Explicando el 1-O

viernes, 16 de febrero de 2018

La escuela y el 155

Desde hace años la escuela en Cataluña se encuentra en una situación de ilegalidad, incumpliendo la Generalitat la propia ley catalana de educación, tal como ha sido interpretada por los Tribunales. Estos últimos han establecido reiteradamente que la ley de educación de Cataluña ha de ser entendida en el sentido de que siendo el catalán la lengua que se utilice preferentemente en la educación, esta preferencia no puede suponer la exclusión del castellano como lengua vehicular, debiendo estar este idioma presente en, al menos, un 25% de las materias y pudiendo ser usado también, junto con el catalán, en las comunicaciones con las familias. Lo intentaba explicar ya hace años aquí, donde puede  encontrarse la referencia a alguna de las resoluciones que se han ocupado del tema; y volvía sobre ello unos años más tarde aquí.
Lo que impone la ley, interpretada de acuerdo con la Constitución, es que, como digo todos los niños catalanes (no los que lo elijan, no hay ningún derecho de elección) reciban su educación mayoritariamente en catalán pero con una presencia de, al menos, un 25% de castellano. Esa es la obligación legal que la Generalitat siempre se ha negado a cumplir. Es más, las familias que han solicitado el cumplimiento de la ley han sido sometidas a un acoso inmoral por parte de la propia administración educativa.



Desde el 27 de octubre de 2017 la administración educativa catalana depende del Ministro de Educación del Gobierno de España. El artículo 155 ha llevado a que sea el Sr. Íñigo Méndez de Vigo el responsable último de lo que sucede en las escuelas catalanas.



¿Puede el Sr. Méndez de Vigo, o lo que es lo mismo, el Gobierno de España; cambiar el modelo educativo en Cataluña? No. Nos podrá gustar más o menos lo que ahora hay (preferencia del catalán e imposibilidad de elección por los padres), pero ese es el modelo que resulta de la ley catalana de educación y, por tanto, es el que ha de ser aplicado hasta que esa ley no sea modificada. Ahora bien, ha de ser aplicado tal como es; es decir, sin que el catalán, que es preferente, pueda ser la única lengua vehicular. Al menos el 25% de las materias han de ser impartidas en castellano. Es decir, aparte de la lengua castellana, otra materia (matemáticas, conocimiento del medio...) han de ser impartidas en castellano. Esta es todo el ataque al catalán que implica el cumplimiento de la ley y de las resoluciones de los tribunales: que conocimiento del medio se imparta en castellano. Y ahora es responsabilidad del Sr. Méndez de Vigo que así sea. Como titular -vía 155- del Departamento de Educación de la Generalitat tiene la obligación de hacer cumplir la ley y las sentencias de los tribunales y establecer, por tanto, ese 25% de castellano para todos los alumnos catalanes.
Esto es lo que ha de hacer y esto es lo que puede hacer. Como acabo de decir, el artículo 155 no le habilita para cambiar el modelo educativo en Cataluña, sino para aplicar correctamente el vigente, y esa aplicación correcta supone la introducción de ese 25% de castellano. No puede hacer más y no ha de hacer menos. Por otra parte, no creo que sea especialmente complicado. Ofrezco un borrador de texto para la instrucción que debería adoptarse en los próximos días:

"De acuerdo con lo establecido en la Ley de Educación de Cataluña y los tribunales de justicia en reiteradas decisiones, es necesario que en todos los niveles educativos no universitarios al menos un 25% de las enseñanzas se impartan en castellano.
Es reponsabilidad de este Departamento y de todos los funcionarios el cumplimiento de este requisito, por lo que se establece:
1. En todos los proyectos lingüísticos de centro se indicará que materias se impartirán en catalán, cuáles en castellano y cuáles en otras lenguas, debiendo ser el porcentaje de castellano de al menos un 25% y garantizándose que la lengua que se utilizará en, al menos, un 50% de las materias será el catalán.
2. Los directores transmitirán a Inspección las modificaciones que realicen de los proyectos lingüsisticos de centro e Inspección elaborará un informe sobre el cumplimiento de esta normativa en cada centro.
3. El plazo para la modificación de los poyectos lingüísticos de centro concluye el día 1 de abril de 2018 y el plazo para la elaboración del informe de inspección al que se refiere el punto 2 termina el 2 de mayo de 2018.
4. Los cambios regulados en esta orden serán efectivos para el curso 2018-2019"

