Mentiras

Gracias a la diligencia de Eduardo Rojo, ayer mismo disponíamos del texto del Auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya sobre la presencia del castellano en la enseñanza. El texto puede consultarse aquí.

Recomiendo vívamente que se lea, porque la presentación del mismo que está haciendo la prensa no responde en absoluto a su contenido. Si alguien mira los periódicos o escucha la radio se encontrará con que el resumen que se hace del mencionado Auto es que si un solo niño en un aula pide que la clase sea impartida en castellano a todo el grupo deberá impartírsele clase en castellano. Véase, por ejemplo, este titular de La Vanguardia: "El TSJC obliga a que la clase sea en castellano si un solo alumno lo ha pedido". Esta mañana, en la SER escuchaba la misma idea a las 07:50 y en la web de la emisora puede encontrarse el siguiente titular: "El TSJC obliga a escolaritzar en castellà tota la classe si un alumne ho demana". Se trata de una idea que se va repitiendo y que va calando, la de que los Tribunales obligarán a todos los niños a recibir enseñanza en castellano si uno solo lo pide.

Las manipulaciones y las mentiras me irritan profundamente. Desconozco (o no quiero conocer) las razones que explican que se esté presentando de esta forma el Auto del TSJC; pero lo único que cabe es denunciar una manipulación grosera que, además, contribuye a encrespar los ánimos en un momento en el que sería aconsejable que reinara el sosiego, el diálogo y el rigor.

Lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya es que si un niño así lo solicita su grupo o unidad docente tendrá que recibir enseñanza en catalán y en castellano. Lo que han establecido los tribunales hace ya tiempo es que el castellano ha de tener una presencia no meramente testimonial en la enseñanza. Dicha presencia ha de ser fijada por la Generalitat y puede ser inferior al cincuenta por ciento (es decir, no es preciso que la mitad de las materias se impartan en castellano, basta con que alguna de las materias se imparta en castellano y que el castellano pueda ser usado también, junto con el catalán, como lengua de comunicación con los padres y alumnos, tanto en forma oral como escrita). Los tribunales han dicho que ha de ser la administración educativa la que determine en qué forma se concreta esta presencia del castellano en la enseñanza que se imparte en Catalunya, aunque con el límite, como se ha dicho, de que la presencia no sea meramente testimonial (reducida, como ahora, a las clases de lengua castellana). Esto, como digo, hace tiempo que se estableción en otras decisiones judiciales.

Como el Departament d'Ensenyament se niega a cumplir lo que los tribunales le han ordenado los padres de algunos niños exigen su derecho a recibir una educación en la que el castellano esté presente junto con el catalán (no se ha pedido que se reciba clase en castellano solamente, sino que la educación se realice en las dos lenguas oficiales de Catalunya).

Frente a esto el Departament d'Ensenyament propone que los niños que soliciten educación también en castellano (no solo en castellano) reciban una atención individualizada. Este es otro punto sobre el que conviene detenerse. Se ha venido acusando a quienes solicitan la educación bilingüe de pretender separar a los niños en función de la lengua. Eso es falso también, pues lo que se pretende es que todos los niños reciban la enseñanza en las dos lenguas oficiales, no separarlos por lenguas; pero es que, además, quienes critican a los padres por lo que no hacen (solicitar la separación de los alumnos en función de la lengua) son quienes proponen, ante el reconocimiento judicial del derecho a recibir educación bilingue, la segregación de los niños que han hecho dicha solicitud. Los padres, antes esta propuesta del Departament que SÍ supone separar a los niños en función de la lengua de la enseñanza, recurren de nuevo a los tribunales y estos lo que reiteran es que el castellano no puede tener una presencia meramente testimonial en la educación; que quienes lo soliciten tienen derecho a recibir la enseñanza en las dos lenguas oficiales (catalán y castellano) y que no puede separarse a los niños en función de la lengua, por lo que si un niño solicita aquello a lo que tienen derecho todos los niños catalanes y que ya debería haber sido implementado por el Departamento de Educación (una educación en la que estén presentes el catalán y el castellano) toda la clase recibirá la enseñanza en el modelo bilingüe que es, según los tribunales, el único que se ajusta a las exigencias legales, estatutarias y constitucionales.

Esto es lo que dice el Auto, NO que todos los niños de un aula recibirán la clase en castellano si un solo niño lo solicita, sino que todos los niños del aula recibirán la enseñanza en catalán y en castellano si un solo niño lo solicita; y esto es así, tan extraño, porque el Departament d'Ensenyament no ha hecho aquello a lo que estaba obligado: establecer un sistema de enseñanza en el que el castellano esté presente de una manera no meramente testimonial. Tan sencillo como eso. Si en vez de realizar las modificaciones oportunas en la normativa para que "Conocimiento del medio", por ejemplo, se imparta en castellano y, además, autorizar a los centros a utilizar el castellano en las comunicaciones con los padres, se prefiere hacer decir a las decisiones judiciales lo que no dicen, con el consiguiente aumento de la crispación quizás alguien tendría que dar explicaciones.

La tendencia de Ferrari a hacer cosas raras

Es curioso lo de Ferrari: cuando tienen un coche decente les da por hacer cosas raras. Es una historia que se repite y repite, y además siempre esta carrera hacia el abismo comienza en Malasia. En el año 2009, cuando Kimi Raikkonen corría para ellos, le pusieron en Malasia neumáticos de lluvia extrema bajo un sol de justicia porque se pensaban que eran más listos que nadie y que el diluvio universal iba a caer sobre Sepang. El resto de equipos miraban con incredulidad el cielo azul y cómo los neumáticos del finlandés se destrozaban en un santiamén (lo comenté entonces aquí). Aquel año acabó ganando el mundial Jenson Button con su maravilloso Brawn del difusor mágico. En el año 2010, aquél en el que Alonso podría haber sido campeón, cuando Fernando era primero en el campeonato y Massa segundo, justamente en la carrera de Malasia cometieron el primer error grave del año (puede leerse el comentario en la entrada de este blog del 4 de abril de 2010 titulada precisamente "Ferrari tiene un problema"). En aquella ocasión retrasaron la salida de sus pilotos en la calificación esperando a que parara la lluvia y lo que sucedió fue justamente lo contrario, que la lluvia arreció y Alonso y Massa no pasaron ni siquiera a la Q2 (salieron decimonoveno, Alonso, y vigésimo primero, Massa). De nuevo el problema fue pasarse de listos; porque tratándose de la Q1 lo que tocaba hacer era cargar el coche de gasolina para no moverse de la pista en 20 minutos e ir haciendo vueltas a un ritmo suficiente en función del cambio de circunstancias. No lo hicieron así y el resultado es que todos conocemos, al final Vettel ganó el campeonato con cuatro puntos de ventaja sobre Alonso, tras un nuevo error grave de estrategia de los de Maranello en la carrera de Abu Dhabi ("Vettel es campeón y ¿ha hecho el ridículo Ferrari?").

(Publicado en Marca)

Hoy el error evidente fue no haber hecho entrar a Alonso al final de la primera vuelta para cambiar el morro. Sería lo normal porque el morro estaba bastante, bastante descolgado. Es cierto que el año pasado en Abu Dhabi Vettel aguantó no sé cuántas vueltas con un morro a punto de caerse; pero me parece que a simple vista nos podíamos dar cuenta de que el de Alonso estaba bastante peor que el del alemán entonces. Quizás en los de Ferrari (que parecen bastante obsesionados con Vettel, y con razón) pesó el recuerdo de aquella carrera de la temporada pasada y la sensación de que el coche de Alonso parecía responder bastante bien; pero estando en la primera vuelta era la mejor opción con diferencia. Y ya sé que a toro pasado es fácil decirlo; pero hay que tener en cuenta que las posibilidades de desastre eran muchas. Incluso aunque el morro no se hubiera quedado enganchado al coche y Alonso hubiera podido seguir hay que pensar que el circuito de Sepang es muy largo, y si se te cae el morro en la recta de meta (como le pasó a Alonso), en el caso de que puedas continuar tienes que hacer más de cinco kilómetros sin morro, lo que es mucho y supone que todos los demás te metan una pila de segundos. Tocaba dar gracias al cielo porque Alonso había llegado al final de la primera vuelta con el coche en la pista, entrar y confiar en que con un coche como el Ferrari se podía dar una remontada histórica, teniendo en cuenta además todo lo que podía suceder con los cambios de neumáticos y la variación en el tiempo.

Eso hubiera sido lo normal, lo que hubiera hecho cualquier otro equipo y lo que tendría que haber hecho Ferrari. Intentar aguantar otra vuelta en aquellas condiciones era tentar a los dioses y estos no están por la labor de favorecer a Alonso. No les salió bien y espero que hayan aprendido la lección: las extravagancias mejor dejarlas para cuando se tenga el campeonato ganado matemáticamente; entre tanto habría que intentar seguir estrategias "normales", más o menos arriesgadas, evidentemente; pero nunca aquéllas en las que solamente tienes una oportunidad entre diez (siendo generosos) de salir airoso.

