Un libro

sábado, 9 de diciembre de 2017

Mi voto el 21-D

Nunca le he dado publicidad a mi voto. Hoy romperé esa costumbre.
No he sido excesivamente fiel a las siglas. Creo que en estos últimos 30 años he votado al menos a cinco partidos o coaliciones diferentes, y nunca he comentado ese voto casi ni a los familiares; pero en estas elecciones del próximo 21 de diciembre se dan unas circunstancias excepcionales que hacen que me parezca conveniente hacer explícito en quién depositaré mi confianza.
Se trata de Cs. Votaré a Cs y explicaré por qué.



En los últimos meses hemos vivido una situación de extraordinaria gravedad que nos ha afectado a todos y, lo que es peor, nos continuará afectando durante más tiempo del que nos gustaría: la fractura social y el daño a la economía y a la confianza, no solamente en Cataluña sino en el conjunto de España ha sido enorme, mayor quizás del que a veces imaginamos y mi primera preocupación es que no se vuelva a dar una situación semejante: que no volvamos a vernos privados del Estado de Derecho, con la amenaza inminente de una secesión, padeciendo la huida de miles de empresas y la fuga de los ahorros de los bancos. Que no volvamos a encontrarnos en medio de la anormalidad democrática que suponen los "paros de país" o los comités de defensa de la república, que no volvamos a sentirnos amenazados por nuestra propia policía y sin el amparo de nuestras instituciones. Mi primera preocupación es que recuperemos una normalidad institucional que va más allá del nombramiento de un nuevo gobierno, sino que implica que las diferentes administraciones dejen de estar al servicio de la construcción nacionalista y se pongan lealmente a trabajar por la mejora de nuestra sociedad. Aspiro a que la Comunidad Autónoma actúe como una institución constitucional española y busque lo mejor para los catalanes en el marco del proyecto español y europeo. Rechazo cualquier intento de secesión y también cualquier pretensión de la necesidad de un "encaje" especial o privilegiado; quiero para mí lo mismo que para cualquier otro español: ni más ni tampoco menos.
En definitiva, quiero que superemos el nacionalismo que nos ha traído hasta aquí, quiero que dejemos de vivir dándonos golpes de pecho, recreando pasados remotos y pretendiendo que todos conspiran para apartarnos del lugar que nos correspondería. Quiero una sociedad normal que disfrute del privilegio de formar parte de una de las áreas más desarrolladas en los económico y lo político del Mundo: Europa. Quiero que nuestras preocupaciones se orienten a la búsqueda de una mayor justicia social, una mayor riqueza, un mayor desarrollo, mejores escuelas y universidades, mejores hospitales para todos y una sociedad más abierta y feliz. Quiero todo eso y no continuar dándole vueltas al "proceso"; a este o a cualquier otro que se invente un nacionalismo siempre mutante.
Evidentemente los partidos nacionalistas y los Comunes (llámense ahora como se llamen) no me permitirán salir de este bucle perverso. Los independentistas seguirán con su cantinela de los presos políticos, la falta de libertades, la implementación de la República y la desobediencia; y dentro de los partidos que podríamos denominar "constitucionalistas" ninguno me ofrece mayor confianza que Cs.
Cuando Cs nació algo comenzó a cambiar. Su llegada al Parlamento de Cataluña hizo que el castellano comenzara a ser usado en aquella institución. A alguno quizás le sorprenda; pero es a Cs a quien debemos que ahora se utilice con una cierta normalidad el castellano en el Parlamento catalán. Antes de ellos el recurso al castellano en la Asamblea que nos representa a los catalanes era esporádico o anecdótico, como si se mancillaran aquellas piedras por la reverberación del sonido de la lengua que es materna de más de la mitad de los catalanes. Fue con ellos con quien a nuestra institución llegó lo que es normal en Cataluña: que el castellano y el catalán se utilicen de forma natural mezclándose y complementándose. Se negaba así uno de los dogmas del nacionalismo: la inevitable prevalencia del catalán en Cataluña; y se ponía en valor la necesidad de entender Cataluña como una tierra en la que catalán y castellano (y aranés) conviven y se enriquecen mútuamente.
Desde entonces Cs ha trabajado de forma constante y firme para esa recuperación de la normalidad no solamente en las instituciones, sino también en la escuela, donde se ha opuesto al monolingüismo en catalán y a la utilización de la escuela para el adoctrinamiento político. Lo ha hecho, creo que es justo reconocerlo, con más contundencia y continuidad que cualquier otra fuerza.
Pero es que además Cs ofrece una visión nueva de los problemas de nuestra sociedad. En las recientes elecciones generales plantearon por primera vez -a mi conocimiento- una medida que apunta a un problema clave para nuestra economía que me preocupa enormemente: la bajada de los salarios. Su medida de un complemento salarial no respondía plenamente a lo que yo propondría en ese ámbito, pero hay que reconocer su mérito de comenzar a trabajar en una línea diferente de las para mí agotadas relativas a políticas activas de empleo, salario mínimo y demás recetas del siglo XX. Cs es un partido nuevo y abierto que creo que puede responder bien a las exigencias de una sociedad moderna que debería orientarse a un rechazo frontal de la corrupción, negar cualquier tentación "antimoderna" y, a la vez, preocuparse porque los perdedores de la globalización y de la modernización no queden descolgados del avance general de la sociedad. Creo que esto Cs lo ha entendido mejor que otros partidos.
Finalmente, votaré a Cs por una cuestión meramente táctica; pero que podría tener una gran transcendencia: Cs tiene la oportunidad de ganar las elecciones autonómicas. No me fío de las encuestas; pero todas las que van saliendo nos indican que no está lejos de ERC, la fuerza favorita para ganar las elecciones autonómicas. Si esa distancia se acorta y Cs llega a superar a ERC se lanzaría un mensaje muy importante al mundo: un partido claramente no nacionalista, claramente contrario a la secesión habría ganado las elecciones regionales en Cataluña. Ya nadie volvería a confundir a los catalanes con los nacionalistas, una confusión que a mi me duele profundamente y que sería completamente ridícula si el primer partido en votos y escaños en el Parlamento regional es Cs. Es Cs quiene tiene esta oportunidad histórica y me gustaría contribuir con mi voto a que se hiciera realidad.

jueves, 7 de diciembre de 2017

Lecciones de septiembre/octubre

El intento nacionalista de crear en Cataluña un Estado independiente de España que se concretó en el golpe de Estado que comenzó el 6 de septiembre y concluyó el 27 de octubre con la implementación de las medidas adoptadas por el Gobierno de España sobre la base de la autorización concedida por el Senado según lo previsto en el artículo 155, colocó a Cataluña y al conjunto de España en una situación dramática: una profunda fractura social, inestabilidad económica -fuga de empresas y de fondos bancarios- y un deterioro significativo de la imagen de España y de su posición internacional. Pasará mucho tiempo hasta que podamos recuperarnos como país de las consecuencias de la irresponsable actuación de los nacionalistas catalanes.
Ahora bien, este golpe de Estado ha supuesto también una prueba de fuego para nuestro sistema institucional y, en concreto, para el sistema autonómico. Sería suicida que no aprovecháramos las lecciones que pueden extraerse de lo sucedido en los últimos meses, que no es más que la cristalización de un plan que se desarrolló durante años (al menos, con seguridad, desde 2015, probablemente desde antes) y que fue posible por la construcción durante décadas de un determinado contexto favorable a la confrontación entre las instituciones catalanas y el Estado español.
Es imposible agotar en una mera entrada de blog todas las consecuencias y lecciones de estos meses turbulentos que, como se acaba de indicar, no son más que la explicitación de proyectos y planes que venían fraguándose desde hace tiempo; pero no quiero dejar pasar la ocasión de dibujar, aunque sea de manera impresionistas algunas de las ideas sobre las que, creo, deberemos reflexionar en los próximos meses, máxime si, como pretenden algunos, se aborda una reforma de la Constitución que afecte al modelo territorial.



