lunes, 29 de agosto de 2016

La única lengua conocida por todo el mundo

Sigo dándole vueltas a la jornada en la Universitat Catalana d'Estiu sobre la lengua en el futuro Estado catalán.


Ahí (véase el minuto 28) se defiende tranquilamente que el objetivo es que la única lengua que conozca todo el mundo sea el catalán.
Estremecedor. Ya no se trata de defender que todo el mundo conozca el catalán, sino que no se conozcan otras lenguas o, al menos, que no todo el mundo las conozca.
No debería sorprendernos, no es nuevo. Ya lo estamos viviendo, pues es evidente que el sistema educativo que defienden los nacionalistas no tiene como objeto que todos sepan catalán y castellano. Su función es la construcción nacional, tal como intentaba mostrar hace un tiempo y tan solo garantiza que todos sepan catalán, pero no castellano, que queda reducido a dos horas de clase y a lo que puedan hacer las familias. Es claro que con el denominado sistema de inmersión quienes viven en un entorno catalanoparlante será difícil que lleguen a dominar con soltura el castellano; y quienes vivan en un entorno castellanoparlante tendrán dificultades para manejar ciertos registros cultos del idioma.
Así pues, los separatistas cada vez tienen menos reparos en hacer explícito lo que orienta sus políticas, y llamo la atención sobre eso de que el objetivo es que el catalán sea la única lengua conocida "por todo el mundo".



Este "por todo el mundo" es significativo. Se da por sentado que en Cataluña habrá quien sepa catalán y otras lenguas, pero no será todo el mundo, serán solamente algunos.
Se hace explícito que se desea una sociedad en la que algunos solamente conocerán el catalán, mientras otros tendrán acceso, además, a otras lenguas.
Y de nuevo aquí la situación que vivimos ahora prefigura esa Cataluña futura. Igual que la inmersión avanza esa Cataluña en la que solamente el catalán será conocido por todos, el sistema educativo privado que ofrece educación plurilingüe y al que recurren tantos nacionalistas para sus hijos adelanta de dónde saldrán esos que en Cataluña no limitarán sus conocimientos de idiomas al catalán. Véase, por ejemplo el proyecto lingüístico de la Escuela Aula, donde se destaca que desde los tres a los seis años se dará prioridad a la lengua materna y en los siguientes cursos se impartirán materias en castellano, inglés y francés. Vamos, el modelo que cuando se propone para el conjunto de la sociedad es tildado de "caduco".
Y todo esto es aplaudido con la orejas por la presunta izquierda.

Tiemblo al imaginar lo que dirá la historia de estos años y de cómo algunos fueron tan estúpidos como para hacer de tontos útiles de un planteamiento tan perverso.

martes, 23 de agosto de 2016

Una llamada de socorro desde la Universidad

A veces me recreo en el escalofrío de una idea: bastaría con cerrar todas las escuelas del mundo durante seenta o setenta años para que volviéramos a la Edad de Piedra. El enorme caudal de conocimientos que hemos acumulado durante milenios desaparecería si rompiéramos durante un tiempo relativamente breve en términos históricos el hilo que da continuidad a tales saberes de una generación a otra.



Las Universidades no son tan importantes como las escuelas, pero quizás por eso pueden sufrir con más facilidad una discontinuidad equivalente a la imaginada en el párrafo anterior. En mi experiencia profesional, por desgracia, con temor veo acercarse una cesura que podría tener consecuencias si no catastróficas al menos extraordinariamente graves en nuestro sistema univeritario.
Hace veintiséis años, en 1990, concluía mi Licenciatura en Derecho y sin solución de continuidad comenzaba mi formación como profesor en la Universidad de Oviedo. En mi especialidad (Derecho internacional privado) existía una comunidad científica en toda España que se conectaba con la equivalente en otros países y que estaba integrada por un grupo relativameente reducido de profesores sénior, una "clase media" de profesores que estaban en vía de acceder a la cátedra y una base de becarios y jóvenes investigadores y ayudantes, algunos de los cuales continuarían carrera universitaria y otros acabarían recorriendo otros caminos profesionales

La parte fundamental de la formación como profesor era el trabajo personal, pero ese trabajo personal precisaba la guía de los mayores en forma de consejos, recomendaciones de lecturas o de problemas a tratar y, lo que es más importante, de transmisión de los instrumentos del oficio de investigador. Desde cómo leer el BOE hasta hacer fichas, la forma en que ha de abordarse la intervención en un seminario o cuál es la estructura de un artículo académico, de una nota de jurisprudencia o de una monografía. Todo esto pasaba de una generación a otra mediante el contacto en esa comunidad científica que tenía su célula básica en el grupo que formaban los profesores de cada Universidad y que se comunicaba por medio de reuniones científicas, cursos, jornadas y también por las desaparecidas oposiciones, que eran también fuente de debates que luego tenían transcendencia en las publicaciones.