(Publicado en Sport)

Por lo demás la carrera fue muy interesante por ver cómo los equipos utilizaban las órdenes de equipo y la forma en que las seguían (o no) los pilotos. En el caso de Red Bull es evidente que Vettel se saltó la orden de mantener posiciones tras el último cambio de neumáticos. Todo más divertido, evidentemente, pero injusto. Webber había actuado en el convencimiento de que no sería atacado por su compañero, tal como explicó, habían cambiado el mapa motor para reducir riesgos sin preocuparse de que se le acercara Vettel. Si Webber no hubiera contado con esta seguridad podría haber conducido de otra manera. Ahora ya nunca lo sabremos, porque lo cierto es que Vettel atacó a traición (podríamos decir metafóricamente) y la cara que le quedó a Webber fue un poema. Distinto hubiera sido que Vettel hubiera insistido a su equipo en que le dejaran vía libre y que una vez concedida la venia Webber fuera también consciente de que la lucha se retomaba. Eso hubiera sido lo justo, porque atacar a un piloto que no se espera que vaya a ser atacado no tiene mucho mérito, la verdad.

Otro caso de órdenes de equipo es el que se dio en Mercedes. Ahí el disciplinado Rosberg se mantuvo detrás de Hamilton a pesar de que la impresión era de que podría haberlo pasado incluso sin DRS. Aquí no entiendo la insistencia de Mercedes en proteger a Hamilton. Estamos iniciando el campeonato, Hamilton tenía problemas y Rosberg iba como un tiro ¿por qué parar también a Rosberg? ¿No hubiera sido más lógico haber dado instrucciones a Hamilton para que no entorpeciera a su compañero? Creo que eso hubiera sido lo más lógico y justo. Además el espectáculo hubiera ganado. En fin, que lo de las órdenes de equipo es inevitable; pero no me parece adecuado que se utilicen para frenar al piloto que está yendo más rápido. En fin, quizás este Gran Premio de Malasia implique algún nuevo movimiento en relación a este viejo tema: las órdenes de equipo.

Chipre, o la concreción de lo inevitable

La desastrosa gestión de la crisis chipriota, con un acuerdo que debe ser rectificado al cabo de unas horas y la potenciación de las dudas y de la inseguridad no es fruto solamente de la torpeza o del egoismo, sino una certeza matemática. El resultado inevitable de un problema estructural de Europa que se viene denunciando desde hace años, pero al que no se le pone remedio y que, quizás, es de imposible solución. El caso de Chipre es especialmente útil para entender el problema, pero mucho me temo que nada cambiará.

El principal problema que tiene la Unión Europea (porque de éste derivan casi todos los demás) es que su estructura de toma de decisiones no responde a la existencia de "algo" que es Europa y que difiere de cada uno de los Estados en concreto e, incluso, de la suma de todos ellos. Si se quiere resumir en una frase podríamos decir que la Unión Europea se ha configurado como instrumento al servicio de los Estados, no de los europeos en su conjunto Esto ya lo mantuvo con sencillez y claridad Manuel Castells hace más de diez años en el volumen 3 de su monumental obra La era de la información y ninguna de las reformas acometidas durante los últimos años del siglo XX y lo que llevamos del XXI (Tratado de Amsterdam, Tratado de Lisboa) ha cambiado esta situación. La UE es una útil palanca para que los Estados puedan mantener su poder en un mundo globalizado, pero no directamente una entidad al servicio de los intereses generales del continente. El interés estatal prima sobre el interés de la Unión (desarrollaba esta idea aquí hace casi cuatro años).

El procedimiento de toma de decisiones en la UE es reflejo de lo que acabo de comentar. La última palabra en todos los asuntos importantes la tiene el Consejo, que es la reunión de los representantes de los diferentes Estados. La decisión sobre Chipre se tomó en el marco del Eurogrupo, al que pertenecen los representantes de los Estados que se encuentran integrados en la zona Euro. Fueron estos representantes quienes pactaron las condiciones del rescate con el Gobierno del país interesado y con el FMI. Es cierto que también la Comisión Europea estaba presente; pero la Comisión (que representa el interés general de la UE) no tiene capacidad real para oponerse a las decisiones que tomen los representantes de los Estados. De esta forma, los acuerdos que afectan al conjunto de Europa son adoptados por los representantes de los países. Y estos representantes, cuando acuden a las reuniones del Eurogrupo o del Consejo, no pretenden resolver los problemas generales de Europa, sino los concretos de sus países. En la negociación cada uno pretende solucionar sus propios quebraderos de cabeza. Esto hace que los intereses generales de Europa queden desatendidos; pero, además, y como hemos visto en la crisis chipriota, este desatender los problemas generales de Europa puede implicar un perjuicio también a los intereses concretos de cada país. Lo que puede resultar paradógico pese a su evidencia.

Probablemente la causa de esta paradoja está en que realmente Europa existe. Es decir, existe una realidad económica y social que supera a la suma de los Estados que la componen. Esta realidad tiene su propia dinámica, fruto de una integración sustancial mayor que la que reflejan las estructuras políticas actuales. La existencia de esta realidad implica que las decisiones que se adoptan a partir de criterios puramente egoistas no solamente pueden ser perjudiciales para el interés general, sino para el interés particular de los Estados, que se ven mucho más influidos por esa estructura europea de lo que piensan. Como digo el caso chipriota es un buen ejemplo de ello.

En realidad la última etapa de la crisis chipriota comenzó hace unos meses cuando se eligió al nuevo presidente del Eurogrupo. Como acabo de indicar, el Europgrupo reúne a los representantes de los gobiernos de los países integrados en el Euro y cuenta con un presidente designado por los representantes de estos países que, se supone, ha de organizar los trabajos de este organismo y que, por tanto, ha de representar de alguna forma esos intereses generales, diferenciados de los particulares de cada uno de los Estados miembros. Si el presidente del eurogrupo es una personalidad fuerte y preparada puede ejercer una cierta influencia en las decisiones que adopte el órgano, compensando la lógica intergubernamental que lo caracteriza. Hace unos meses se designó como presidente del Eurogrupo a Jeroen Dijsselbloem. España se opuso a su nombramiento (en realidad se abstuvo) lo que origino no pocas críticas y comentarios sarcásticos acerca de lo mal que se movían los españoles por Europa. Bien, lo cierto es que cualquiera que se mire el curriculum de Dijsselbloem, que se puede consultar en el enlace que pongo dos líneas más arriba, se sorprenderá seguramente de que con ese perfil se sea presidente de una de las instituciones económicas más importantes del Mundo. La jugada es, creo, clara: el ministro alemán de finanzas, Schäuble, buscaba a un candidato que no le pusiera demasiados problemas en las reuniones del Eurogrupo. Alguien de un país en sintonía con Alemania como son los Países Bajos, y con un perfil lo suficientemente bajo como para que pudiera ser fácilmente intimidado. Desde la perspectiva de los intereses particulares de Alemania el nombramiento de Dijsselbloem es una jugada estupenda. No es tan buena noticia desde la perspectiva de los intereses generales de Europa, y por eso creo que estaba más que justificado oponerse a su nombramiento; pero en la lógica intergubernamental que comentamos era natural que Schäuble intentara colocar a alguien débil y próximo en la presidencia del organismo.

Con este Eurogrupo y este presidente del Eurogrupo hay que afrontar la crisis chipriota. Schäuble intenta defender los intereses de Alemania y los suyos particulares. Los de Alemania en el sentido de que la factura del rescate sea lo más baja posible, para lo que los chipriotas tienen que arrimar el hombro y aportar una cantidad importante (entre cinco y siete mil millones de euros. Si tenemos en cuenta que Chipre tiene una población de un millón de habitantes un esfuerzo semejante en españa sería de 200.000 millones de euros, cinco veces más de lo que ha supuesto del rescate bancario de nuestro país). Y, como digo, no solamente protegía los intereses de Alemania sino también los suyos particulares como político en activo. Hay elecciones en Alemania, y los electores de ese país quieren percibir que Alemania es dura, que castiga a los "malos" del sur y que no paga las facturas de las fiestas que se dan otros a su costa. La imagen de los pequeños (y grandes) ahorradores chipriotas viendo esquilmadas sus cuentas puede satisfacer a determinados votantes imbuidos de la idea de que ellos (los alemanes) son los buenos y los malos (los sureños) deben de ser castigados (por qué hayan de ser castigados ya es otro problema de más difícil concreción).

Con estas premisas Schäuble actúa y presiona en la línea que le interesa, aunque no sea la que aconsejarían los intereses generales de Europa. El presidente del Eurogrupo seguramente le deja hacer (no puedo saber si se opuso, pero en cualquier caso si lo hizo no fue con la suficiente contundencia, es evidente) y cuando el representante chipriota accede a gravar también los depósitos por debajo de cien mil euros Schäuble dice que no es su problema de dónde saque el dinero siempre que lo saque. Nadie parece preocupado por las consecuencias que esa medida tendría más allá de Chipre. Todo se ha resuelto en la lógica intergubernamental y parece que tenemos un tema cerrado. La unanimidad con la que se cierra el acuerdo y las declaraciones de unos y otros cuando concluye la cumbre parecen ir en esa dirección (que si se muestra firmeza en la voluntad de mantener el euro, que si es doloroso pero inevitable, que si no es extrapolable lo que sucedió en Chipre a otros países, etc.).

La sorpresa viene cuando a las pocas horas se monta la que se monta. En contra de lo que seguramente pensaban Schäuble, Guindos, Dijsselbloem y demás, los ciudadanos de Europa, los bancos, los inversores, los analistas y casi todo el mundo no ven el problema chipriota como una cuestión meramente chipriota. En España, Italia y Portugal se siente una profunda empatía con los habitantes de la isla y los analistas destacan que se ha roto un tabú -la intangibilidad de los depósitos bancarios hasta cien mil euros- frente a lo que nadie se siente indiferente ni seguro. Lo que pasa en Chipre afecta a toda Europa, como debería ser evidente para quienes nos gobiernan. A las pocas horas tienen que reunirse, rectificar y ahora estamos metidos (y empleo la primera persona del plural de forma muy consciente) en un lío considerable.