Creo que habrá un amplio acuerdo en que la situación vivida en los meses de septiembre/octubre no debería repetirse. Durante las semanas que separaron la aprobación en el Parlamento autonómico de la Ley del Referéndum (6 de septiembre) y el cese del Gobierno de la Generalitat (27 de octubre) una administración autonómica, la Generalitat, actuó explícitamente al margen del ordenamiento constitucional, sirviéndose de su poder público, policía incluida, no para hacer cumplir las normas que nos vinculan a todos, sino como herramientas en la construcción de un Estado en una parte del territorio de España al margen tanto de la legalidad española como de la legislación internacional. La gravedad de lo sucedido es enorme, como prueba que hubiera dado el salto del ámbito interno al internacional; resultando evidente que tanto la reacción de la Unión Europea como de los diferentes Estados -que se negaron a reconocer la declaración de independencia realizada por el Parlamento catalán- ha sido clave para la reconducción de la situación. El que se haya dado esta internacionalización de la rebeldía institucional de la Generalitat ha supuesto un debilitamiento de la posición internacional de España que resulta extremadamente negativo. Deberían adoptarse las reformas necesarias para que en el futuro no pudiera darse una situación semejante.
Evidentemente, siempre que un determinado Estado decide adoptar una forma descentralizada existe el riesgo de que alguna de las entidades subestatales utilice el poder público conferido para intentar ejercer más competencias de las que prevé el ordenamiento, sin descartar que pretenda utilizar su poder público para romper con el ordenamiento estatal y crear un nuevo sujeto de Derecho internacional, tal como se pretendió hacer en Cataluña. Nunca será posible reducir ese riesgo a cero; pero parece razonable que se introduzcan mecanismos en la organización territorial del Estado que dificulten que se produzca esta situación o que permitan resolverla con prontitud y con los menos daños posibles para el conjunto del Estado. Es evidente que en el caso español estos mecanismos o no existen o no han sido utilizados adecuadamente. Mi hipótesis es que ha ocurrido algo de las dos cosas; pero de cara al futuro y de momento nos centraremos en qué reformas institucionales pueden abordarse para intentar evitar que se repita en el futuro una situación como la vivida en Cataluña.




En primer lugar, en España se ha descuidado un elemento que muchos coinciden en que es clave en todo sistema federal: la lealtad institucional. En un Estado complejo es preciso que todas las administraciones actúen no solamente dentro de la ley, sino que, además, lo hagan con un respeto escrupuloso a los intereses generales, sin que las competencias de las que se goza puedan ser utilizadas para atacar el propio modelo federal. Es claro que en el caso catalán esta lealtad ha brillado por su ausencia, y que todavía hoy, en relación a muchas administraciones locales catalanas, sigue existiendo una absoluta falta de lealtad en tanto en cuanto tales administraciones actúan con el propósito claro de destruir el orden constitucional (caso de los ayuntamientos adscritos a la Asociación de Municipios por la Independencia, AMI, por ejemplo). Deberían existir mecanismos que evitaran situaciones tan vergonzosas como la de que administraciones españolas hagan propaganda para la derogación del orden constitucional -que es algo diferente que propugnar la reforma de la Constitución, lo que es perfectamente legítimo-, que la administración educativa se utilice para romper los vínculos entre los catalanes y el conjunto de los españoles o que se dediquen recursos públicos para desprestigiar la imagen de España en el exterior.
No me detendré aquí más. No es este el lugar para apuntar de qué manera se ha de formalizar este imperativo de lealtad institucional y cómo ha de articularse su exigencia; pero al menos me gustaría que cuando se aborde cualquier propuesta de reforma constitucional, si se pretende mantener el carácter complejo y descentralizado del Estado, la exigencia de lealtad institucional se constituya en un principio esencial en su configuración.

La exigencia de lealtad institucional no será, sin embargo, suficiente para evitar situaciones de rebeldía institucional como la vivida en Cataluña. Debemos asumir que en las circunstancias actuales no es imposible que se vuelva a producir episodios como el padecido en los meses de septiembre y octubre. Es por eso que tenemos que reflexionar acerca de los elementos que explican la gravedad de lo sucedido y cómo, a partir de esta reflexión, pueden mitigarse las consecuencias de situaciones como éstas.
En mi opinión lo más grave de lo acaecido en el curso del golpe institucional a la democracia perpetrado por los nacionalistas catalanes es que se consiguió un cierto grado de internacionalización que, como digo, ha debilitado objetivamente la posición de España a nivel internacional. Creo que ha de ser prioritario adoptar las medidas que en el futuro impidan que una situación como ésta, caso de darse, pueda adquirir transcendencia internacional. Para ello, debemos incidir en aquellos elementos que contribuyeron a que se diera este resultado. Lo vemos a continuación.
La internacionalización vino derivada de que la Generalitat pudo actuar con cierta apariencia de control sobre el territorio y la población de Cataluña. Es decir, visto desde el exterior no resultaba claro qué administración ejercía de manera efectiva el poder público en Cataluña: si se trataba de la Generalitat o era el Estado.
Evidentemente, en todo sistema descentralizado hay una parte del poder público que no es ejercida por el Estado central (o federal) sino por los Estados federados o entes subestatales (en el caso de España las Comunidades Autónomas) y este ejercicio del poder público no supone ningún debilitamiento del Estado porque los entes subestatales ejercen dicho poder, precisamente, en nombre de ese Estado del que forman parte. Ahora bien, si se da una situación de rebeldía institucional esto cambia radicalmente: si la administración subestatal ejerce de manera efectiva el poder público en su territorio y declara que ya no lo hace como parte del Estado sino de forma independiente la secesión se produce o, al menos, la internacionalización del conflicto. Esto fue precisamente lo que sucedió en Cataluña.
Es por lo anterior que resulta importante que las competencias que ejerza la entidad subestatal no sean aquellas que identifican de manera esencial a los Estados soberanos. Estas competencias que no deberían ser ejercidas por los entes subestatales con el fin de evitar situaciones como la vivida en Cataluña en septiembre/octubre de este año incluyen, evidentemente, la política de defensa; pero también otras ineludiblemente estatales: la política exterior, la política de seguridad y la justicia.
No creo que sea necesario justificar la inclusión en esta lista de la política de defensa; y en este sentido, y en relación al caso catalán no está de más que parecen haber existido planes relativos a la forma que debería adoptar el ejército de la República Catalana y que se han identificado algunas actuaciones que pretenderían dotar a la policía autonómica de cierta capacidad militar.
La inclusión de la política de seguridad; esto es, de la policía, en la lista de materias que no deberían ser de competencia autonómica responde a la experiencia de los últimos meses, en los que la policía regional fue utilizada para sembrar dudas sobre el efectivo control del territorio catalán por parte de España. Así, la inacción de los Mossos el día 1 de octubre dificultó el cumplimiento de las órdenes judiciales en relación al ilegal referéndum de autodeterminación y permitió en los días siguientes la presencia en la calle de grupos que daban visibilidad al control del espacio por quienes se habían adscrito al golpe revolucionario.



Esta utilización de los Mossos d'Esquadra responde a la lógica de que el territorio de cualquier país es controlado de manera directa por la policía desplegada en él. Es por eso que la posición de los Mossos en relación al desafío institucional nacionalista resultó clave y debería hacernos reflexionar sobre si es posible asumir el riesgo que se deriva de que una administración subestatal disponga de elementos policiales que pudieran ser utilizados para un control efectivo del territorio que supusiera un ataque a la integridad territorial del Estado. Creo que resultaría más prudente, en las circunstancias actuales, mantener que las funciones de policía debieran recaer en el Estado, excluyendo de las mismas a la Comunidades Autónomas. La experiencia vivida en el mes de octubre ha puesto de relieve lo delicado que resulta para los intereses generales del Estado que una fuerza policial muestre tan solo dudas sobre su lealtad constitucional. Las consecuencias de tales dudas son de tal gravedad que un ejercicio mínimo de responsabilidad debería conducirnos a replantear la competencia autonómica en materia de policía.
Lo mismo cabe predicar de la competencia en materia de justicia. Los hechos de septiembre/octubre han probado en qué forma el poder judicial puede ejercer un papel determinante en el mantenimiento del Estado de Derecho. Imaginemos ahora por un momento que el Poder Judicial durante las semanas clave del conflicto nacionalista estuviera controlado por estos, por los nacionalistas ¿en qué forma podría haberse restaurado el orden constitucional en Cataluña si los jueces y tribunales se hubiesen abstenido de forma parecida a como lo hicieron los Mossos d'Esquadra? En cualquier circunstancia la capacidad para impartir justicia es un elemento consubstancial a la soberanía, pero esta afirmación teórica se ha visto confirmada de forma estremecedora durante los días en los que el desafío de la Generalitat no tuvo más oposición que las investigaciones, órdenes y requerimientos de los tribunales de Justicia. Es claro que poner el Poder Judicial en manos de las Comunidades Autónomas otorga a estas la capacidad efectiva de cuestiona la integridad territorial del Estado, y me imagino que la mayoría no desearán que este cuestionamiento efectivo se convierta en una realidad. Es por ello que cualquier planteamiento de descentralización del Poder Judicial debería ser rechazado de plano; al menos en tanto en cuanto las pulsiones nacionalistas mantengan el desafío secesionista como un riesgo cierto y no una mera especulación.
Finalmente, la competencia en materia internacional es otra que se identifica de manera esencial con la naturaleza misma del Estado. De hecho, un Estado se identifica como tal cuando es un actor en el ámbito internacional y, por tanto, capaz de mantener relaciones internacionales. El caso catalán es buen ejemplo también de cómo la actuación internacional de la Comunidad Autónoma ha debilitado la posición internacional de España y ha tenido un papel relevante en el intento de convertir la Comunidad catalana en un Estado independiente de España. Todo ello justifica que respecto a esta competencia en materia de relaciones internacionales haya de mantenerse con carácter estricto la competencia exclusiva del Estado, sin que resulte prudente que se atribuyan competencia en esta materia a las Comunidades Autónomas.



