el número y letra del DNI, la fecha de nacimiento y el código postal se obtenían la dirección, mesa y sección para la votación del 1 de octubre. Introduje mis datos y comprobé que la página web me devolvía la información relativa al lugar donde me correspondería votar (el mismo lugar habilitado para la consulta del 9 de noviembre de 2014, por cierto).



El que me indicara con tanta precisión dónde debía votar tan solo podía suceder si quien gestionaba la página web (una página web pirata, ubicada no se sabe dónde y construida para evitar que la Guardia Civil la bloqueara como había bloqueado otras réplicas de la página web original, referendum.cat) disponía de mis datos personales y, cuando yo introducía la consulta verificaba el punto de votación que me correspondía. De todas formas, a fin de asegurarme de ello procedí también a introducir datos que no se correspondían con la realidad manteniendo tan solo como cierto el código postal. Con ello pretendía verificar que la página no era más que una apariencia de censo que, en realidad, no utilizaba mis datos personales, sino que, a través del código postal, atribuía aleatoriamente puntos de votación en el área identificada por el código. No era así, sin embargo, si introducía datos falsos el mensaje que me devolvía la página era el de error.


Existen, pues, indicios razonables de que se ha configurado una base de datos con los datos personales de los catalanes con el fin de utilizarlos para el referéndum ilegal del 1 de octubre. La primera constatación directa y personal de que lo que nos habían explicado hace meses Santiago Vidal y Lluís Salvadó. Tal como escribía en su momento, el Sr. Vidal no tuvo problema en detallar públicamente los trabajos que desde la Generalitat se estaban realizando para construir las denominadas "estructuras de Estado", entre las que se incluía la elaboración de bases de datos "ilegales" en palabras del propio Vidal, que permitirían al nuevo Estado desarrollar sus funciones. Estas declaraciones fueron confirmadas por el Secretario de Hacienda de la Generalitat en una conferencia (a partir de 1:00:00) donde explica cómo se están construyendo al margen de la ley las bases de datos que precisa la República Catalana


La gravedad de estas declaraciones motivó que se presentaran denuncias tanto ante la Agencia Española de Protección de Datos como ante la Autoridad Catalana. Yo mismo lo hice de acuerdo con los modelos facilitados por Societat Civil Catalana (aquí y aquí).
No he vuelto a tener noticias significativas de aquellas denuncias, lo que es grave, sobre todo teniendo en cuenta que ahora tenemos la constancia de que las informaciones que de forma tan despreocupada habían facilitado Vidal y Salvadó respondían a la realidad: se estaban construyendo bases de datos para fines que no eran los previstos constitucional y estatutariamente, aprovechando, presumiblemente, los datos de los ciudadanos de los que disponía la Generalitat para otros fines.
En materia de protección de datos es claro, tanto de acuerdo con la normativa española como la normativa europea que los datos que han sido cedidos a un particular o a una administración para un uso determinado no pueden ser utilizados para otro uso. Mucho menos los datos que figuran en un archivo o registro pueden ser trasladados o utilizados en otro registro o archivo sin una habilitación específica para ello. Evidentemente, si el uso al que se destinan es en sí ilegal se produce una gravísima vulneración de la normativa en materia de protección de datos. Todo esto debería haber sido investigado hace meses y haberse evitado llegar a la situación que traducen las dos capturas de pantalla que acabo de mostrar y deberán exigirse responsabilidades por ello.

Pero la construcción de una base de datos al margen de la ley aprovechándose de datos aportados para otros fines no solamente es una infracción de la normativa en materia de protección de datos, sino que puede tener transcendencia penal. Es por eso que en la denuncia que presentó Societat Civil Catalana el 30 de enero de 2017 en relación a las declaraciones de Santiago Vidal, se incluyó una referencia a la posible vulneración de varios preceptos del Código Penal como consecuencia de la construcción de estas bases de datos.


Esta denuncia de Societat Civil Catalana fue remitida a la Fiscalía General del Estado y, según parece, ha acabado en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, quien la habría unido a otras denuncias que serían la base de las actuaciones que se han desarrollado esta semana a fin de comprobar si los delitos de los que ahí se advertía están realmente cometiéndose.