Evidentemente, sería posible también que se formulara a las familias una pregunta sobre la lengua vehicular o conjunto de lenguas vehiculares que prefieren. Siempre sería una información valiosa; pero sin que esa pregunta implicara una facultad de opción sobre la lengua utilizada en la escuela porque, como digo, el modelo actual no permite esa opción.
Así pues, lo que urge es que se dicte una instrucción desde el Ministerio de Educación en su calidad de responsable del Departamento de Enseñanza de la Generalitat con el fin de que en todas las escuelas e institutos de Cataluña se determinen las materias que se cursarán en castellano en el curso 2018-2019. Es una instrucción que no ha de demorarse mucho, porque es ahora cuando se han de decidir estas cosas. Si en esa instrucción se incorpora también la previsión de pasar a las familias un formulario sobre las lenguas vehiculares preferidas no pasa nada; pero se tratará de eso, de una encuesta, no de un derecho de opción a la lengua vehicular.
Cualquier otra cosa no respondería ni a las obligaciones ni a las facultades del Ministro de Educación: hacer cumplir la ley y las sentencias de los tribunales dentro del modelo educativo vigente en Cataluña.

lunes, 12 de febrero de 2018

Sobre la oficialidad del asturiano

El debate sobre la oficialidad del asturiano está sobre la mesa. Creo que es un debate importante y por eso conviene, creo, aportar argumentos. Aquí comparto mi visión sobre el tema.

I. La situación del asturiano

(Mi abuela Carmen hacia 1923, la niña es mi tía Maruja)

Cuando era niño en Asturias, allá por los años 70 del siglo XX, mi abuela, nacida en 1905, me comentaba a veces "los antiguos lo decían así" y me soltaba alguna frase en bable. Deduzco que sus padres y abuelos hablaban más en bable que en castellano, y que mi abuela, que era la primera de la familia que había ido a la escuela, distinguía uno y otro, aunque el español que hablaba tenía muchas influencias del bable y también unas cuántas docenas de palabras que no eran castellanas, sino asturianas (de las que yo también utilizo, "mancar", "chiscar", "arbejo", "fesoria", "pomarada", "llagar", "güelo"...).
Hace 100 años probablemente se hablaba bastante bable en Asturias. Diría que en el siglo XX su uso fue desapareciendo y yo no tengo ningún recuerdo de conversaciones en bable durante mi infancia. Quizás en algunas zonas se utiliza más profusamente; pero me gustaría tener datos sobre cuántos asturianos tienen hoy el bable como lengua materna; me imagino que muy pocos.
La escolarización en castellano laminó el uso del bable, y además lo hizo como si éste no existiera. No recuerdo tampoco que en el colegio me explicaran las particularidades del español que yo usaba, y que se debían a la influencia del bable (sustitución del pronombre de objeto indirecto por una "i", no utilización de las formas compuestas de los verbos, lo que, a su vez, implicaba que el condicional hacía las funciones de pluscuamperfecto, etc.). La oficialidad del castellano, que se imponía también en el ámbito escolar conducía a actuar como si el bable simplemente no existiera. Las escasas explicaciones que tuve de algunos profesores sobre este tema eran una iniciativa personal, no formaban parte del curriculo (hasta donde yo sé).
Y así nos tropezamos ya con un primer elemento que tiene que ser considerado: ¿qué quiere decir "oficialidad" de un idioma? ¿por qué se opta por declarar algunos idiomas oficiales? ¿por qué el castellano es oficial?

