lunes, 21 de agosto de 2017

Atentado en Barcelona y Ley de Seguridad Nacional

Sostendré una hipótesis que seguramente resultará antipática: lo vivido desde el jueves muestra una preocupante descoordinación entre las distintas administraciones con competencias en materia antiterrorista y la solución para evitar esta descoordinación es la Ley de Seguridad Nacional. No existe explicación razonable para que se haya desechado la utilización de esta herramienta de nuestro ordenamiento jurídico que parece pensada, precisamente, para situaciones como las que vivimos en España desde la semana pasada.

La Ley de Seguridad Nacional (Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional) pretende dar respuesta a las amenazas a la seguridad nacional, teniendo en cuenta que las circunstancias que ponen en peligro dicha seguridad son variables y que nuevos actores se convierten en riesgos para la seguridad. En este contexto, se pretende con la Ley establecer mecanismos de armonización y coordinación de las distintas políticas y medidas en materia de seguridad. Así se explica en la Exposición de Motivos de la Ley.

"Esta regulación se basa en la asignación de competencias a las distintas autoridades y Administraciones Públicas, y se articula en un modelo tradicional y homologable con los países de nuestro entorno, que se ha demostrado válido hasta ahora y que ha permitido hacer frente a las necesidades de seguridad de una sociedad abierta, libre y democrática como la española.

Sin embargo, en el mundo actual, y en el entorno más previsible para el futuro, los actores y circunstancias que ponen en peligro los niveles de seguridad, se encuentran sujetos a constante mutación, y es responsabilidad de los poderes públicos dotarse de la normativa, procedimientos y recursos que le permitan responder con eficacia a estos desafíos a la seguridad.

En este contexto aparece el campo de la Seguridad Nacional como un espacio de actuación pública nuevo, enfocado a la armonización de objetivos, recursos y políticas ya existentes en materia de seguridad."

Lo anterior puede parecer literatura; pero tiene una importancia real de cierta transcendencia incluso sobre la vida de las personas. Actualmente tienen responsabilidades en materia de seguridad tanto el Estado como las Comunidades Autónomas y las administraciones locales, y existen materias en las que son competentes diversas administraciones. Así, por ejemplo, en materia antiterrorista el Estado tiene, evidentemente, competencias; pero también algunas Comunidades Autónomas. En concreto en Cataluña la policía autonómica desempeña competencias en materia antiterrorista (Art. 164.5.c) del Estatuto de Autonomía).
La existencia de esta pluralidad de competencias exige una constante tarea de coordinación a través de diversos mecanismos; pero pueden darse circunstancias extraordinarias que obliguen a una actuación específica que evite solapamientos, lagunas o interferencias que pueden acabar costando vidas. En ese sentido la Ley de Seguridad Nacional puede ser un instrumento adecuado.
En concreto, la Ley de Seguridad Nacional regula lo que denomina "situación de interés para la Seguridad Nacional" (art. 23.2 de la Ley):

"La situación de interés para la Seguridad Nacional es aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles, en los términos previstos en esta ley."

Esta es una situación en la que la seguridad nacional puede verse amenazada y es precisa esta coordinación que comentaba antes. Para que no quepan dudas, el art. 3 de la Ley define la seguridad nacional como

"la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos."

Creo que no deben existir muchas dudas acerca de que el intento de evitar un atentado terrorista o minimizar sus efectos sobre la vida de los ciudadanos entraría en la definición de seguridad nacional, tal como se establece en el art. 3 y que, por tanto, la situación que se produce en el marco de una amenaza terrorista podría encuadrarse en la situación de interés para la Seguridad Nacional que define el art. 23 de la Ley.


¿Qué es lo que prevé la Ley de Seguridad Nacional para un supuesto como éste, para una situación de interés para la Seguridad Nacional? Pues la declaración de dicha situación mediante un Real Decreto, la definición de la situación, de las medidas que han de adoptarse y del marco temporal (prorrogable) de la misma y el nombramiento de una autoridad funcional encargada de dirigir y coordinar la situación (art. 24 de la Ley).
Parece sensato. Como decía antes, actualmente en España existen una pluralidad de administraciones con competencias en materias de seguridad, y en momentos especialmente graves es necesario que haya una cabeza visible, un referente en el que converja la responsabilidad de afrontar dicha crisis. Si había algunas dudas sobre esto, creo que se han disipado en los últimos tres días, en los que los ciudadanos hemos asistido estupefactos al cúmulo de despropósitos que está siendo la gestión política de los atentados de Barcelona.



Los problemas derivados de la falta de coordinación comenzaron el día antes de los atentados, cuando una casa en Alcanar (Tarragona) explotó. Los Mossos d'Esquadra se ocuparon de la investigación y rechazaron la colaboración de la Guardia Civil, incluida la posibilidad de que la unidad de explosivos de este cuerpo examinara el lugar. No se trató la explosión como una amenaza terrorista pese a que había docenas de bombonas de butano en la casa e, incluso, explosivo utilizado en otros atentados terrorista, lo que no se supo hasta después del atentado en Barcelona, pero que quizás se hubiera podido saber antes si la Guardia Civil hubiera podido examinar los restos de la casa de Alcanar.
Tras el atentado, en la tarde/noche del jueves asistimos estupefactos a reuniones de crisis tanto por parte del presidente de la Generalitat y su equipo con los Mossos d'Esquadra como del Presidente del Gobierno con la Guardia Civil y otros responsables estatales de seguridad. Comparecencias por separado de la Comunidad Autónoma y del presidente del gobierno en un asunto en el que no cabe establecer compartimentos estancos: la respuesta a un ataque terrorista ha de ser integral, teniendo en cuenta tanto la investigación sobre el terreno, los datos que aporten los servicios de inteligencia, las conexiones con hechos y circunstancias que pueden localizarse fuera de Cataluña o, incluso, fuera de España, las implicaciones para las relaciones internacionales y para la política de defensa.
En este último sentido no puede olvidarse que el atentado ha sido reivindicado por una organización criminal que está territorialmente ubicada sobre territorio ocupado en Siria e Irak ¿cómo afecta el atentado a la política española de defensa? ¿implicaría una mayor implicación de  nuestro ejército en las operaciones contra el Estado Islámico? No digo que deba ser así, puede perfectamente responderse que el atentado no cambiará nada en este sentido, pero, al menos, hay que explicarlo. No por no hablar de ello dejarán de existir esta implicaciones internacionales, y como prueba de ello ahí está el gesto de los soldados libaneses que tras recuperar una colina controlada por ISIS hicieron ondear allí una bandera española. El atentado en Barcelona no puede gestionarse como una mera cuestión interna.


Las comparecencias de responsables de la Generalitat y del Presidente del Gobierno el jueves y ya a la madrugada del viernes trasladaron la imagen de que nos encontrábamos ante un hecho criminal que deberían investigar los Mossos contando para ello con la cooperación de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Nada más. No se percibía ese tratamiento global del problema que hubiera sido posible con la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.



La sensación era de extrañeza y descoordinación. No percibíamos que hubiera una gestión conjunta del atentado, sino actuaciones separadas que se coordinaban desde una cierta desconfianza entre los responsables políticos de la Generalitat y del Estado.
El atentado frustrado en Cambrils hizo aumentar la percepción de que nadie estaba realmente al mando. Si se hubiera advertido el miércoles que en Alcanar se estaba preparando un atentado de grandes dimensiones deberían haberse extremado las precauciones y, quizás, haber subido el nivel de alerta antiterrorista al grado 5, pensado para casos en los que existe un riesgo muy alto de atentado terrorista.
Tras el atentado de las Ramblas quizás pudiera haberse pensado que el riesgo había pasado, y por eso mantener el nivel 4 de alerta podría parecer razonable; pero el atentado de Cambrils mostró de manera evidente que el cálculo había sido erróneo. Que 8 horas después de haberse cometido un atentado como el de las Ramblas se cometa otro sin que se hubiera procedido a la elevación del nivel de riesgo terrorista carece -creo- de lógica; pero podría explicarse también por la mencionada descoordinación. Es el Gobierno quien determina los niveles de alerta terrorista, pero, como vemos, el peso de la investigación sobre el atentado de las Ramblas recaía sobre la Generalitat. Una muestra más de que era precisa una cooperación reforzada que podría venir de la mano de la Ley de Seguridad Nacional.
El viernes hubo una comparecencia conjunta de Rajoy y Puigdemont; parecía que se avanzaba en ese trabajo conjunto tan necesario, pero, como veremos, los problemas no se resolvieron.