¿Por qué este follón? Ya digo que no solo por torpeza. El mecanismo intergubernamental de toma de decisiones en Europa, desconociendo que hay una cosa que se llama Europa que es diferente de la suma de los Estados miembros tiene estas consecuencias. Hace años que planteo (y desde luego afortunadamente no soy el único) que Europa tiene que tener órganos decisorios con legitimidad directa, no indirecta a través de los Estados (aparte del enlace que colocaba más arriba pueden consultarse también estos otros: "La política exterior y Europa", "Lo de Bombay", "Política ficción" y "La verdadera naturaleza de Europa"). La ausencia de estos mecanismos suponía hace unos años la pérdida de oportunidades de progreso y el lento retroceso de Europa en el Mundo. Ahora ya conduce a situaciones desastrosas (véase, por ejemplo, la disparatada propuesta que se hizo para Grecia de convertir el sábado en un día laborable) o a una escenificación que roza el ridículo, como es el tratamiento de la crisis chipriota, un problema que para una entidad política que aún supone casi una cuarta parte del PIB mundial debería ser una bagatela y que se está convirtiendo en un quebradero de cabeza serio ya no por la torpeza, sino por las limitaciones evidentes de una estructura de toma de decisiones que es suicida.

Toca cambiar esto, cambiarlo rápido y cambiarlo bien. ¿Hay alguien al otro lado?

Sobre rigor y responsabilidad

Una de las muchas críticas que se hacen al actual sistema político español es que ha fracasado como mecanismo para conseguir que los puestos de mayor responsabilidad estén ocupados por las personas más capaces, preparadas y con mejores valores. Al revés, si uno mira a uno y otro Parlamento, Gobierno o Alta Institución se encuentra con un número elevado de imputados (falta de valores), gente sin la adecuadad formación para la tarea que desempeña (falta de preparación) y -a los hechos me remito- escasamente capaces, tal como sufrimos todos los ciudadanos un día sí y otro también.

Seguramente no es fácil encontrar una explicación a tamaño desastre; pero sí que existen algunas cosas que cada uno de nosotros, modestamente, puede hacer para intentar paliarlo. Una de ellas es denunciar aquello que se entiende que no se ajusta a lo que debería ser, y en eso estoy.

Una de las instituciones creadas por el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 es el Consell de Garanties Estatutàries. Este "Consell" está integrado por juristas de reconocida competencia (art. 77 del Estatuto de Autonomía de Cataluña) y tiene como función emitir dictámenes sobre la adecuación al Estatuto de Autonomía y a la Constitución de las reformas del Estatuto y de los proyectos de ley; así como de informar antes de que se interponga un recurso de inconstitucionalidad por el Parlamento de Cataluña o el Gobierno de la Generalitat (art. 76 del Estatuto de Autonomía).

(Miembros del Consell de Garanties Estatutàries siguiendo un pleno del Parlament de Catalunya)

Se supone que es un órgano reservado a juristas de reconocida competencia y prestigio que han de obrar con independencia de criterio. Son nombrados a propuesta del Parlamento de Cataluña y del Gobierno de la Generalitat (art. 77.1 del Estatuto de Autonomía). Para garantizar su adecuación al puesto se someten a una audiencia en el Parlamento de Cataluña en la que explican su curriculum y méritos y los diputados pueden requerir las aclaraciones que estimen oportunas; en la misma línea que los "hearings" en el Congreso o en el Senado de Estados Unidos que algunas veces hemos visto en las películas (maravillosa, por ejemplo, "Tempestasd sobre Washington").

La diferencia es que en Estados Unidos -hasta donde yo sé- a nadie se le ocurre presentar un candidato que no reúna méritos suficientes, porque los congresistas y senadores son duros y lo que allí pasa tiene transcendencia. Aquí, en cambio, con frecuencia nos encontramos ante un ejercicio patético en el que los méritos presentados no alcanzarían para un puesto de muchísimo menos relieve y responsabilidad que el pretendido y las intervenciones de los diputados, con frecuencia, carecen de profundidad alguna. Además, estas audiencias no encuentran eco en los medios de comunicación, de manera que es probable que hayamos tenido más noticia de una que ha tenido lugar en Washington que de las que se celebran en Madrid o Barcelona.

Por casualidad he tenido acceso a una de estas audiencias en las que se verificaba la adecuación de varios candidatos al Consell de Garanties Estatutaries al que antes me refería. Aquí puede verse la comparecencia al completo; pero quiero destacar la defensa del curriculum que hace uno de los candidatos y dejar que sea el lector quien juzgue si reúne méritos para aspirar al cargo que ocupa (interviene en catalán, pero creo que puede entenderse bastante bien). También dejo la intervención del único diputado que, a mi juicio, planteó objeciones de verdad al candidato. La intervención de este diputado es en castellano.

Renta Básica de Ciudadanía

Me acabo de dar cuenta de algo que me ha sorprendido: si un 25% del producto interior bruto mundial (el conjunto de riqueza que se produce en el Mundo durante un año) se repartiera de forma igual entre todos los habitantes del Planeta cada uno de nosotros dispondría de 208 dólares al mes. 208 dólares al mes (160 euros) para todos y cada uno de los habitantes del Planeta. Me he quedado anonadado. Hace tiempo que vengo defendiendo la necesidad de establecer una Renta Básica de Ciudadanía en España; pero siempre había considerado que sería una medida que no podría extenderse más allá de los países más ricos. En lo que se refiere a estos el cálculo que hacía era precisamente el de que un 25% del PIB se repartiera a partes iguales entre todos los ciudadanos (aunque podría matizarse de tal forma que los menores de edad recibieran menos de lo que tocaría de dividir ese 25% entre el número de nacionales y los mayores, más); otro 25% del PIB se dedicara a servicios públicos, un 10% a infraestructuras y demás gastos de interés general y que el 40% restante se distribuyera de acuerdo con los criterios de mercado; esto es, en forma de beneficios por capital y trabajo después de impuestos. Es decir, se pagaría un 60% de impuestos, pero casi la mitad de tales impuestos (un 41% para ser exactos) se redistribuirían entre todos los ciudadanos a través de la Renta Básica de Ciudadanía (RBC). En el caso de España esta operación conduciría a que cada persona recibiera una cantidad de 634 dólares mensuales. Resulta chocante que de acuerdo con esta distribución una familia de 4 miembros recibiría más de 2400 dólares al mes (más de 1800 euros), lo que es más de lo que ingresan muchas familias españolas, incluso muchas de aquellas en las que trabajan todos sus integrantes en edad laboral. Es chocante, pero ahora no me quiero detener en ello porque lo que me interesa resaltar es que este reparto no solamente funcionaría a nivel local (en este caso en lo que se refiere a un país hasta ahora desarrollado como es España), sino que podría operar también a nivel mundial; y esto me parece mucho más significativo.

¡Qué mundo tan hermoso podríamos tener si, simplemente, una cuarta parte de su riqueza total se repartiera de forma que se garantizara que todos los habitantes del Planeta dispusieran de lo necesario para tener un techo y alimento! ¡Qué mundo tan hermoso si todos y cada uno de los seres humanos gozaran de los servicios públicos esenciales (salud y educación)! Y todo eso está al alcance de nuestra mano. Los recursos ahí están y lo único que hemos de hacer es repartirlos de una forma más equitativa. ¡Qué hermoso propósito y qué hermosa tarea!

Evidentemente, no podría hacerse de una vez y sin establecer matices. La diferencia entre el coste de la vida entre unos países y otros aconsejaría que inicialmente lo que recibiera cada persona se ajustara al nivel de vida de su propio país (más en los países que resultan más caros, menos en los países con un nivel de precios más bajo; en algunos lugares 160 euros al mes son prácticamente nada mientras que en otros te colocan directamente en la clase media) para, progresivamente, ir igualando unos y otros territorios. Estoy convencido de que una medida como ésta no solamente sería justa, sino que acabaría suponiendo también un mayor crecimiento global.

Un 25% de la riqueza repartida a todas las personas de igual manera, un 25% para servicios esenciales, un 10% para infraestructuras y gastos de las administraciones y un 40% que se distribuiría libremente en función del trabajo, de los méritos, del patrimonio o de la suerte de cada uno.

He aquí un programa que debería ser asumido y llevado a término. Hace cuatro años muchos en España quizás hubieran pensado que por qué íbamos nosotros a ceder parte de nuestra riqueza en beneficio de todos; hoy muchos de los que hace cuatro años hubieran pensado así firmarían donde fuera recibir esos 160 euros por persona (640 euros para una familia de cuatro miembros). Muchos de los que hoy en Alemania, en Holanda o, incluso, en Estados Unidos, tildarán esta medida de ingenua, demagógica, injusta e impracticable es probable que la añoren en diez o quince años; porque solamente hay una cosa cierta: si no cambiamos radicalmente las bases de nuestro sistema social y económico lo único que espera a una inmensa mayoría es la pobreza extrema, y tras ella ha de venir el colapso del sistema. Hace treinta años pensábamos que sería una guerra nuclear la que nos devolviera a la era de las cavernas; ahora cada vez es más claro que serán los economistas y sus amigos los que nos colocarán otra vez en la oscura Edad Media. 