En lo que se refiere a la utilización de los datos personales de los catalanes para la confección del censo para el 1-O nos encontramos, como vemos, con una clara vulneración de la normativa sobre protección de datos, pero también con un hecho con transcendencia penal, y ello por dos vías (al menos): por una parte es un nuevo incumplimiento de la suspensión del referéndum ordenada por el Tribunal Constitucional, por lo que podría suponer ya en sí un delito de desobediencia; pero, aparte de esto, al tratarse de una utilización ilegítima de nuestros datos personales podríamos estar ante el tipo de revelación de secretos del art. 197 del Código Penal, tal como indica la denuncia que acabo de compartir de Societat Civil Catalana.
Es por eso que no resulta extraño que ya ayer la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ordenase investigar la web que facilita la información sobre el punto de votación para el 1-O; pero esta investigación no exime a los ciudadanos de ejercer su deber cívico de denunciar la utilización que de sus datos está haciendo la Generalitat. Ayer, junto con mi amigo Joaquim Coll, acudimos a la Guardia Civil a denunciar que nuestros datos personales obraban en poder de quien gestionaba esa web ilegal construida para un propósito igualmente ilegal.


Animo a que todos los ciudadanos lo hagan. Deberían entrar en la web, comprobar que al introducir sus datos la web informa del punto de votación; hacer captura de esa pantalla y con ello acudir a un puesto de la policía judicial de la Guardia Civil. A través de internet o llamando a la Guardia Civil pregunten cuál es el puesto de policía judicial de la Guardia Civil más cercano (no todos los cuarteles de la Guardia Civil tienen a todas horas personal de la policía judicial), persónense y denuncien.
Los independentistas pretenden mostrar imágenes de colas de personas pretendiendo votar el 1 de octubre. Me gustaría que nosotros pudiéramos mostrar colas de personas que denuncian la flagrante vulneración de sus derechos -en este caso el derecho a que sus datos personales no sean utilizados para fines ilegales- ante las autoridades competentes. Es una manera de exigir la devolución del Estado de Derecho a Cataluña.
Ser ciudadano no da solamente derechos, sino que también atribuye responsabilidades. Asumámoslas y hagamos aquello que está en nuestra mano para poner fin al desafío nacionalista. No les engañaré, deberán emplear parte de su tiempo en ello; pero si no estamos dispuestos a sacrificar esa parte de nuestro tiempo para defender nuestros derechos quizás sea que no nos los merezcamos.
Obremos con generosidad ahora, hagamos frente al desafío y dejemos para más adelante ver qué cosas se han hecho mal para haber llegado a donde estamos. Ahora mostremos la mayor unidad posible.

domingo, 10 de septiembre de 2017

Los tres golpes




I. Es un golpe de Estado

Lo que estamos viviendo estos días en Cataluña es un golpe de Estado. Sé que algunos se niegan a utilizar este término y aducen sus razones para mantener que los acontecimientos de los últimos días y los que probablemente les seguirán no pueden en sentido estricto ser considerados como un golpe, pero a mí me parece que es la palabra más adecuada para definirlo.
Mantengo que es un golpe de Estado porque implica la sustitución del ordenamiento vigente en un determinado territorio por otro que no ha sido introducido como una modificación del anterior. Una sustitución que se produce por la vía de hecho y no según los mecanismos que prevé el ordenamiento que es desplazado. Se trata de una ruptura con el Derecho vigente que no se basa en éste, sino que pretende tener una legitimidad originaria. Como veremos esto es lo que está sucediendo en Cataluña. Se pretenden derogar la Constitución y el Estatuto de Autonomía para sustituirlos por la Constitución de la República Catalana.
Para algunos lo anterior no sería un golpe de Estado en tanto en cuanto no se utilizara la fuerza; y según estos mismos, en el caso de Cataluña no se estaría recurriendo a la fuerza para llevar a cabo la derogación del ordenamiento vigente y su sustitución por un nuevo ordenamiento; pero a mi este argumento no me convence.
En primer lugar, no creo que si se produce una sustitución por la vía de hecho del Derecho que se aplica en un determinado territorio sea determinante que tal sustitución vaya acompañada del desfile de personas armadas o de disparos al aire. El que no haya estos elementos no altera la esencia del proceso que, como digo, es un cambio constitucional al margen de los mecanismos previstos para la reforma de la Constitución.
En segundo lugar, siempre que se pretende imponer por la vía de hecho un determinado conjunto de normas jurídicas se está recurriendo a la amenaza del uso de la fuerza. Lo aclaro: en primero de Derecho te explican que el ordenamiento jurídico puede definirse como un conjunto de normas (mandatos) cuyo cumplimiento está respaldado por la amenaza del uso de la fuerza. Cualquier norma es jurídica porque se inserta en un sistema cuya efectividad, en última instancia, puede conseguirse coactivamente. Sin esa posibilidad de coacción no estamos ante verdadero Derecho.
En el caso de Cataluña es esto lo que está sucediendo. Lo que se pretende es imponer a los ciudadanos catalanes el pago de impuestos a la Hacienda catalana, sancionándolos en el caso de que no los paguen. Y como en los impuestos en todo lo demás. Las leyes aprobadas en el Parlamento esta semana incluyen obligaciones concretas y lo que se pretende es que los medios de los que dispondrá la República Catalana (policías, jueces) se utilicen para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones. Es por esto que la amenaza del uso de la fuerza no está excluida en el proceso que estamos viviendo.
Sea como fuere, no pretendo entrar en un debate nominalista, sino tan solo explicar por qué opto por la palabra "golpe de Estado" para referirme al proceso en el que estamos inmersos. Un proceso que se concreta en tres "golpes" de los que me ocuparé a continuación. En primer lugar un golpe en el Parlament (el de la semana pasada), luego un golpe en el Govern (el que está desarrollándose estos días) para acabar, probablemente, con un golpe en la calle.