El sábado (¡dos días después del atentado!) se reúne la Comisión de Evaluación de la Amenaza Terrorista, que decide mantener el nivel 4 y no llegar al máximo. Este retraso de dos días en la reunión de la Comisión es inexplicable. Por ejemplo, cuando se produjeron los atentados en París en la noche del 13 de noviembre de 2015 esta Comisión se reunió ¡a la mañana siguiente! Un atentado en París motiva la reunión de la Comisión en horas, y uno en Barcelona no es tratado hasta dos días después. ¿Tendrá que ver también con la necesidad de coordinar los puntos de vista del Gobierno y de la Generalitat en relación a este atentado? No lo sé, pero sería conveniente que alguien lo explicara.
La descoordinación, sin embargo, no acaba ahí. El mismo sábado el Ministro del Interior declara que se da por desarticulada la célula terrorista y unas horas después los Mossos desmienten al Ministro.

Que hay descoordinación en este tema es más que evidente. Que estamos hablando de terrorismo y, por tanto, de la vida y la seguridad de las personas no precisa ser probado, que la Ley de Seguridad Ciudadana tiene como fin reforzar la coordinación entre los distintos actores implicados cuando se da una amenaza a la libertad y a la seguridad se deriva de los propios términos de la Ley.
¿Hasta cuándo utilizaremos las leyes tan solo para adornar las páginas del BOE?

jueves, 17 de agosto de 2017

El callejero de Sabadell y la AMI

Hace unos días leíamos que un informe que es utilizado como "material de trabajo" por el Ayuntamiento de Sabadell plantea expulsar de su callejero nombres como Machado, Goya, Larra o Calderón. La noticia, incluso, ha salido de nuestras fronteras y la prensa inglesa se hacía eco del despropósito. El informe puede leerse aquí, y es un documento sobre el que conviene reflexionar.


En contra de lo que algunos puedan creer no es ni una anécdota ni una mera muestra de ignorancia. Al contrario, es coherente con la visión y el plan nacionalista, tal como intentaré mostrar a continuación, y por eso no deberíamos despacharlo como una extravagancia o, quizás peor aún, entrar a discutir en los términos en que quiere plantear el debate el nacionalismo (como en este artículo de Ian Gibson).
¿Cuál es el plan nacionalista? Que Cataluña sea un país diferente de España, que los referentes culturales e históricos del conjunto de España no sean más próximos a Cataluña y a los catalanes que lo son los referentes equivalentes alemanes o italianos. Borrar el pasado común y aquello que nos pueda vincular con el conjunto de los españoles. Lo que haga semejante Barcelona (o Sabadell) a Madrid o Sevilla debe ser desterrado, y lo que resulte diferente, acentuado. En este sentido, la lucha por el callejero es una batalla más en una guerra simbólica que se libra en muchos frentes.
Lo anterior no es especulación. Claramente se indica en el informe que comento.


Este párrafo es muy significativo: hay referentes que no son "propios", sino referidos a "Castilla". Estos referentes no deben incluirse en el callejero porque responden a una política "pseudocultural" (como se indica en otro punto del informe) "franquista" (o dictatorial, como aquí se dice). Es decir, no responden a la cultura o la historia "catalanas", sino que son "extranjeros" y como tales han de ser tratados. Aquellos que se consideren "universales" podrán mantenerse en el callejero; pero los que respondan a la cultura "castellana" habrán de ser expulsados. En el fondo no se trata más que de visualizar, también en el callejero, que Cataluña no es España. Es por esto que el informe se inserta en una determinada presentación de Cataluña y su historia alejada de la realidad, fiel a los planteamientos nacionalistas y que se pretende imponer de diferentes maneras; entre ellas la de la "limpieza" de los callejeros. Además, como veremos, esta depuración de "lo castellano" (en realidad de lo español) se hace mediante la vinculación entre España y dictadura, tal como se indica también en el párrafo señalado.



Según la historia nacionalista, Cataluña nace hacia el siglo X cuando un pueblo que tiene su orgen el imperio de Carlomagno se independiza de los reyes franceses. En esa época surge un idioma y una cultura de paz y diálogo que tiene como elemento simbólico fundamental "la pau i treva"; aquellos acuerdos por los que se pretendía poner límite a los excesos feudales, ya en el siglo XI.
Este pueblo, aún dividido en diversos condados, tiene como cabeza informal al conde de Barcelona, quien por matrimonio adquiere en el siglo XII el reino de Aragón. A partir de ahí Cataluña lidera una confederación con Aragón que conquista Valencia, Mallorca y otros territorios en el Mediterráneo. Es la época gloriosa de los reyes catalanes en Aragón. Este período concluye con la muerte de Martí, "l'Humà" a comienzos del siglo XV. Tras su muerte llega al trono de Aragón una dinastía "castellana", los Trastámara, y poco después se produce la unión dinástica con Castilla que coloca a Cataluña en un segundo plano; aunque conservando sus instituciones y autonomía ("soberanía imperfecta" escuché el otro día que llamaban a este período).
Cataluña pugna por recuperar su libertad; pero es vencida tanto en la Guerra dels Segadors como en la definitiva derrota de 1714. Castilla impone su lengua y costumbres en Cataluña que está a punto de ser asimilada completamente; pero el espíritu nacional, que no se había apagado en el pueblo, renace en el siglo XIX. La industriosa Cataluña se recupera de la derrota en la Guerra de Sucesión y mediante su trabajo e iniciativa se convierte en la región más próspera de España, en el calor de esta prosperidas comienza la recuperación de los valores patrios y la reconstrucción de la nación, liberándola de todo lo que "Castilla" el fue imponiendo durante siglos. El castellano ha de ser desterrado y el catalán ha de convertirse en la única lengua conocida por todos, las fiestas "españolas" no se han de celebrar y la escuela ha de convertirse en una escuela nacional catalana que favorezca la presentación de una historia propia del país independiente que queremos ser.
Por supuesto, el relato que hacen los nacionalistas no es historia, sino caricatura; pero aquí no me detendré en ello (hace un tiempo me ocupaba, por ejemplo, de la forma en que se ha inventado una inexistente Cataluña previa a la unión con Aragón). Ahora lo que interesa destacar es que la manipulación del callejero de Sabadell es un elemento más en la "desespañolización" de Cataluña, tal como veíamos a partir de la cita del documento de trabajo al que me refería al comienzo de esta entrada.
Esta "desespañolización" se incardina, además y tal como adelantaba, con una presentación de España y de los españoles basada en la confrontación y el desprecio. No se trata solamente de mostrar la ajeneidad de lo español, sino que el nacionalismo construye su afirmación sobre la denigración de la cultura y la historia española. Es por esto que el otro día recomendaba la lectura de los estatutos de la Asociación de Municipios por la Independencia para entender mejor el despropósito del informe sobre el callejero de Sabadell.
La AMI es una asociación de municipios catalanes en la que se han integrado centenares de entidades entre ayuntamientos y diputaciones. La exposición de motivos de sus estatutos es un compendio de todos los tópios sobre la confrontación entre Cataluña y España, de la grandeza de Cataluña y de la maldad de España. Reproduzco a continuación algunos párrafos de estos estatutos que pueden leerse íntegros aquí.