Hay que reaccionar y no queda mucho tiempo.

El Informe

Me he pasado un rato leyendo el Informe elaborado por los expertos convocados por el Ministro Wert para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español. Hay algunas cosas que me han gustado y con las que estoy de acuerdo. Así, por ejemplo, cuando indica que "La actual burocracia de la universidad española no constituye un problema menor que pueda ignorarse: implica un enorme despilfarro de tiempo, medios y financiación" (p. 16) y en la misma línea, en la p. 69 se recomienda que "la ANECA simplifique el sistema actual de acreditación de títulos (programa VERIFICA), para evitar la generación de un alto grado de controles de calidad extenuantes que no aportan beneficios en forma de mejoras". También me gusta la propuesta de sustituir el actual sistema de acreditaciones para el acceso a la condición de Profesor Titular o Catedrático por un procedimiento que se asemeja bastante a las antiguas habilitaciones y coincido en la crítica que se hace al sistema actual que, como se indica, podría implicar la imposibilidad de que se acreditara como Catedrático en España algún galardonado con el premio Nobel (p. 31, n. núm. 30).

Estas coincidencias no impiden, sin embargo, que considere que en general el Informe me parezca claramente desenfocado y en más de un sentido decepcionante, porque en lugar de analizar con rigor y seriedad se pierde en tópicos y lugares comunes, algunos irrelevantes y otros claramente equivocados. En definitiva, es una muestra más de cómo se está abordando en España la permanente reforma universitaria desde hace décadas, una forma torpe que no contribuye en nada a mejorar y que tiene la virtualidad de estropear lo bueno (que no es poco) que tenemos en nuestro sistema universitario (en el SUE, Sistema Universitario Español, que es como se denomina a lo largo del informe).

El Informe comienza con una presentación del SUE claramente orientada a mostrarlo como deficiente y lleno de vicios internos. Se incide en su falta de calidad y se achaca esta no a la falta de financiación (que también sale, es cierto) sino a la endogamia (alguien tendrá que definirla en relación al sistema universitario y explicar a la sociedad que no quiere decir que se contrate a los primos o hermanos de los profesores universitarios, sino que endogamia en la universidad quiere decir que -y ese es el gran pecado- que se pretende que quienes se han formado en una determinada universidad obtengan plaza de profesor en esa misma universidad) y a que la universidad se organiza para servirse a si misma y no a la sociedad (p. 8).

Evidentemente las afirmaciones sobre la endogamia y la presunta orientación "autoreferencial" de la Universidad no están ni demostradas ni siquiera argumentadas, por lo que aquí no me detendré en ellas más que para decir que en la universidad, como en todos los sitios, en ocasiones te encuentras con personas que pretenden proteger tan solo sus propios intereses, pero que afortunadamente son muchas más las que se esfuerzan por hacer bien su trabajo y conseguir que los estudiantes y la sociedad en su conjunto salgan beneficiados. Si realmente en la Universidad estuviéramos pensando solamente en nuestro propio interés ¿habríamos hecho el esfuerzo de modificar títulos, pedir proyectos de investigación, dirigir tesis doctorales u organizar cursos que en nada incrementan el salario que se cobra a final de mes? Se trata de acusaciones tan absurdas que ni siquiera merece la pena comentarlas.

Centrémonos por tanto en el tema de la calidad de las Universidades. El Informe se basa en tres criterios para mantener la escasa calidad del SUE. Por una parte se fija en la poca empleabilidad de nuestros titulados (p. 8), por otra en la ausencia de Premios Nobel "científicos" y en la mala posición de las universidades españolas en los rankings internacionales (p. 7). Me parece que se trata de indicadores poco adecuados. En lo que se refiere a la empleabilidad, y tal como expliqué hace unos meses de forma más detallada, se trata de un problema de la estructura económica española y no de la universidad, como muestra que en estos momentos de crisis nuestros "defectuosamente formados" titulados encuentren trabajo en Alemania, Holanda, Estados Unidos, el Reino Unido, etc. Resultaría chocante que la formación que ofrecemos sea suficiente para las empresas de estos países y, sin embargo, inadecuada para las empresas españolas ¿dónde estará realmente el problema?

El tema de los premios Nobel llama especialmente la atención. Parece casi puesto a calzador para contrarrestar un dato que no tiene refutación: la producción científica española es acorde con el tamaño del país [el Informe se hace eco de este dato (p. 14, n. núm. 15), aunque solamente para despreciarlo con displicencia]. A partir de aquí el Informe dice que lo que cuenta no es el número de artículos, sino la calidad e influencia de los mismos. Cierto, pero eso no anula lo anterior. Si el número de artículos publicados en España es el que se corresponde con el tamaño del país y superior al que sería esperable a partir de la inversión que se realiza en España en investigación ¿por qué no se profundiza en las causas de que esa producción no implique una mejor situación de las universidades españolas en los rankings internacionales o en los premios Nobel concedidos? Más adelante me ocuparé del tema de los rankings universitarios; ahora me centraré en el otro tema que tanto parece preocupar al grupo de expertos: la escasez de premios Nobel españoles.

En primer lugar, llama la atención que si se va a utilizar como criterio para medir la calidad se emplee con tan poco rigor. Así, se indica que en España tan solo se ha obtenido un premio Nobel "científico". Añado las comillas porque creo que en buena lógica podría discutirse la adecuación de ese término para diferenciar entre unos premios Nobel y otros, y especialmente en lo que se refiere al premio Nobel de Economía, que no sabría muy bien si catalogar entre los científicos o entre los no científicos. Aparte de esto no se incide lo suficiente en otro dato, y es el de que han sido cinco los premios Nobel de Literatura que han recibido autores españoles. Un premio Nobel de Literatura es tan premio Nobel como otro cualquiera, y en el SUE hay facultades de Filología, estudios sobre Literatura y, además, los ganadores de los premios Nobel de Literatura también se han formado en universidades (en muchos casos) y son susceptibles de ser profesores universitarios. El hecho de que en España podamos presumir de cinco premios Nobel de Literatura (seis si incluimos a Mario Vargas Llosa, quien también es español y desarrolló una parte importante de su carrera en España) ¿nos habilita a pensar que los estudios literarios de nuestras Universidades son de gran calidad? Y si es así ¿podrían ser tomados como modelo por otras Facultades con menos éxitos en la obtención de premios Nobel? El Informe pasa por alto todo esto que, sin embargo, debería ser considerado si realmente el número de premios Nobel fuera tan relevante. Adelanto algunas hipótesis que quizás puedan explicar esta falta de coherencia del Informe y que, además, pueden darnos algunas pistas sobre la auténtica consideración que tiene que recibir el número de premios Nobel como índice de calidad.

Por una parte, hemos de ser conscientes de que la "carrera hacia el Nobel" es muy diferente según el ámbito en el que nos movemos. Evidentemente no es lo mismo optar al premio Nobel de Literatura que al de la Paz o a un premio Nobel "científico" (y aquí admitiremos pulpo como animal de compañía y asumiremos que el premio Nobel de Economía se encuadra entre los "científicos"). Ahora bien, también la forma en que se puede optar al premio Nobel de Medicina diferirá sustancialmente de lo que hay que hacer para optar al de Química o al de Economía. En definitiva, cada área tiene sus particularidades y mezclar unas con otras se asemeja bastante a sumar peras con manzanas. Por otra parte allí donde tenemos una mayor experiencia en cuanto a premios, en la Literatura, somos plenamente conscientes de que la obtención o no del ansiado galardón tiene que ver muchas veces con factores que nada tienen que ver con la calidad de las universidades. Nuestra falta de proximidad con otros premios Nobel quizás nos dificulta entender que eso también pasa en otros ámbitos. En el caso del premio Nobel de Medicina seguramente no solamente es relevante la calidad del sistema universitario, sino también la de las instituciones sanitarias que permiten que circule con fluidez la información y las técnicas entre los laboratorios y las clínicas. Si estamos hablando del premio Nobel de Economía quizás no debamos escandalizarnos si consideramos que la potenciación de determinadas escuelas a través de mecanismos que van más allá de lo estrictamente académico (presencia en medios, influencia en foros económicos y políticos, etc.) puede tener también que ver con la concesión del Premio. En el caso de otros Premios Nobel seguramente también encontraremos factores que ayuden a explicar las razones de que algunos países acumulen premios y más premios mientras otros permanecen alejados sistemáticamente del galardón. En fin, no lo sé; pero si realmente se quiere utilizar el número de premios Nobel como criterio para santificar o condenar podría ser bueno profundizar en estos y otros aspectos y no quedarse puramente en el número.