II. El golpe en el Parlament

La primera fase del golpe se dio en el Parlament de Cataluña el miércoles y jueves pasado y concluyó con la aprobación de la Ley de Transitoriedad ya en la madrugada del jueves al viernes. No entraré en detalles en lo que se refiere a esa Ley, porque creo que basta con indicar que supone la derogación de la Constitución en Cataluña. La Ley de Transitoriedad pasa a ser la Constitución (provisional) de la República Catalana que crea la nueva Ley.
La Ley de Transitoriedad es, evidentemente, contraria a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía. El pasado jueves Miquel Iceta desarrolló un encomiable ejercicio de oratoria en el Parlament mostrando la clara contradicción de la Ley con ambas normas fundamentales; pero creo que se trataba de un esfuerzo bastante inútil porque es evidente, creo que para todos, la inconstitucionalidad de tales normas y su clara vulneración del Estatuto de Autonomía. También la Ley del Referéndum, aprobada el miércoles es claramente contraria al Derecho vigente. La aprobación de ambas normas debería de haber sido imposible por razones de fondo (su evidente carácter inconstitucional) y por razones de forma, ya que incluso considerando las materias menos llamativas (la creación de la Sindicatura Electoral en la ley del referéndum, por ejemplo) resultaría que su aprobación necesitaría de unas mayorías reforzadas que no se llegaron a alcanzar.
De hecho el procedimiento de aprobación de estas normas fue en sí mismo muestra del carácter excepcional y atípico de la regulación introducida. No se siguieron los trámites previstos, se recurrió a un procedimiento de urgencia que obligó a la oposición a redactar sus enmiendas ¡en dos horas! e impidiéndose, además, la presentación de enmiendas a la totalidad. Finalmente, se prohibió recurrir al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, lo que implicaba una vulneración de la legislación que regula esta institución que el propio Consell se encargó de señalar de forma expresa.


No creo, sin embargo, que debamos escandalizarnos más por estos atropellos en el procedimiento legislativo que por el contenido de la norma. De alguna manera el carácter autoritario y antidemocrático con el que se desarrolló el pleno del Parlamento en el que se aprobaron la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad era el perfecto envoltorio para unas Leyes que lo que hace es precisamente romper con el ordenamiento jurídico del que deriva sus poderes el  propio Parlamento. Estas Leyes, además, al derogar la Constitución y el Estatuto de Autonomía ponen fin también al Parlamento en tanto que institución autonómica, por lo que podrían haber sido aprobadas de cualquier manera que se les hubiera ocurrido. Como en todo punto de ruptura no importa la corrección jurídica, sino la capacidad de imponer -coactivamente- el nuevo ordenamiento.