Creo que se entienden bastante bien, pero aporto la traducción de estos fragmentos de los estatutos de la AMI:

"Sabemos que la historia del Estado español tiene una merecida fama en todo el mundo proveniente de su intolerancias hacia todo lo que no es su propia tradición cultural y nacional, en definitiva, de todo aquello que no es castellano. Desde el nacimiento de los estados modernos durante el Renacimiento, Castilla, núcleo básico de las españas, "castilla hizo las españas", dijo el poeta, no supo estar nunca en el lugar que le correspondia, tratando los pueblos y las naciones asociados o sometidos como pueblos o naciones de segunda o tercera.
Todos conocemos la historia que nos habla de guerras absurdas como la de Flandes, en la que España enterró vidas, fortuna y prestigio para nada, y a la que Cataluña se opuso de manera frontal; nos habla de los anhelos conseguidos por Portugal; nos habla del trato recibido por las antiguas colonias de América, Asia y África: "Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora" dice el mismo poeta. Y hoy el espíritu de España, que es el de Castilla, continúa exactamente igual
Es de todos conocido que este mismo espíritu agresivo, excluyente e inquisitorial apartó a España de las corrientes científicas, políticas y humanísticas que se desarrollaban en Europa y América. Cataluña, sin embargo, continuó manteniendo su lengua, cultura, derecho, costumbres, instituciones y conciencia nacional desde antes de la formación del mismo Estado español, dentro del cual Cataluña ha encontrado incómoda y menospreciada, obligándola constantemente a luchar con armas diversas por mantener y hacer valer su ser e identidad.
Sabemos que en Cataluña el trabajo, la ciencia, las artes y el pensamiento siempre han estado en la vanguardia de la realidad y del sentimiento del pueblo, en contraposición a la dedicación de las élites españolas de habla castellana, dedicadas a la gran administración, el ejército y la judicatura".

Lo que en el informe sobre el callejero de Sabadell está implícito (supremacismo y desprecio a todo lo español) está bien explícito en los estatutos de la AMI que, recordemos, han sido ratificados por centenares de instituciones catalanas y, en ocasiones, con votos de formaciones políticas que ahora parecen querer desmarcarse de una forma de entender Cataluña y España que han hecho suyas durante décadas.
Leyendo estos estatutos (que, curiosamente, citan sin nombrarlo, al poeta que se ha convertido en símbolo del despropósito, Antonio Machado) se aprecia bien el trasfondo al que responde el informe comentado: lo español es Cataluña es fruto de imposición dictatorial y, por tanto, todos sus referentes habrán de justificarse, pues de otra forma se considerarán, como dice el informe "excesos" propios de "un modelo pseudo-cultural franquista". La dictadura de Franco como resumen de lo español y, por tanto, argumento único que justifica la exclusión de todo aquello que tenga que ver con España, desde Calderón de la Barca hasta la Región de Murcia (compruébese en el informe: p. 35 para Calderón y p. 31 para la Región de Murcia).



Atribuir nombres de calles como "Islas Cíes", "Fuerteventura", "Región de Murcia", "Calderón de la Barca", "Goya" o "Espronceda" a excesos pseudo-culturales franquista puede parecer pura irracionalidad; pero animaría a quienes estos días lo han criticado a que repasen los estatutos de la AMI y nieguen que lo que en ellos se dice es el sustrato ideológico sobre el que se asienta este informe. La sinrazón nacionalista, que hace tanto que comenzó, tenderá siempre a ir más allá, y debemos detenerla antes de que devore lo que aún queda de sentido común; pero para ello debemos elevarnos sobre la anécdota y ver dónde se alimenta el supremacismo en el que se asienta.

domingo, 13 de agosto de 2017

Libre determinación y autodeterminación

Hace unos meses recibí una invitación para intervenir en un debate con Jaume Clotet, Director de Comunicación de la Generalitat de Cataluña. El tema, "la autodeterminación de las naciones en la Unión Europea: el caso de Cataluña".
La propia formulación del tema incluye algunos equívocos, como veremos a continuación; pero encaja en la línea argumental de los nacionalistas durante estos últimos años. Por eso me parecía importante que voces diferentes de las de los secesionistas estuvieran presentes. Estos han conseguido trasladar una imagen tergiversada tanto de sus pretensiones como de la situación en Cataluña, así que todo esfuerzo es poco para aportar luz, tanto en el ámbito interno como internacional, en relación al proceso secesionista y lo que implica.
El debate, por cierto, se celebraba en el marco de un festival sobre opinión y debate en la localidad estonia de Paide, a una hora aproximadamente de la capital del país, Tallin. Un lugar, Paide, que con buen tiempo es muy agradable de visitar, tal como se verá por las fotos que incluyo en esta entrada, y donde pueden encontrarse los restos (en parte reconstruidos) de una fortaleza de la época de los caballeros teutónicos.




Como acabo de indicar, el título del debate ya es una toma de posición, que se advierte todavía más en su versión original inglesa (Self-determination of nations in the EU: the case of Catalonia), "Sel-determination es, en principio, "autodeterminación"; pero en inglés esta expresión es la que se utiliza para lo que en castellano se denomina "libre determinación de los pueblos" (self-determination of peoples"). De esta manera, el título evoca el principio de libre determinación que recoge el Derecho internacional, aunque sustituyendo "pueblos" por "naciones". De esta forma parece indicarse que algún vínculo existe entre las pretensiones secesionistas de Cataluña y un principio del Derecho internacional tan relevante como es el principio de libre determinación de los pueblos.
El argumentario utilizado por los nacionalistas en general y en el debate en particular confirman esta primera impresión. Quien intervino en el debate -y que, como explicaré más adelante, no fue el inicialmente programado, Jaume Clotet, sino un integrante de Diplocat, Jordi Arrufat- incidió en que durante mucho tiempo Cataluña había intentado ejercer la libre determinación interna; esto es, buscar un acuerdo con España sobre su integración en el Estado, sin exito. La gota que había colmado el vaso había sido la sentencia del Tribunal Constitucional en relación al estatuto de autonomía del año 2006, sentencia que, según el argumentario nacionalista, había desnaturalizado el pacto entre Cataluña y España que suponía dicho Estatuto. Cerrada la vía de la "autodeterminación interna" (esto es, dentro del Estado español) se abría la vía de la autodeterminación externa mediante la secesión, proceso en el que se encuentra actualmente Cataluña, pero, como digo, y siempre según el argumentario secesionista, por la imposibilidad de llegar a un acuerdo con España sobre el acomodo de Cataluña. Esto es, el "agravio" de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto de autonomía del año 2006 justificaría la secesión.
Hasta aquí el planteamiento nacionalista ¿qué hay de verdad en todo ello?
Pues muy poco. No entraré en el tema de que la famosa Sentencia del TC sobre el Estatuto de Autonomía en realidad lo que hizo fue confirmarlo en su práctica totalidad, porque es algo de lo que ya me he ocupado en otras ocasiones; para así centrarme en la relevancia aquí del principio de libre determinación de los pueblos y en el tema de si de dicho principio puede derivarse un derecho a la secesión en el caso catalán (y, quizás, en otros casos en Europa).
La respuesta es "no". Veamos por qué.
El principio de libre determinación de los pueblos se aplica a todos los pueblos, y aquí asumiré -a efectos argumentativos, porque también podría discutirse de forma extensa sobre este punto- que el conjunto de los catalanes pueden ser considerados un pueblo desde la perspectiva del principio de libre determinación. No puedo dejar de señalar que en el propio título del debate se hace referencia expresa a "nación" y no a "pueblo"; seguramente porque en el argumentario secesionista está más asentada la condición de Cataluña como nación que como pueblo. Esto podría tener alguna consecuencia, pero no entraré aquí en ellas.
Yendo a lo que implica el principio de libre determinación de los pueblos, hay que indicar que esta libre determinación ha de ejercerse, por regla general, dentro de las fronteras de los Estados existentes, sin alterar estas. Tan solo en supuestos excepcionales el pirincipio de libre determianción de los pueblos puede derivar en la secesión de un territorio respecto a un estado ya existente. En este sentido es fundamental el párrafo que copiaré a continuación de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2625 (XXV) del año 1970:

Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta ac­ción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados sobe­ranos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descrito y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color.