En definitiva, la experiencia del golpe nacionalista en Cataluña ha de permitirnos ver con mayor claridad qué competencias han de excluirse a las Comunidades Autónomas a fin de evitar el riesgo de que tales Comunidades amenacen la integridad territorial del Estado. Estas competencias son las relativas a defensa, seguridad y policía, justicia y relaciones internacionales. En mi opinión cualquier reforma de la Constitución debería comenzar por vincular de manera exclusiva estas competencias al Estado para, a partir de ahí, estudiar qué otras competencias deberían ser asumidas por las Comunidades Autónomas. Tener lo anterior en cuenta creo que responde a un planteamiento lógico y orientado a la defensa de los intereses generales que debería -entiendo- ser asumido sin mayores dificultades por todos los actores políticos.
De no hacerlo así más pronto o más tarde España se acabará desintegrando y eso, desde luego, no serían buenas noticias para casi nadie.

lunes, 6 de noviembre de 2017

To Guy Verhofstadt

I have read with great interest your statement of 5 November regarding the situation in Catalonia. I agree with the first paragraph of that statement, but I have some doubts about the other three paragraphs. I would like to express these doubts.



First of all, you ask about the proportionality of the imprisonment of some Catalan nationalist leaders last week. I am not sure if you are questioning the Spanish regulation about interim measures in criminal matters (arts. 502-519 of the “Ley de Enjuiciamiento Criminal” –Criminal Procedure Act-) or the application of these rules in the “Catalan case”. Do you think that the Spanish regulation does not comply with international standards? I think that this issue must be clearly answered.
Maybe you are not implying that, but just that this regulation was not properly applied in this specific case, and here I have another doubt: Do you have any legal arguments about this supposedly wrong application of the Spanish regulation on provisional imprisonment or are you suggesting that the judge should have made a “political” application of the law in this case? I think that this question also needs to be answered.
In Spain, as in all the countries in the European Union, only the law bound judges and it is not fair to pretend that they should adopt political decisions. Even more, trying to impose a judge a political decision is against the rule of law and basic democratic principles. So, in my opinion if you do not have legal arguments in relation to a judge decision your opinion should end at the point where you should show respect to the courts.
Following with your statement, you show some concern about the fact that some candidates for the regional elections of 21 December could be in prison. I think that there is some misunderstanding about that.
At this moment there are no candidates nominated for this regional election. Political parties and coalitions will decide their candidates in the coming weeks. In Spain, to be in prison does not prevent a person from being a candidate. I think that it is a good measure and according to our Constitution is not possible another solution because only a final decision of the courts can deprive one citizen of his or her right to be elected. So, provisional imprisonment is not a limit to run for an election.
But, of course, to take part in the election does not change the judge decision about the provisional imprisonment. I think that we can agree on that if being a candidate could change a judge decision about the criminal proceeding that will mean an inadmissible interference of politics with justice. Are you suggesting that there should be a rule that establishes that candidates should be released from prison?
By the way, in your statement you express your hope that the Supreme Court (I assume that the Spanish Supreme Court) could undo some of the provisional measures. I have two points about that. First: the Supreme Court is not going –in principle- to decide about those provisional measures. The “Audiencia Nacional” will review the decision. Second: Do you have any legal arguments in relation to that or –again- are you demanding a political decision from the courts?

Finally. As you probably know regional elections will take place in Catalonia on December 21st and will be of great importance. Nationalists are trying to delegitimise those elections and your statement helps them. If the candidates to the elections are in prison or not is irrelevant to the legitimacy of the elections, but, if you are worried about the electoral process in Catalonia you should pay attention to other issues, for example, the lack of neutrality of many municipalities and of the regional public media services.

domingo, 29 de octubre de 2017

¿Sedición o rebelión?

Se está comentando mucho la conversación entre miembros del equipo de Junqueras, intervenida por la policía, de la que se deducía que el Vicepresidente de la Generalitat era consciente de que en octubre no contarían con las infraestructuras necesarias para poder constituir de forma viable la República Catalana; información que parecían haber ocultado a Puigdemont y su entorno. A partir de aquí se incide especialmente en la irresponsabilidad de los dirigentes del proceso para continuar con su desafío sin tener los medios para concluirlo de manera eficaz; así, por ejemplo, Marius Carol en "La Vanguardia".
Desde mi perspectiva, esto no es lo grave. Lo grave es que estas conversaciones dejan claro que existía una trama que iba realmente orientada a conseguir la secesión de Cataluña al margen de la ley española. No es que los independentistas no hubieran hecho declaraciones sobre este asunto. Al contrario, son abundantísimas las intervenciones de altos cargos de la Generalitat en las que se reconocen esos planes y actividades; y quienes sigan este blog habrán visto que con frecuencia he denunciado, al igual que otros, que todas estas declaraciones se dejaran pasar sin realizar investigaciones sobre ellas hasta llegar a las del Juez Vidal a finales del año 2016, las primeras -a  mi conocimiento- que dieron lugar a investigaciones fiscales y judiciales al hilo de varias denuncias, entre ellas una de Societat Civil Catalana.
Ahora ya resulta evidente para todos que este plan existía y se estaba implementando, tanto mediante la construcción de las denominadas estructuras de Estado, como mediante actuaciones públicas orientadas a crear un conflicto en la calle que condujera a una mediación internacional tras la proclamación de la República catalana, tal como se deduce de otros documentos intervenidos por la policía.
Evidentemente, se trata de actuaciones de una enorme gravedad. Intentar que dejen de cumplirse las leyes en una parte del territorio entra en el tipo penal del art. 544 del Código Penal si se realiza pública y tumultuariamente, pero sin violencia, y en el de rebelión del 472 del Código Penal si el plan incluye la utilización de la fuerza. Para que se apliquen estos artículos no es necesario que se haya llegado a producir la sedición o la rebelión, puesto que también la conspiración para la comisión de estos delitos está penada.
En esta clave hemos de ver lo que está pasando estos días, tanto las declaraciones de Puigdemont que inciden en la no utilización de la violencia -lo que marca, como acabamos de ver, la diferencia entra la sedición y la rebelión- como también las resistencias que hemos visto hasta ahora y que no son meras "niñerías", sino que podrían suponer la participación en los delitos antes mencionados. Así, por ejemplo, la actuación de los responsables de la web de la Generalitat y de sus cuentas de twitter, que todavía cuando escribo estas líneas parecen seguir participando en el plan secesionista. También TV3 con su cobertura del mensaje emitido ayer por Puigdemont.



Estos días han sido los del 155. La semana que viene será, seguramente, la de las consecuencias penales del despropósito en el que nos han sumido una pandilla de irresponsables. Al final el Estado de Derecho volverá a Cataluña, con el esfuerzo de todos y con la voluntad sincera de diálogo que en ningún caso puede suponer dejar sin sanción a quienes de manera tan grave han atentado contra nuestra convivencia.

martes, 17 de octubre de 2017

Derecho constitucional y Derecho penal

A la vista de algunos comentarios y análisis parece que hay una cierta confusión sobre lo que está sucediendo en Cataluña y la forma en que se está abordando.
Es evidente que algunas autoridades catalanas han decidido actuar fuera de la ley, lo que ha arrastrado también fuera de la ley a las instituciones que dirigen, el Govern de la Generalitat y el Parlament de Cataluña. Esto ha provocado una crisis institucional bastante grave, ya que debería resultar claro para todos que si una Comunidad Autónoma pierde a sus dos instituciones básicas, que han decidido actuar no como órganos constitucionales, sino como el núcleo de la administración de una hipotética República Catalana, es imposible mantener la normalidad institucional y han de adoptarse medidas extraordinarias.
La respuesta a esta crisis institucional es política y ha implicado hasta ahora el endurecimiento de los controles financieros sobre la Generalitat por parte del Gobierno y la activación del art. 155 de la Constitución, que es el precepto que en nuestro ordenamiento jurídico está previsto para devolver la legalidad a una Comunidad Autónoma en la que sus instituciones se han declarado en rebeldía.
La solución a esta crisis institucional es, como digo, política y en ella ha de haber margen para el diálogo, simpre tendente a la devolución de la legalidad y a la restauración de la convivencia.