A mi conocimiento no se ha destacado este aspecto de las Leyes aprobadas en el Parlament la semana pasada: al romper con la legislación vigente y derogar la Constitución y el Estatuto transforman también el Parlament, que deja de ser una institución autonómica para pasar a integrarse en el aparato de la República catalana. Si nos tomamos en serio lo aprobado por el Parlament resultaría que la institución básica de la Comunidad Autónoma habría sido liquidada con las consecuencias que ello tiene y que obligarían a actuar como si, efectivamente, el Estatuto hubiera sido anulado y ahora sobre el territorio de Cataluña no se proyectara ninguna Comunidad Autónoma, sino tan solo una administración ajena al ordenamiento constitucional cuyo objetivo es, precisamente, desplazar de manera efectiva el ordenamiento español del territorio de Cataluña.
Como es sabido, sin embargo, no ha sido este el acercamiento con el que el Estado ha abordado la crisis creada en Cataluña. Al contrario, se ha pretendido tratar el tema de la misma manera que cualquier otro supuesto en el que se hubiera producido una irregularidad en el procedimiento legislativo o una contradicción entre la norma aprobada y normas de rango superior (la Constitución española y el Estatuto de Autonomía en este caso). De esta manera se ha recurrido al Tribunal Constitucional quien, como era obligado, ha suspendido la Ley del Referéndum y en los próximos días hará lo mismo con la Ley de Transitoriedad. Además, ha ordenado que se paralicen todas las actuaciones tendentes a la realización del referéndum y ha notificado personalmente a más de mil cargos en Cataluña conminándoles a obedecer las instrucciones del Tribunal Constitucional.
La impugnación de las disposiciones autonómicas por parte del Gobierno y la suspensión de las mismas por el Tribunal Constitucional es lo correcto desde la perspectiva del ordenamiento español, y lo único necesario si no hubiera una voluntad de desobediencia por parte de las instituciones catalanas. Es también -creo- la última oportunidad para recuperar como autonómicas las instituciones que se han declarado en rebeldía; pero para que tenga efecto las órdenes del Tribunal Constitucional han de ser acatadas, y nada indica que vaya a ser así. Tras el golpe en el Parlamento, el Govern de la Generalitat ha tomado el testigo y ha dejado claro durante estos días que no actuará como institución constitucional española. De esta forma el Govern se une al golpe y lo agrava.


III. El golpe en el Govern

En la noche del miércoles al jueves de la semana pasada, inmediatamente tras la aprobación de la Ley del Referéndum, el Govern de la Generalitat lo convocó y promulgó las disposiciones relativas al mismo. Lo hizo aprovechando las horas que transcurrieron entre la promulgación de la Ley y la suspensión de la misma por parte del Tribunal Constitucional. En un momento en el que podría quizás pretender que actuaba legítimamente porque la Ley aprobada por el Parlamento aún no había sido suspendida. Adelanto que esta pretensión de legitimidad no es tal porque la convocatoria del referéndum vulneraba decisiones anteriores del Tribunal Constitucional; pero ahora no voy a entrar en ello porque lo cierto es que el Gobierno de la Generalitat no ha actuado tras la suspensión como si pretendiera obedecer al Tribunal Constitucional. Al contrario, ha expresado con claridad que continuará adelante con el referéndum, el Conseller Turull hasta ha informado a los ciudadanos de qué forma podían imprimirse ellos mismos las papeletas de votación y en el momento en el que escribo estas líneas (domingo, 10 de septiembre, por la mañana), la página del referéndum continúa activa pese a que ya han pasado más de dos días desde la orden del Tribunal Constitucional de paralizar toda actuación en relación a la consulta y en TV3 se sigue emitiendo publicidad en relación al 1-O.
En definitiva, la Generalitat está actuando ya no como administración autonómica sino como la administración de la República Catalana. Esto, como intentaba explicar el otro día, es grave, porque tiene la potencialidad de convertir el conflicto que tenemos entre manos en un conflicto internacional.
Ante esta situación los fiscales, jueces y la policía están actuando, investigando los delitos que -según el ordenamiento español- podrían estar cometiéndose, lo que podría afectar a un número amplio de personas, incluidos los integrantes del Gobierno de la Generalitat. Lógicamente es necesario investigar si nos encontramos ante delitos como la desobediencia, la prevaricación, la malversación o, incluso, la rebelión o la sedición. Ahora bien, todas estas investigaciones y, en su caso, acusaciones, no cambian la circunstancia de que la administración de la Generalitat, ya desligada de hecho del ordenamiento español, trabaja para llevar a cabo actuaciones ilegales que tienen como fin último que el Estado español quede desplazado del territorio catalán y en éste se cree un nuevo Estado que sería administrado precisamente por la Generalitat. De hecho, la desobediencia clara de la Generalitat ya implica la aplicación del art. 16 de la Ley de Transitoriedad, que prevé la transformación de todas las administraciones en Cataluña en administraciones del nuevo Estado; y ante esto las actuaciones penales tienen una eficacia limitada. Éstas pueden, en todo caso, afectar a las personas; pero nada implican para la administración, y esto es algo que puede tener consecuencias.
Como digo, esta desobediencia de la Generalitat es coherente con lo que no queremos asumir: que la Generalitat, al igual que el Parlamento, ya no son instituciones autonómicas y que, por tanto, la Comunidad Autónoma ha quedado vaciada. La gravísima crisis institucional que ello supondría parece no querer ser vista por las instituciones españolas que prefieren seguir actuando como si nos encontráramos ante un atraco con rehenes o una trama de narcotráfico, desatendiendo todas las consecuencias institucionales que tiene tanto la actuación del Parlamento como de la Generalitat; y olvidando que estas actuaciones no se desenvuelven solo en el plano de los hechos, sino que en este caso el hecho puede convertirse en Derecho, pues cuando se plantea un conflicto entre legalidades dentro del mismo territorio el Derecho que acabará estando vigente es el que consiga efectividad. Es por esto que la desobediencia de la Generalitat, que ya dura varios días, cada hora nos acerca más al momento en el que pueda proclamarse ante la comunidad internacional la creación de un nuevo Estado. Para ello lo único que es preciso es mostrar que quien controla realmente el territorio y la población de Cataluña es la Generalitat rebelde y no el Estado español. En este sentido, como digo, la desobediencia de la Generalitat es relevante; aunque todavía no definitiva, porque, como veremos, por una parte no todos los funcionarios se sumarán a la rebelión (se están sumando a la rebelión); y por otra parte no debe descartarse una reacción del Estado ante la que cabría esperar una reacción en la calle que acabaría convirtiéndose en el tercer golpe: tras el golpe en el Parlamento y el golpe en el Gobierno nos encontraríamos con el golpe en la calle.