En los párrafos precedentes se regula el principio de libre determinación de los pueblos, y en éste, el penúltimo de este apartado dentro de la Resolución, se indica, como puede verse, que este principio no puede conducir a la secesión de un territorio de un Estado ya existente siempre que este respete el principio democrático y el principio de libre determinación de los pueblos, que implica, tal como se indica expresamente, que dicho Estado esté dotado de un gobierno que represente a la totalidad de la población perteneciente al territorio sin que existan distinciones basadas en motivos de raza, credo o color.
Es decir, en principio lo que garantiza el derecho a la libre determinación de los pueblos es que ningún colectivo que pueda ser identificado como "pueblo" pueda quedar excluido de la participación política en el seno de un Estado ya existente. Esto es, el principio impide que existan discriminaciones en la participación política basadas en la raza, el credo o el color. Si estas discriminaciones no se dan, el pueblo de que se trate deberá ejercer su libre determinación dentro de las fronteras del Estado, y el ejercicio de esta libre determinación podría traducirse en la existencia de instituciones propias del pueblo en cuestión dentro del Estado o en la creación de entidades subestatales que asumiesen competencias en relación al pueblo en cuestión. En la generalidad de los casos en esto habrá de traducirse el ejercicio del derecho de libre determinación de los pueblos. Nada más.
Y si esto es así ¿cuándo el principio de libre determinación de los pueblos conducirá al derecho de secesión? Pues en el estado actual del Derecho interncional en tres supuestos: en los casos de colonias, de ocupación extranjera o cuando se produzcan vulneraciones graves y reiteradas de los derechos humanos (la secesión como remedio, es la expresión que se emplea para este último caso).
¿Se da alguno de estos casos en Cataluña? Es evidente que no, y durante el debate que mantuvimos en Estonia el representante de Diplocat no sostuvo que España no fuera un Estado democrático ni se fundamentó en ninguna de las tres razones que podrían justificar la secesión desde la perspectiva internacional.
Por tanto, si no hay fundamento en el Derecho internacional para la secesión ¿qué nos queda?
Pues nos queda el Derecho interno español. Esto es, el Derecho internacional no obliga a que se produzca la secesión de Cataluña (no concede un derecho a la secesión en el caso de Cataluña); pero tampoco prohíbe que ésta se produzca. En Derecho internacional no todo lo que no es obligado está prohibido, sino que hay un margen amplio para la actuación entre aquello que es obligado y lo que está prohibido. En el caso de la creación de nuevos Estados a partir de otros existentes nos encontramos en este terreno.
Lo que intenté mostrar durante el debate es que esta creación de un Estado en el territorio de Cataluña, que no es obligada desde la perspectiva del Derecho internacional, puede realizarse de dos formas: o bien según lo que prevea el Derecho español o por la vía de hecho. Y las diferencias entre una y otra son sustanciales.
En lo que se refiere a la secesión según lo previsto en el Derecho español, la realidad es que el Derecho actual vigente no la permite ya que la Constitución recoge el principio de integridad del territorio español (art. 2 de la Constitución). De esta forma, tan solo mediante una previa reforma constitucional -que introdujera el derecho de secesión- sería posible la creación de un nuevo Estado independiente en territorios que ahora son españoles.
Desde mi punto de vista, tal reforma no debería producirse. La integridad territorial es un principio que recogen la mayoría de los países del Mundo. No es ninguna extravagancia. Al revés, lo raro es que se permita el derecho de secesión (así se hacía, por ejemplo, en la Constitución de la extinta Unión Soviética). No existen razones para que en España se adopte esta "originalidad" que tan solo serviría para dar alas a los nacionalistas. Ahora bien, este es mi planteamiento personal; nada excluye que pudiera construirse un consenso sobre el derecho de secesión y que éste pudiera introducirse en la Constitución. De hecho, ahora ya existen partidos a nivel nacional que defienden, por ejemplo, la celebración de un referéndum de secesión en Cataluña. No es una imposibilidad, por tanto, que se regule en un futuro el derecho de secesión en la Constitución española.
Si los nacionalistas pretenden la secesión de Cataluña lo que deberían intentar es conseguir los apoyos necesarios para la reforma de la Constitución. A veces se oponen a esto arguyendo que esta modificación es imposible, sin darse cuenta de que si afirman tal cosa la consecuencia lógica es que la secesión es imposible. Es claro que si el Derecho internacional no la apoya y el Derecho interno español no lo permite no hay ninguna vía legal para conseguir la creación de un Estado soberano en lo que ahora es Cataluña.
Como digo los nacionalistas se rebelan ante esto y afirman que la imposibilidad ha de abrirles otras vías, lo que, en realidad, resulta bastante infantil. En politica lo que no puede negarse es el derecho a plantear cosas; pero de ahí no se deriva que exista un derecho a conseguir todo lo que se propone. Quien hace la propuesta ha de conseguir el acuerdo de quienes han de aprobarla, y en caso de no conseguir este acuerdo es irracional exigirles que lleguen a ese acuerdo. Como digo es una actitud infantil (en el mejor de los casos) y en el peor es muestra de un supremacismo y narcisismo que rayan lo patológico.
Este narcisismo patológico no es, sin embargo, inocuo. Ante la creencia de que es imposible cambiar el derecho interno español (y, habría que añadir, el internacional, puesto que una modificación de éste podría conducir al resultado deseado por los nacionalistas), y asumiendo que lo que ellos, los nacionalistas, pretenden ha de ser conseguido por una vía o por otra, se ha dado el paso de pretender la secesión por la vía de hecho. A continuación me ocuparé de esta posibilidad.



Un Estado no es más que una administración que de manera efectiva controla un territorio y una población. De esta forma, cuando se plantea la secesión de un territorio en realidad lo que se pretende es que unas personas y una organización diferentes a las del Estado ya existente realicen las funciones propias de éste en relación al territorio secesionado y su población. En el caso de Cataluña parece claro que lo que se pretende es que la Generalitat, actualmente una administración autonómica, asuma todas las competencias propias de un Estado para así desplazar a España de la adminsitración de este territorio y población. De ahí la importancia de la construcción de las estructuras de Estado en las que, aparentemente, está trabajando la Generalitat.
Evidentemente, el problema que plantea esta vía de hecho es que directamente supone un enfrentamiento con el Estado del que se pretende la secesión. La empresa de apartar de la soberanía nacional una parte del territorio y de la población al margen y en contra de la ley tiene consecuencias jurídicas y las autoridades responsables del Estado han de adoptar las medidas precisas para evitar la amputación de una de sus partes integrantes. La inacción de los responsables públicos en un caso así podría, a su vez, convertirse en motivo de sanción por la dejación de sus funciones. Recordemos que estos responsables no solamente han jurado (o prometido) cumplir la ley, sino también hacerla cumplir, y por tanto están obligados a actuar para evitar estas vías de hecho.
Hemos de tener en cuenta, además, que las autoridades responsables de actuar ante un proceso de secesión por la vía de hecho son varias, y no se limitan al gobierno. Los jueces ordinarios y el Tribunal Constitucional tienen, a su vez, un papel que jugar, tal como estamos viendo en el caso de Cataluña. La comisión de delitos desde la perspectiva del Estado del que se pretende la secesión, lleva aparejadas consecuencias jurídicas que se irán convirtiendo en realidad a medida que el proceso avance.
Ciertamente si al final la secesión trifunfa -y esto es una cuestión puramente fáctica- un nuevo Estado habrá surgido y, probablemente, desde la perspectiva de la legalidad de dicho Estado esas acciones que eran punibles desde la perspectiva del Estado ya existente, pasarán a convertirse en timbre de gloria; pero para que así suceda debe conseguirse desplazar de manera efectiva al anterior Estado. Lo que en cl caso de Cataluña implica que las fuerzas leales a los nacionalistas desplacen a quienes se mantengan fieles al ordenamiento constitucional español; en particular, es necesario que las instalaciones existentes en Cataluña que dependen del Estado (el aeropuerto de Barcelona y su puerto, los controles fronterizos) pasen a estar controlados de manera efectiva por la administración de la República catalana. Y esto pese a la previsible resistencia de los funcionarios y fuerzas de seguridad dependientes del Estado español. Creo que todos nos imaginamos la gravedad del conflicto que esto supone.
Cuando nos encontramos en esta vía de hecho ya carece de sentido cualquier referencia a la legalidad. Será un diálogo de sordos porque para unos la legalidad será la que resulta del ordenamiento constitucional vigente y para otros la legalidad será la que se derive del nuevo Estado, y el choque entre estas dos legalidades se dirimirá mediante la confrontación que hará que solamente una sea la efectiva sobre el territorio. A eso nos abocan las vías unilaterales; vías que, como digo, tanto pueden triunfar como fracasar. Estados Unidos nos ofrece en menos de un siglo ejemplo de ambas cosas. En 1776 se proclama la independencia respecto a Inglaterra. La guerra que sigue es ganada por los norteamericanos, quienes de esta forma se convierten en un nuevo Estado. 85 años después, en 1861, varios Estados del Sur de Estados Unidos deciden separarse de la Unión para crear la Confederación. Como es sabido, en este caso la guerra que siguió (la Guerra Civil americana) condujo a la derrota de "los rebeldes" y, por tanto, ningún Estado surgió. Como digo, es una mera cuestión de hecho.