Sin entrar en otras cuestiones que también podrían dar de sí (como es el cambio en los mecanismos de acceso a la condición de profesor universitario, de lo que no me ocuparé aquí de manera directa), es preocupante que esta estructura tripartita de la comunidad de profesores se haya desintegrado. Antes como decía, existía un flujo entre la base de investigadores jóvenes, la zona intermedia de profesores ya formados y el grupo de lo que denominábamos "maestros". Ahora, en mi Universidad el más joven de los profesores dedicados exclusivamente a la Universidad en mi área de conocimiento soy yo, que ya cuento 49 años. No hay nadie por detrás con aspiraciones de hacer carrera académica.
¿Cómo hemos llegado aquí? Pues fundamentalmente por haber tenido una política de cierre de plazas durante los últimos seis años, factor al que se une un diseño de carrera académica descorazonador. Estas dos circunstancias han, por una parte, expulsado a prometedores investigadores y, por otra, impedido que otros se acerquen a una Universidad que es percibida como una trampa mortal en términos profesionales.
Hace diez años, en mi área de conocimiento de la UAB contábamos con varios doctorandos, la mayoría de los cuales obtuvieron el título de doctor y varios de entre ellos hubieran deseado seguir carrera académica, pero la falta de recursos los acabó expulsando y ahora su vida profesional se encuentra o fuera de España o en otros ámbitos. En la actualidad, de las tesis que he dirigido o dirijo la mayoría son de personas formadas en el extranjero que desean culminar su formación con un Doctorado en Europa, y en concreto en España; pero no darán continuidad a nuestra comunidad científica, y las personas formadas en España que desean realizar el doctorado tampoco están interesadas en una carrera universitaria que se ha convertido en una trampa profesional donde es imposible obtener una cierta estabilidad antes de la cuarentena y en la que la culminación con una cátedra parece haber sido abolidad de los escenarios factibles. Es cierto que la depauperación salarial y la inseguridad se han enseñoreado de todo el mercado laboral; pero no se trata ahora de hacer una causa general, sino de describir sus consecuencias para la Universidad.
Y esta es la situación. Como decía hace un momento, el más joven de los profesores permanentes en mi unidad de la UAB soy yo con cuarenta y nueve años. Los otros tres tienen cincuenta y tantos y sesenta y tantos. Eso quiere decir que si en los próximos cinco años no comienza la formación de al menos un par de profesores cuando nos llegue la edad de jubilación nadie quedará en la UAB que dé continuidad a la docencia de Derecho internacional privado. Evidentemente, si esta fuera una situación que solamente se diera en nuestra Universidad no pasaría nada. Alguien vendría de algún otro lugar a cubrir esta tarea. En contra del mito, los profesores no tenemos alergia al movimiento. Yo mismo no me formé en la UAB, y de los otros tres profesores permanentes solamente uno había cursado su licenciatura en la UAB, los otros dos proceden de otras Universidades. El problema es que esta, mucho me temo, no es una situación aislada, sino que es general, lo que coloca a la Universidad española al borde del colapso generacional.
Es hora de hacer algo en serio. Por desgracia todo el mundo parece estar muy entretenido con ese tema de los ranakings universitarios internacionales y nadie parece estar interesado en saber de verdad qué ha pasao, qué pasa y qué se quiere hacer con la Universidad española... o sí y no nos lo cuentan. Que se esté preparando una voladura controlada del sistema universitario público es una posibilidad coherente con lo que hemos vivido en los últimos lustros.

lunes, 15 de agosto de 2016

El artículo 155 de la Constitución.Instrucciones de uso

En los últimos meses se han incrementado las referencias al art. 155 de la Constitución. A medida que el desafío de los secesionistas catalanes se agrava y se pierde hasta el cuidado en el disimulo, el recurso a ese precepto se vuelve más probable y, por tanto, también aumenta el interés por el mismo. En cualquier caso, sin embargo, no es un interés nuevo, porque ya desde el año 2012 han existido voces que no hn tenido reparado en recordar que estábamos ante un precepto de la Constitución que, como cualquier otro, podría ser aplicado si se dan las circunstancias para ello.
A partir de aquí, sin embargo, ya comienzan las dudas y la niebla parece descender sobre los siete renglones escasos que tiene el precepto. La brevedad del precepto y -como veremos- su claridad se oscurecen a partir de pretendidas referencias eruditas o análisis que pretenden descubrir una complejidad que, en el fondo, no es tal.
Estas aparentes dificultades comienzan con la referencia al art. 37 de la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución de la República Federal Alemana. Es cierto que el 155 está claramente inspirado en la norma alemana, pero por más que así sea el precepto de la Constitución germana no es el de la española, por lo que no hemos de sentirnos intimidados por la doctrina alemana a la hora de interpretar y aplicar el artículo de nuestra Constitución; para ello debemos fijarnos ante todo en lo que dice y en donde lo dice.
Lo segundo es lo menos importante, pero no hemos de dejar de considerarlo. El art. 155 de la Constitución se encuentra en el capítulo tercero de su título VIII, el capítulo que se dedica a las Comunidades Autónomas y es, por tanto, un precepto que ha de entenderse en el marco del declarado propósito de nuestra Constitución de habilitar la posibilidad de que en España pudieran ser creadas entidades con autonomía política y capacidad suficiente para gestionar competencias esenciales. Esta posibilidad, sin embargo, no se queria que condujera a la independencia de tales Comunidades Autónomas o a su efectiva separación del orden constitucional. Tal como veremos, el tenor literal del art. 155 permite que sea utilizado en supuestos en los que para nada se plantea la posibilidad de la secesión de una Comunidad Autónomas o su rechazo al orden constitucional (quizás como consecuencia de que el tenor del art. 37 de la Ley Fundamental de Bonn, inspirador del art. 155, no está orientado de manera principal a actuar en este supuesto); pero probablemente su razón de ser era la de evitar que las instituciones autonómicas pudieran ser utilizadas para quebrar el principio de indivisibilidad del territorio que de forma clara se recoge en el art. 2 de la Constitución ("La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas"). Es decir, no parece en absoluto descabellado deducir que este precepto está pensado para casos como el que precisamente nos ocupa ahora en Cataluña, el supuesto en el que se pretenden utilizar las instituciones autonómicas para conseguir la creación de un Estado independiente en el territorio de lo que ahora es Cataluña.
Esta primera impresión se corrobora al considerar el tenor del precepto. Es corto y -me parece- claro:

"1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas."

Como en toda norma, hemos de distinguir entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Esto es, por un lado, la circunstancia o circunstancias en las que puede o debe ser aplicado el precepto y, por otro lado, en qué consiste esa aplicación. En lo que se refiere al supuesto de hecho, y de acuerdo con lo que se establece en las dos primeras líneas del precepto, vemos que el 155 podrá ser utilizado en dos supuestos:

a) Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes impongan.
b) Si la Comunidad Autónoma actúa de forma que atente gravemente al interés general de España.