II. La oficialidad del castellano


La oficialidad de un idioma es siempre una reacción a la existencia de otro. Si no hubiera más que un idioma no sería posible ni siquiera concebir que pudiera ser "oficial"; simplemente sería. Es el propósito de hacer prevalecer un idioma sobre otros que también se utilizan lo que lleva a convertirlo en oficial. En el caso de Europa durante los últimos dos o tres siglos esta voluntad de imposición del uso de un determinado idioma fue un elemento clave en la construcción de las naciones que ahora conocemos. Se repite que en Francia en el siglo XVIII se hablaban docenas de idiomas, y que fue la imposición del francés un elemento clave para la construcción de la nación francesa. En Italia basta leer ese libro imprescindible, "Corazón", para entender el papel que jugó la escuela italiana del XIX en la unificación de un idioma, el italiano, que estaba tan fragmentando como las estructuras políticas de la península italiana (que no estuvo plenamente unificada hasta 1870); y cómo se vincula esa unificación del idioma con una determinada construcción de la nación italiana.
En España no es diferente: es obvio que en España se hablaban y hablan diferentes idiomas; pero el castellano es la "lengua común" desde hace siglos. Si se trataba de construir la nación al modo que se había hecho en Francia o en Italia el único candidato para ello era el castellano, que no solamente era conocido en todo el país, aunque no se hablara en las zonas rurales de una buena parte del mismo (Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña, Valencia, Baleares, zonas de Aragón), sino que desde el siglo XVI era asumido como lengua de cultura en toda España (la publicación de libros y periódicos en castellano en Barcelona era habitual mucho antes de los Decretos de Nueva Planta, por ejemplo).
Así resultó la oficialidad del castellano, que queda reforzada en la Constitución por la obligación que tienen de conocerlo todos los españoles. Difícilmente encontraremos una señal más clara de oficialidad que esta obligación de conocimiento que remarca el carácter estructural de la lengua en la construcción de la nación española.
A esa visión de la oficialidad responde la escolarización en castellano que vivieron mis abuelos (y mis padres y yo mismo) que no prestaba atención a la realidad lingüística sobre la que se proyectaba. Así sucedió en Asturias y en toda España; aunque en algunas zonas eso no impidió la conservación de lenguas diferentes del castellano, que durante los siglos XIX y XX tuvieron su propio desarrollo literario y cultural. Esas lenguas, además, fueron objeto de atención por parte de los nacionalismos periféricos que desarrollaron una política activa de conservación de los mismos, lo que quizás es especialmente llamativo en Cataluña y en el País Vasco. A la pervivencia de dichas lenguas responde el reconocimiento, también en la Constitución, de la posibilidad de que tales lenguas sean también oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas.
Este será el segundo elemento que deberemos tener en cuenta, la oficialidad de lenguas diferentes del castellano en las Comunidades Autónomas.

III. La oficialidad de las lenguas españolas diferentes del castellano

¿Qué implica esta oficialidad de las lenguas españolas diferentes del castellano? En primer lugar, esta oficialidad es un muro frente a la "vis expansiva" del castellano. Habíamos visto en el apartado anterior que la oficialidad de una lengua se entiende solamente en relación a otras que también son utilizadas y a las que la oficial pretende desplazar. Cuando una de esas lenguas se convierte también en oficial carece de sentido que ese desplazamiento opere; lo que obliga a que ambas lenguas convivan. Esta convivencia, a su vez, debe traducirse en los diferentes ámbitos de la sociedad, desde la escuela hasta el comercio pasando por la cultura, los medios de comunicación y cualquier otro ámbito que se nos ocurra; y tratándose de convivencia lo lógico es que la regulación de dicha convivencia resultara de acuerdos entre los distintos actores institucionales implicados; esto es, en el caso de España, tanto el Estado central como las Comunidades Autónomas. De no hacerlo así nos encontraremos con constantes conflictos, que es la situación que vivimos.
Las Comunidades Autónomas donde se hablan lenguas diferentes del castellano han optado por entender como propia tan solo la lengua diferente del castellano cooficial en su comunidad (ahora volveremos sobre el concepto de "lengua propia") y regular de manera unilateral su utilización, estableciendo ciertas imposiciones que no se ven contrarrestadas de forma eficaz por la legislación estatal. De esta forma, a lo que asistimos no es a una convivencia de lenguas, sino a una tensión entre ellas por decirlo suavemente.
De hecho, no es extraña esta tensión. Como veíamos antes el concepto de lengua oficial parte siempre de la confrontación con otras lenguas utilizadas en el territorio de que se trate. En la esencia de la oficialidad está la extensión en el uso de la lengua oficial, y ello es algo a lo que no renuncian las lenguas cooficiales en las diferentes Comunidades Autónomas. Ahora bien, hace un momento veíamos que el carácter oficial de las lenguas españolas diferentes del castellano constituía un muro a la acción expansiva del castellano ¿no opera también a la inversa? ¿la oficilidad del castellano no es un muro a la vis expansiva de las lenguas cooficiales diferentes del castellano?
No, no lo es. El concepto de "lengua propia" que mencionaba unas líneas más arriba es la clave para deshacer esa situación de teórico empate entre el castellano y las lenguas cooficiales en las diferentes Comunidades Autónomas. Lo vemos a continuación.