Ahora bien, aparte de esta crisis institucional con consecuencias constitucionales, existen también hechos y actuaciones con transcendencia penal. Es claro que si una autoridad o funcionario no acata una orden judicial comete un delito de desobediencia, si dedica dinero público a fines ilegales uno de malversación y si, mediante la resistencia "pasiva" se pretende impedir que una autoridad o funcionario ejerza sus funciones se incurre en el delito de sedición del art. 544 del Código Penal.
De todos estos delitos están conociendo y han de conocer los tribunales, que actúan de forma independiente respecto al Gobierno y sometidos únicamente a la ley. Evidentemente, los jueces y magistrados pueden equivocarse e, incluso, actuar al margen de lo obligado legalmente y, por tanto, sus decisiones pueden ser criticadas y, llegado el caso, revocadas y ellos mismos procesados si se advierte que se apartaron de ese deber esencial para el desarrollo de su función constitucional.
Ahora bien, precisamente como los jueces y tribunales están sometidos únicamente a la ley cualquier crítica a su actuación que no se base en la ley misma no solamente carece de sentido, sino que es profundamente (repito, profundamente) antidemocrática. No puede pretenderse que los jueces actúen por motivaciones políticas y, por tanto, criticar sus decisiones a partir de la conveniencia o no de determinados resultados hace un muy flaco favor al Estado de Derecho.
Digo esto, evidentemente, por las reacciones a la decisión sobre la prisión provisional para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. No digo que no pueda analizarse críticamente dicha decisión y examinar con detalle los argumentos que se utilizan; pero la crítica ha de basarse en esos elementos y nada más. Cualquier referencia a la posibilidad de que dificulte "diálogos" o que contribuya a generar tensión está completamente fuera de lugar.


Aparte de esto, sin embargo, todavía hay otra dimensión que ha de ser consdierada y para la que debemos detenernos en los hechos de los que resulta la investigación criminal que ha conducido a Sánchez y a Cuixart a la prisión.
Los días 20 y 21 de septiembre se desarrollaban unos registros judiciales por orden del Juzado de Instrucción núm. 13 de Barcelona. Se trata de investigaciones que derivan de las denuncias presentadas a raíz de ciertas declaraciones de Santiago Vidal y Lluís Salvadó a finales del año 2016, declaraciones en las que se decía expresamente -en el caso de Vidal- que la Generalitat estaba construyendo ilegalmente bases de datos con los de los catalanes. ¿Alguien se plantea que esto no debería ser investigado judicialmente?
Los registros de los días 20 y 21 se vinculaban a estas investigaciones y ahora sabemos que en ellos se encontraron planes para la generación de inestabilidad en Cataluña con el fin de crear un conflicto que forzara una mediación internacional; también apuntes sobre lo que debería hacerse en caso de "guerra" y de "guerrilla". Estos documentos obraban en el domicilio de cargos autonómicos o en edificios públicos.
Ante la noticia de que estos registros se estaban realizando los Sres. Sánchez y Cuixart convocaron una concentración ante la sede de la Vicepresidenta Consejería de Economía con el fin de impedir o dificultar tales registros. Es decir, no estamos ante una manifestación "pacífica", sino ante el intento expreso y deliberado de dificultar la actuación de los funcionarios judiciales y los policías que los acompañaban. En el auto que decreta la prisión provisional para los presidentes de la ANC y Omnium se dan detalles de cómo estos tomaron parte activa en la organización del bloqueo de la Consejería de Economía, cómo hicieron de interlocutores entre los congregados y los funcionarios y policías sitiados y cómo animaron a continuar con el bloqueo a pesar de las muchas horas que llevaban encerrados los integrantes de la comisión judicial. Los detalles pueden consultarse en el auto donde se decreta la prisión provisional para Sánchez y Cuixart).




A partir de estos hechos -que no creo que nadie niegue, porque hay hasta constancia gráfica de ellos- puede discutirse si los Sres. Sánchez y Cuixart no parece, al menos indiciariamente, que han incurrido en el tipo del art. 544 del Código Penal, lo que podría acarrearles penas de prisión de hasta diez años a cada uno de ellos.
Quizás algunos pretendan que en aras al "diálogo" estos hechos deberían dejar de ser investigados y la justicia debería mirar para otro lado; esto es, como hemos visto, incompatible con el Estado de Derecho, pero es que, además, tiene una dimensión política que no debemos olvidar.
La sociedad catalana es una sociedad dividida. Los nacionalistas y quienes se oponen a la secesión forman dos grupos con visiones antagónicas en muchas cosas. Los consensos en la sociedad están rotos y, por tanto, lo único que nos queda para mantener la paz social es la ley.
¿Qué mensaje recibirían los catalanes no nacionalistas si se admitiera que los nacionalistas pueden actuar a su antojo, saltarse las leyes que nos vinculan a todos y, además, no ser perseguidos por ello? ¿Qué les quedaría a los catalanes no nacionalistas aparte de someterse o saltarse ellos también las leyes?
En estos momentos de tensión es fundamental el respeto a la ley. Ahora mismo es lo único que en Cataluña nos separa de un conflicto civil y, por tanto, cualquier pretensión de que la ley se relaje para los nacionalistas es de consecuencias imprevisibles.
No jugemos a aprendices de brujo. Ante las decisiones judiciales lo que toca es decir lo que se ha dicho siempre: respeto a la actuación de los tribunales y legítimo derecho a la discrepancia sin cuestionar su legitimidad.

sábado, 14 de octubre de 2017

Hablemos de delitos

Artículo 544 del Código Penal:

"Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

De esos artículos del Código Penal que cuando estudias la carrera te parece que no se aplicarán nunca. Supuestos que te es difícil imaginar; y que, sin embargo, en las últimas semanas se han materializado con una claridad meridiana. Desgraciadamente hemos visto por televisión o han sido descritos en la prensa hechos que encajan como un guante en este tipo penal. El 1 de octubre pasado fue pródigo en momentos que parecían sacados para ilustrar ejemplos de manual en relación a este tipo penal.
Recordemos el contexto: el 6 de septiembre de 2017 el Parlamento de Cataluña aprueba, en clara vulneración de la Constitución y el Estatuto de Autonomía una Ley que preveía la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña el día 1 de octubre de 2017. Esa ley fue inmediatamente recurrida al Tribunal Constitucional, quien la suspendió y prohibió que se llevara a cabo actividad alguna dirigida a organizar o celebrar dicho referéndum. Dado que, como es sabido por todos, las autoridades de la Generalitat continuaron con la preparación del mencionado referéndum, se iniciaron actuaciones judiciales destinadas a investigar si esta actuación de cargos y funcionarios supondría la comisión de los delitos de desobediencia (art. 410 del Código Penal), prevaricación (art. 404 del Código Penal) y malversación de fondos públicos (art. 432 del Código Penal). La juez encargada de la instrucción de estas causas ordenó que fueran sellados los locales destinados a la votación del 1 de octubre y que fueran requisadas, en su caso, urnas, papeletas, ordenadores y demás material destinado a la celebración del mencionado referéndum ilegal. Todos estos elementos podrían ser utilizados en la causa abierta contra quienes desobedecieron al Tribunal Constitucional, dictaron resoluciones u órdenes administrativas contrarias a derecho o comprometieron caudales públicos para la realización de actuaciones ilícitas.
Hasta aquí el contexto de los hechos del 1 de octubre. Como es sabido, desde el viernes los lugares de votación, o al menos un número significativo de los mismos, fueron ocupados por personas que tenían el declarado propósito de impedir la actuación de la policía que debía dar cumplimiento a las órdenes judiciales. El domingo no se habían cerrado los colegios con anterioridad a la hora en que estaba fijada su apertura y en varios de ellos se presentaron policías con la orden de acceder al interior de los mismos y requisar el material que se estuviera utilizando para la realización de la votación. En varios de dichos colegios las personas congregadas se ubicaron en los accesos al local con el fin de impedir la entrada de la policía.
Creo que pocas dudas caben de que esta actuación de tales personas entra en el tipo del art. 544 del Código Penal. Se trataba de un alzamiento público y tumultuario (es decir, con la participación de una "multitud" de personas) orientada a impedir que la policía ejerciera sus funciones. No parece un caso difícil o problemático, sino que encaja con naturalidad en la definición del art. 544 del Código Penal.


La resistencia pasiva a las órdenes de la policía ya entraría en el tipo penal; pero es que, además, en algunas ocasiones los congregados dieron el paso de enfrentarse a la policía, rodearla e incluso lanzarle piedras, sillas u otros objetos. Aquí ya no puede hablarse de "simple" resistencia pasiva y, por tanto, la calificación como delito de sedición parece que debería presentar pocas dudas.


Evidentemente, lo anterior no ha de impedir identificar los casos que hayan existido de extralimitación policial; pero este análisis no conducirá a alterar lo que hasta ahora se ha explicado: las personas que se reunieron en los colegios electorales con el fin de impedir el acceso de la policía que debía cumplir una orden judicial de requisa han incurrido en el tipo del delito de sedición, delito que supone una pena de entre cuatro y ocho años de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público también por un período de entre cuatro y ocho años.

