New York Times

miércoles, 27 de mayo de 2015

Últimas rimas


Hace tiempo que no cuelgo intentos de poema en este blog. Comparto los últimos que he ido publicando  en "Impresiones Rimadas"

Palmira

Es la tarde,
las ruinas de Palmira destellarían bajo las estrellas.
Pero no hay ruinas, ya no las hay.
Gota a gota, la sangre desciende por los muslos,
crece y se embalsa
hasta llenar subterráneas ciénagas,
colmarlas y ascender
hacia la oscuridad primordial.
Sal con agua y rubíes,
brillan en el cielo las gotas suspendidas
y caen como lluvia
sobre el solar
que fue una ciudad.
En las calles de Palmira también
hubo dolor y sangre insatisfecha
como ahora la hay.
Envuelven los cadáveres en mantos
que deambulan cubiertos de polvo,
arrancados los ojos,
cerrados los labios, manos segadas,
mundo amputado,
el crimen ancestral.
El dolor es mudo y crece,
crece sobre tierras, sobre ciudades;
se dilata el dolor sólido
que no nos llega.
Un niño muerto al lado del camino
no es ya nada en el mundo...
Pero su padre ¡ay su padre!
Odiará y el dolor
al cielo de rubíes llegará;
desgarrará,
romperá nuestros oídos
en silencio mortal.
Ese desgarro nos hará mirar
las niñas torturadas,
las mujeres cegadas,
los niños enterrados.
Ese día entenderemos
que las ruinas de Palmira
no valen el clítoris de la niña
que indefensa suplica,
mientras una madre,
impotente y vencida,
entre lágrimas llora
la pérdida del gozo que su hija
ya no podrá soñar.



¡Oh, tristes odios imperecederos!


(Fotografía Fernando López)




To see
who's going
to see it, is almost
seeing
what's going to be
when -night and dark sea-
no more you'll be.
Your trace lost,
your forgotten name,
somebody who sees
and won't know
that her face was sought
by a dead soul
when he still was
flesh and joy.








La casa abierta
no existe ya, se mezcla con el aire.
Cimbrean las paredes bajo el sol,
descubre la luz rincones secretos.
Desaparece la casa en la tarde
y ya todo es afuera,
natural y sin tiempo.
Respiro verde y azul,
me someto al fulgor.
Abríllase la piel
perdida de su oscuridad mortal.
Vuelve el latido espeso de la sangre,
entórnanse los párpados,
aquiétase el fulgor,
reposan las palabras
que dan sentido al mundo.
Habitación cerrada en la penumbra,
apenas yo.



sábado, 16 de mayo de 2015

Derechos que no lo son

Lo que está sucediendo en Mataró a cuenta de la introducción en la enseñanza de un 25% de docencia en castellano es preocupante, muy preocupante. Es preocupante por lo que supone de acoso a las familias y, en concreto a los niños; pero también lo es por la confusión en que se ha caído -no sé si intencionadamente o no- sobre la naturaleza de la petición de los padres.
Y es que la situación de la enseñanza en Cataluña en relación a este tema es demencial. Se ha llegado a un punto insólito, sin parangón, al menos en los países de nuestro entorno. Me explico:
Pese a lo que pudiera parecer, no es un derecho individual que en la enseñanza pública un 25% de la docencia se imparta en castellano. Si se tratara de un derecho de opción resultaría que existiría el paralelo derecho a no recibir ese 25% de enseñanza en castellano; y ese segundo derecho no existe (pese a lo que nos quieren hacer creer). En realidad, no hay ningún derecho de opción, lo que sucede es que la normativa vigente, tal como ha sido interpretada por los tribunales, establece que necesariamente al menos un 25% de la docencia en el sistema público de enseñanza ha de realizarse en castellano. No se trata de una norma dirigida a las familias, sino a la administración educativa.
En cualquier país "normal", la administración educativa habría acatado la sentencia y establecido ese 25% de enseñanza en castellano; y de no hacerlo la administración catalana, lo hubiera impuesto la administración general del Estado, que tiene mecanismos y competencias para ello.
Como no ha pasado nada de lo anterior, son las familias las que han de pedir que la administración cumpla las decisiones judiciales. El hecho de que sean los particulares quienes tengan que instar la actuación administrativa lleva a confundir esta iniciativa con la solicitud de un derecho de opción que, como digo, para nada existe. Se trata, simplemente de que la administración establezca el sistema de enseñanza legalmente obligado.
Carece de sentido, por tanto, equiparar el derecho de los padres que solicitan la enseñanza bilingüe con el de aquellos que no la quieren. Como digo, no estamos ante un derecho de opción de los padres, sino tan solo de la exigencia individual del cumplimiento de una obligación de la administración que tiene carácter general.
Pretender que la enseñanza bilingüe se aplique tan solo a quienes la solicitan es absurdo. Sería equivalente a interpretar que, una vez establecido por los tribunales que la enseñanza pública ha de incluir necesariamente en sexto de primaria el estudio de las principales instituciones de la Unión Europea se interpretara que solamente los hijos de quienes habían planteado la acción ante los tribunales estuvieran obligados a estudiar tales instituciones o, peor aún -y es la situación en la que nos encontramos ahora- que cada familia que quisiera que sus hijos conocieran las principales instituciones de la Unión Europea tuvieran que instar una acción judicial para conseguir que en su escuela se explicaran tales instituciones; y eso pese a que ya se ha establecido de manera definitiva, hasta por el Tribunal Supremo, que el estudio de tales instituciones europeas ha de integrarse en el curriculum escolar. Para completar la analogía, resultaría que los padres que no han solicitado el estudio de tales instituciones reclamarían que sus hijos no las estudiaran. Como digo, demencial.
Y esta situación absurda se da por la desobediencia de la administración catalana y la falta de actuación de la administración estatal que empuja a los ciudadanos a una lucha desigual en los tribunales y con la administración educativa; además de al enfrentamiento con otras familias.
Si existen las administraciones es, precisamente, para evitar situaciones como éstas.