Basta que se dé cualquiera de los dos para que el art. 155 resulte aplicable. Es decir, tanto puede ser aplicado cuando las instituciones de una Comunidad Autónoma incumplen obligaciones legales o constitucionales como cuando, incluso aunque no se actúe de forma ilegal, se esté atentando gravemente contra el interés general de España. Conviene destacar el "o" que utiliza el precepto, porque no parece que esté puesto ahí por casualidad: una actuación por parte de las instituciones o autoridades de la Comunidad Autónoma que suponga un perjuicio al interés general de España permite el recurso al art. 155 de la Constitución incluso aunque no haya podido determinarse su ilegalidad.
No creo que existan muchas dudas de que en el caso del desafío secesionista nos encontramos no ante uno de los dos supuestos, sino ante los dos. En lo que se refiere al primero tenemos reciente la clara desobediencia al Tribunal Constitucional por parte de la Presidenta del Parlamento y de los diputados de JXS y de la CUP al tramitar las conclusiones de la Comisión del proceso constituyente, y ya antes de esto podemos identificar diferentes actos de desobediencia explícita a la ley y a los tribunales; así por ejemplo al celebrar la consulta del 9 de noviembre de 2014 o al negarse a adoptar las medidas necesarias para que al menos un 25% de la enseñanza se imparta en castellano en las escuelas e institutos de Cataluña. En estos casos la voluntad de mantener el desafío a la legalidad es fácilmente constatable a partir no solamente de las actuaciones que se han llevado a cabo, sino también de las declaraciones de los mismos responsables públicos.
En relación al segundo basta considerar la reiterada actuación exterior de los responsables de la Generalitat en el sentido de recabar en el extranjero apoyos para la secesión. La recopilación de los documentos emitidos por el Presidente de la Generalitat o los responsables de acción exterior en este sentido supone, se mire por donde se mire, un perjuicio para España, quien en alguna ocasión ha debido activar mecanismos diplomáticos para impedir que tal actuación exterior de las autoridades autonómicas suponga un perjuicio mayor de lo que ya es para nuestro país. Es claro que gastar esfuerzos del Ministerio de Asuntos Exteriores para poner trabas a la actuación de una Comunidad Autónoma es precisamente el supuesto que se pretendía evitar mediante una previsión como la del art. 155 de la Constitución.



Así pues, parece bastante claro del tenor del precepto constitucional su aplicación en aquellos casos en los que las autoridades autonómicas se niegan a cumplir la ley o cuando actúan de form que perjudica gravemente el interés general. El supuesto de hecho de la norma no presenta, por tanto, especiales problemas. Veamos ahora su consecuencia jurídica.
Cuando se habla del art. 155 de la Constitución enseguida se plantea la posibilidad de suspender la autonomía. Es curiosos y significativo. Curioso porque, como puede apreciarse, nada en el precepto hace referencia a dicha suspensión, y significativo porque quizás esta posibilidad nos suene como consecuencia de que en otros países se ha puesto en práctica recientemente. Así en el Reino Unido en relación a Irlanda del Norte. Es llamativo que los independentistas, que con tanta frecuencia loan el espíritu democrático británico, planteen como una aberración que provocaría rechazo internacional algo que los británicos han practicado sin problemas en tiempos no muy lejanos: la suspensión de las instituciones autonómicas en una parte de su territorio.
No debemos, sin embargo, dejarnos llevar por lo que no dice el art. 155 y sí fijarnos en lo que dice, y lo que dice es que cuando se da su supuesto de hecho, de acuerdo con lo que acabamos de ver, lo que corresponde hacer en primer lugar es requerir al Presidente de la Comunidad Autónoma. Tal y como se establece en el artículo, el Gobierno ha de requerir al Presidente de la Comunidad advirtiéndole de su actuación ilegal o contraria a los intereses generales.
Un requerimiento, esto es lo que prevé -en primer lugar- el "peligrosísimo" artículo 155. Ese precepto que parecía innombrable lo que establece es que lo que ha de hacerse es requerir la Presidente de la Comunidad Autónoma. La verdad es que no sé por qué a estas alturas no se ha procedido ya a este requerimiento. El Gobierno lo elude de momento y quizás en esta voluntad de no actuación reside parte de la justificación de la reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que ha atribuido a éste la posibilidad de realizar requerimientos a las autoridades que desobedecen las resoluciones del Alto Tribunal; pero es claro que estos requerimientos del Tribunal Constitucional ni sustituyen ni son incompatibles con los que correspondería realizar según lo establecido en el art. 155 de la Constitución.
¿Y en caso de que no se atienda al requerimiento? Bien, en este supuesto se habrán de adoptar las medidas necesarias para conseguir el cumplimiento de la Constitución y de la ley y/o que cese la actuación contraria al interés general. Las medidas deberán ser propuestas por el Gobierno y aprobadas por la mayoría absoluta del Senado, pero no se concreta de qué medidas se trata. Es lógico, tal como veremos a continuación.
Me sorprende que en ocasiones se critique que el art. 155 de la Constitución no haya sido objeto de desarrollo que lo concrete. ¡Por Dios! ¿Qué desarrollo se quiere? Por una parte en lo que se refiere al supuesto de hecho ya hemos visto que más claro no puede ser y no creo que sea razonable introducir legalmente un catálogo de supuestos que supongan un atentado grave contra el interés general, pues siempre será posible que aparezcan casos no previstos y que objetivamente supongan ese perjuicio. Tal como adelantábamos, es muy probable que el propósito inicial del art. 155 fuera evitar la secesión de las Comunidades Autónomas, pero su tenor literal permite que sea utilizado también en otros casos. Imaginemos, por ejemplo, que las autoridades de una Comunidad Autónoma comienzan la construcción de un reactor nuclear al margen de la regulación sobre el tema; quizás si no queda otro remedio debiera recurrirse al art. 155. Se trata, evidentemente de un ejemplo que muestra lo absurdo que puede resultar introducir un listado de circunstancias que supondrían un atentado al interés general.
Igualmente absurdo resulta pretender detallar las medidas que puedan ser adoptadas sobre la base del art. 155 de la Constitución. Tales medidas dependerán de la situación que justifique la aplicación de este precepto y, por tanto, han de permanecer abiertas las posiblidades. El hecho de que el Senado haya de aprobarlas por mayoría absoluta impide que el Gobierno actúe sin ningún control y es lógico que las medidas se correspondan con la situación que la genera, sean adecuadas para resolverla y no supongan vulneración de otros preceptos constitucionales.
Manteniéndose la naturaleza abierta de tales medidas, el propio art. 155 de la Constitución nos da alguna pista sobre esto al indicar en su párrafo segundo que para la ejecución de las medidas previstas el Gobierno podrá dar instrucciones a las autoridades de las Comunidades Autónomas. Es decir, se puede sustituir la autoridad de las personas que han actuado al margen de la ley o en contra del interés general por la del Gobierno. Quizás en muchos supuestos esta mera sustitución sea suficiente para conseguir el objetivo pretendido sin necesidad de ulteriores medidas. Así, por ejemplo, en el caso de que la administración responsable de la actuación exterior de la Generalitat esté obrando en contra del interés general (por ocuparse de la promoción de la secesión, por ejemplo) bastaría colocar dicha administración bajo la tutela del Gobierno para poner fin a la actuación perjducial contra los intereses generales. En la misma línea, la posibilidad de establecer la necesidad de que los gastos realizados por ciertas administraciones autonómicas deban ser autorizados por un funcionario del Gobierno central serviría para, por ejmplo, evitar el desvío de fondos públicos a actividades que perjudican el interés general de España. Finalmente, no sería descabellado que se autorizase en ámbitos determinados que la legislación autonómica fuera sustituida por legislación estatal. Así, por ejemplo, en lo que se refiere a la normativa escolar en una Comunidad Autónoma que se niegue a implementar la obligación de que al menos el 25% de la docencia en la enseñanza obligatoria se imparta en castellano.