No se actuará contra las personas congregadas en los colegios electorales, porque el Derecho penal deja de cumplir su función cuando el número de infractores supera un determinado límite; pero que dicha actuación no se produzca no debería hacernos también ocultar la quiebra de la legalidad que supone tolerar una actuación claramente delictiva. Esta tolerancia esconde un déficit no pequeño de nuestro Estado de Derecho que, además, tiene consecuencias no solamente respecto a las instituciones y el conjunto del ordenamientos, sino también respecto a los ciudadanos. Vamos a verlo a continuación.
Para darnos cuenta de esta última dimensión hemos de considerar que el referéndum de autodeterminación se inserta en una determinada estrategia desarrollada por los nacionalistas y que, como veremos, tiene como fin la independencia de Cataluña, independencia obtenida por la vía de hecho, en contra del Derecho español y al margen de las previsiones del Derecho internacional que en algunos supuestos facilitan la creación de nuevos Estados en territorios que forman parte de Estados preexistentes. Esta estrategia ha supuesto la instrumentalización de las instituciones y su puesta al servicio de tan solo una parte de los ciudadanos; esto implica la paralela exclusión de quienes no comparten los planteamientos nacionalistas que, a su vez, ven con temor un plan que supondría la pérdida de su condición de ciudadanos españoles en España y su sometimiento a un nuevo Estado que legítimamente pueden presumir hostil al haberse fundado sobre un movimiento nacionalista que los ciudadanos amenazados no comparten en absoluto.
Teniendo esto en cuenta, la utilización de recursos y medios públicos para la realización del referéndum ilegal es percibida como una agresión por quienes no comparten los planteamientos nacionalistas. Imaginemos ahora lo que sentirán estos ciudadanos cuando se dan cuenta de que los nacionalistas no solamente pueden utilizar las instituciones y recursos de todos para sus fines particulares, sino que, además, pueden delinquir impunemente sin que la ley actúe respecto a ellos. Al revés, la utilización de los poderosos medios de propaganda de los que disponen los nacionalistas condujo a que los delincuentes fueran considerados víctimas y a las fuerzas del orden como agresores. Esta impunidad agravada es percibida como una quiebra de las reglas legales y de convivencia que, como digo, no solamente tiene consecuencias institucionales, sino que afecta directamente a la seguridad jurídica de quienes no comparten los planteamientos nacionalistas.

Artículo 472 del Código Penal:

"Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:
1º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.
2º Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o a la Reina, al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad.
3º Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.
4º Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles algunas resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias.
5º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
6º Sustituir por otro Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad.
7º Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno."

Antes indicaba que el 1-O no fue un hecho aislado, sino que se inserta en una estrategia más amplia. La búsqueda de la confrontación entre la policía y los ciudadanos que ocupaban los colegios electorales iba orientada a crear una espiral de conflicto que conduciría a una situación que el Estado español sería imposible de gestionar, lo que obligaría a una mediación internacional que favorecería enormemente los intereses de los nacionalistas.
Lo anterior creo que es conclusión a la que llegará cualquier persona que haya seguido la evolución de los acontecimientos de Cataluña en los últimos años. No insistiré aquí en las múltiples pistas que nos han dejado en su soberbia envanecida sobre la construcción de estructuras de estado, robo de datos personales y acción exterior porque en los últimos días todo esto se ha visibilizado en los documentos incautados por la policía que investiga desde hace meses las declaraciones efectuadas en su momento por Santiago Vidal y Lluís Salvadó
En estos documentos se explica la estrategia seguida por la trama golpista que se ha adueñado de las instituciones catalanas. Su propósito es generar un conflicto en la calle que obligaría a actuar al Estado. La inacción de los Mossos d'Esquadra, partícipes en el complot a través de sus mandos y pese a la lealtad a la Constitución de muchos de sus integrantes, garantizaría el "éxito" de la maniobra: la desestabilización de Cataluña y la necesidad de una intervención internacional ante la impotencia del Estado.
Visto desde esta perspectiva, el 1-O no fue más que el primer paso en la estrategia insurreccional y un ensayo para una revuelta más amplia. El 1-O se experimentó con la utilización de la ciudadanía como fuerza de choque especialmente útil a efectos de propaganda -y de ahí la exageración en el número de heridos atendidos en esa jornada-, así como la pasividad de los Mossos d'Esquadra cuando no colaboración directa con los organizadores del referéndum ilegal.


Se trata de un plan que estremece: se trata de utilizar la ocupación de la calle y contar con el apoyo de los Mossos d'Esquadra a fin de crear un problema de orden público que la policía no podría resolver más que con una violencia que haría nacer un conflicto de grandes dimensiones que forzaría una intervención internacional. Diabólica la utilización de los ciudadanos como carne de cañón a efectos propagandísticos y la puesta a disposición de la rebelión de un cuerpo como los Mossos d'Esquadra. No se trata, sin embargo, de una especulación. El 1-O y la jornada de "huelga patriótica del día 3 de octubre permitió ver un ensayo de esta actuación coordinada de la agitación callejera y de los Mossos d'Esquara. El vídeo que comparto a continuación da buena cuenta de ello.


Nótese cómo este ciudadano de dos patadas quita los neumáticos ardiendo ante la mirada despreocupada de una dotación de Mossos d'Esquadra, la imagen perfecta de la pasividad de la policía ante los desórdenes.

La agitación en la calle precisa de organización. En el caso del plan que resulta de los documentos incautados por la policía esta organización estaría a cargo de la ANC y Omnium, lo que explica la investigación por sedición de los presidentes de ambas organizaciones; y también de los medios públicos de comunicación dependientes de la Generalitat, que se encargarían de distribuir las consignas adecuadas e, incluso, de hacer circular la información necesaria para la revuelta. En este sentido, debemos recordar que hace unos días Mònica Terribas animaba a los ciudadanos a informar sobre los movimientos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y que más recientemente llamaba a la movilización en la calle. Esta movilización, insertada en un plan general destinado al bloqueo de infraestructuras con el fin de conducir a la secesión entraría en el tipo de la rebelión que se reproduce un poco más arriba, y se separa completamente del legítimo ejercicio del derecho de manifestación. En este caso estamos hablando de movilizaciones que, tal como se desprende de mensajes que circulan por las redes sociales y de los documentos incautados por la policía pretende conseguir la desestabilización de Cataluña con el objetivo de derogar la Constitución y conseguir la independencia. De esta forma, estas actuaciones constituirían un supuesto de rebelión que debe perseguirse y castigarse, incluso aunque no llegue a realizarse y permanezca en la fase de preparación.

Artículo 477 del Código Penal:

"La provocación, la conspiración y la proposición para cometer rebelión serán castigadas, además de con la inhabilitación prevista en los artículos anteriores, con la pena de prisión inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente"

En caso de rebelión efectivamente realizada la pena será de quince a veinticinco años de prisión, acompañada de la de inhabilitación absoluta por igual tiempo.

La gravedad de la pena se corresponde con la gravedad del delito, que al igual que pasaba con el de sedición, pero todavía en mayor grado, no solamente violenta principios constitucionales, sino que también supone afectación directa a las personas, tal como estamos sintiendo de manera directa estas semanas en Cataluña. El daño que se produce a los ciudadanos cuando se ven sometidos a la amenaza de una revuelta que puede producir graves desórdenes y, en caso de triunfar, el fraccionamiento del país y la pérdida de la condición de nacional en su propio Estado es difícilmente imaginable por quien no lo haya experimentado. Muchos ciudadanos catalanes somos testigos de la gravedad de una situación como ésta que podría conducirnos al sometimiento a un régimen nacionalista que ya conocemos demasiado bien, aún en los límites que marca el Derecho español y la normativa europea. Entendemos, por tanto, perfectamente también la gravedad de las penas, a la vez que deseamos que la justicia actúe para poner fin a esta situación de zozobra e incertidumbre.
Una situación de zozobra e incertidumbre que ha tenido como efecto hacer que la tantas veces denominada "mayoría silenciosa" deje de serlo. La manifestación del pasado 8 de octubre, multitudinaria más allá de lo que podían imaginar los organizadores, legitima aún más la necesaria actuación de los poderes públicos para restaurar el Estado de Derecho y poner fin a la trama criminal que desde hace años planifica un golpe desleal contra las instituciones y los ciudadanos.


El Derecho penal no lo es todo. En la crisis abierta por los nacionalistas el Derecho constitucional también tiene mucho que decir; pero eso lo dejaremos para otro post. Aquí se trataba de dar cuenta de algunos aspectos penales, no todos (hay otros como los relativos a malversación, desobediencia y utilización ilegítima de datos personales, que aquí no hemos casi ni mencionado), que son relevantes para lo que nos ocupa; y, sobre todo, destacar que la utilización del Derecho penal no es caprichosa u opcional, sino obligada pues, como he intentado explicar, en este caso el Derecho penal no solamente protege a nuestras instituciones, sino también las legítimas expectativas de los ciudadanos.

martes, 10 de octubre de 2017

¿Qué ha dicho Puigdemont?



"Como presidente de la Generalitat asumo al presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y nuestros conciudadanos el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república. Esto es lo que hoy corresponde hacer. Por responsabilidad y por respeto. Y con la misma solemnidad, el Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada".