Por otro lado, el número de premios Nobel puede ser útil para realizar un ranking de las mayores potencias en cuanto a investigación en el Mundo; pero quizás fuera bueno asumir que España está en la segunda división. Desde el año 2000 tan solo han recibido el premio Nobel de Física, por ejemplo, nacionales de Estados Unidos, Alemania, Rusia, Japón, Italia, Francia, Reino Unido y los Países Bajos (no tengo en cuenta los Estados de origen de los premiados, sino la nacionalidad que tenían cuando consiguieron el premio). ¿No resultará más útil una clasificación que pueda visualizar el lugar que ocupan los diferentes países del Mundo y no una que deja fuera a todos excepto a ocho? No es ésta la visión del Informe, que desprecia los datos de publicaciones realizadas por profesores de universidades españolas mediante un símil futbolístico (p. 35, n. núm. 38). Se mantiene que igual que lo que importa en un partido no son los pases sino los goles, lo que deberíamos considerar no es el número de trabajos, sino cuáles de estos son excelentes, hacen avanzar el conocimiento y conducen a patentes innovadoras. Siguiendo con la misma metáfora podríamos decir que los goles vienen prefigurados por los pases, y que si un equipo tiene la posesión de la pelota es más probable que acabe marcando goles. En definitiva, que los premios Nobel han de ser resultado de una mejora generalizada de la masa crítica investigadora, no un resultado buscado directamente, porque aparte de que la consecución del Nobel puede deberse tanto a factores extra-académicos como académicos, quizás sea más importante para un país mantener un buen nivel medio que no contar con uno, dos o tres premios Nobel en medio de un desierto.

En definitiva, que el hecho de que no se cuente con premios Nobel españoles (fuera de la Literatura, que tampoco se explica bien porque esto se considera irrelevante, como ya se ha apuntado) no dice gran cosa en sí mismo, como tampoco resultaba significativa la crítica sobre la empleabilidad de los graduados españoles. El tercer elemento que considera el Informe es la posición de las Universidades españolas en los rankings internacionales. De nuevo aquí el Informe se queda en el tópico sin profundizar, porque no basta (como se apunta) con ver qué miden los rankings (p. 7) sino que hay que fijarse también en cómo se mide lo que mide. Si realmente le damos importancia a los rankings podemos plantearnos como objetivo mejorar la posición de nuestras universidades en ellos; pero para eso hay que estudiar cómo se configuran tales rankings y proponer medidas concretas que se relacionen directa o indirectamente con los ítems que se tienen en consideración. Este ejercicio está completamente ausente del Informe y no tiene explicación, ya que es relativamente sencillo identificar medidas concretas que tendrían incidencia inmediata en la posición de las universidades españolas en los rankings internacionales. Yo mismo intenté este ejercicio hace unos meses sin más ánimo que proponer una profundización en esta metodología y me sorprendí al ver lo relativamente sencillo que es incidir en algunos indicadores que favorecen el ascenso en los rankings internacionales, a la vez que se apreciaba con nitidez como algunos de los parámetros que se utilizan poco tienen que ver con la calidad y sí con determinada posición de privilegio que las universidades anglosajonas han conseguido en tales rankings y que se mantiene de una forma poco justificada. No entraré aquí de nuevo en lo que allí planteaba, pero sí que me interesa destacar que me parece sorprendente que el grupo de expertos no hayan ido en este punto más allá de una genérica llamada a la excelencia que me parece de una extrema ingenuidad y de nula utilidad.

Puede entenderse ahora el escepticismo con el que abordé la lectura del resto del Informe, cuyo planteamiento inicial me había parecido tan endeble intelectualmente. Si lo que se quiere es analizar la situación de la universidad y las posibilidades de mejorar ésta debemos mirar a la universidad sin prejuicios e intentando ser rigurosos en el análisis, definir las premisas y también los objetivos. Este es un ejercicio que yo no he encontrado en ninguno de los múltiples documentos que se han dado a conocer en los últimos años sobre esta cuestión, y este Informe no supone tampoco una novedad en este punto. Falto de presupuestos conceptuales sólidos lo que sigue al planteamiento es una serie de reflexiones que pueden gustar más o menos, pero que carecen de estructura y coherencia. Como digo algunas me parecen acertadas, pero más por coincidencia con planteamientos y experiencias personales que porque vengan sustentadas por una rigurosa argumentación; y esto es predicable tanto de las propuestas sobre la selección del profesorado universitario como de las relativas a la diversificación de las universidades o a las ofertas de títulos.

No quisiera concluir este breve comentario sin referirme a lo que entiendo es un fallo significativo del documento. En él se dedica un apartado específico a las formas de selección del profesorado y se mantiene expresamente que "Una universidad vale, sobre todo, lo que vale su personal docente e investigador" (p. 11 y se repite varias veces a lo largo del documento). Podemos discutir sobre lo que quiere decir "valer" y, de nuevo, si nos situamos en la perspectiva de lo que valoran los rankings internacionales será cierto lo que señala el Informe, pues elemento clave en tales rankings es la producción científica de los profesores. Ahora bien, si lo que pretendemos medir es la calidad de lo que acaban sabiendo (perdón por utilizar este término tan antipedagógico: "saber") los estudiantes (de grado y de postgrado) que acuden a la universidad, descubriremos que más importante que la calidad de los profesores es la calidad de los alumnos. Cualquiera que haya tenido el más pequeño contacto con la docencia se habrá dado cuenta de que acaban "sabiendo" (perdón otra vez) más los mejores estudiantes que los peores, pese a que el profesor sea el mismo para todos. No es tampoco un secreto que las mejores universidades de Estados Unidos basan su prestigio en la calidad de sus estudiantes y que hacen un esfuerzo significativo por conseguir que el número de solicitudes de acceso sea alto para así poder seleccionar a los mejores estudiantes, que son quienes acabarán consolidando el prestigio de la universidad en el futuro. Desde este punto de vista quizás fuera bueno dedicar un espacio importante a la selección de los alumnos, al menos tan importante como el que se dedica a la selección de los profesores ya que para la calidad (real) del SUE tanto cuenta la selección de unos como de los otros.

En este sentido de incoherencias en la estructura del informe me llama la atención que, como no podía ser menos vistos los antecedentes, se dedique una importancia significativa al gobierno de las Universidades, pese a que no se haya justificado qué relación tiene directa o indirectamente dicho gobierno con la calidad del sistema (desde luego no se deriva de los rankings internacionales que la forma en que se organiza el gobierno de la universidad incida en la posición que ocupe la universidad en el ranking, me remito de nuevo a la entrada en este mismo blog de hace unos meses -"Sobre la gobernanza universitaria (II)"- para contrastar este extremo). Esta insistencia en el tema del gobierno de las universidades me preocupa, sobre todo si se vincula con la referencia que incluye el informe a la "desfuncionarización" del profesorado universitario (p. 30). Esta referencia a la desfuncionarización choca, ya que en el texto del Informe se indica que en la Europa continental el carácter funcionarial del profesorado universitario no parece suponer ningún problema para la calidad del sistema (p. 19); es decir, no parece que influya negativamente en la calidad del sistema el que los profesores sean funcionarios ¿por qué entonces esta insistencia en este tema obviando otros de gran relevancia para que la calidad del sistema (al menos la calidad que reflejan los indicadores de los rankings internacionales)?

Como ya escribí hace meses ["Sobre la gobernanza universitaria (III)"] la preocupación por el gobierno de la universidad y la desfuncionarización de los profesores parece más orientada a dominar la universidad que a mejorar la calidad del SUE. Profesores que pueden ser despedidos y gobierno de la universidad controlado por agentes externos puede ser el mecanismo perfecto para callar una voz que puede ser molesta. Algo de esto debe de haber cuando dos de los integrantes del grupo de expertos plantearon un voto particular (addenda) en relación a este punto en el que, precisamente, inciden en los riesgos que la desfuncionarización pudiera tener en la libertad de cátedra. Parece, por tanto, que esta preocupación no es particular o individual, sino que puede responder a algo más profundo. Deberíamos planteárnoslo con seriedad desde las universidades y no dejarnos enredar por llamadas muchas veces poco sólidas a la "excelencia", "la flexibilidad", "la calidad" o "la rendición de cuentas".

(Imagen de "Los Siete de Gotinga" -entre ellos los Hermanos Grimm- cuya destitución en 1837 dio origen a la construcción dogmática de la libertad de cátedra en Alemania, tal como se explica en la addenda al Informe firmada por Oscar Alzaga Villaamil y Mariola Urrea Corres, p. 7 n. núm. 3)

La universidad ha de intentar siempre mejorar y para ello ha de cuestionarse permanentemente; ahora bien, sin renunciar a la independencia, a su condición de elemento crítico en la sociedad y a la libertad de su personal docente e investigador. Hemos de plantearnos objetivos concretos que cuenten con el consenso social e identificar los mecanismos necesarios para conseguirlos. Los discursos vacíos a los que estamos acostumbrados últimamente en el mejor de los casos son inútiles, con frecuencia nos hacen perder un tiempo maravilloso (como el que estoy perdiendo yo ahora) y en el peor de los supuestos (pero no descartable) son una maniobra para desmantelar la universidad y acabar con un molesto foco de crítica.

El fin de una Comunidad Autónoma ¿el nacimiento de un Estado?

He de confesar que esta tarde, hacia las seis y diez sentía esa emoción especial que te invade cuando sabes que eres testigo de un momento histórico. En el Parlamento de Catalunya se aprobaba una declaración que se puede consultar aquí y que, como elementos más relevantes, incluye, en primer lugar, la afirmación de que el pueblo catalán es un sujeto político y jurídico soberano y, en segundo término, que dialogará y negociará con el Estado español, las instituciones europeas y el conjunto de la comunidad internacional.