En definitiva, el art. 155 no es más que un precepto constitucional más pensado para circunstancias excepcionales y que el buen sentido de todos debería conseguir evitar su aplicación; pero dándose su supuesto de hecho no recurrir a él sería una dejación de funciones que no tendría justificación. Como vemos, el recurso al art. 155 no implica ni la suspensión de la autonomía ni actuación alguna que reduzca derechos o libertades individuales (podria añadirse que para eso ya se cuenta con los estados de alarma, excepción y sitio) y tiene la suficiente flexibilidad como para que pueda ajustarse a las especiales circunstancias para las que fue convencido.
Ni ángel ni demonio, tan solo un elemento más en nuestro Estado de Derecho que pretende preservarlo frente a quienes quieren anteponer su voluntad sobre la del conjunto de los españoles y romper nuestro marco de convivencia.

domingo, 7 de agosto de 2016

Gustavo Bueno

Cuando a mediados de los años 80 del siglo XX comencé mis estudios en la Universidad de Oviedo había un profesor cuya fama saltaba los muros de su Facultad. Era Gustavo Bueno. Las anécdotas sobre sus clases y su quehacer académico animaban las conversaciones que teníamos esperando al autobús universitario a la altura de lo que entonces era la Facultad de Quimíca, un poco más allá del hotel Ramiro I si venías -como lo hacía yo- desde la Facultad de Derecho.
Allí sus alumnos de Antropología, muchos de primero de Psicología, nos contaban lo que les explicaba, las preguntas que hacía y la ironía con que desorientaba a lo nuevos universitarios. Sin haber leído gran cosa de su obra -aunque había quien se lanzaba a explicarnos las teorías de Bueno sobre la religión, prácticamente lo único que sé de ellas viene de aquellas conversaciones en la acera acodados sobre las carpetas y libros (en aquella época no se llevaban mochilas a la Universidad, lo máximo que yo llegué a utilizar fue una bolsa para el pan que abarrotaba de códigos)- sabíamos o intuíamos que era un sabio. Era también un profesor que salía en la prensa, despotricando contra quienes definian a Asturias como nación celta o cuestionando a los bablistas, haciendo piña aquí con otro profesor socarrón de aquella época, Emilio Alarcos.



Pasados los años, cuando yo me ocupaba en redactar mi tesis en Derecho internacional privado, coincidí con compañeros que tenían trato con el filósofo, colegas de Filosofía del Derecho que habían establecido puentes con el grupo que dirigía Gustavo Bueno. Así tuve ocasión de disfrutarlo en alguna ocasión en tribunales de tesis y tesinas. Siempre recordaré la forma en que relataba su participación en un homenaje a Ortega y Gasset, o la opinión tan particular que tenía de Habermans.
Hoy nos ha llegado la noticia de que ha muerto a los 91 años. Una muerte a esa edad y tras haber vivido una vida plena no es una desgracia. No sé si en lo personal la vida de Bueno fue feliz, pero en lo académico no puede negarse que ha resultado fructífera. No soy especialista en su materia, así que no puedo juzgar la calidad de la obra que nos deja, pero el reconocimiento obtenido, el hecho de que tantos hayan seguido sus pasos en distintos campos y la solidez de sus intervenciones me hacen sospechar que realmente construyó un pensamiento personal y coherente. Eso es lo máximo a lo que puede aspirarse en el ámbito científicio (entendiendo ciencia en sentido amplio, englobando todos los ámbitos del saber). Era, además, alguien que en absoluto se dejaba llevar por lo que pudiera entenderse como "correcto". Muy poco después de la muerte de Aranguren, y cuando todos los medios se llenaban de panegíricos hacia su persona expresaba con mucha llaneza que no lo consideraba un filósofo y que lo que escribía no era filosofía, pero que como se entendía la gente era feliz loándolo porque así pensaban que entendían de filosofía, cuando la filosofía es otra cosa, según explicaba.
Era, pues, un pensador de esos que hacen falta. Tenga o no tenga razón rebosaba erudición, claridad y contundencia. Creo que allí donde no cabe la experimentación no puede pedirse más. Para mi su muerte supone el recuerdo de que cada vez están más lejanos aquellos años en que creíamos discutir de filosofía cuando comentábamos sus clases, acodados delante de la Facultad de Química mientras esperábamos el transporte universitario.