Estas son la media docena de líneas que parecen tener desconcertados a políticos y opinadores. Parecen existir dudas sobre lo que hoy ha hecho Puigdemont. Se ha buscado la ambigüedad, pero eso no impide que haya algunas cosas bastante claras.

1- Se ha proclamado la independencia de Cataluña.

Es claro que ha habido una declaración de independencia, tanto por la afirmación de Puigdemont en el sentido de que "asume (...) el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república" como del hecho de que posteriormente se proceda a solicitar la suspensión de (cito textualmente) "la declaración de independencia". El propio Puigdemont da por hecha la declaración de independencia puesto que no puede suspenderse lo que no existe.

2- En ningún caso hay una suspensión de la declaración, sino, en su caso, de los efectos de la misma.

Lo que afirma Puigdemont es que se pide que se suspendan "los efectos de la declaración de independencia", no la declaración misma. La diferencia es sutil, pero relevante, porque implica que la soberanía que se pretende haber conseguido para la república catalana se mantiene, aunque no sea más que formalmente, incluso aunque se suspendan los efectos de la misma.

3- No se han suspendido los efectos de la declaración de independencia.

Puigdemont es claro: no afirma que se suspenden los efectos de la declaración , sino que propone que el Parlamento suspenda dichos efectos. Es una propuesta del Presidente y de su Gobierno que se dirige al Parlamento y que, en su caso, debería concretarse en una decisión del Parlamento de Cataluña que, a mi conocimiento, no se ha producido. Así pues, la propuesta del Presidente queda en eso, una propuesta, sin que se haya producido ninguna suspensión pues no existe acuerdo alguno en este sentido por parte del Parlamento.

Esta impresión se confirma si se tiene en cuenta que tras la conclusión del Pleno del Parlamento, los diputados independentistas han firmado un documento solemne que declara la independencia y constituida la república catalana. Además indican que se declara la entrada en vigor de la ley de transitoriedad jurídica e iniciado el proceso constituyente.



El documento es "extraparlamentario"; pero eso no le priva de significado. Recordemos que un proceso de secesión forzosamente se ha de dar un salto entre la legislación del Estado de origen y la del nuevo Estado que se pretende crear. La firma de un documento complementario de la declaración realizada en el Parlamento visualiza este salto de una forma clara.
Nada de esto se ajusta a lo que preveía la Ley del Referéndum aprobada el 6 de septiembre y posteriormente suspendida por el Tribunal Constitucional; pero es que este ajustarse a la ley es secundario en un proceso de secesión que, por definición, se basa en el hecho y no en el derecho. Lo que cuenta es la voluntad manifestada por quienes pretenden crear un nuevo Estado sobre el territorio de Cataluña. Esa voluntad, su concreción y la forma en que se convierte en eficaz es lo que resulta relevante.

En resumen, se confirma que la Generalitat ha dado el paso final para la confrontación con el Estado. El hecho de que se haya planteado una suspensión de la declaración de independencia (que no se ha concretado) no limita la gravedad del desafío, que exigirá la respuesta de las instituciones del Estado.
Ni que decir tiene que todo esto que está pasando tiene (o puede tener) también una traducción penal; pero de eso se tienen que ocupar los jueces y la policía.

sábado, 23 de septiembre de 2017

Nuestros datos en su censo

El pasado jueves 21 muchos catalanes nos dimos cuenta de que, efectivamente, nuestros datos personales habían sido utilizados para configurar un censo ilegal destinado a ser utilizado en el referéndum de autodeterminación convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional.
El propio Presidente Carles Puigdemont difundía la dirección de la web donde introduciendo el número y letra del DNI, la fecha de nacimiento y el código postal se obtenían la dirección, mesa y sección para la votación del 1 de octubre. Introduje mis datos y comprobé que la página web me devolvía la información relativa al lugar donde me correspondería votar (el mismo lugar habilitado para la consulta del 9 de noviembre de 2014, por cierto).



El que me indicara con tanta precisión dónde debía votar tan solo podía suceder si quien gestionaba la página web (una página web pirata, ubicada no se sabe dónde y construida para evitar que la Guardia Civil la bloqueara como había bloqueado otras réplicas de la página web original, referendum.cat) disponía de mis datos personales y, cuando yo introducía la consulta verificaba el punto de votación que me correspondía. De todas formas, a fin de asegurarme de ello procedí también a introducir datos que no se correspondían con la realidad manteniendo tan solo como cierto el código postal. Con ello pretendía verificar que la página no era más que una apariencia de censo que, en realidad, no utilizaba mis datos personales, sino que, a través del código postal, atribuía aleatoriamente puntos de votación en el área identificada por el código. No era así, sin embargo, si introducía datos falsos el mensaje que me devolvía la página era el de error.


Existen, pues, indicios razonables de que se ha configurado una base de datos con los datos personales de los catalanes con el fin de utilizarlos para el referéndum ilegal del 1 de octubre. La primera constatación directa y personal de que lo que nos habían explicado hace meses Santiago Vidal y Lluís Salvadó. Tal como escribía en su momento, el Sr. Vidal no tuvo problema en detallar públicamente los trabajos que desde la Generalitat se estaban realizando para construir las denominadas "estructuras de Estado", entre las que se incluía la elaboración de bases de datos "ilegales" en palabras del propio Vidal, que permitirían al nuevo Estado desarrollar sus funciones. Estas declaraciones fueron confirmadas por el Secretario de Hacienda de la Generalitat en una conferencia (a partir de 1:00:00) donde explica cómo se están construyendo al margen de la ley las bases de datos que precisa la República Catalana


La gravedad de estas declaraciones motivó que se presentaran denuncias tanto ante la Agencia Española de Protección de Datos como ante la Autoridad Catalana. Yo mismo lo hice de acuerdo con los modelos facilitados por Societat Civil Catalana (aquí y aquí).
No he vuelto a tener noticias significativas de aquellas denuncias, lo que es grave, sobre todo teniendo en cuenta que ahora tenemos la constancia de que las informaciones que de forma tan despreocupada habían facilitado Vidal y Salvadó respondían a la realidad: se estaban construyendo bases de datos para fines que no eran los previstos constitucional y estatutariamente, aprovechando, presumiblemente, los datos de los ciudadanos de los que disponía la Generalitat para otros fines.
En materia de protección de datos es claro, tanto de acuerdo con la normativa española como la normativa europea que los datos que han sido cedidos a un particular o a una administración para un uso determinado no pueden ser utilizados para otro uso. Mucho menos los datos que figuran en un archivo o registro pueden ser trasladados o utilizados en otro registro o archivo sin una habilitación específica para ello. Evidentemente, si el uso al que se destinan es en sí ilegal se produce una gravísima vulneración de la normativa en materia de protección de datos. Todo esto debería haber sido investigado hace meses y haberse evitado llegar a la situación que traducen las dos capturas de pantalla que acabo de mostrar y deberán exigirse responsabilidades por ello.

Pero la construcción de una base de datos al margen de la ley aprovechándose de datos aportados para otros fines no solamente es una infracción de la normativa en materia de protección de datos, sino que puede tener transcendencia penal. Es por eso que en la denuncia que presentó Societat Civil Catalana el 30 de enero de 2017 en relación a las declaraciones de Santiago Vidal, se incluyó una referencia a la posible vulneración de varios preceptos del Código Penal como consecuencia de la construcción de estas bases de datos.


Esta denuncia de Societat Civil Catalana fue remitida a la Fiscalía General del Estado y, según parece, ha acabado en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, quien la habría unido a otras denuncias que serían la base de las actuaciones que se han desarrollado esta semana a fin de comprobar si los delitos de los que ahí se advertía están realmente cometiéndose.

En lo que se refiere a la utilización de los datos personales de los catalanes para la confección del censo para el 1-O nos encontramos, como vemos, con una clara vulneración de la normativa sobre protección de datos, pero también con un hecho con transcendencia penal, y ello por dos vías (al menos): por una parte es un nuevo incumplimiento de la suspensión del referéndum ordenada por el Tribunal Constitucional, por lo que podría suponer ya en sí un delito de desobediencia; pero, aparte de esto, al tratarse de una utilización ilegítima de nuestros datos personales podríamos estar ante el tipo de revelación de secretos del art. 197 del Código Penal, tal como indica la denuncia que acabo de compartir de Societat Civil Catalana.
Es por eso que no resulta extraño que ya ayer la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ordenase investigar la web que facilita la información sobre el punto de votación para el 1-O; pero esta investigación no exime a los ciudadanos de ejercer su deber cívico de denunciar la utilización que de sus datos está haciendo la Generalitat. Ayer, junto con mi amigo Joaquim Coll, acudimos a la Guardia Civil a denunciar que nuestros datos personales obraban en poder de quien gestionaba esa web ilegal construida para un propósito igualmente ilegal.