IV. La lengua oficial diferente del castellano como "lengua propia"

En los diferentes Estatutos de Autonomía se recoge que la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma es también "lengua propia". Es decir, el castellano es oficial, pero la otra lengua (el catalán en Cataluña, el euskera en el País Vasco, el gallego en Galicia, etc.) son oficiales y propias. Esta consideración como lengua propia tiene una enorme virtualidad como veremos enseguida, pero, además, conceptualmente ya implica un problema que ha de hacerse explícito.
Si asumimos que el catalán es la lengua propia de Cataluña; estamos indicando que el castellano es una lengua "impropia"; esto es, que es una lengua que de alguna manera "sobra" en Cataluña. No estoy siendo paranoico. En Cataluña es constante el discurso que, obviando la realidad histórica, mantiene que el castellano ha sido una lengua de imposición y artificial en lo que se refiere a su utilización en Cataluña. Se trata de un discurso de corte nacionalista que pretende que Cataluña ha de estructurarse a partir de una sola lengua, el catalán, de tal manera que, tal como se ha dicho públicamente, llegue el momento en el que el catalán sea la única lengua conocida por todos los catalanes. Esto es, superando la situación actual en la que todos los catalanes (o prácticamente todos) conocen tanto el castellano como el catalán. Con matices, este es el discurso también de los otros nacionalismos españoles en relación al euskera o al gallego. En todos estos casos se trata de construir comunidades políticas en las que la lengua ejerce como elemento eficaz de articulación. El concepto "lengua propia" es el punto de apoyo para esta política.
No es extraño, por otra parte. Ya habíamos visto que el concepto de lengua oficial nace en el contexto de la construcción de los Estados nación europeos en los siglos XVIII y XIX y en oposición a las otras lenguas que se hablaban en el territorio de esos Estados. Los nacionalismos autonómicos en España no hacen más que replicar el modelo: se trata de reforzar la identidad nacional -en este caso sobre la base de la Comunidad Autónoma- pretendiendo extender el uso de la lengua "propia" en detrimento de otras lenguas, incluida la cooficial que no tiene el carácter de "propia".
Creo que lo anterior es bastante evidente, las políticas de promoción del uso de la lengua que utilizan a veces el argumento de la necesidad de protegerla, son políticas que tienen como efecto ineludible la disminución en el uso de las otras lenguas, incluido el castellano. No hablamos o escribimos más por tener dos, tres o cuatro lenguas. Hablamos y escribimos lo mismo, por lo que si aumentamos el uso del catalán o del euskera o del gallego disminuimos el uso del castellano, con lo que esas políticas de promoción del uso (debemos diferenciar entre promoción del uso y promoción del conocimiento, volveremos sobre ello enseguida) tienen el mismo efecto que las políticas sobre oficialidad de la lengua en los siglos XVIII, XIX y XX: hacer disminuir el uso de las lenguas que no sean la oficial y propia.
¿Cómo se consigue esta promoción del uso? Aparte de las políticas de promoción del conocimiento tenemos la utilización de la escuela, sobre la que no me extenderé, porque merece capítulo aparte, y su uso por parte de la administración pública en las relaciones como los ciudadanos. Transmitir la imagen de que la lengua de utilización "normal" en la administración es la lengua propia contribuye a su difusión, aunque en función del contexto social puede resultar "insuficiente". De ahí las políticas sobre rotulación obligatoria, lengua en los medios públicos de comunicación o, incluso, prohibición del uso de la lengua cooficial no propia (el castellano) en determinados supuestos.

V. El caso de Asturias

Los elementos anteriores creo que deben ser tenidos en cuenta en el caso de Asturias. La oficialización del asturiano, unido al más que probable reconocimiento como lengua propia, implicaría la apertura de las políticas de promoción del uso de la lengua que he descrito antes. El propósito sería potenciar la utilización del asturiano frente al castellano desplazándolo en intervenciones públicas (ha comenzado a pasar), en los medios públicos de comunicación (ya se plantea un aumento de las emisiones de la televisión pública en asturiano, lo que, evidentemente, haría disminuir las emisiones en castellano), y en la escuela, donde se impondría seguramente un porcentaje de utilización del asturiano como lengua vehicular, lo que obligaría también a que los profesores obtuvieran las correspondientes acreditaciones en lengua asturiana.
En mi opinión esta imposición del uso del asturiano (sí, imposición, si se establece la obligación, por ejemplo, de utilizar un 50% del tiempo el asturiano en los medios públicos de comunicación estamos ante una imposición, no puede llamarse de otra manera) responde solamente a fines nacionalistas, al intento de construir una identidad política en la que el idioma jugará un papel determinante. No puede decirse que responda al interés de responder a la realidad social asturiana, y eso por dos razones.
En primer lugar, porque en la realidad asturiana el castellano es también lengua propia, la materna de la inmensa mayoría de los asturianos y, por tanto, desplazarla como resultaría del reconocimiento del asturiano como oficial unido a la presumible consideración como lengua propia es ya la primera falsedad de ese proyecto de ingeniería social que es todo nacionalismo.
Segundo, porque lo que se reconoce no es la lengua que hablaban mis bisabuelos, sino la "llingua" creada por la Academia como elemento de normalización de los diferentes bables. No se trata de la conservación de la lengua que hablaban nuestros antepasados -lo que, de todas formas sería discutible como proyecto político- sino de la imposición de una creación académica que tiene el mismo fin que las normalizaciones de otros siglos: encuadrar a la sociedad a través de una lengua, incluso artificial, para conseguir un determinado objetivo político, un objetivo político que no puede ser más que nacionalista. Lo hemos visto en otros territorios y me sorprendería que en Asturias fuera diferente.