IV. El golpe en la calle

Como explicaba en el epígrafe anterior, tras el golpe en el Parlamento en estos días estamos asistiendo al golpe en el Govern. La desobediencia del mismo supone un riesgo cierto para la pretensión del Estado español de controlar de manera efectiva el territorio y la población catalana, por lo que lo razonable es que en los próximos días se actúen de alguna manera sobre las competencias que ejerce la Generalitat con el fin de evitar la consolidación del control sobre Cataluña de una administración que ya no actúa como administración española. Es cierto que es probable que la desobediencia se manifieste de manera más clara en los niveles superiores de la administración, ocupados por cargos políticos, que en el núcleo de la misma, en el que se encuentran los funcionarios; pero en cualquier caso la manifiesta rebeldía de los miembros del Govern es relevante y ya provoca por sí sola una tensión dentro de la administración catalana que resulta inadmisible.
A esto tenemos que añadir otra circunstancia: como es sabido los independentistas han planteado su desafío en torno a una fecha, el 1 de octubre. Ese día es aquél en el que tendría que celebrarse un referéndum de autodeterminación en Cataluña contrario a la Constitución y al Estatuto de Autonomía y prohibido por el Tribunal Constitucional. Mi impresión es la de que pese a la clara voluntad de desobediencia del Gobierno de la Generalitat será difícil que ese referéndum se produzca: las consecuencias penales que tendría para los funcionarios participar en dicho acto ilegal dificultarán su organización. A medida que se acerque la fecha veremos más actuaciones judiciales y policiales en relación al referéndum y, quizás, también, tal como aventuraba un poco más arriba, otro tipo de actuaciones destinado a limitar el ejercicio de ciertas competencias por la Comunidad Autónoma.
En cualquier caso, es evidente que si, pese a la prohibición del Tribunal Constitucional el referéndum acaba celebrándose será imposible ya para España mantener que es Estado que controla de manera efectiva el territorio de Cataluña. Espero que esto esté claro en quienes tienen que adoptar las decisiones necesarias para que esto no ocurra y que, finalmente, el referéndum no llegue a celebrarse debido a que los funcionarios que tendrían que participar renunciarán a hacerlo, bien por convicción democrática, bien por el temor a las consecuencias penales de sus actos. En caso necesario espero que no haya dudas sobre la adopción de medidas que limiten las competencias de la Generalitat con el fin de impedir de manera efectiva la realización del referéndum.
En estas circunstancias, dividida la administración catalana porque muchos funcionarios serán reluctantes a unirse a la rebelión, dividida también la administración local entre ayuntamientos que se habrían sumado al golpe y ayuntamientos que no querrían participar en la rebelión (tal como hemos visto en estos días), a los independentistas les quedaría tan solo un recurso: la calle.