¿Afrontarán quienes dirigen el proceso secesionista el riesgo de sufrir consecuencias penales o de otro tipo por su abierta rebeldía frente a la legalidad española fiándolo todo a un triunfo de la secesión que convierta en irrelevantes los cargos que se hayan presentado contra ellos sobre la base de la legalidad española? Sin duda, algunos sí; otros, en cambio, no. Tal como adelantaba al comienzo, quien debía debatir conmigo en Estonia era el Sr. Jaume Clotet. Finalmente, sin embargo, decidió no acudir. El Sr. Clotet está siendo investigado por la policía en relación a la puesta en marcha de una página web en relación al referéndum secesionista. La utilización de medios públicos para la consecución de un fin ilegal -y expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional- podría ser constitutivo de un delito de desobediencia; pero, además, si el objetivo pretendido es derogar la Constitución en una parte del territorio nacional, nos podríamos encontrar también ante un delito de sedición. La no presencia del Sr. Clotet en Estonia podría estar relacionada con estas investigaciones, resultando más adecuado para su defensa no participar en un debate como el que se desarrolló en Paide.
Esta posible renuencia a complicar la situación procesal en la que se encuentra el Sr. Clotet como consecuencia de su presencia en un debate que se celebraba en Estonia sería poco coherente con los riesgos y sacrificios que exige una confrontación frontal con el Estado español. Se hace difícil entender cómo es que pretenden los nacionalistas que los funcionarios públicos se arriesguen a sufrir sanciones por participar en la preparación de un referéndum ilegal si responsables políticos están dispuestos a renunciar a la participación en un debate con el fin de no complicar su situación procesal de cara a las investigaciones que podrían abrirse contra ellos.
No dudo, como decía, de que habrá dirigentes independentistas que estarán dispuestos a asumir personalmente responsabilidades por sus actos; pero ¿cuántos serán? y, lo que es más importante ¿cuántos serán capaces de  colocar a los funcionarios ante riesgos que ellos mismos no están dispuestos a aceptar sobre su persona o patrimonio?
Espero que de todo este desgraciado proceso saquemos algo en claro: nada que se haga contra la ley o al margen de ella tiene buen fin. La ley es como el aire. Solamente nos damos cuenta de lo importante que es cuando nos falta. En Cataluña estamos a punto de entrar en ese escenario tenebroso que se abre cuando el respeto a la ley es sustituido por la imposición de la voluntad de unos al margen de un marco común de derechos y obligaciones. Confiemos en superar indemnes esta etapa.

miércoles, 19 de julio de 2017

Acoso


(¡¡ATENCIÓN!!! La convocatoria no es a las 18:30, sino a las 19:30)


La semana pasada escribía sobre la situación de la educación en Cataluña a raíz del caso de Castelldefels. Explicaba cómo el sistema de inmersión había sido declarado ilegal, habiendo establecido los tribunales que al menos un 25% de las clases deberían impartirse en castellano. Explicaba también que la Generalitat no ha acatado estas decisiones judiciales y el Gobierno español tampoco ha hecho nada para reconducir la situación a la legalidad. Como resultado son las familias las que han tenido que asumir sobre sus espaldas el restablecimiento del Estado de Derecho en una materia tan sensible como es ésta. Son las familias, una a una, las que han de solicitar a la Generalitat el cumplimiento de la ley y, dado que ante esta petición la Generalitat da la callada por respuesta, acudir a los tribunales con el fin de que sea una decisión judicial la que imponga ese cumplimiento de la ley. Inaudito, pero es lo que hay y lo que habrá mientras no cambie el gobierno de la Generalitat o el gobierno de España.
En un colegio de Castelldefels un grupo inicial de 90 familias pidieron que se incrementaran las horas de castellano en la escuela. Pedían lo que por ley era obligado, tal como acabamos de ver. Ante la negativa de la escuela no tuvieron más remedio que plantear acciones judiciales. Evidentemente, ya un número menor de familias. Esta es la forma de actuar de la Generalitat: se ponen obstáculos a quien solicita el cumplimiento de la ley esperando que se desanimen y, así, al final puedan repetir aquello de que son solamente un puñado de familias las que discrepan del modelo de inmersión.
La cosa, sin embargo, no acaba ahí. En los casos en los que se solicita el cumplimiento de la ley se activa un "protocolo de acoso" sobre las familias que incluye diversas fases. Este jueves, en el Ayuntamiento de Castelldefels, asistiremos a una de las fases de este acoso: la aprobación de mociones de apoyo a la comunidad educativa. Aquí está el texto de la moción que se votará mañana en el ayuntamiento de Castelldefels:



No falta la tópica referencia a que el modelo de inmersión es un éxito y a que garantiza la igualdad de oportunidades. Falsedades que han estado ya suficientemente desmentidas y en las que aquí no voy a entrar (me remito a esta otra entrada).
Y no entro porque aquí ya no estamos hablando de la inmersión desde una perspectiva pedagógica; sino de los derechos de las familias. Estamos hablando de que hay un modelo educativo legal y uno ilegal, y que quienes han tenido que acudir a los tribunales para conseguir que se declare el derecho de que sus hijos reciban la educación en el modelo legal ahora se ven sometidos a la presión política de quienes utilizan la escuela como herramienta nacionalista.
Hablemos claro: se acusa a quienes solicitan que se aplique el modelo educativo legal de politizar la enseñanza; pero aquí los únicos que politizan son quienes:
1) Establecen un modelo de enseñanza que solamente se explica y justifica desde la perspectiva nacionalista. Ninguna razón pedagógica apoya un modelo que excluye completamente como lengua vehicular la materna de más de la mitad de la población. No pasa en ningún país de Europa. Y fuera de Europa el único ejemplo que se encuentra es Groenlandia.
2) Se niegan por razones políticas a hacer lo natural en un Estado de Derecho: una vez que los tribunales han establecido algo ajustar su comportamiento a lo establecido en los tribunales.
3) Cuando las familias, desamparadas tanto por la Generalitat como por el Gobierno español, acuden individualmente a los tribunales para solicitar el cumplimiento de la ley las someten a un protocolo de acoso que incluye la aprobación de mociones como ésta que aquí recojo.
Fijémonos que la moción dice que supone un apoyo a la comunidad educativa. ¿No forman parte de la comunidad educativa las familias que han conseguido que se imparta un 25% de la educación en castellano?
Es una vergüenza y que el PSC apoye este esperpento es más que lamentable. Como digo, desde una perspectiva nacionalista la inmersión es perfectamente entendible. Se trata de construir una nación sobre la base de la lengua y para ello se necesita la expulsión del castellano, que es el fin último de la política nacionalista de la que la inmersión es un elemento más. En este entramado ¿qué pinta el PSC?
Por todo lo anterior, es conveniente que volvamos a dar nuestro apoyo a las familias y rechacemos la politización de la educación de nuestros hijos que practican quienes la ven tan solo como un instrumento nacionalizador, como un elemento más en el proceso de catalanización de la sociedad (vean el segundo 52 del vídeo que incluye esta noticia).