jueves, 7 de mayo de 2015

Mentiras, mentiras y más mentiras

Comenzar el día cabreado.
El Gobierno central ha planteado un recurso en relación a la matrícula en enseñanzas no universitarias para el curso 2015-2016 en Cataluña ya que la normativa de matriculación no se ajusta a lo que es legal y constitucionalmente obligado de acuerdo con las últimas decisiones judiciales en relación a la presencia del castellano en la enseñanza.
Por resumir: los tribunales han establecido que el castellano no puede recibir el tratamiento de lengua extranjera en el sistema educativo catalán. Esto conlleva, según las decisiones judiciales dictadas, que al menos el 25% de la enseñanza debería hacerse en español. En la práctica esto implica que además de la asignatura de castellano, otra materia debería impartirse en esta lengua para llegar a ese 25%.
Este 25% en español debe impartirse a todos los alumnos y es responsabilidad de la Generalitat fijarlo en la normativa que regula las enseñanzas no universitarias. Es decir, esta exigencia legal y constitucional no implica en ningún caso separar a los alumnos por lengua.
Cuando se dictaron las sentencias que establecían lo anterior muchos se apresuraron a mentir (esta es la palabra y no otra), asegurando que tales decisiones implicarían o bien que se separaría a los alumnos por lenguas o que supondría que no se recibiría educación en catalán; como, cuando -como vemos- la única exigencia es que el 25% de la enseñanza sea en castellano. El otro 75% podrá ser en catalán o combinarlo también con el inglés. Denunciaba tales mentiras en este mismo blog hace un tiempo.
Ahora, y dado que la Generalitat sigue sin acatar las decisiones judiciales que claramente indican que los niños catalanes tienen el derecho a recibir un 25% de su enseñanza en español, el Gobierno ha decidido recurrir ante los tribunales la normativa escolar de la Generalitat. Resulta sorprendente que se haya tenido que llegar a este punto, puesto que lo normal en un Estado de Derecho es que las administraciones intenten ajustar su actuación a las exigencias legales que han sido determinadas por los tribunales. Que la administración vulnere frontal y explícitamente sus obligaciones legales es inaudito y muestra un importante déficit de calidad democrática.
No debería extrañarnos, por tanto, que el Gobierno ejerza ante los tribunales las acciones necesarias para que en un asunto tan delicado como éste se cumpla con la legalidad.
La reacción de los partidos políticos ante el recurso del gobierno ha sido, sin embargo, estrafalaria. En una penosa actuación tanto CiU como ERC, las CUP, ICV y -ya no me sorprende nada- el PSC han mostrado su desacuerdo con el recurso planteado por el Gobierno central. En Cataluña, por lo que se ve, el cumplimiento de la ley es subversivo. Vivir para ver.
Pero lo anterior no es lo que motiva mi cabreo, sino el artículo de Irene Rigau publicado en La Vanguardia con el título "No separem els infants per raó de la llengua".
De nuevo la mentira de que se pretende separar cuando no es cierto. Las decisiones judiciales lo que establecen es que todos los alumnos han de recibir ese 25% de educación en castellano. Todos. De hecho, quien pretende la separación es la Consejería de Enseñanza, porque otro de los puntos en los que se impugna la normativa escolar de la Generalitat es aquél en el que se establece que cuando los padres de un niño pidan que se cumpla la ley y que reciba enseñanza en castellano -en la proporción que corresponde- se le ha de someter a una "atención individualizada". Esto es, al niño que solicite el cumplimiento de la ley se le dará una educación separada. Esta atención separada -que sí que divide, y de qué manera- ha sido rechazada por los tribunales, que mantienen que no es la solución adecuada para cumplir con la exigencia legal y constitucional de que el español esté presente en el sistema educativo catalán. Precisamente el recurso planteado por el Gobierno pretende también acabar con esa lacra discriminatoria que es el tratamiento individualizado para aquellos que simplemente exigen el cumplimiento de la ley.
Así pues, no es el Gobierno quien pretende separar a los alumnos, sino que es la Consejería de Enseñanza la que lo hace, y el recurso planteado lo que pretende es que se impida esa separación. De ahí mi cabreo, de que -de nuevo- la mentira sea elemento de "argumentación" y agitación política. La trampa por sistema y la manipulación por bandera.
Así no vamos a ninguna parte.