Tal como indiqué hace unos días al hilo del comentario a la propuesta presentada por CiU y ERC (a la que finalmente se ha adherido también ICV-EUiA y de la que la aprobada finalmente no se aparta en lo sustancial), estamos ante una declaración de independencia encubierta ya que la soberanía no es posible si no se es independiente. Esto creo que es claro desde una perspectiva constitucional y así lo entienden también desde las filas independentistas (puede consultarse este artículo en vilaweb donde se explicitan las relaciones existentes entre declaración de soberanía y declaración de independencia). Estamos, por tanto, ante una declaración de gran transcendencia política e, incluso, internacional ya que implica la voluntad del Parlamento catalán de convertirse en Estado y la afirmación de que ya desde ahora es miembro de la comunidad internacional (de ahí la importancia de que se incluya una referencia a la intención de dialogar y negociar con el conjunto de la comunidad internacional. No puede negociar quien carece de capacidad y el Parlamento de Catalunya pretende con su declaración que tal capacidad de actuación en el ámbito internacional le sea reconocida).

Creo que se entiende la expectación con la que viví la votación de esta declaración. En el mismo momento en el que la declaración fue aprobada el Parlamento de Catalunya dejó de ser un órgano del Estado español para convertirse en otra cosa, en una asamblea de lo que pretende ser un nuevo Estado en la comunidad internacional. La declaración de soberanía, radicalmente incompatible con la Constitución de 1978, no permite seguir entendiendo que las personas reunidas en el Edificio del Parque de la Ciudadela ejercen las competencias previstas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de 2006. Desde luego, yo no me siento ya representado por quienes allí están pues -ya lo digo- no me considero sujeto de ese nuevo orden que pretende instaurarse por la vía de hecho, sino del orden constitucional formalmente vigente y que, confío, siga siendo el materialmente vigente.

Podría decirse que el principio democrático prima sobre lo que aquí expongo, y que más de uno calificará seguramente de "formalismos"; pero no es éste mi parecer. En primer lugar los formalismos son importantes, la construcción dogmática del Estado es relevante y, además, es tenida muy en cuenta por quienes lideran el proceso secesionista pues me costaría creer que no fueran plenamente conscientes de lo que aquí planteo. Cosa distinta es que muchos de los que hayan votado hoy en el Parlamento no se aperciban de las consecuencias que tal votación tiene y que, quizás, comiencen a manifestarse en los próximos días (cuando, por ejemplo, algún Estado reconozca la soberanía proclamada hoy por el Parlamento de Catalunya).

En segundo término -y esto es lo más importante- dudo que la declaración que se ha aprobado hoy responda al principio democrático. Algo tan transcendente como es una declaración de soberanía debería de producirse solamente cuando se ha consultado previamente a la ciudadanía y ésta se ha manifestado a favor de tal soberanía, y éste no es evidentemente el caso.

Durante el debate escuché varias veces cómo el Sr. Artur Mas mantenía que la declaración que se presentaba era resultado de la voluntad manifestada en las elecciones del 25 de noviembre; pero esto es falso de toda falsedad ya que ni en los programas de CiU (que puede consultarse aquí) ni en el de ICV-EUiA (puede leerse aquí) se defendía ni la independencia de Catalunya ni su soberanía, al menos no antes de que el pueblo fuera consultado sobre este extremo. De hecho en el programa de ICV-EUiA se hacía una expresa llamada a los federalistas manteniendo que en el partido se acogerían tanto los planteamientos federalistas como los confederalistas y los independentistas dentro de un consenso más amplio sobre el derecho a decidir (vid. p. 132 de su programa). No entiendo, por tanto, que el voto del día 25 de noviembre legitime ni a CiU ni a ICV-EUiA a sumarse a ERC (cuya apuesta por la independencia es explícita, clara y manifiesta) en una declaración unilateral de independencia sin ni siquiera esperar a que se haya producido la consulta a la ciudadanía en la que sí coincidían todos los partidos mencionados y, además, el PSC. Ciertamente una declaración del Parlamento de Catalunya en la que se exigiera la celebración de una consulta sobre el futuro político de la Comunidad sí que entraría claramente en el mandato surgido de las urnas tras las pasadas elecciones, pues todos los diputados de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP (107 de los 135 escaños del Parlamento si las cuentas no me fallan) llevaban en sus programas esta consulta. Una declaración unilateral de soberanía (rectius, independencia) solamente sería posible con los votos de ERC y las CUP (24 escaños). Creo que tanto CiU como ICV-EUiA han traicionado la confianza que los electores podían tener en sus programas, y no desde luego en un tema menor. En estos días he podido comprobar de primera mano la decepción de varios votantes de ICV-EUiA que no dan crédito a que su voto haya sido utilizado como argumento para una declaración como la que hoy se ha aprobado.

También merece una mención la actitud de los cinco diputados del PSC que no participaron en la votación de hoy para evitar votar en contra de la declaración de soberanía presentada por CiU, ERC e ICV-EUiA. Resulta incomprensible esta actitud porque en el programa del PSC figuraba claramente su oposición a la independencia de Catalunya y su apuesta por una Catalunya dentro de España, de una España federal que permitiría -en palabras del programa del PSC- una Catalunya plena. Así es como se presentó el PSC a las elecciones y sobre esta base le votaron quienes les votaron ¿por qué, entonces, romper la disciplina de partido en una votación en la que lo que se planteaba -una declaración unilateral de soberanía- era claramente contrario al proyecto que el PSC presentó durante la campaña electoral? ¿Qué razones justifican traicionar lo que era la posición fijada por los órganos del partido y que, además, se correspondía con la que fue presentada al electorado hace un par de meses? Algo no marcha en el PSC; en fin, cada uno sabrá lo que hace en su casa, pero resultaría incomprensible que este desplante no tuviera consecuencias, tanto respecto a quienes se han saltado la disciplina del partido como en relación a quienes confeccionaron las listas electorales con las que el partido concurrió a las elecciones.

A partir de ahora tendremos que esperar para ver cómo evolucionan los acontecimientos. La actuación formalmente lógica, la utilización del mecanismo previsto en el art. 155.2 de la Constitución, es muy poco probable que ocurra. No tengo tampoco la impresión de que se vaya a producir la respuesta políticamente más coherente, la aceptación por parte del gobierno de España de la celebración de una consulta sobre la independencia de Catalunya. Como no se dará ni lo que dicta la legalidad estricta ni lo que ordena la lógica política mucho me temo que seguiremos perdiendo el tiempo con un debate que nos está desgastando como país, enfrentando como ciudadanos y hundiendo económicamente. En fin...

La Declaración

Acabo de leer la propuesta de Resolución de aprobación de la Declaración de Soberanía del Pueblo Catalán que se pretende votar el próximo día 23 de enero en el Parlamento de Cataluña. Se trata de una declaración unilateral de independencia en el sentido que indicaba en este blog hace algo más de dos años ("Sobre procedimientos de independencia"). Es una declaración de independencia porque la condición de sujeto político y jurídico soberano del pueblo catalán que recoge la mencionada propuesta de Resolución es incompatible con la integración de ese mismo pueblo en otro sujeto soberano, en este caso España. El soberano solamente puede ser uno (eso es precisamente lo que implica la soberanía, como debería saber cualquier alumno de primero de Derecho), por lo que declaración de soberanía y declaración de independencia son equivalentes. La Declaración es también, evidentemente, una vulneración de la Constitución, ya que en el art. 1 de ésta se indica que la soberanía nacional reside en el pueblo español y en el 2 se establece la indisoluble unidad de la Nación española. Finalmente, es una declaración que es susceptible de desplegar consecuencias en el ámbito internacional ya que se incluye en la Declaración, en concreto en su art. 4, la voluntad de dialogar y negociar con el Estado español, las instituciones europeas y el conjunto de la comunidad internacional. Esta voluntad no solamente de diálogo sino también de negociación precisa que esa misma comunidad internacional reconozca la condición de sujeto soberano que se ha proclamado en el art. 1; esto es, se pretende que el pueblo catalán sea un miembro más de la comunidad internacional. De forma también muy clara esto último supone una vulneración del art. 149.1.3ª de la Constitución de 1978, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales. Ciertamente, dado que en el art. 1 de la Declaración ya se ha establecido el carácter soberano del pueblo catalán las relaciones exteriores a las que se refiere el punto 4 de la Declaración no serán propiamente las relaciones exteriores de España, sino las de Cataluña, diferenciadas de las españolas; pero de forma también bastante evidente esta diferenciación entre las relaciones exteriores españolas y catalanas supone una vulneración de la Constitución y que, además, confirma que estamos, como decía al comienzo, ante una auténtica declaración de independencia.

Nos encontramos, por tanto, ante una Declaración que se sitúa fuera del marco competencial que corresponde al Parlamento de Cataluña de acuerdo con la Constitución, una Declaración que vulnera claramente preceptos fundamentales de la Constitución y que al pretender que Cataluña se convierta en interlocutor de la comunidad internacional puede perjudicar de forma grave el interés general de España. La conclusión me parece que es clara y se corresponde, precisamente, al supuesto de hecho de una norma de nuestro ordenamiento jurídico.

La Declaración, además, en tanto en cuanto se dirige a la comunidad internacional y a las instituciones europeas implica que resulta relevante para el Derecho internacional; esto es, no solamente ha de ser calificada desde una perspectiva interna sino también internacional. Ciertamente, una declaración unilateral de independencia no implica que se produzca efectivamente la independencia, tal como aclaró  no hace mucho la decisión del Tribunal Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo, de la que me ocupé aquí; pero tal declaración puede y, en realidad, ha, de ser considerada por el Derecho internacional público. A partir de ella las decisiones que tome el Gobierno español ya no serán solamente relevantes desde una perspectiva constitucional sino también internacional. Hasta ahora el Gobierno ha tratado las declaraciones y planteamientos soberanistas con cierta distancia (parece ser que Rajoy, en relación a la entrevista con Mas de hace unos meses, declaró que a él nadie le había pedido la independencia sino un pacto fiscal). Esa actitud a partir de ahora puede resultar ya insostenible, pues podría ser interpretada como una aquiescencia a la Declaración, lo que desde la perspectiva del Derecho internacional resultaría relevante a la hora de dilucidar el estatus del pueblo catalán en nombre del cual se realiza la Declaración.