Dentro del independentismo siempre ha habido sectores que han defendido que el centro de la revuelta debe situarse en la calle. La CUP y los próximos a la CUP llevan tiempo emprendiendo "acciones directas" tanto en la Universidad, como en determinados barrios o, incluso, llegando al hostigamiento e intento de ocupación de sedes de partidos políticos.
Si el referéndum no puede finalmente celebrarse, la única alternativa que le queda al independentismo es la proclamación de la independencia (así se ha manifestado ya el presidente de la ANC) y apoyar dicha declaración con presencia en la calle. La forma de conseguirlo es variada. Creo que la más "natural" sería la convocatoria de una huelga general y la utilización de los grupos más extremistas del independentismo (los mismos que ya padecemos en la Universidad) para intentar controlar el área metropolitana.
En un escenario de ese tipo la restitución del orden público sería competencia inicial de los Mossos d'Esquadra, y ahí podría medirse si su compromiso se inclina por la legalidad española o la República Catalana. Cualquier duda o tibieza debería dar lugar a una intervención de alcance por parte de otras fuerzas policiales. Como puede imaginarse, en ese escenario de disturbios y violencia cualquier cosa podría pasar.
Quizás cuando estemos en esa situación los que ahora duden de que estamos ante un golpe de Estado se den cuenta del error de haber minimizado el desafío. Entretanto otros pretendemos que se tome conciencia de la gravedad del problema al que nos enfrentamos.

sábado, 2 de septiembre de 2017

¿Qué implica la Ley de Transitoriedad?

Creo que no somos plenamente conscientes de la gravedad de lo que implica la Ley de Transitoriedad. Parece que estamos más preocupados por el referéndum del 1 de octubre que por un desafío mucho más transcendente, como es esta Ley. De hecho, podríamos decir que el referéndum es el dedo mientras que la Ley de Transitoriedad es la Luna, y no creo que sea casual que los nacionalistas hayan juntado y mezclado, al menos en el tiempo, ambas cuestiones.
Creo que da cuenta de esta falta de perspectiva respecto a la Ley de Transitoriedad el que en los últimos días se ha insistido bastante en su inconstitucionalidad y también en la baja calidad de algunos de sus preceptos o en la forma en que no respeta suficientemente la división de poderes, pero menos en la gravedad que tiene en sí la existencia de la ley, al margen de su mayor o menor calidad técnica. Aunque jurídicamente la Ley de Transitoriedad fuera perfecta no dejaría de ser el mayor desafío a la Constitución española desde la promulgación de ésta en 1978. La Ley de Transitoriedad no solamente supone la amenaza de quebrar nuestro orden constitucional, sino que en sí misma es un elemento que contribuye a que esa quiebra se convierta en una realidad.
A continuación intentaré explicar por qué me parece tan grave el desafío que plantea y por qué resulta imprescindible reaccionar ante él con medidas que vayan más allá de los recursos al Tribunal Constitucional y la amenaza de actuaciones penales. Para ello formularé unas sencillas preguntas e intentaré responderlas



1) La Ley de Transitoriedad ¿en qué vulnera la Constitución?

En todo. La Ley de Transitoriedad deroga la Constitución en su totalidad en Cataluña. Hace desaparecer de Cataluña el orden constitucional y, por tanto, priva a los ciudadanos catalanes de los derechos y garantías que establece la Constitución. En ese sentido la Ley de Transitoriedad supone una vulneración directa y total del conjunto de la Constitución. Y esto tiene que verse desde dos perspectivas:

A) Desde la perspectiva de la Constitución española la Ley es completamente nula, y en esto todos estarán de acuerdo, hasta quienes la promulgan, porque son conscientes de que es contraria a la Constitución. Nadie pretende otra cosa.

B) Pero tenemos que considerar también la perspectiva de los promotores de la Ley de Transitoriedad ¿por qué se pretende promulgar una Ley que es inconstitucional y que, por tanto, va a ser anulada por el Tribunal Constitucional.

Porque quienes la promueven ya no reconocen la autoridad del Tribunal Constitucional ni de la Constitución española. Para quienes la promueven la Ley de Transitoriedad es la auténtica Constitución (provisional) de un nuevo Estado: la República Catalana (art. 1 de la Constitución). Un nuevo Estado que pretende imponerse sobre el territorio y la población de Cataluña desplazando al Estado español. La Ley de Transitoriedad es, en realidad, una declaración de independencia de Cataluña y la ruptura expresa con España.

2. Pero esa ruptura ¿cómo se hace? Porque Cataluña sigue siendo España y no parece que el hecho de que se vaya a promulgar una ley cambie eso ¿no?