domingo, 16 de julio de 2017

Trabajadores pobres y otros problemas que no pueden esperar

Leo esta noticia que es realmente preocupante. En España más de un 13% de los trabajadores son pobres o están en riesgo de pobreza. Es el tercer peor resultado de la UE, tan solo por delante de Grecia y Rumanía.
Este es un problema del que se viene alertando desde hace tiempo. Hace unas décadas parecería imposible que un trabajador fuera pobre o estuviera en riesgo de pobreza. Esa situación, la de pobreza, se vinculaba con quienes no podían acceder al mercado laboral; pero quien estaba ya incorporado al mismo disponía, por lo general, de niveles de salario y condiciones laborales que le alejaban de las situaciones de necesidad. Eso ahora ha cambiado. Es posible que quien trabaje lo haga en condiciones tales que su esfuerzo no sea suficiente para sacarle de la pobreza. ¿Cómo es esto posible?
Es posible porque en el último lustro la política española se ha dirigido a hacer disminuir el desempleo y favorecer el crecimiento económico; no es ningún secreto. A este fin se orientó la reforma laboral del año 2012 y no a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Y tal como era de esperar, tuvo éxito en lo que se refiere a los beneficios de las empresas; pero no permitió que el crecimiento económico se trasladara a los salarios. De hecho, la participación de los salarios en la renta nacional ha disminuido en casi un 3% desde el comienzo de la crisis; aunque, seguramente, este dato, que tiene en cuenta todos los salarios, no da cuenta de la realidad de tantos empleos en los que la bajada salarial y el empeoramiento de las condiciones laborales ha sido muy significativo. No es por asustar, pero me parece que todo indica que ese empobrecimiento de los trabajadores, que ha empezado por los salarios más bajos, irá extendiéndose a toda la sociedad. Es un problema que, además, no creo que se vaya a limitar a España, sino que más tarde o más temprano llegará a todo el mundo. En Estados Unidos, también hay trabajadores pobres.



Por desgracia, las locuras separatistas y la mediocridad de nuestra política nos impiden abordar de forma directa y ambiciosa el problema de las profundas grietas que se están abriendo en nuestra sociedad y que en otros países son objeto de atención, estudio y análisis (aunque, todo hay que reconocerlo, sin que avancen excesivamente las propuestas de actuación).
Asistimos a los albores de una nueva sociedad, una nueva sociedad en la que, reducidos los corsés nacionales, las relaciones económicas y productivas se desenvolverán en un escenario liberado de la regulación estatal. O, por mejor decir, la regulación estatal tenderá a simplemente acompasar y ratificar las tendencias que va imponiendo la lógica de los mercados (la reforma laboral de España en 2012, ya mencionada, creo que es un buen ejemplo).
Es un mundo nuevo, en el que el poder público retrocede y en el que la depauperación de los trabajadores se irá haciendo más intensa. Las grandes compañías tenderán a desplazar a las pequeñas empresas o les impondrán como suministradores condiciones cada vez más onerosas. El mercado se convertirá en más "injusto", si por injusto entendemos un flujo cada vez más intenso de beneficios a la cúpula de dicho mercado (grandes fondos de inversión, grandes fortunas) a costa de una retribución cada vez más reducida del trabajo y de la iniciativa personal.
Este es el mundo al que nos enfrentamos, y en el que este profundo desajuste económico provocará turbulencias políticas. ¿No es evidente la relación entre la crisis económica en España, acentuada a partir de 2010 y el movimiento separatista catalán? Esta situación de incertidumbre ¿es ajena a los movimientos populistas y antieuropeos que, de momento, ya han conseguido que el RU abandone la UE? Las tubulencias en la política norteamericana, que han llevado a la presidencia a un personaje como Trump ¿son ajenas a la sensación de desamparo económico que se deriva de la penetración de las consecuencias de la globalización en las clases medias americanas?



Es hora de que estas cuestiones se coloquen en el centro del debate político, y para ello debemos plantearlas de frente. Es necesario asumir que es precisa una cierta regulación de la globalización que imponga condiciones mínimas laborales a los productos que pretendan entrar en el circuito comercial mundial. Sin esas condiciones mínimas la "race to the bottom" en las condiciones de los trabajadores no tendrá fin.
Evidentemente es preciso un poder que tenga esta capacidad de regulación. En este sentido, la UE tiene capacidad para sentarse con los otros grandes poderes económicos del Planeta (Estados Unidos, Rusia, China, la India y Japón) y fijar estas condiciones mínimas que evitarían esa carrera hacia abajo desbocada que nos está llevando a salarios mínimos, estabilidad laboral inexistente, jornadas injustificadamente largas, contratos por horas, pero con plena disponibilidad, etc.



Aparte de esto es necesario garantizar que todas las personas dispondrán de los mínimos recursos para sobrevivir. Durante décadas se trasladó a las personas la responsabilidad por no encontrar trabajo o no encontrar trabajo de calidad: si no trabajas es porque eres un vago o no estás suficientemente formado. Si te formas tendrá empleo de calidad, etc. Bien, asumamos ya que esto no es así. Personas perfectamente formadas no encuentran trabajo, o el que encuentran es de baja calidad. El otro día me explicaban lo que cobraba un médico interno residente: en torno a los 1500 euros mensuales ¿es que no se ha formado suficientemente? ¿cómo es que su salario apenas llega al 60% de la renta per cápita?
Ante esta situación hay que actuar en dos frentes: garantizar unos ingresos mínimos universales que, creo, deberían fijarse en un 20% de la renta per cápita y, por otra parte, garantizar unos servicios públicos de calidad.
Ambas cosas precisan de una capacidad de recaudación fiscal que ahora se ve seriamente perjudicada por las circunstancias que veíamos antes: las rentas del trabajo, que se constituyeron en la espina dorsal de la recaudación fiscal durante décadas, ahora son un caladero escaso como consecuencia de la disminución de los salarios. Los beneficios empresariales, por su parte, se benefician de estrategias de planificación fiscal -favorecidas por la globalización y la integración regional- que impiden una imposición sobre la actividad empresarial acorde con las necesidades del sector público.
Es preciso un acuerdo internacional entre los mismos actores que veíamos antes a fin de eliminar los paraísos fiscales y potenciar la cooperación internacional en materia fiscal. A nivel de la UE es necesaria la unificación (y digo "unificación", no "armonización") de la tributación de las sociedades. ¿Ambicioso? Sí, claro; pero es que primero debemos creer que es posible, y la UE es una democracia. Si lo creemos todos a la vez, se hará.



El objetivo, hablemos claro, es una adecuada distribución de la riqueza. Un 20% de la misma debería ir a garantizar ese ingreso individual mínimo (renta básica universal), necesaria en un escenario en el que es iluso pensar que todos conseguirán por medio del trabajo esos niveles mínimos de ingresos. Otro 20% iría a sufragar servicios públicos de calidad (sanidad, educación) y el 5% restante al resto de gasto público (infraestructuras, seguridad, defensa...).
No es ninguna locura. Ya actualmente el gasto público en los países europeos se mueve en torno a ese 45% (España, 42%; Alemania, 44%; Italia, 49%; Francia, 56%; RU, 42%...). Se trata, como casi todo, de organización, cooperación y convicción.



viernes, 14 de julio de 2017

Castelldefels

Ayer asistí al acto de apoyo a las familias que en Castelldefels han pedido la educación en catalán y en castellano.
Fue un acto emotivo, donde se pretendía mostrar que estas familias no están solas, que su causa es justa y, además, necesaria.
Mientras oía las intervenciones no podía dejar de pensar en que lo que allí estábamos viviendo era una perfecta muestra de la anomalía democrática en que vive Cataluña. Intentaré explicarme y para ello tengo que repasar brevemente el origen de la reclamación de estas familias.