VI. ¿Qué hacer?

Y ante esto ¿qué se puede hacer? Creo que, como decía al principio, es claro que en Asturias hay una realidad subyacente al castellano que hablamos la inmensa mayoría, que son los distintos bables. Estudiarlos, conocerlos e incorporarlos al curriculum académico me parece muy importante; pero hablo de los bables, no de la lengua artificial de la Academia.
Por otro parte, ha de reconocerse el derecho de todos a utilizar la lengua que deseen y sin que se pongan trabas por el hecho de que esa lengua no sea el castellano. Hay asturianos que se sienten más cómodos hablando su bable que el castellano y eso debe ser reconocido, sin que la oficialidad del castellano sea una traba para ello; pero sin que la oficialidad del asturiano de la Academia sea otra traba.
En mi concepción el mismo concepto de lengua oficial es pernicioso (también lo es la oficialidad del castellano) y lo que debemos es regular donde sea necesario para garantizar los derechos de las personas. En ese sentido la ley asturiana de 1998 puede ser un buen punto de partida y si es preciso modificarla para facilitar que los bables sean reconocidos y que sus hablantes sean respetados hagámoslo, pero sin caer en el error de una oficialidad que tiene mucho de simbólico; pero de simbólico en el sentido nacionalista, de reconocimiento de una realidad política enfrentada al proyecto común español.
No permitamos que las lenguas sean utilizadas por quienes pretenden dividirnos.

Adjunto enlace al vídeo del acto del pasado día 7 de febrero sobre la oficialidad del asturiano en el que participé y en el que se trataron algunas de las ideas que aquí comento

domingo, 11 de febrero de 2018

4:33

4:33, de John Cage, es para muchos una broma. Una obra musical que tan solo está hecha de silencio. El pianista llega a la sala, cierra el piano (o lo abre, supongo que no hay gran diferencia entre una cosa y la otra), pone en marcha su cronómetro y se queda ante el piano sin tocar una nota durante cuatro minutos y 33 segundos.


El pasado 7 de febrero, en Sinfonía de la Mañana, Martín Llade compartía un relato en el que explicaba cómo había surgido en Cage la idea de esta obra. Explica que había visitado la cámara de silencio de la Universidad de Harvard y allí había percibido una especie de fallo: pese a que se suponía que debía reinar un silencio total él escuchaba algunos sonidos que no sabía interpretar. Cuando salió le explicaron que esos sonidos eran de su propio cuerpo. Eran el latido de su corazón y el sonido que produce la actividad cerebral, sonidos que tan solo pueden llegar a ser oídos en el silencio más absoluto. Aquello fue para Cage una especie de revelación sobre la imposibilidad del silencio absoluto.
Explicaba esto ayer a mi hija de 14 años. Estábamos sentados en un parque al solecillo de la tarde de invierno, todo bastante tranquilo. Le gustó la historia y continuamos comentándola. Le dije que esa pieza podía interpretarla hasta yo, que no tengo ni idea de música. "Y yo" añadió ella. "Bueno", le repliqué, "tú puedes interpretar esa y otras muchas, yo solo esa". Ella toca el violín y también un poco el teclado.


"¡Interpretémosla!"- propuso.