martes, 2 de agosto de 2016

CDC, sin grupo

Titula "El País" que el Congreso deja sin grupo a Convergència. No es, sin embargo, el Congreso quien deja sin grupo al partido antes llamado CDC. Fueron los votantes, que ni les dieron 15 diputados ni un 15% de voto en el conjunto de las circunscripciones en que se presentaron o un 5% en el conjunto de los votos de España. Para tener grupo parlamentario (artículo 23 del Reglamento del Congreso de los Diputados) es preciso reunir al menos una de estas tres condiciones. CDC no cumplía ninguna de ellas (8 diputados, 13,92% de votos en Cataluña y 2% en el conjunto de España) así que no debería haberse planteado siquiera la posibilidad de que tuvieran grupo.
¿Por qué hemos tenido estas semanas de incertidumbre? Pues porque varios responsables políticos alentaron la posibilidad de que finalmente se concediera dicho grupo; y para ello existían dos vías.
Una es la del préstamo de diputados. Un grupo del Congreso "cede" diputados a un grupo al que le faltan diputados para constituirse y tras la constitución los diputados cedidos vuelven al grupo de origen. Es una práctica posible en el Congreso que se apoya en lo que algunos llaman "cortesía" parlamentaria. De acuerdo con esto era posible que diputados del PP, del PSOE o de cualquier otro grupo pasaran a formar parte por unas horas del grupo CDC para que este llegara al mínimo necesario y pudiera constituirse. Se ha hecho en otras ocasiones y en esta podría haber pasado igualmente presentándolo como una cuestión meramente técnica.
Sin embargo en absoluto se trataría de una cuestión técnica ¿cómo sería posible justificar que diputados elegidos en listas del PP, por ejemplo, pasaran por unas horas a integrarse en el grupo de CDC, un partido que está planteando de forma abierta la secesión unilateral de Cataluña? Los votantes del PP de las circunscripciones afectadas por el préstamo podrían sentirse traicionados si sus votos fueran a parar aunque fuera momentáneamente al grupo de CDC.
Descartada esa vía de acceso al grupo, la cesión de diputados, quedaba solamente hacer una interpretación "flexible" del Reglamento que permitiera que CDC, pese a no reunir los requisitos para ello, tuviera grupo.
Bien, digámoslo claro: interpretar el Reglamento en el sentido de que CDC, con 8 diputados y menos de un 14% de votos en Cataluña y un 2% de votos en el conjunto de España reúne las condiciones para tener grupo parlamentario es imposible y si la Mesa del Congreso hubiera dicho otra cosa sería una decisión contra legem que no podría calificarse más que como arbitraria.
No se trata, por tanto, de que el Congreso no conceda el grupo, sino que CDC no reúne las condiciones para tenerlo y decidir lo contrario sería, como acabo de decir, una arbitrariedad.
La otra posibilidad hubiera sido el "préstamo" de diputados, el recurso a la "cortesía" parlamentaria; pero ¿qué sentido tiene la cortesía parlamentaria en relación a un grupo que está liderando una rebelión institucional que pretende la ruptura del orden constitucional? ¿con qué cara nos quedaríamos los ciudadanos si se facilitara la constitución de ese grupo a quienes en Cataluña se niegan a cumplir la ley y las decisiones judiciales, a quienes se han apropiado de las instituciones y nos amenazan con convertirnos en extranjeros en nuestro país?
Sorprendentemente parece ser que durante unas semanas la posibilidad de que CDC tuviera grupo parlamentario fue real. Afortunadamente la voz de los ciudadanos hoy puede hacerse oír más allá de las urnas. Anoche mismo el hashtag #GolpistasNiCongresoNiSenado estuvo en el número 2 de toda España y fue el primero en el ámbito "centro/centroizquierda" y también en "centro/centro derecha"; lo que muestra que existe una percepción transversal en la sociedad sobre la injusticia de hacer concesiones a los separatistas sin que antes estos renuncien a actuar al margen de la ley y de la Constitución.
El 26 de junio tuvimos la buena noticia de que las urnas no concedían grupo a CDC y hoy la satisfacción de que la tentación de alterar ese resultado en los despachos no prosperaba.
Hoy tenemos una democracia un poco mejor. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer.





lunes, 11 de julio de 2016

En lo profundo

El Síndic de Greuges de Cataluña insta al Ayuntamiento de Lérida a no utilizar el castellano en sus comunicaciones con los ciudadanos. Pese a que la formulación es que el catalán ha de emplearse "normalmente" para las comunicaciones de la administración el sentido es el antes apuntado, pues la resolución del Síndic se hace como respuesta a la queja presentada contra el Ayuntamiento de esa ciudad por haber decidido comenzar a realizar las comunicaciones en los dos idiomas oficiales de Cataluña, el catalán y el castellano (sin olvidarnos, por supuesto, del aranés).
A quienes no vivan inmersos en la espiral nacionalista catalana seguramente les sorprenderá que una decisión que amplia el número de lenguas que utilizará la administración para comunicarse con los ciudadanos pueda ser valorada negativamente. Al fin y al cabo, de lo que se ha de tratar es de facilitar las cosas y cuando, además, la lengua que la administración acoge es no solamente la oficial en todo el Estado (Cataluña incluida) sino también la materna de más de la mitad de los catalanes debería resultar sorprendente el planteamiento de una queja a esta ampliación de los derechos de los ciudadanos.
En Cataluña, sin embargo, esto es lo que sucede. Quienes vivimos aquí estamos acostumbrados a que toda manifestación política no sea más que la proyección del plan nacionalista y décadas de respirar un ambiente enrarecido por la pulsión identitaria han reducido incluso la capacidad de percibir la dimensión que tiene la retorsión de la realidad que se nos impone. Actuaciones que objetivamente deberían ser motivo de escándalo y general reprobación acaban siendo digeridas como algo natural. Personalmente, esto es lo que más me preocupa: es más grave la falta de reacción ante cada uno de los múltiples atropellos que padecemos que el propio atropello. Aquí lo podemos ver con claridad.
Lo primero que debería sorprender es que se presente como negativa la ampliación de las lenguas utilizadas por la administración para comunicarse con sus ciudadanos. En principio, toda facilitación en la comunicación con los ciudadanos debería considerarse positiva, y así sucede en otros países, donde, más allá de la oficialidad de una lengua, cuando ésta es utilizada por un porcentaje significativo de la población la administración intenta incorporarla de una u otra forma.