1) España es un Estado en el que las competencias en materia de educación se reparten entre las Comunidades Autónomas y el Estado central. Las Comunidades Autónomas tienen unas amplísimas competencias que incluyen la organización concreta de los estudios y la gestión del personal y de los centros; pero los principios básicos del sistema educativo están regulados en la Constitución y en una Ley Orgánica estatal.
2) En Cataluña se ha utilizado la competencia autonómica para imponer una educación monolingüe en catalán. Las razones para ello son puramente nacionalistas, tal como veremos enseguida; pero ahora no incidiremos en ello para reparar en una circunstancia que es bastante relevante: los tribunales han establecido que este sistema monolingüe en catalán no es constitucionalmente admisible. Es decir, es un sistema ilegal. Lo que han establecido los tribunales es que no es posible que el castellano sea únicamente una asignatura, como el inglés, sino que tiene que tener el carácter de lengua vehicular junto con el catalán. Puede haber una proporción mayor de enseñanza en catalán que en castellano, pero ha de haber enseñanza en castellano (no solamente "del" castellano).
3) Ante la constatación de que el sistema de enseñanza que se sigue en las escuelas catalanas es ilegal lo que hubiera debido pasar es que la Generalitat hubiera dado instrucciones a través del Departamento de Educación para modificar lo que se conoce como "proyecto lingüístico" de las escuelas a fin de que en todas y cada una de las escuelas de Cataluña dicho proyecto se ajustara a la ley e incluyera una parte de la docencia en castellano. Parte de la docencia en castellano que puede limitarse a una asignatura.
4) Ante la pasividad de la Generalitat, hubiera debido ser el Estado quien actuara para conseguir que el sistema educativo catalán se adaptara a la legalidad. Como el Estado tampoco ha hecho nada son las familias las que han tenido que asumir la carga de obligar a la Generalitat al cumplimiento de la ley.
Fijémonos en lo que acabo de explicar: el sistema educativo en Cataluña es ilegal. Esto es un hecho constatado por los tribunales. Ni la Generalitat ni el Estado hacen nada para devolver la legalidad al sistema educativo y han de ser los ciudadanos quienes exijan ese cumplimiento de la legalidad. Un reflejo de lo que, por desgracia, es España.
5) Cuando una familia quiere que en su colegio se aplique la ley ha de solicitarlo ante los tribunales y enfrentarse a la Generalitat. La Generalitat pierde todos estos juicios porque, como digo, es claro que está incurriendo en una ilegalidad, pero aún así hace pasar a todas y cada una de las familias por el peaje de un proceso para conseguir que se aplique la ley.
6) El peaje de la familia no es solamente el de tener que afrontar una proceso contra la administración, sino que ante cada nueva petición se pone en marcha un protocolo de acoso en el que participan las autoridades educativas, los partidos políticos y las instituciones. Tenemos ejemplos de ello en Mataró y en Balaguer. Aquí nos encontramos ya ante una anormalidad que no solamente afecta al Estado de Derecho como valor abstracto, sino a los derechos de las personas. Hay que decir que la indiferencia de la sociedad y de muchos partidos políticos ante estos acosos es escalofriante. Otra muestra de lo que es España.
7) Como lo que las familias piden es que se cumpla la ley, que establece la necesidad de que todos los alumnos catalanes reciban una parte de su educación en castellano, cuando una familia lo pide su recurso beneficia a todo el grupo en el que se integra el alumno. Este resultado es presentado como un perjuicio por el nacionalismo. Se argumenta que si alguien quiere hacer una parte de su educación en castellano (un 25% en concreto) ¿por qué ha de obligar a toda la clase a hacerlo igualmente? Esta pregunta muestra que o no se ha entendido lo que he explicado anteriormente o, más probablemente, sí se ha entendido, pero se pretende tergiversar para hacer demagogia.
No se trata de un derecho de opción de los padres a que sus hijos tengan parte de su educación en castellano. Es una obligación de la Generalitat para todos los alumnos. Lo que sucede es que como la Generalitat no cumple con la ley y el Estado no le hace cumplir son las familias quienes lo exigen y eso hace aparentar que estamos ante un derecho de opción cuando, repito, no hay ningún derecho de opción; se trata simplemente de hacer cumplir la ley que establece la necesidad de que todos los alumnos en Cataluña reciban una parte de su educación en castellano.
8) Dado todo lo que hemos visto, es evidente que resulta mucho más duro que la petición del cumplimiento de la ley se haga por una familia aislada que por un grupo de familias. En Castelldefels es lo que sucedió. No se trató de una petición aislada, sino de un grupo de familias. Inicialmente hasta 90 familias pidieron que el castellano se incluyera en el proyecto lingüístico de la escuela. Con frecuencia los nacionalistas explican que son una minoría los padres que piden la introducción del castellano en la educación. La realidad es que la Generalitat ni pregunta cuántos son ni facilita de ninguna manera que se haga esta solicitud (al revés). Los datos de las encuestas indican que son una amplia mayoría los padres que prefieren una enseñanza bilingüe o trilingüe a una enseñanza monolingüe en catalán, pero los mantras nacionalistas pretenden ocultarlo.
Como consecuencia de todo lo anterior, en Cataluña tenemos un sistema educativo que es único en el mundo (aparte de Groenlandia) en la que se excluye como lengua vehicular una oficial que, además es la materna de más del 55% de la población. Esta desatención a la lengua materna de la mayoría de los catalanes tiene consecuencias en los resultados académicos, que son mediocres y, además, perjudica a quienes tienen el castellano como lengua materna, ya que los resultados académicos de los castellanohablantes son peores que los de los catalanohablantes; como, por otra parte, era de esperar porque nadie niega que estudiar en la lengua materna es una ventaja para la asimilación de contenidos.
El sistema denominado de inmersión no tiene ningún fundamento pedagógico, sino únicamente nacionalista: la pretensión de construir una sociedad vertebrada alrededor del catalán como idioma, lo que supone, necesariamente, la minorización del castellano. Es por eso que la lucha porque el castellano esté presente en la educación no es solamente una exigencia legal, sino que tiene también un componente político -y es bueno explicarlo-, el de impedir que la escuela sea utilizada como un instrumento más del nacionalismo supremacista. La educación monolingüe en catalán tiene, al igual que la enseñanza de una falsa historia que refuerza los mitos nacionalistas un claro componente político y, por tanto, aparte de las razones pedagógicas, también existen razones políticas para impedir esta usurpación de la escuela por los nacionalistas.
Y todo esto lo están defendiendo las familias que piden la enseñanza en catalán y en español, personas como Ana Losada o Pepe Domingo, de la AEB, Mercè Vilarrubias o Carlos Silva. Son ellos quienes están dando una batalla en la que no quiere comparecer el Gobierno de España y en la que no pocos se ponen de perfil.
Esto es España.

lunes, 10 de julio de 2017

Nacionalismo, democracia y referéndum

Cuando se habla del adoctrinamiento nacionalista en la escuela catalana a veces la réplica es que de haber realmente dicho adoctrinamiento los catalanes a favor de la independencia serían muchos más de los que son.
De que existe adoctrinamiento, por desgracia, no hay excesivas dudas. Dejo un vídeo que recoge algunos ejemplos, pero hay más evidencias (algunas pueden consultarse en los dos informes sobre déficits de calidad democrática elaborados por Societat Civil Catalana y que pueden consultarse aquí y aquí).