Me pareció una idea divertida. Así que ella puso en marcha su cronómetro y estuvimos en silencio cuatro minutos y treinta y tres segundos.
Cuando transcurrieron nos miramos sorprendidos: lo que parecía que no pasaría de una broma sin nada especial se había convertido en una experiencia difícil de explicar. En el silencio todo lo que nos rodeaba adquiría un sentido diferente. Los ruidos inconexos (la conversación de un grupo a unos metros de nosotros, un avión que pasaba, el ruido de las hojas movidas por el viento, el tráfico más lejano...) adquirían sentido, se completaban a través de nosotros. Tanto ella como yo hacíamos de catalizador de lo que nos rodeaba. De alguna forma nos colocábamos fuera del mundo que observábamos. Ya no formábamos parte de la plaza en la que estábamos, sino que todo era escenario y nosotros espectadores; pero, precisamente por serlo, construíamos algo diferente a lo que meramente existía a nuestro alrededor.
Nos dimos cuenta de que 4:33 no era ninguna broma. Lo que es una broma es interpretarla en una sala de conciertos. 4:33 no es lo que se espera para una sala de conciertos y una sala de conciertos es quizás el sitio en el que la pieza menos brillará. Toquémosla junto al mar


O bajo un árbol


O en un parque


Y en cada ocasión 4:33 sonará diferente. Cada intérprete hará suya la pieza de una manera especial.
No, 4:33 no es ninguna broma.

jueves, 8 de febrero de 2018

Explicando el 1-O

En las últimas semanas he publicado dos vídeos en los que intentó explicar por qué están en prisión Jordi Sánchez y Jordi Cuixart


Y algunas cuestiones vinculadas al 1-O


Hoy mismo uno de los visitantes de mi página en facebook, Jamie Mayerfeld, me planteaba algunas preguntas sobre el contenido del segundo vídeo y me sugería que colocara mis respuestas juntas para una mejor comprensión. Lo hago a continuación.

Mayerfeld me hacía las siguientes preguntas al hilo del vídeo relativo al 1-O:

"Thank you for your video, which I like very much and from which I learned a lot. I have a few questions. (1) Could the authorities have handled the referendum more wisely? The police did end up striking people in order to reach the voting boxes, and that could and should have been predicted. It seems to me the authorities should have let the referendum proceed, and taken legal steps afterwards. (2) What was the role of the government? You discuss judges' orders to the police, but did the government have a role? (3) I'm curious about the continued detention of the four separatist leaders. Why are they being detained before trial? Why are they facing such long sentences? It seems to me that political wisdom in this case might call for a pardon. So my question then is - could the government pardon some of these offenses in the interest of cooling political tensions?"

Las preguntas que formulaba Mayerfeld son las siguientes:

1) ¿Podrían las autoridades haber gestionado de una manera más inteligente el referéndum? La policía acabó golpeando a la gente para llegar a las urnas, y esto podría y debería haber sido previsto. Me parece que las autoridades deberían haber permitido que se celebrara el referéndum e iniciado posteriormente acciones legales.

2) ¿Qué papel tuvo el Gobierno? En el vídeo se comentan las órdenes judiciales a la policía, pero ¿tuvo algún papel el Gobierno?.

3) Me gustaría saber más sobre el mantenimiento de la prisión para los líderes separatistas. ¿Por qué están detenidos antes del juicio? ¿Por qué se enfrentan a condenas tan largas? Me parece que una cierta habilidad política en este caso debería llevar a su perdón. Es por ello que mi pregunta es ¿podría el gobierno perdonar de alguna manera las ilegalidades cometidas a fin de conseguir relajar la tensión política?

Esta fue mi respuesta:

La clave de una parte de las preguntas está en la relación entre el Gobierno y los Jueces. En este caso, como explico en el vídeo, los jueces habían dado órdenes a la policía de impedir la realización del referéndum y de requisar los materiales que estaban siendo utilizados para la votación. Creo que hay que diferenciar las dos misiones: impedir el acceso a los locales electorales y requisar el material que estaba siendo utilizado. También es importante tener en cuenta que en Cataluña operan tanto la policía regional (Mossos d'Esquadra) y la policía estatal (Policía Nacional y Guardia Civil). En principio quien tenía que instalar un dispositivo que impidiera el acceso a los centros de votación era la policía regional, y debería haberse hecho durante la noche del sábado al domingo para actuar antes de que se acumularan los votantes. Parece ser -está bajo investigación- que la policía regional no hizo todo lo posible para instalar ese dispositivo y que, por tanto, el domingo por la mañana los colegios electorales abrieron.
En esas circunstancias la policía estatal ya vio que era imposible cerrar los centros electorales y se limitó a intentar cumplir con la otra parte de la orden judicial: requisar los materiales existentes en los centros. La orden es judicial, pero la responsabilidad del operativo sobre el terreno es del gobierno, y éste podía haber optado por explicar a los jueces que era imposible cumplir su orden y dejar las cosas como estaban. Hubiera sido una opción; pero no veo irrazonable que ante una orden judicial de requisa de materiales que sean necesarios para continuar una investigación judicial la policía intente cumplirla utilizando una fuerza proporcional. Luego podrá discutirse si la utilización fue proporcional o no; pero si un juez ordena que se requise un determinado material, y un grupo de personas intentan impedir la acción de la policía, no es recriminable que la policía utilice la fuerza para cumplir con la orden judicial. Si se hubiera optado por no hacer nada la orden ya sería de imposible cumplimiento, porque los materiales que debían ser requisados habrían desaparecido al fin de la jornada electoral. Se podría actuar contra quienes habían impedido el cumplimiento de la orden judicial, pero lo cierto es que ésta no se hubiera cumplido, y aún admitiendo que ésta hubiera podido ser una opción me cuesta creer que hubiera sido la más adecuada. No creo que deba renunciarse al cumplimiento de las órdenes de los jueces y la fuerza que utilizó la policía creo que en general no fue excesiva si tenemos en cuenta que, como explico en el vídeo, no iba dirigida a votantes, sino a quienes impedían que la policía accediera a los materiales que debían ser requisados por orden judicial.
O sea, en resumen sobre este primer punto: el papel fundamental lo tienen los jueces, que son quienes ordenan la requisa de los materiales que estaban siendo utilizados para el referéndum. El gobierno podría haber optado por renunciar a dar cumplimiento a la orden judicial y haberse limitado a actuar "a posteriori"; pero tendría que haber justificado su inacción ante una orden judicial, se hubiera incumplido ésta y el material que debía ser requisado habría desaparecido. En estas circunstancias, la utilización de una fuerza proporcional contra quienes se niegan a permitir la actuación de la policía creo que está justificada.

El segundo tema es el de la prisión provisional. En España es habitual que durante la instrucción del procedimiento se mantenga en prisión a quienes son investigados. Creo que es una práctica habitual en todos los países cuando se trata de delitos graves. No sé si hay algún país que prevea que tan solo tras la condena judicial es posible el ingreso en prisión.
En el caso de España las razones para decretar la prisión provisional son:

- evitar la huida del investigado
o
- evitar que destruya pruebas
o
- evitar que vuelva a delinquir

Basta que se dé cualquiera de estas circunstancias para que se decrete la prisión provisional (si el delito del que se le acusa tiene una pena superior a los dos años de prisión).

En este caso ¿con qué nos encontramos?

La acusación es de que quienes están en prisión forman parte de una trama destinada a conseguir la independencia de Cataluña al margen de la ley. Aparte de quienes están en prisión, tenemos que el presunto jefe de la trama (Carles Puigdemont) y varios de los "cabecillas" de hecho han huido de España para no comparecer ante los tribunales. En estas circunstancias el que se sospeche que otros integrantes de la trama puedan hacer lo mismo puede hacer presumir que hay riesgo de fuga.
De hecho en España normalmente el riesgo de fuga se aprecia en cuanto las penas que se piden son altas. La doctrina penalista española critica esto; pero es lo que se hace normalmente: si las penas que se solicitan son elevadas lo más probable es que se ordene la prisión provisional del investigado. En el caso de los acusados por este caso no se está haciendo nada diferente de lo que se hace en otros supuestos de investigados por delitos graves.
En este caso tenemos que el cabecilla de la trama, desde Bruselas, sigue alentando la desobediencia y la ruptura con la legalidad española ¿no es razonable en estos casos pensar que sus colaboradores en prisión podrían volver a delinquir si se les pone en libertad? Imaginemos que estuviéramos ante una trama criminal de otro tipo (contrabando, tráfico de drogas o armas...) y resultara que el jefe huido de la banda esta alentando a que se continúe con la actividad criminal ¿no sería razonable pensar que existe un riesgo de que los otros investigados delincan si se les deja en libertad?
Pregunta también por qué se enfrentan a penas tan largas. Bueno, los delitos de los que se les acusa tienen penas largas. No puedo aquí analizar todos, me detendré solo en el de sedición (artículo 544 del Código Penal).
Se comete el delito de sedición cuando se produce un alzamiento público y tumulturario con el fin de evitar que las autoridades o funcionarios (la policía) cumplan con sus funciones.
¿Es impensable que esto fue lo que sucedió en Cataluña el 1 de octubre? Tenemos a miles de personas que actúan concertadamente para impedir que la policía cumpla órdenes judiciales y con el propósito de, a través de este "bloqueo" de la policía, conseguir la derogación de la Constitución en Cataluña. Creo que es grave. En el Código Penal español este delito puede llevar a penas de hasta 15 años de cárcel. Supongo que en otros países será algo semejante. Por ejemplo, en Estados Unidos ¿cuál fue la condena para Snowden por un delito que, objetivamente, creo que tenía una menor gravedad que lo sucedido en Cataluña el 1 de octubre?
¿Es posible el perdón? Sí, en España existe la figura del indulto, pero que solamente puede aplicarse una vez que existe condena. No es posible un indulto antes de que se produzca el juicio.