En el caso del castellano en Cataluña su utilización normal por la administración no debería plantear ninguna duda, siendo como es lengua oficial y, como se acaba de indicar, la materna de la mayoría de los catalanes. Lo que debería sorprender es que pese a todo ello se intente arrinconar su uso y hacerla desaparecer como lengua de articulación de la sociedad, en beneficio en este caso del catalán. Solamente desde un planteamiento nacionalista puede entenderse esta operación que implica una reducción progresiva de la presencia pública de la lengua mayoritaria entre los catalanes.
El carácter progresivo de esta reducción del papel del castellano se hace evidente si se repasa cómo el nacionalismo ha evolucionado desde la defensa del bilingüismo, en el momento en el que la presencia del castellano era todavía mayoritaria en la educación y en la administración, hasta llegar al monolingüismo en catalán que ahora se pretende. Es claro que esa defensa instrumental del bilingüismo por parte del nacionalismo catalán era tan solo táctica y orientada a la potenciación del catalán como fase previa a la exclusión de la otra lengua de los catalanes. Es una situación parecida a la vivida en relación a la utilización de la lengua materna en la enseñanza. Hace cuarenta años el catalanismo defendía la necesidad de escolarizar a los niños en su lengua materna, pero lo hacía tan solo para forzar la introducción del catalán, de tal forma que una vez conseguida la inmersión que ahora sufrimos se niega ese mismo argumento de la bondad de la lengua materna, lo que obligaría a tener en cuenta también el castellano.
El plan es, por tanto, diáfano, y por ello sorprende la escasísima resistencia a la que se enfrenta en la sociedad. Un ejercicio de ingeniería social como el descrito que pretende el desplazamiento del español en beneficio del catalán debería despertar las alarmas de los partidos democráticos, pues están en juego también los derechos lingüísticos de las personas, tanto en el ámbito educativo como en su relación con la administración.
Es esta tolerancia hacia lo que es una clara manifestación de una de las ideologías que se ha mostrado más peligrosa en Europa durante el último siglo, el nacionalismo, lo que me escandaliza. ¿Qué ha pasado con nuestra sociedad para que no veamos de forma clara lo que claramente se nos dice: que la política lingüística en Cataluña en todas sus manifestaciones solamente se entiende desde un plan de construcción nacional que nada más tiene sentido desde el nacionalismo excluyente que tan solo se ve satisfecho con la eliminación en la sociedad de todo aquello que es diferente (Volem viure plenament en català, dicen)?
El que el adalid de esta cruzada contra el español sea, precisamente, el Síndic de Greuges, que debería velar por los derechos de los ciudadanos resulta estremecedor. ¿Qué derecho se ve perjudicado si la administración se dirige a los ciudadanos en dos idiomas? ¿No será precisamente el Síndic quien con su actitud pretende limitar los derechos de los ciudadanos, quienes deberían, de acuerdo con su propuesta, manifestar su voluntad de ser atendidos en castellano operando por defecto el catalán para el supuesto de no hacerlo? ¿Cómo es posible que el Síndic, teórico defensor de los derechos de todos los ciudadanos ponga estos por debajo de la construcción nacionalista de una pretendida identidad nacional? Estremecedor, como decía.




Tengo la impresión de que en Cataluña vivimos en un mundo artificial, o irreal, algo así como los submarinistas que durante un tiempo descienden al fondo del mar y allí ven paisajes que no son los de la tierra a la que pertenecen, a la vez que respiran esa "mezcla" (que no es propiamente aire) de las botellas que llevan a la espalda. Algunos submarinistas cuentan de esa sensación irrealidad -en ocaciones, agradable- que viven en sus descensos. Pero esa excursión al fondo marino no puede durar para siempre. Nuestro mundo está en la superficie y a ella debemos volver. Ahora bien, como es sabido, tras pasar un tiempo en lo profundo no es posible dar unos pocos golpes de aleta y regresar al aire puro. Al haber estado respirando un aire artificial nuestros pulmones precisan una adaptación que obliga a que el ascenso se haga progresivamente.
Creo que en Cataluña ha llegado el momento del ascenso, y deberemos hacerlo poco a poco porque, como vemos, tanto nos hemos acostumbrado al entorno nacionalista que nos costará respirar de nuevo aire libre de prejuicios supremacistas y de derechos de las lenguas y de las naciones por encima de los derechos de los individuos. Nos costará volver a escandalizarnos por cosas como las perpetradas por el Síndic de Greuges en relación al caso del bilingüismo en Lérida (por cierto, el mismo Síndico que ninguna actuación llevó a cabo en los casos de acoso a los padres que habían pedido que sus hijos tuvieran una de cada cuatro horas de docencia en castellano). Es por eso, porque soy consciente de que costará volver a la superficie, que no pediré lo lógico, que es que el Síndic de Greuges sea reprobado por el Parlamento de Cataluña por su inadmisible actuación en el caso de Lérida; pero seamos conscientes de que el que el Parlamento no se haya escandalizado por esto es una muestra más de que nuestra sociedad y nuestra política no son normales y siguen padeciendo importantes déficits democráticos.
Seamos conscientes.

sábado, 9 de julio de 2016

Moneda de cambio


¿Cuántas décadas llevamos los catalanes siendo moneda de cambio para facilitar el gobierno de España? Desde los años 80 del siglo XX en “Madrid” se ha renunciado a ejercer con responsabilidad las competencias que el Estado tiene en esta parte del territorio nacional que se extiende (simplificando) entre el Ebro, los Pirineos y el Mediterráneo.



Lo que sucede en Cataluña es cosa de “los catalanes” -parecen pensar en la Meseta-; o, lo que es lo mismo en la concepción de la política que se tiene en Madrid, de "los nacionalistas"; y lo mejor es que allí metamos la nariz lo menos posible. Nos basta con pactar puntualmente un apoyo parlamentario aquí o allí a cambio de dejar que los nacionalistas hagan en “su” tierra lo que les venga en gana.



Así se ha dejado pasar la inmersión en la enseñanza, las multas por rotular en castellano, una administración que destaca por su corrupción (y ya tiene eso mérito en España), las esteladas hasta en la sopa y un largo etcétera de atropellos que han llegado incluso a la abierta rebelión de la Generalitat materializada en la realización de la consulta del 9 de noviembre de 2014.



En “Madrid” nada de esto parece importar mucho. Que unos cuantos millones de compatriotas estén sometidos a una administración que ha hecho explícito que actúa y actuará al margen de la ley, que les impone a un régimen educativo en el que la lengua materna de la mayoría de los catalanes, que, además, es oficial se encuentra proscrita; que las administraciones dediquen dinero de todos a promover la destrucción del Estado, que la policía amenace con volverse contra los ciudadanos, que se permita que los ayuntamientos coloquen banderas secesionistas en las plazas públicas… nada de esto provoca un solo fruncido de cejas allí donde residen las instituciones que deberían proteger y velar por el interés de todos los españoles.
Ciertamente -se nos dice- al fin y al cabo los independentistas son los que ganan las elecciones en Cataluña y, por tanto, es con ellos con quienes tenemos que tratar para conseguir esos escaños que nos hacen falta para gobernar. ¡Vaya! los escaños de los independentistas, esos 17 escaños que han conseguido en las últimas elecciones y que tanto pueden interesar ahora para formar gobierno. ¿Y los otros 30 escaños que obtuvieron fuerzas no nacionalistas? Los 11 escaños que obtuvieron C’s y el PP en Cataluña ¿para qué nos sirven? Los 7 escaños obtenidos por el PSC, seguramente a partir de votos no nacionalistas (conozco unos cuántos de sus votantes y, desde luego, de nacionalistas no tienen nada) ¿son inútiles? Los votos que los catalanes damos a partidos que no defienden el quebrantamiento de la ley, el enfrentamiento entre los catalanes y de estos con el resto de los españoles, la ruptura de nuestra comunidad política, todos estos votos ¿carecen de valor? Parece ser que sí, que los catalanes no nacionalistas somos nulos políticamente, una mera papeleta que dará un cheque en blanco a quienes luego con ella negociarán con los nacionalistas para seguir asegurando una silla aquí o allí.