Lo explica el artículo 16 de la Ley, de la sucesión de administraciones. Ahora mismo en Cataluña existen básicamente tres administraciones operando: La Generalitat de Cataluña, de la que dependen los Mossos, la Educación, la Sanidad, ciertas infraestructuras, servicios sociales, prisiones etc., las administraciones locales, con las funciones que todos conocemos por nuestros ayuntamientos y la Administración Central, que en Cataluña tiene una presencia pequeña. Todas estas administraciones actúan como parte del Estado español. La Generalitat es una administración del Estado español y, por tanto, lo que hace la Generalitat, desde una perspectiva internacional, se atribuye a España. Si son los Mossos los que velan por la seguridad en Cataluña, desde una perspectiva internacional es España quien ejerce las funciones de policía en el territorio catalán porque los Mossos actúan como una policía española (y por eso en todas las Comisarías de los Mossos está la bandera española).
El artículo 16 de la Ley de Transitoriedad implica que la Generalitat ya no será una administración española, sino que se convierte en otra cosa, en la administración de un nuevo Estado. Y, además, se pretende que las administraciones locales y el resto de administraciones en Cataluña asuman esto mismo también, es decir que, todas las administraciones que actúan en Cataluña dejen de ser españolas y que, las competencias que ejercen sean ejercidas no en nombre del Reino de España, sino de la República Catalana.

3. Y eso ¿implica que Cataluña sea un Estado independiente?

Un Estado no es más que una administración que controla un territorio y una población. Ahora mismo el territorio y la población de Cataluña están administrados por instituciones que se integran en el Estado español; pero si son sustituidas de manera efectiva por administraciones de un Estado diferente, el territorio de Cataluña ya no será, desde la perspectiva internacional, parte de España. En un proceso de secesión en ocasiones lo que nos encontramos es con un grupo de personas que carecen de poder público y por la fuerza hostigan al poder público establecido para por esa vía conseguir el control del territorio y de la población. En el caso de Cataluña la situación es otra: quienes ejercen el poder público en Cataluña proclaman que ya no lo hacen en nombre del Estado español, sino en nombre propio, por lo que es esa mera declaración la que cambia de manos el control del territorio y de la población.

De acuerdo con esto la secesión será una realidad si se dan estas tres circunstancias:

A) Que la Ley de Transitoriedad sea aprobada
B) Que la Generalitat siga ejerciendo en Cataluña las competencias que ahora tiene
y
C) Que la Generalitat manifieste su acatamiento a la Ley de Transitoriedad

Si concurren las tres el nacimiento del nuevo Estado catalán será una realidad desde la perspectiva internacional o, al menos se planteará la duda sobre su existencia dado el alto número de competencias que ejerce actualmente la Generalitat en Cataluña.
Hemos de considerar, además, que no es solamente previsible el acatamiento a la Ley de Transitoriedad por parte de la Generalitat, sino también por muchos ayuntamientos gobernados por nacionalistas.

4. Y si esto pasa ¿cómo afectaría a los catalanes y al conjunto de los españoles?

Estamos hablando de que la Ley de Transitoriedad sea aprobada y que la Generalitat pase a ejercer sus funciones en Cataluña ya no como administración española, sino como administración de la República Catalana, es decir, que realmente se produce una secesión unilateral de Cataluña.
Esto, para empezar afectaría no solamente a los catalanes, sino al conjunto de los españoles, porque ahora mismo los españoles de cualquier punto tienen en Cataluña plenos derechos civiles y políticos como nacionales que son. Cualquier español puede desplazarse a Cataluña, fijar allí su residencia y desde ese momento pasa a ser un ciudadano catalán con todos los derechos. Tras la secesión eso ya no sería así, porque solo los españoles con residencia en Cataluña desde antes del 31 de diciembre de 2016 tendrán automáticamente la nacionalidad catalana y tendrán, por tanto, plenos derechos en Cataluña. Desde la secesión una frontera separaría a Cataluña del resto de España y los españoles tendrían la consideración de extranjeros en Cataluña, se les aplicaría en Cataluña el régimen de extranjería.
Para los catalanes supondría que se les impondría una nacionalidad que, en principio, se superpondría con la nacionalidad española. El que los catalanes conservaran o perdieran la nacionalidad española dependería de lo que estableciera la ley española. La normativa actual no prevé nada para un supuesto semejante, porque, evidentemente, no está pensada para un caso de secesión. Si nos fijamos en lo que ha sucedido en otros casos de secesión lo normal es que lo usual sea que los residentes en el territorio que se secesiona pierdan la nacionalidad del Estado de origen. Ha habido casos, las repúblicas bálticas, en los que la falta de coordinación entre las leyes sobre nacionalidad del nuevo Estado y del Estado respecto al que se produce la secesión implicaron que miles de personas perdieran la nacionalidad de origen sin obtener la del nuevo Estado con lo que quedaron en la situación que se denomina de apatridia, sin nacionalidad.