Animo a que todos los ciudadanos lo hagan. Deberían entrar en la web, comprobar que al introducir sus datos la web informa del punto de votación; hacer captura de esa pantalla y con ello acudir a un puesto de la policía judicial de la Guardia Civil. A través de internet o llamando a la Guardia Civil pregunten cuál es el puesto de policía judicial de la Guardia Civil más cercano (no todos los cuarteles de la Guardia Civil tienen a todas horas personal de la policía judicial), persónense y denuncien.
Los independentistas pretenden mostrar imágenes de colas de personas pretendiendo votar el 1 de octubre. Me gustaría que nosotros pudiéramos mostrar colas de personas que denuncian la flagrante vulneración de sus derechos -en este caso el derecho a que sus datos personales no sean utilizados para fines ilegales- ante las autoridades competentes. Es una manera de exigir la devolución del Estado de Derecho a Cataluña.
Ser ciudadano no da solamente derechos, sino que también atribuye responsabilidades. Asumámoslas y hagamos aquello que está en nuestra mano para poner fin al desafío nacionalista. No les engañaré, deberán emplear parte de su tiempo en ello; pero si no estamos dispuestos a sacrificar esa parte de nuestro tiempo para defender nuestros derechos quizás sea que no nos los merezcamos.
Obremos con generosidad ahora, hagamos frente al desafío y dejemos para más adelante ver qué cosas se han hecho mal para haber llegado a donde estamos. Ahora mostremos la mayor unidad posible.

domingo, 10 de septiembre de 2017

Los tres golpes




I. Es un golpe de Estado

Lo que estamos viviendo estos días en Cataluña es un golpe de Estado. Sé que algunos se niegan a utilizar este término y aducen sus razones para mantener que los acontecimientos de los últimos días y los que probablemente les seguirán no pueden en sentido estricto ser considerados como un golpe, pero a mí me parece que es la palabra más adecuada para definirlo.
Mantengo que es un golpe de Estado porque implica la sustitución del ordenamiento vigente en un determinado territorio por otro que no ha sido introducido como una modificación del anterior. Una sustitución que se produce por la vía de hecho y no según los mecanismos que prevé el ordenamiento que es desplazado. Se trata de una ruptura con el Derecho vigente que no se basa en éste, sino que pretende tener una legitimidad originaria. Como veremos esto es lo que está sucediendo en Cataluña. Se pretenden derogar la Constitución y el Estatuto de Autonomía para sustituirlos por la Constitución de la República Catalana.
Para algunos lo anterior no sería un golpe de Estado en tanto en cuanto no se utilizara la fuerza; y según estos mismos, en el caso de Cataluña no se estaría recurriendo a la fuerza para llevar a cabo la derogación del ordenamiento vigente y su sustitución por un nuevo ordenamiento; pero a mi este argumento no me convence.
En primer lugar, no creo que si se produce una sustitución por la vía de hecho del Derecho que se aplica en un determinado territorio sea determinante que tal sustitución vaya acompañada del desfile de personas armadas o de disparos al aire. El que no haya estos elementos no altera la esencia del proceso que, como digo, es un cambio constitucional al margen de los mecanismos previstos para la reforma de la Constitución.
En segundo lugar, siempre que se pretende imponer por la vía de hecho un determinado conjunto de normas jurídicas se está recurriendo a la amenaza del uso de la fuerza. Lo aclaro: en primero de Derecho te explican que el ordenamiento jurídico puede definirse como un conjunto de normas (mandatos) cuyo cumplimiento está respaldado por la amenaza del uso de la fuerza. Cualquier norma es jurídica porque se inserta en un sistema cuya efectividad, en última instancia, puede conseguirse coactivamente. Sin esa posibilidad de coacción no estamos ante verdadero Derecho.
En el caso de Cataluña es esto lo que está sucediendo. Lo que se pretende es imponer a los ciudadanos catalanes el pago de impuestos a la Hacienda catalana, sancionándolos en el caso de que no los paguen. Y como en los impuestos en todo lo demás. Las leyes aprobadas en el Parlamento esta semana incluyen obligaciones concretas y lo que se pretende es que los medios de los que dispondrá la República Catalana (policías, jueces) se utilicen para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones. Es por esto que la amenaza del uso de la fuerza no está excluida en el proceso que estamos viviendo.
Sea como fuere, no pretendo entrar en un debate nominalista, sino tan solo explicar por qué opto por la palabra "golpe de Estado" para referirme al proceso en el que estamos inmersos. Un proceso que se concreta en tres "golpes" de los que me ocuparé a continuación. En primer lugar un golpe en el Parlament (el de la semana pasada), luego un golpe en el Govern (el que está desarrollándose estos días) para acabar, probablemente, con un golpe en la calle.


II. El golpe en el Parlament

La primera fase del golpe se dio en el Parlament de Cataluña el miércoles y jueves pasado y concluyó con la aprobación de la Ley de Transitoriedad ya en la madrugada del jueves al viernes. No entraré en detalles en lo que se refiere a esa Ley, porque creo que basta con indicar que supone la derogación de la Constitución en Cataluña. La Ley de Transitoriedad pasa a ser la Constitución (provisional) de la República Catalana que crea la nueva Ley.
La Ley de Transitoriedad es, evidentemente, contraria a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía. El pasado jueves Miquel Iceta desarrolló un encomiable ejercicio de oratoria en el Parlament mostrando la clara contradicción de la Ley con ambas normas fundamentales; pero creo que se trataba de un esfuerzo bastante inútil porque es evidente, creo que para todos, la inconstitucionalidad de tales normas y su clara vulneración del Estatuto de Autonomía. También la Ley del Referéndum, aprobada el miércoles es claramente contraria al Derecho vigente. La aprobación de ambas normas debería de haber sido imposible por razones de fondo (su evidente carácter inconstitucional) y por razones de forma, ya que incluso considerando las materias menos llamativas (la creación de la Sindicatura Electoral en la ley del referéndum, por ejemplo) resultaría que su aprobación necesitaría de unas mayorías reforzadas que no se llegaron a alcanzar.
De hecho el procedimiento de aprobación de estas normas fue en sí mismo muestra del carácter excepcional y atípico de la regulación introducida. No se siguieron los trámites previstos, se recurrió a un procedimiento de urgencia que obligó a la oposición a redactar sus enmiendas ¡en dos horas! e impidiéndose, además, la presentación de enmiendas a la totalidad. Finalmente, se prohibió recurrir al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, lo que implicaba una vulneración de la legislación que regula esta institución que el propio Consell se encargó de señalar de forma expresa.


No creo, sin embargo, que debamos escandalizarnos más por estos atropellos en el procedimiento legislativo que por el contenido de la norma. De alguna manera el carácter autoritario y antidemocrático con el que se desarrolló el pleno del Parlamento en el que se aprobaron la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad era el perfecto envoltorio para unas Leyes que lo que hace es precisamente romper con el ordenamiento jurídico del que deriva sus poderes el  propio Parlamento. Estas Leyes, además, al derogar la Constitución y el Estatuto de Autonomía ponen fin también al Parlamento en tanto que institución autonómica, por lo que podrían haber sido aprobadas de cualquier manera que se les hubiera ocurrido. Como en todo punto de ruptura no importa la corrección jurídica, sino la capacidad de imponer -coactivamente- el nuevo ordenamiento.

A mi conocimiento no se ha destacado este aspecto de las Leyes aprobadas en el Parlament la semana pasada: al romper con la legislación vigente y derogar la Constitución y el Estatuto transforman también el Parlament, que deja de ser una institución autonómica para pasar a integrarse en el aparato de la República catalana. Si nos tomamos en serio lo aprobado por el Parlament resultaría que la institución básica de la Comunidad Autónoma habría sido liquidada con las consecuencias que ello tiene y que obligarían a actuar como si, efectivamente, el Estatuto hubiera sido anulado y ahora sobre el territorio de Cataluña no se proyectara ninguna Comunidad Autónoma, sino tan solo una administración ajena al ordenamiento constitucional cuyo objetivo es, precisamente, desplazar de manera efectiva el ordenamiento español del territorio de Cataluña.
Como es sabido, sin embargo, no ha sido este el acercamiento con el que el Estado ha abordado la crisis creada en Cataluña. Al contrario, se ha pretendido tratar el tema de la misma manera que cualquier otro supuesto en el que se hubiera producido una irregularidad en el procedimiento legislativo o una contradicción entre la norma aprobada y normas de rango superior (la Constitución española y el Estatuto de Autonomía en este caso). De esta manera se ha recurrido al Tribunal Constitucional quien, como era obligado, ha suspendido la Ley del Referéndum y en los próximos días hará lo mismo con la Ley de Transitoriedad. Además, ha ordenado que se paralicen todas las actuaciones tendentes a la realización del referéndum y ha notificado personalmente a más de mil cargos en Cataluña conminándoles a obedecer las instrucciones del Tribunal Constitucional.
La impugnación de las disposiciones autonómicas por parte del Gobierno y la suspensión de las mismas por el Tribunal Constitucional es lo correcto desde la perspectiva del ordenamiento español, y lo único necesario si no hubiera una voluntad de desobediencia por parte de las instituciones catalanas. Es también -creo- la última oportunidad para recuperar como autonómicas las instituciones que se han declarado en rebeldía; pero para que tenga efecto las órdenes del Tribunal Constitucional han de ser acatadas, y nada indica que vaya a ser así. Tras el golpe en el Parlamento, el Govern de la Generalitat ha tomado el testigo y ha dejado claro durante estos días que no actuará como institución constitucional española. De esta forma el Govern se une al golpe y lo agrava.