La Declaración comienza, además, con una indicación harto curiosa. Se dice que se realiza "De acuerdo con la voluntad expresada democráticamente una parte del pueblo de Cataluña". No se indica si es una parte grande o pequeña, lo que no es de importancia menor para una declaración que tiene la transcendencia de la que aquí se comenta. En cualquier caso no se ajusta a la realidad, porque en ningún momento el pueblo de Cataluña fue consultado sobre su voluntad de ser un sujeto soberano. De hecho, en el programa electoral de CiU, tal como se destacó en su día, en ningún momento se habla ni de independencia ni de soberanía, tal como se puede constatar mediante la utilización de la opción de búsqueda en el documento, que puede consultarse aquí. En el caso de ERC su propuesta independentista es clara y expresa por lo que podría considerarse que de forma indirecta quienes votaron a ERC lo hicieron también a favor de la independencia de Catalunya, pero no puede realizarse la misma inferencia respecto a los votantes de CiU y, en cualquier caso, una decisión como ésta, la de la declaración de independencia, exigiría un pronunciamiento directo de la ciudadanía, no meramente indirecto, máxime cuando ese pronunciamiento indirecto solamente puede atribuirse a una parte del pueblo catalán, parte que, si nos atenemos a los votos recibidos en las últimas elecciones por partidos que planteaban de una forma clara la independencia de Cataluña, no alcanza siquiera a las ochocientas mil personas sobre un cuerpo electoral integrado por más de cinco millones de ciudadanos. Si se incluyera en este agregado a los votantes de CiU todavía no se alcanzarían los dos millones de personas (curiosamente, la cifra de participantes en la manifestación del 11 de septiembre según sus organizadores).

En definitiva, estamos en el escenario que algunos ya avanzábamos hace tiempo: sin necesidad de referendum ni consulta popular el Parlamento de Catalunya se disponer a realizar una declaración unilateral de independencia. Siguiendo con la táctica de los pequeños pasos no parece que el propósito sea el de inmediatamente después de la declaración llevarla a efecto mediante la efectiva ocupación del territorio por parte de las autoridades del nuevo Estado y la asunción plena de las competencias estatales; pero tal Declaración sentaría las bases para, en el momento oportuno, reclamar el amparo de la comunidad internacional en caso de una reacción por parte del Gobierno del Estado frente a los incumplimientos de la legalidad española en la que pudieran incurrir el Gobierno o el Parlamento de Catalunya. Estamos en un terreno resbaladizo y no comparto la opinión de la Vicepresidenta del Gobierno de que se trata de una mera declaración política; o, mejor dicho, coincido en que se trata de una declaración política; pero no una "mera declaración política". Se trata de una declaración política de alcance similar al de la independencia de Kosovo de hace unos años o la independencia de Estados Unidos hace más de dos siglos. Es una declaración que bien utilizada justificaría argumentar que ya no estamos ante un conflicto meramente interno a España, sino ante un conflicto internacional; y esto es todo menos "mero".

Consulta ¿para qué?

El día 5 de enero Jordi Pedret colgaba en su muro de facebook un artículo publicado en El País por Javier Pérez Royo sobre la tan traída y llevada consulta en Cataluña. Al hilo de esa publicación comentaba yo en el muro de Jordi que me parecía que la consulta tendría que hacerse cuanto antes y que lo único que cabía preguntar era sobre si los catalanes querían que Catalunya fuera un Estado independiente o no. Insistía en ello porque me parece que de forma indebida se mezcla esta consulta con la reforma de la estructura del Estado español, cuestión que de ninguna forma puede confundirse con la pretensión de que Cataluña sea independiente y, mucho menos, puede ser resuelta por medio de un referendum que se desarrolle únicamente en Catalunya.

Me parece necesario aclarar esto porque ya he oído en más de un sitio que la mencionada consulta tendría que ofrecer al ciudadano una serie de posibilidades para ver cuál es la que prefieren los catalanes (independencia, mayor autonomía, federación, etc.); planteamiento que a mi me parece un completo disparate. Me explico. En caso de que Catalunya fuese un Estado independiente lógicamente podría estructurarse como le diera en gana y lo mismo sucedería con España (reducida a su territorio actual, excluida Catalunya). Las decisiones que tomaran los catalanes una vez conseguida la independencia no afectarían a los españoles ni las de los españoles a los catalanes; o la afectación sería en cualquier caso la que se produce entre Estados soberanos y regida por las normas y principios del Derecho internacional público. En este escenario, lógicamente, cada una de las partes decide con plena autonomía la forma en que se organiza como Estado.

En el supuesto, sin embargo, de que se plantee cualquier cosa que no sea la independencia es evidente que la decisión que se tome afectará a toda España, por lo que solamente puede ser abordada por el conjunto de los españoles, no decidida de forma unilateral por una parte de ellos. Los catalanes han de optar, por tanto, primero entre seguir en España o salirse de ella. En caso de que decidan salirse y ser un Estado independiente su organización como Estado les compete únicamente a ellos; ahora bien, si Catalunya sigue siendo una parte de España las relaciones entre ese territorio y el conjunto de la Nación (en términos jurídicos) no puede ser modificada más que por acuerdo entre todos los españoles. Me parece que es bastante claro. Quizás ha sido la práctica política de CiU (que ha contaminado a casi todos los partidos catalanes) la que ha podido conducir al equívoco de pensar que puede decidirse desde Catalunya algo distinto a separarse o no de España sin contar con lo que piensen en el resto de los españoles. Y digo que puede haber sido esta política porque en las últimas décadas CiU ha basado su estrategia en jugar a estar dentro y fuera a la vez, a amagar con la independencia y reclamar más competencias, a apoyar al gobierno de Madrid teniendo en cuenta únicamente los intereses de quien gobernaba en Catalunya; y este juego repetido ha conducido quizás a la impresión de que es posible no ser españoles siéndolo, o mejor dicho, a ser españoles solamente en la medida que nos convenga. Quizás sea esta la explicación, pero en cualquier caso está claro que carece de lógica constitucional y casi diría de cualquier lógica.

El planteamiento, sin embargo, no carece de consecuencias tanto en el corto como en el largo plazo. Este planteamiento de "relación a la carta" conduce a que la independencia sea planteada como algo dúctil, interpretable, carente de consecuencias irreversibles. Me sorprendía el otro día un compañero, profesor de Derecho constitucional, preguntándose qué era la independencia y manteniendo que se trataba de un concepto de límites difusos. Pero ¡qué desatino es este! La independencia, desde la perspectiva del Derecho internacional público (y del Derecho constitucional) es un concepto clarísimo. O se es un Estado más en el concierto de las naciones o no se es. Existen, es cierto, supuestos grises, como el caso de Puerto Rico, que es un Estado libre asociado a Estados Unidos; pero tales casos no son posibles más que con el acuerdo de ambos Estados implicados, por lo que no pueden ser decididos de forma unilateral; al igual que los casos de protectorados o la especial situación en la que se encuentra Palestina en estos momentos. En todos estos supuestos nos encontramos en una situación intermedia entre lo internacional y lo interno que puede hacernos dudar sobre la definición de su estatus; pero, en cualquier caso, son casos en los que no existe una plena independencia por lo que la duda sobre qué es ser independiente no existe. Ser independiente implica ser un Estado soberano, un sujeto de pleno Derecho de la comunidad internacional y que no depende de ningún otro Estado, aunque puede, precisamente por ser un sujeto de Derecho internacional, formar parte de organizaciones internacionales y ratificar tratados.

Esta indefinición, sin embargo, no creo que sea gratuita. Más bien pienso que es esencial para los propósitos de quienes impulsan el movimiento secesionista en el que Cataluña se encuentra inmersa desde hace algo más de dos años. Una de las claves en el discurso independentista es la transmisión de la idea de que la separación de España no ha de suponer grandes cambios ni en la vida ni en las estructuras ni en la organización de la administración y de la sociedad. Más bien se plantea como un paso lógico en la progresiva asunción de competencias. El resultado de este planteamiento es que no existe una idea clara de lo que supone la independencia y, por tanto, es dudoso que quienes se manifiestan a favor de ella realmente quieran tal independencia. Pondré algunos ejemplos.

Elemento clave en el debate de los últimos meses ha sido la cuestión de si la Catalunya independiente sería miembro de la UE sin necesidad de negociar su incorporación. Desde las filas secesionistas se han lanzado argumentos de lo más peregrino para intentar convencer que Catalunya seguiría siendo miembro de la UE tras la separación de España sin ningún tipo de problema -cosa completamente falsa, por otra parte; pero no es el tema que me ocupa ahora-; siendo esta cuestión a lo que parece un elemento clave para que se opte o no por la independencia.