Creo que en Madrid no son conscientes de la tensión que se vive en este país, creo que no asumen lo que implica que sobre tu cabeza penda la amenaza de una independencia que sería desastrosa también para el conjunto de los españoles, pero que a quienes primero afectaría es a quienes aquí, en Cataluña nos veríamos convertidos en extranjeros o bien perderíamos la posibilidad de seguir siendo ciudadanos en el resto de España. Creo que en Madrid no son conscientes de lo que implica ver cómo tus derechos son pisoteados y que con una sonrisa cínica la administración que debería protegerlos se limita a recomendarte que acudas a los tribunales, donde siempre habrá una instancia más que interponer entre tu derecho y su efectivo ejercicio.
Creo que en Madrid no se asume que cada vez que alguien habla de Cataluña identificándola con los nacionalistas y, por tanto, olvidando a los millones de catalanes que no desean la secesión, estos sienten un dolor sordo que cada vez es más insoportable.
Creo que en Madrid no se dan cuenta de que las cosas ya no serán como antes, porque los catalanes no nacionalistas estamos cada vez más hartos de ser tan solo una moneda de cambio.
Este tipo de propuestas o manifestaciones son un insulto para quienes cada día defienden una Cataluña que participe en el proyecto español y europeo, una Cataluña alejada del enfrentamiento y de la división, una Cataluña que desea un funcionamiento normal y democrático de sus instituciones.
Un insulto.

viernes, 24 de junio de 2016

Brexit

El Reino Unido ha votado “no” a la UE. Sin duda es una decisión transcendente y que exigirá a la UE una respuesta a la altura, la coordinación de los esfuerzos de los países miembros y la capacidad de transmitir un mensaje positivo a ciudadanos y mercados, sacudidos por un escenario que parecía imposible hace unos meses.
Son múltiples las dimensiones del Brexit, aquí me ocuparé muy brevemente de tan solo algunas de las implicaciones para el Derecho internacional privado (DIPr) tras una mínima referencia al marco general del proceso de salida.



El Brexit es posible como consecuencia de la introducción en el Tratado de la UE (TUE) del art. 50, que prevé la salida “ordenada” de un Estado Miembro. De acuerdo con este precepto el procedimiento se inicia con la presentación ante la UE de la notificación de la voluntad de salida. Es importante señalar que, por tanto, el referéndum y su resultado no son en sí relevantes para la salida, tan solo lo serán si se produce la mencionada notificación a la UE. Aunque políticamente resulte impensable, legalmente podría no darse esa notificación pese al referéndum. En ese caso no se produciría la salida del RU de la UE.
No es, sin embargo, previsible tal cosa (a salvo de lo que diré al final) por lo que partiremos del supuesto de que en las próximas semanas el RU notifica formalmente a la UE su voluntad de salir de la Unión.
A partir de aquí se abre un período de dos años en los que cabe la posibilidad de negociar las condiciones de la salida. Ahora bien, esta negociación ni supone que la salida pueda no producirse, esta es obligada una vez realizada la notificación a la que me acabo de referir, ni es necesario llegar a ningún acuerdo para la salida. En caso de que ese acuerdo no se produzca simplemente dos años después de la notificación los Tratados dejarán de aplicarse en el territorio del RU.
La forma en que se concrete la salida dependerá, en su caso, de los acuerdos a los que se pueda llegar en el marco del art. 50 del TUE. A continuación explicaré cuáles podrían ser las consecuencias de la salida si no se llega a ese acuerdo, lo que podría ser la “línea de base” de la negociación.



En primer lugar, evidentemente, ni los ciudadanos británicos serán considerados ciudadanos europeos a efectos de extranjería en la UE ni los ciudadanos de otros países de la UE serán ya beneficiarios en el RU del régimen privilegiado del que ahora gozan como ciudadanos de la Unión. El tratamiento en la UE de los británicos será el propio de los extranjeros de terceros países, un régimen que, además, está en parte armonizado como consecuencia de la legislación europea en materia de cruce de fronteras, visado de entrada y estancia hasta tres meses, estatuto del residente de larga duración y régimen de reagrupación familiar. Lo que es una incógnita es la forma en la que los británicos decidirán articular su régimen de extranjería. Parece ser que una de las razones que les han impulsado a la salida de la UE es, precisamente, poder organizar su Derecho de extranjería de la forma que mejor les plazca, sin estar condicionados por la UE.

Si de las personas físicas pasamos a las jurídicas resultará que las consecuencias del Brexit serán relevantes. En Europa se había construido un espacio de libre circulación de las sociedades en el que el Reino Unido había jugado un papel fundamental. La construcción jurisprudencial de la libertad de establecimiento de las sociedades se había asentado en buena medida sobre las ventajas del Derecho societario británico. Esto condujo a que sociedades que económicamente se radicaban en otros países de la UE se constituyeran en el RU. Tras el Brexit se abre el riesgo de que tales sociedades dejen de ver reconocida su personalidad jurídica en el resto de la UE, lo que obligará a realizar miles de operaciones de reestructuración empresarial que, básicamente, pasarán o bien por escindir las sucursales radicadas en otros países miembros de las sociedades británicas o bien trasladar la sede de la sociedad al Estado donde desarrolla fundamentalmente su actividad económica.