Desde la secesión la Generalitat pretendería que todas las relaciones que ahora los catalanes tenemos con el Estado español se tuvieran con la República catalana (impuestos, seguridad, pasaportes, educación, justicia). Existen previsiones específicas en la Ley de Transitoriedad sobre algunos de estos puntos, pero, claro, las incertezas son muchas más que las seguridades. Por ejemplo, en materia de Seguridad Social ¿quién se haría cargo del pago de las pensiones? En la Ley se indica (art. 23) que la Seguridad Social catalana reconocerá las prestaciones al sistema de Seguridad Social (español) “realizadas en el territorio de Cataluña”, por lo que, por ejemplo, se entenderá que las cotizaciones en relación a prestaciones realizadas fuera de España no serán, en principio, reconocidas.
Pero las dudas son mucho mayores, por ejemplo ¿qué moneda se utilizaría? ¿el euro? Hay que tener en cuenta que Cataluña no sería parte de la UE

5- ¿Eso quiere decir que Cataluña saldría de la UE?

Cataluña no saldría porque no es parte de la UE. La UE es una organización internacional de la que forman parte Estados. España es parte con todo su territorio. En el momento en el que Cataluña no fuera parte del territorio español dejaría de ser parte del territorio UE. Los ciudadanos catalanes que conservaran la nacionalidad española seguirían siendo ciudadanos europeos, porque la ciudadanía europea depende de la condición de nacional de un Estado miembro; pero aquellos que perdieran la nacionalidad española perderían también la ciudadanía europea (salvo que también tuvieran la nacionalidad de otro Estado miembro, claro).
El que el territorio de Cataluña ya no fuera territorio UE tendría consecuencias, ya que entonces las fronteras de Cataluña con España y Francia pasarían a ser fronteras exteriores de la UE, lo que implica que, de acuerdo con la normativa europea (el código de fronteras Schengen) serían precisos los controles reforzados de toda frontera exterior. Esto afectaría también a los vulos desde Cataluña a otros países y de los que llegaran a Cataluña desde cualquier punto que no fuera la propia Cataluña.

Estamos hablando de una crisis sin precedentes en nuestro país y en la UE. No se trata solamente de cómo afectaría a los catalanes, sino de cómo afectaría a España. La economía española se reduciría, al menos en un primer momento, por la pérdida de Cataluña, y también habría una pérdida de población que afectaría al peso de España en la UE; pero lo peor sería que nos enfrentaríamos a una crisis que afectaría la posición de España en el Mundo.
España emite del orden de 20.000 millones de euros de deuda cada mes. Deuda que es adquirida por distintos inversores internos e internacionales ¿estarán dispuestos a invertir en deuda española cuando España se enfrenta a una crisis como la descrita?

6- Ante esta situación ¿qué se puede hacer?

Al responder antes a la pregunta 3 decía que para que se produzca la secesión o, al menos, se plantee la duda sobre si se produce la secesión han de darse tres circunstancias: que se apruebe la Ley de Transitoriedad, que la Generalitat siga ejerciendo en Cataluña las competencias que ahora tiene y que la Generalitat manifieste su sometimiento a la Ley de Transitoriedad y no a la Constitución española. Lo primero será cosa que decida el Parlamento de Cataluña, lo tercero está en manos del Gobierno de la Generalitat; es en lo segundo donde el Gobierno de España y las instituciones del Estado pueden actuar. Las competencias que ejerce la Generalitat (todas o algunas de ellas) pueden ser sometidas a control estatal a través de diversos mecanismos (véase el reciente artículo de Teresa Freixes sobre esto).
Ahora ya se ha acabado el plazo para deshojar la margarita sobre cuándo se ha de actuar. Tal como digo, una vez aprobada la Ley de Transitoriedad y hecho explícito que la Generalitat se considera sometida a ella y no a la Constitución española no cabrá presumir que competencias tales como prisiones, policía, sanidad o educación son ejercidas en el territorio de Cataluña por el Estado español, lo que sitúa el conflicto planteado por los independentistas claramente en la esfera internacional.
La proporcionalidad y mesura que han sido santo y seña de la ¿reacción? del Estado frente al desafío secesionista puede acabar conduciéndonos a un conflicto mucho más grave del que hubiera resultado de una pronta actuación sobre la deslealtad de la Generalitat; pero ahora no se trata de volver sobre lo que ha pasado sino de actuar diligentemente antes de que sea demasiado tarde.