Tras esto Mayerfeld formuló aún otra pregunta:

"I have a question. I seem to recall that Miguel Iceta criticized the detention of the separatist leaders. (I forget the details.) Was he suggesting that there was something the government could legally do intervene in the judicial process? When Catalan nationalists wear the yellow ribbons, are they calling for a legally available measure to release the detainees? (I read in the Guardian that Amnesty International has called for the release of the detainees as well.)"

La pregunta se refiere a las declaraciones de Miguel Iceta en el sentido de criticar la detención de los líderes separatista. ¿Sugería que el Gobierno podía hacer algo para interferir con el proceso judicial? Cuando los nacionalistas catalanes utilizan lazos amarillos, ¿están pidiendo alguna medida legal que permitiera la liberación de los detenidos?

Mi contestación fue la siguiente:

Este tema ha llamado la atención también en España. Cuando Iceta planteó esto se hizo aquí la misma observación ¿cómo va a incidir el Gobierno en una decisión judicial? Directamente no puede. En ocasiones se plantea que puede hacerlo a través de la Fiscalía. Es decir: el Juez está condicionado por lo que solicita el Fiscal, de tal manera que si el Fiscal no hubiera solicitado la prisión provisional el Juez no podría haberla decretado (a salvo de que lo pidiera alguna otra parte en el proceso, pero quedémonos con la idea general). El problema es que la Fiscalía tampoco depende del Gobierno. El Gobierno nombra al Fiscal General del Estado, pero luego no puede dirigirle instrucciones y ni siquiera cesarlo una vez que lo ha nombrado. De hecho, creo (es una impresión personal) que el Gobierno estaría más contento si Fiscalía no hubiera pedido la prisión provisional de Sánchez y Cuixart; pero ahí Fiscalía actuó con su propio criterio jurídico, y sin guiarse por razones "políticas".
Lo mismo en relación a los lazos amarillos. Te contaré una anécdota: mi Universidad adoptó una decisión pidiendo la libertad de Sánchez, Cuixart y el resto de investigados. Una compañera mía preguntó entonces a integrantes del equipo de gobierno de la Universidad a quién iban a enviar la resolución de la Universidad. No supieron qué contestar. Mi compañera continuó diciendo: bueno, si se trata de pedir la libertad ¿a quién se le pide? ¿se enviará la resolución de la Universidad a la jueza que está conociendo? Ninguna respuesta. Esta es la situación: no hay una medida que pueda adoptarse al margen de las decisiones de los jueces para conseguir esa libertad; pero este es un tema en el que normalmente nadie repara. Es como si pidiéramos la paz mundial. Bueno, vale, pero ¿a quién se lo pedimos? Aquí sucede lo mismo, y con frecuencia se acusa al gobierno de haber metido a los investigados en prisión cuando en realidad el gobierno no ha hecho nada en este sentido: ha sido Fiscalía y los Jueces. Y, hecho, mi impresión es que en contra de lo que al gobierno le interesaba.

En definitiva, el 1-O no fue más que una muestra de la actuación normal por parte de un Estado de Derecho ante una situación excepcional: el intento de que los ciudadanos se organizaran para oponerse al cumplimiento de las órdenes judiciales y se enfrentaran a la policía. En esas circunstancias:
- La policía está legitimada para ejercer una fuerza proporcional a fin de cumplir con las órdenes judiciales.
- Los delitos que pudieran haberse cometidos han de ser investigados y ante la gravedad de los mismos y las circunstancias que los rodean la prisión provisional de los líderes secesionistas no es una medida extravagante o desproporcionada.
Además ha de tenerse en cuenta que, pese a lo que pretenden algunos, las decisiones sobre investigación o prisión provisional no son tomadas por el Gobierno, sino por Fiscales y Jueces que han de actuar al margen de criterios políticos... y lo cierto es que todo indica que eso es lo que están haciendo: actuar al margen de criterios políticos y sí de acuerdo con criterios jurídicos, discutibles o no; pero jurídicos al fin y al cabo.