El otro gran ámbito del que me ocuparé es el de la cooperación judicial. El Reino Unido se encuentra ahora mismo integrado en el Espacio Europeo de Libertad y Justicia, desde la perspectiva civil, que es la que ahora me interesa, los tribunales británicos son frecuentemente elegidos como sede para el desarrollo de litigios que afectan a sociedades ubicadas en países distintos. Las decisiones adoptadas por los tribunales británicos (incluidas las medidas cautelares) son reconocidas en el resto de Estados miembros gracias a instrumentos como el Reglamento 1215/2012 (Bruselas I bis) y esto favorece la seguridad jurídica y la eficacia internacional de las decisiones.
Tras la salida del Reino Unido estos instrumentos dejarán de aplicarse, por lo que el régimen de reconocimiento de las decisiones británicas en el resto de Europa será la de cualquier Estado tercero. Evidentemente, esto no supone un “cierre” puesto que la normativa en la materia es habitualmente favorable al reconocimiento (la reciente Ley española de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil es una buena muestra de ello); pero en cualquier caso supondrá más dificultades y costes, pues deberán estudiarse una pluralidad de regímenes diferentes para conseguir la eficacia de una sola resolución en varios países miembros.
¿Afectará lo anterior a la posición de Londres como sede judicial? Quizás, no lo podemos saber. Lo cierto es que Londres ya plantea ahora algunos problemas, sobre todo derivados de los altísimos costes que implica cualquier litigio en el RU, y también por la existencia de algunas figuras en su ordenamiento de difícil encaje en el de otros Estados europeos (las anti-suit injunctions, por ejemplo), por lo que cualquier cuestionamiento de las ventajas que supone elegir Londres como sede del tribunal que conocerá de los litigios que se deriven de una determinada relación jurídica podría suponer un retroceso en su importancia como centro internacional en materia de comercio internacional.
Los problemas que se derivan de la exclusión británica de los instrumentos de cooperación judicial civil explican que se hayan realizado propuestas para que tal exclusión pudiera ser paliada tras el “Brexit”. Así se ha pretendido que sería posible “resucitar” el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, o también la aplicación del Convenio de Lugano. Creo que ambas posibilidades han de ser descartadas. El Convenio de Bruselas fue desplazado por el Reglamento 44/2001 y el Reino Unido no es parte ahora mismo del Convenio de Lugano, ya que fue suscrito por la UE y no por los Estados Miembros de la misma, por lo que habrá que entender que tras la salida del RU de la UE ya no sería aplicable en el territorio británico dicho Convenio y sería precisa para tal aplicación la incorporación del RU al mismo, incorporación que exigiría la modificación del contenido de alguno de los artículos del Convenio. No será posible, por tanto, sin acuerdos adicionales, que el Reino Unido mantenga la posición que ahora tiene como integrante del Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia.
El hecho de que, tal como se ha apuntado, el RU se ha vinculado a diversos tratados internacionales no en nombre propio, sino como integrante de la UE (por ejemplo, el Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro de 2005) hace preciso determinar el régimen de tales acuerdos tras la salida del RU de la UE. Entiendo que será preciso que el RU se adhiera en nombre propio a tales instrumentos, puesto que la aceptación realizada por la UE solamente sería eficaz respecto a los Estados miembros de la misma.
Finalmente, es preciso destacar también que la salida del RU de la UE implica también que el régimen de la patente unificada no se aplicará al RU. Sin duda, este será un golpe relevante para un instrumento que ya había nacido con dificultades, en parte como consecuencia del rechazo español al mismo. Ahora se da la paradoja de que una de las sedes del TUP estará situada en el RU, un país que no participará ya en el mismo. No es imposible que así sea, pero no deja de ser una circunstancia curiosa y, quizás, incoherente.



Por supuesto son muchos más los aspectos relevantes para el DIPr del Brexit, pero aquí intento solamente hacer una primera aproximación impresionista y conscientemente poco precisa. No quería concluirla, sin embargo, sin hacer referencia a otros problemas que pueden plantearse inmediatamente en relación a esta cuestión. Me refiero a la posibilidad de que el “Brexit” implique la ruptura del RU. Como es sabido, los independentistas escoceses han reiterado su intención de separarse del RU y ahora podrían argüir que tal separación es imprescindible si se quiere que Escocia siga siendo un territorio en el que se apliquen los Tratados de la UE. Gibraltar también había manifestado su preocupación por el resultado del referéndum y su vocación de permanencia en la UE. Ahora, además, hemos comprobado cómo tanto en Escocia como en Gibraltar y en Irlanda del Norte la opción preferida ha sido la de permanecer en la UE, lo que dará seguramente argumentos a quienes plantean una separación de las distintas partes que integran el RU.
Desde luego, no sería fácil articular la voluntad de estos territorios de seguir perteneciendo a la UE. En este sentido quien más fácil lo tendría sería Gibraltar. Si este territorio optara por separarse del RU e incorporarse a España (y el RU lo permitiera, claro) seguiría siendo territorio UE, en este caso como parte de un Estado miembro. Se trataría de una situación parecida a la vivida cuando Alemania incorporó a su territorio a la antigua RDA.



Más complicada es la situación de Escocia. Como Estado independiente debería solicitar su incorporación a la UE y el proceso de adhesión debería seguir todos los trámites precisos para ello, y antes debería separarse del RU.
En el caso de Irlanda del Norte, en el caso de que hubiera una voluntad de separación del RU que ahora no parece existir, sus opciones para seguir siendo territorio UE serían o bien como en el caso hipotético de una Escocia independiente solicitar su incorporación como nuevo Estado o bien solicitar su incorporación a la República de Irlanda, con lo que su situación sería la misma que la de Gibraltar en relación a España. De todas formas, creo que hasta ahora esta posibilidad de secesión en Irlanda del Norte no se ha planteado.
Finalmente todavía podría, al menos teóricamente, darse una solución “a la danesa”, en el sentido de lo que sucedió en su día con Groenlandia, territorio dependiente de Dinamarca pero en el que no se aplican los Tratados de la UE. En este caso la solución “a la danesa” supondría que el RU no saldría de la UE pero los Tratados no se aplicarían ni a Inglaterra ni a Gales, que son los territorios en los que ha triunfado el “no” a la UE. Esta posibilidad, sin embargo, solamente sería posible si se dieran dos circunstancias: en primer lugar, que no se depositara en Bruselas la notificación de la voluntad de salida del RU y que hubiera una clara complicidad del resto de Estados miembros para favorecer esa solución.
La primera condición es necesaria porque tal como se ha adelantado, una vez que se deposita la mencionada declaración ya no hay vuelta atrás: el proceso seguirá hasta el momento en el que en un plazo máximo de dos años los tratados dejarán de aplicarse en el RU. La segunda condición es también imprescindible porque precisa que exista una cierta confianza en el Estado que solicita un trato tan especial.
No creo que se dé ninguna de las dos condiciones: el RU es muy probable que en breve presente formalmente la notificación mencionada por lo insostenible que sería desoír el resultado del referéndum y, por lo que estoy viendo, existe poca voluntad de compromiso por parte del resto de la UE con un Estado que durante décadas ha planteado dificultades muy relevantes para la integración y que ahora nos ha conducido a una situación de crisis e incerteza como la que estamos viviendo.