III. El golpe en el Govern

En la noche del miércoles al jueves de la semana pasada, inmediatamente tras la aprobación de la Ley del Referéndum, el Govern de la Generalitat lo convocó y promulgó las disposiciones relativas al mismo. Lo hizo aprovechando las horas que transcurrieron entre la promulgación de la Ley y la suspensión de la misma por parte del Tribunal Constitucional. En un momento en el que podría quizás pretender que actuaba legítimamente porque la Ley aprobada por el Parlamento aún no había sido suspendida. Adelanto que esta pretensión de legitimidad no es tal porque la convocatoria del referéndum vulneraba decisiones anteriores del Tribunal Constitucional; pero ahora no voy a entrar en ello porque lo cierto es que el Gobierno de la Generalitat no ha actuado tras la suspensión como si pretendiera obedecer al Tribunal Constitucional. Al contrario, ha expresado con claridad que continuará adelante con el referéndum, el Conseller Turull hasta ha informado a los ciudadanos de qué forma podían imprimirse ellos mismos las papeletas de votación y en el momento en el que escribo estas líneas (domingo, 10 de septiembre, por la mañana), la página del referéndum continúa activa pese a que ya han pasado más de dos días desde la orden del Tribunal Constitucional de paralizar toda actuación en relación a la consulta y en TV3 se sigue emitiendo publicidad en relación al 1-O.
En definitiva, la Generalitat está actuando ya no como administración autonómica sino como la administración de la República Catalana. Esto, como intentaba explicar el otro día, es grave, porque tiene la potencialidad de convertir el conflicto que tenemos entre manos en un conflicto internacional.
Ante esta situación los fiscales, jueces y la policía están actuando, investigando los delitos que -según el ordenamiento español- podrían estar cometiéndose, lo que podría afectar a un número amplio de personas, incluidos los integrantes del Gobierno de la Generalitat. Lógicamente es necesario investigar si nos encontramos ante delitos como la desobediencia, la prevaricación, la malversación o, incluso, la rebelión o la sedición. Ahora bien, todas estas investigaciones y, en su caso, acusaciones, no cambian la circunstancia de que la administración de la Generalitat, ya desligada de hecho del ordenamiento español, trabaja para llevar a cabo actuaciones ilegales que tienen como fin último que el Estado español quede desplazado del territorio catalán y en éste se cree un nuevo Estado que sería administrado precisamente por la Generalitat. De hecho, la desobediencia clara de la Generalitat ya implica la aplicación del art. 16 de la Ley de Transitoriedad, que prevé la transformación de todas las administraciones en Cataluña en administraciones del nuevo Estado; y ante esto las actuaciones penales tienen una eficacia limitada. Éstas pueden, en todo caso, afectar a las personas; pero nada implican para la administración, y esto es algo que puede tener consecuencias.
Como digo, esta desobediencia de la Generalitat es coherente con lo que no queremos asumir: que la Generalitat, al igual que el Parlamento, ya no son instituciones autonómicas y que, por tanto, la Comunidad Autónoma ha quedado vaciada. La gravísima crisis institucional que ello supondría parece no querer ser vista por las instituciones españolas que prefieren seguir actuando como si nos encontráramos ante un atraco con rehenes o una trama de narcotráfico, desatendiendo todas las consecuencias institucionales que tiene tanto la actuación del Parlamento como de la Generalitat; y olvidando que estas actuaciones no se desenvuelven solo en el plano de los hechos, sino que en este caso el hecho puede convertirse en Derecho, pues cuando se plantea un conflicto entre legalidades dentro del mismo territorio el Derecho que acabará estando vigente es el que consiga efectividad. Es por esto que la desobediencia de la Generalitat, que ya dura varios días, cada hora nos acerca más al momento en el que pueda proclamarse ante la comunidad internacional la creación de un nuevo Estado. Para ello lo único que es preciso es mostrar que quien controla realmente el territorio y la población de Cataluña es la Generalitat rebelde y no el Estado español. En este sentido, como digo, la desobediencia de la Generalitat es relevante; aunque todavía no definitiva, porque, como veremos, por una parte no todos los funcionarios se sumarán a la rebelión (se están sumando a la rebelión); y por otra parte no debe descartarse una reacción del Estado ante la que cabría esperar una reacción en la calle que acabaría convirtiéndose en el tercer golpe: tras el golpe en el Parlamento y el golpe en el Gobierno nos encontraríamos con el golpe en la calle.


IV. El golpe en la calle

Como explicaba en el epígrafe anterior, tras el golpe en el Parlamento en estos días estamos asistiendo al golpe en el Govern. La desobediencia del mismo supone un riesgo cierto para la pretensión del Estado español de controlar de manera efectiva el territorio y la población catalana, por lo que lo razonable es que en los próximos días se actúen de alguna manera sobre las competencias que ejerce la Generalitat con el fin de evitar la consolidación del control sobre Cataluña de una administración que ya no actúa como administración española. Es cierto que es probable que la desobediencia se manifieste de manera más clara en los niveles superiores de la administración, ocupados por cargos políticos, que en el núcleo de la misma, en el que se encuentran los funcionarios; pero en cualquier caso la manifiesta rebeldía de los miembros del Govern es relevante y ya provoca por sí sola una tensión dentro de la administración catalana que resulta inadmisible.
A esto tenemos que añadir otra circunstancia: como es sabido los independentistas han planteado su desafío en torno a una fecha, el 1 de octubre. Ese día es aquél en el que tendría que celebrarse un referéndum de autodeterminación en Cataluña contrario a la Constitución y al Estatuto de Autonomía y prohibido por el Tribunal Constitucional. Mi impresión es la de que pese a la clara voluntad de desobediencia del Gobierno de la Generalitat será difícil que ese referéndum se produzca: las consecuencias penales que tendría para los funcionarios participar en dicho acto ilegal dificultarán su organización. A medida que se acerque la fecha veremos más actuaciones judiciales y policiales en relación al referéndum y, quizás, también, tal como aventuraba un poco más arriba, otro tipo de actuaciones destinado a limitar el ejercicio de ciertas competencias por la Comunidad Autónoma.
En cualquier caso, es evidente que si, pese a la prohibición del Tribunal Constitucional el referéndum acaba celebrándose será imposible ya para España mantener que es Estado que controla de manera efectiva el territorio de Cataluña. Espero que esto esté claro en quienes tienen que adoptar las decisiones necesarias para que esto no ocurra y que, finalmente, el referéndum no llegue a celebrarse debido a que los funcionarios que tendrían que participar renunciarán a hacerlo, bien por convicción democrática, bien por el temor a las consecuencias penales de sus actos. En caso necesario espero que no haya dudas sobre la adopción de medidas que limiten las competencias de la Generalitat con el fin de impedir de manera efectiva la realización del referéndum.
En estas circunstancias, dividida la administración catalana porque muchos funcionarios serán reluctantes a unirse a la rebelión, dividida también la administración local entre ayuntamientos que se habrían sumado al golpe y ayuntamientos que no querrían participar en la rebelión (tal como hemos visto en estos días), a los independentistas les quedaría tan solo un recurso: la calle.



Dentro del independentismo siempre ha habido sectores que han defendido que el centro de la revuelta debe situarse en la calle. La CUP y los próximos a la CUP llevan tiempo emprendiendo "acciones directas" tanto en la Universidad, como en determinados barrios o, incluso, llegando al hostigamiento e intento de ocupación de sedes de partidos políticos.
Si el referéndum no puede finalmente celebrarse, la única alternativa que le queda al independentismo es la proclamación de la independencia (así se ha manifestado ya el presidente de la ANC) y apoyar dicha declaración con presencia en la calle. La forma de conseguirlo es variada. Creo que la más "natural" sería la convocatoria de una huelga general y la utilización de los grupos más extremistas del independentismo (los mismos que ya padecemos en la Universidad) para intentar controlar el área metropolitana.
En un escenario de ese tipo la restitución del orden público sería competencia inicial de los Mossos d'Esquadra, y ahí podría medirse si su compromiso se inclina por la legalidad española o la República Catalana. Cualquier duda o tibieza debería dar lugar a una intervención de alcance por parte de otras fuerzas policiales. Como puede imaginarse, en ese escenario de disturbios y violencia cualquier cosa podría pasar.
Quizás cuando estemos en esa situación los que ahora duden de que estamos ante un golpe de Estado se den cuenta del error de haber minimizado el desafío. Entretanto otros pretendemos que se tome conciencia de la gravedad del problema al que nos enfrentamos.