Carece de lógica que la cuestión de la independencia dependa o no de la pertenencia a una organización internacional. La UE puede seguir o desaparecer, transformarse o dejar de ser un club al que es interesante pertenecer, pero la existencia de Catalunya como sujeto de Derecho internacional no estará condicionada por los avatares de la UE o de cualquier otra organización internacional. Las organizaciones internacionales pasan o se transforman, pero los Estados permanecen. Los Estados y no las organizaciones internacionales son los elementos básicos de la comunidad internacional, y por tanto si se quiere ser independiente ha de ser sin que tal voluntad dependa de la pertenencia o no a la UE, porque la independencia tiene una transcendencia mucho mayor que la integración en una organización internacional. La independencia implica que los miembros de una comunidad deciden que se bastan para organizarse y defenderse en ese mundo semi-salvaje que es la comunidad internacional; que no necesitan a nadie más para estructurar su economía, su sociedad y su ejército (sí, su ejército, volveré sobre ello más tarde) y que si precisan buscar alianzas para satisfacer sus intereses desean ser soberanos para buscarlas con quien mejor les convenga. Eso es lo que quiere decir ser un Estado independiente y esto tiene mucha más importancia que pertenecer o no a la UE.

No creo que sea este el planteamiento de muchos de los que se declaran independentistas, y que recurren machaconamente como único argumento al injusto trato fiscal que recibe Catalunya. Bueno, tal vez sea cierto que Catalunya debiera tener un índice mayor de inversión estatal y más dinero para la gestión de sus competencias; pero ¿justifica el ahorro que pueda derivarse de la no contribución a la Hacienda española la independencia? ¿Cuánto costará el ejército catalán? Ya sé que se dice que Cataluña no tendría ejército; pero ¿existen ejemplos de países de verdad (no miniestados como el Vaticano, San Marino o Mónaco) que no tengan ejército? ¿Hay algún país en Europa con más de siete millones de habitantes que no tenga ejército? ¿No tendrá Cataluña marina para vigilar sus extensas costas? ¿No dispondrá de una Fuerza Aérea que vigile su territorio? ¿Carecerá de una fuerza militar mínima que le permita ser socio de los países con los que se quiere relacionar y que contribuyen con frecuencia en operaciones militares de interés conjunto? ¿Admitirán esos otros países un socio que no contribuye al esfuerzo de defensa común? Si somos realistas habrá que coincidir en que Cataluña tendría que tener un ejército ajustado a su tamaño, y que el coste de un ejército no bajará de los dos o tres mil millones de euros anuales (un 1% del PIB de Cataluña, una proporción modesta para los estándares europeos y teniendo en cuenta la dificultad de aprovechar economías de escala por el relativamente reducido tamaño de Catalunya en comparación con los Estados europeos más grandes). Cataluña independiente necesitará, además, un servicio exterior. ¿Cuánto cuesta colocar una embajada en, pongamos, la quinta parte de los Estados del mundo? ¿Cuánto un consulado en las cien mayores ciudades del planeta? ¿Cuánto organizar el Ministerio de Asuntos Exteriores y los servicios secretos? (¡Ah! que Catalunya no tendrá servicio secreto, permítanme que sonría). ¿Cuánto costará completar a los Mossos d'Esquadra para que puedan convertirse en la única policía en Catalunya asumiendo las tareas que ahora todavía realizan la Policía Nacional y la Guardia Civil? Probablemente la factura vaya subiendo y nos encontremos con que ser un Estado independiente se lleva una parte significativa del déficit fiscal que se calcula recuperar con la independencia. Por otra parte, en caso de que Catalunya fuera admitida en la UE ¿con cuánto tendría que contribuir a las arcas comunes? La renta per cápita de Catalunya está por encima de la media de la UE, así que podas dudas caben de que tendría que ser contribuyente neto en el presupuesto europeo.

Así pues, si el argumento es el económico tiene poca base para sustentarse; ahora bien, eso no quiere decir que se tenga que renunciar a la independencia. Como digo, la independencia supone una decisión tan radical que no es racional basarla únicamente en argumentos económicos coyunturales. Los Estados, todos los Estados pasan por etapas de más y menos prosperidad y sin embargo siguen siendo los mismos Estados; no es racional replantearse los límites del Estado a cada vaivén económico. La comunidad internacional sería, además, poco comprensiva con ello. Alemania seguía siendo Alemania tras la victoria sobre Francia que propició su unidad y tras 1918, en 1940 y en 1945. Y no olvidó su unidad incluso estando atravesada por el telón de acero ¡Cuan fácil se les podría plantear a algunos que Baviera optara por separarse del resto de Alemania tras 1945! Con una historia diferenciada, un dialecto propio, habiendo sido independiente hasta setenta años antes y con la oportunidad de convertirse en un protectorado de Estados Unidos que la ocupaba militarmente! Y sin embargo no pasó nada de eso. Los alemanes eran conscientes de que con sus diferencias (que las hay entre un prusiano y un bávaro, entre un hamburgués y un habitante de Friburgo) o salían juntos del abismo o no salían.

La independencia es, por tanto, una decisión que tiene que basarse en algo más profundo que unas balanzas fiscales. Y en el caso de Catalunya hay elementos que justifican esa separación de España. Existe una cultura, una lengua y una tradición propias que tanto pueden interpretarse como una manifestación más de la pluralidad española como señas de identidad de una comunidad diferenciada y opuesta a la española. En las últimas décadas, de una forma sutil pero constante se ha ido cambiando el acento de lo primero a lo segundo de tal forma que ahora muchos catalanes sienten que el tener como lengua materna el catalán y ser partícipes de la historia y cultura catalanas lleva como corolario inevitable el rechazo a lo español. Desde luego, quien se sienta miembro de una comunidad no solamente diferenciada, sino también enfrentada a otra puede plantearse con toda la legitimidad que su comunidad forme un Estado que sea plenamente soberano. No es mi opción personal, pero soy consciente de que es la de mucha gente. A quien se lo plantee en estos términos no les preocupará que Catalunya se quede o salga de la UE, que la independencia suponga ganar o perder, que salga más cara o menos. Estos interpretan correctamente lo que supone la independencia y están dispuestos a asumirla con todos los costes que pueda implicar. Tengo algunos amigos que piensan así.

Pero, claro, estos comprometidos de la causa no son suficientes como para que una mayoría de la población vote a favor de la independencia; es preciso que otros que no comparten el mismo sentimiento, que se sienten catalanes sin dejar de ser españoles y que tienen vínculos muy estrechos con personas de otras Comunidades se adhieran también a la causa independentista. A estos va dirigido el argumento económico que ni está conveniente contrastado (por no considerar los costes de un Estado independiente, las "estructuras de Estado" que ahora están tan de moda) ni sería en ningún caso justificación suficiente para una decisión tan radical como es la ruptura y creación de un nuevo Estado. Y a estos va dirigida también esta presentación de la independencia como una cuestión casi menor, difusa en la que la pertenencia a la UE parece garantía suficiente de que nada en el fondo va a cambiar. Hay quien sostiene incluso que la independencia no debería suponer ni siquiera la pérdida de la nacionalidad española. El otro día me comentaban que todos seguiríamos siendo ciudadanos europeos aunque Catalunya no fuera Estado miembro de la UE ya que conservaríamos la nacionalidad española y por esta vía seguiríamos gozando de los beneficios de la ciudadanía de la UE. Yo planteaba ¿y si España no permite compatibilizar la nacionalidad española con la catalana (lo que sería bastante lógico; no es de recibo que un 20% de los nacionales propios sean, a la vez, nacionales de un Estado extranjero vecino)? Mi interlocutor entonces me decía que no adquiriría la nacionalidad catalana, que se quedaría con la española ¿Y esto es un independentista? ¿Alguien que quiere la independencia para seguir manteniendo la nacionalidad del Estado del que se separa? Pues Catalunya está llena de estos independentistas que solamente se explican porque se está planteando una decisión tan transcendental como es la de crear un nuevo Estado con una gran frivolidad.

No es extraño que con todo este panorama en el extranjero no acaben de entender a dónde nos quieren llevar nuestros dirigentes.

Un ojo azul

Un ojo azul,
uno tan solo,
perdido su hermano,
reventado en la noche.
Noche de carreras y de gritos,
noche.
Se levantan los brazos en las calles
como hierba bajo el viento y la lluvia,
se levantan.
Se alzan del suelo
y desafían
la oscuridad.
Busca lo negro el azul
de un ojo hermoso
que en vientre obrero
el amor conformó.
Que en barrio obrero creció
y en tardes de primavera
de esperanza se llenó.
Ojo que leyó y estudió,
amó y guiñó.
Ojo que aprendió y luchó;
aquella noche
por última vez miró.
Del asfalto nacen las garras
que roban los ojos a las muchachas,
llenan de lágrimas los corazones.
De la ciudad surgen los gritos
que agrisan nuestras voces y las callan.
De los coches salen monstruos feroces
que rompen, pegan, engañan y matan.
La ciudad ha callado
y un ojo solo aguarda
que vuelva su hermano,
perdido en la oscuridad.
No, ojo hermoso,
tu hermano no volverá.
Tú solo has de mirar,
tú solo has de gritar,
tú solo has de acusar,
tú solo has de mirar;
tú solo nos has de guiar.
Tú solo, tú;
Tú serás fanal, tú serás altar,
tú serás signo y señal
tú serás quien ha de despertar
a tantos que duermen y consienten
a tantos que aún no saben
que tenemos que gritar
y que jamás, jamás
se ha de olvidar.

Esta entrada fue publicada en el blog "Impresiones Rimadas"; pero creo que tiene casi más acomodo aquí, en "El jardín de las hipótesis inconclusas", que allí