Y a la observación de que cómo es posible que con dicho adoctrinamiento los independentistas no sean mayoría la respuesta es que la tarea nacionalista de reconstrucción de la realidad no se aprecia tanto en el 35, 40 o 45 por ciento de los catalanes que se consideran independentistas, como en el número significativamente mayor que considera que los catalanes podríamos decidir autónomamente constituirnos o no en un Estado independiente. Esto es, por la asunción mayoritaria del denominado "derecho a decidir", que no es otra cosa que el "derecho a la autodeterminación".
Quienes se manifiestan partidarios de este derecho a la autodeterminación asumen que la comunidad política de referencia para todos nosotros es Cataluña y que nuestra participación en otros proyectos políticos (España, la Unión Europea) es circunstancial y, además, decidida por el conjunto de quienes residimos en Cataluña. Es decir, seremos el conjunto de los catalanes los que determinaríamos si nos integramos (o no) en España o si participamos (o no) en el proyecto europeo. Lógicamente, como en toda decisión de este tipo habrá quien esté a favor y quien esté en contra, y según cómo se configure el grupo que decide, el resultado será uno u otro. Para quienes se adscriben al mal denominado "derecho a decidir" ese grupo lo constituyen necesariamente los catalanes, y no los españoles, el conjunto de los europeos, los habitantes de la ciudad de Barcelona o los de la Tabarnia que ahora se pretende crear.
Evidentemente la delimitación del grupo que ha de adoptar una decisión colectiva es determinante; y en el caso de que esa decisión sea la de constituirse en un Estado soberano, más. Si se asume que ese grupo está formado por los catalanes, inevitablemente se está negando que otro grupo diferente, en el que podrían estar integrados también los catalanes, pueda adoptar tal decisión. Todos podemos participar en varios grupos políticos, pero soberano solamente puede ser uno, por eso es tan importante la definición del mismo. Que una mayoría de catalanes asuman que tal grupo es el constituido por el conjunto de los catalanes y no por el conjunto de los españoles es una victoria innegable del nacionalismo catalán y de su eficaz distorsión de la realidad.



Es una distorsión de la realidad porque ahora no es así. El derecho de autodeterminación, la capacidad de actuar como un sujeto político soberano corresponde, de hecho, ahora al conjunto de los españoles, que somos quienes nos hemos dotado de una Constitución, somos un Estado reconocido internacionalmente y que como tal Estado participa en la Unión Europea. Los catalanes constituimos una comunidad política en tanto en cuanto así se establece en la Constitución española y en una Ley española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Desde un punto de vista internacional, y por mucho que mientan los nacionalistas, tampoco existe reconocimiento político alguno de Cataluña como una comunidad con capacidad de convertirse en una entidad soberana (y que, por tanto, pueda acceder al derecho de autodeterminación). De hecho los catalanes somos un grupo más dentro de un Estado nacional, como pueden serlo los bávaros en Alemania, los bretones en Francia o los habitantes de Florida en Estados Unidos. El pretender que esto, ahora mismo, es de otra forma no entra dentro del debate político, sino del psiquiátrico. Sin embargo, el éxito del nacionalismo es que, de hecho, no pocos dediquen esfuerzos a discutir sobre este extremo. Lo mismo que si lo hiciéramos sobre si la Tierra es redonda o cuadrada.
Otra cosa es que se plantee como una propuesta política. Como es sabido, la Constitución española permite una reforma total de la misma, y, por tanto, también la división de la soberanía, siempre que se haga de acuerdo con los procedimientos establecidos. Ahora bien, sería conveniente realizar dos puntualizaciones.
La primera es que quien puede adoptar la decisión de fraccionar la soberanía es el conjunto de los españoles. Cambiar la situación actual y modificar el sujeto político en el sentido de que las decisiones sobre las fronteras de España ya no sean adoptadas por todos los españoles, sino por una parte de los mismos requiere el acuerdo de todos los titulares de la soberanía.
La segunda puntualización es que una modificación como ésta no es neutra respecto a España. Si el sujeto político soberano es Cataluña, España deja de serlo. Si los catalanes tenemos la capacidad para decidir constituirnos en Estado con independencia del resto de los españoles la naturaleza de España cambia; y eso aunque la decisión sea la de continuar formando parte de España; pero en ese caso ya no lo haríamos como individuos en plano de igualdad con el resto de los españoles; sino que lo haríamos tan solo como catalanes y sobre la base de que la mayoría de los catalanes lo deciden. España habría dejado de ser una nación en el sentido político para convertirse en una especie de confederación, una reunión de territorios en los que los habitantes de cada uno de ellos tan solo se relacionan con los habitantes de los otros territorios a través de la entidad política en la que se integran.
Este sería el resultado de aceptar el denominado "derecho a decidir". No se trata de una opción entre seguir como hasta ahora o la independencia, sino que asumir el referéndum implica, ya en sí, una alteración esencial de la configuración de España. Es por eso que resulta ten enormemente tramposo pretender que el referéndum solamente es una manifestación de la democracia. Al contrario, el referéndum supone, ya en sí, la destrucción del sistema político vigente y su sustitución por el que pretenden los nacionalistas, uno en el que la comunidad política de referencia sea la catalana.



¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Evidentemente por una tarea de décadas en la que los nacionalistas han encontrado aliados que podrían parecer inesperados. La base para esta tarea es la de romper los vínculos simbólicos y sentimentales con el resto de España y acentuar los que se refieren a Cataluña. Me ocupaba de esto hace unos meses y pediría que se reparara, por ejemplo, en las razones que explican la retirada de las banderas españolas de todos los lugares en los que es posible esta retirada y, a la vez, ya no la presencia de esteladas, sino, en ocasiones de banderas de Cataluña aisladas, que refuerzan el mensaje de que nuestra comunidad política es Cataluña, que es en ella donde nos realizamos como individuos y que es con el conjunto de los catalanes que decidimos en qué proyectos políticos más amplios nos integramos (España, la Unión Europea). Alguna de las manifestaciones del federalismo apuntan en esta línea, una línea, que como digo, no es compatible con la Constitución actual ni con el mantenimiento de España como nación (política).



La consecuencia de esta tarea incansable de décadas es la construcción de un imaginario en el que se presenta como natural que seamos los catalanes quienes decidamos nuestro futuro político con total autonomía, sin reparar que esta asunción implica dar por buena precisamente la construcción nacionalista según la cual Cataluña es una entidad separada de España. Ahora se ven los resultados de tanta insistencia en decir "Estado español" en vez de "España"; de minimizar las referencias a los elementos que nos conectan con el resto de los españoles y a presentar una historia falsa que pretende que desde sus orígenes Cataluña fue una entidad separada de España. La proscripción oficial del castellano contribuye también a la construcción de esta identidad que, como digo, en algunos no se traduce en independentismo; pero sí en la interiorización de que el grupo político al que pertenece es el de los catalanes, no el de los españoles.
Por eso el cuestionamiento del referéndum tiene que hacerse afirmando la realidad y bondad ya no de que Cataluña sea parte de España, sino que los catalanes reivindiquemos nuestra condición de españoles en plano de igualdad con el resto de nuestros compatriotas. Desde esta participación en pie de igualdad se construyó la Cataluña rica del siglo XIX y durante el siglo XX los catalanes sufrieron al igual que el resto de los españoles el desastre de la Guerra y de la Postguerra; y con todos los españoles hicieron posible la Transición y la incorporación de España a la UE. Es esto lo que se cuestiona ahora ya no con la propuesta de independencia, sino con la de referéndum.
Sorprende que esta perspectiva se tenga tan poco en cuenta cuando se trata del referéndum de secesión. Con frecuencia se critica por su falta de garantías democráticas o se defiende como un ejercicio democrático. El que tenga o no garantías no altera que supone, como digo, la quiebra de la comunidad política en la que ahora participamos; y además sin dar voz al 84% de los integrantes de dicha comunidad política, el resto de los españoles.
No, el referéndum no es un ejercicio de democracia, tan solo es un ejercicio de nacionalismo, un paso más en la laboriosa tarea de ingeniería social y política que pretende construir un Estado en el territorio de Cataluña. Por eso querer defenderlo desde planteamientos democráticos es tan solo una muestra de ignorancia o de cinismo.