Libre

miércoles, 18 de enero de 2017

Derecho a coaccionar

Hace tres años un grupo de energúmenos irrumpió en la Librería Banquerna, dentro de la Delegación de la Generalitat en Madrid e impidió violentamente que continuara un acto que se estaba desarrollando con motivo de la Diada. La imágenes dan perfecta cuenta de lo ocurrido.


Hace poco hemos conocido la Sentencia del Tribunal Supremo que condena a varios de los violentos con penas de hasta cuatro años de cárcel.
Creo que al igual que hace tres años nos indignaba que se hubiera impedido de esta forma la realización del acto que se desarrollaba en la Librería Blanquerna ahora debe satisfacernos que la Justicia haya condenado de forma contundente a los autores de aquel atropello. La violencia siempre es reprobable; pero más aún cuando va dirigida a limitar la libertad de expresión o cuando pretende incitar al odio contra algún grupo. Nuestro Código Penal recoge estos matices y sanciona de forma agravada aquellas coacciones que van dirigidas a limitar el ejercicio de los derechos fundamentales -como puede ser la libertad de expresión u opinión- o cuando van unidas a la incitación al odio.
Es coherente que sea así. En democracia resulta esencial que todos puedan expresar sus opiniones, manifestarse y participar en el debate público. Sin este intercambio de ideas la democracia pierde su sentido y fácilmente puede convertirse en un régimen autoritario. No hemos de olvidar que el autoritarismo no siempre se ha impuesto al margen de la voluntad popular, tal como nos muestra, por ejemplo, la forma en que los nazis llegaron al poder en Alemania.
Sería conveniente que todos fuéramos especialmente cuidadosos con los atentados a la libertad de expresión y con los discursos que pretenden excluir a ideas o grupos del debate público. La democracia es, en esencia, un procedimiento, un mecanismo para que el debate público pueda conducir a las mejores decisiones; y si ese procedimiento se adultera la democracia desaparece por muchas elecciones y votaciones que haya.
Es por esto que no puedo dejar de mostrar una cierta preocupación por la diferencia de tratamiento que se observa entre las actitudes violentas y excluyentes en función de las ideas que son atacadas o coartadas. Hace tres años, cuando sufrimos -empleo la primera persona del plural porque cuando se ataca la libertad de expresión todos debemos sentirnos atacados- el ataque en la librería Blanquerna se produjo una inmediata ola de solidaridad y condena que ha de ser valorada muy positivamente, pero que no se aprecia con la misma intensidad por parte de todos los actores cuando los atacados son otros.
En Cataluña lo sabemos bien. Hace unos meses unas voluntarias de "Barcelona con la Selección" fueron agredidas mientras repartían información en una calle de Barcelona


Y algunos que habían sido extraordinariamente contundentes en la condena del ataque en la librería Blanquerna parecía que no lo eran tanto en lo que se refería al ataque a las voluntarias de "Barcelona con la Selección". Las condenas, en algunos casos, no fueron ni tan inmediatas ni tan enfáticas como lo habían sido tres años antes.
En la UAB tenemos también experiencia con esta situación. El colectivo de jóvenes de SCC en la UAB ha colocado carpas informativas en el campus y organizado actos, y en todos los casos estas carpas o actos han sido objeto de agresiones o boicots. En abril de 2016, apenas montada una carpa informativa en el marco de la feria de entidades que organiza la propia UAB, un grupo de intolerantes se acercó con una navaja a la carpa, arrancó la bandera española que allí lucía y la destrozaron mientras rodeaban el puesto e insultaban a quienes allí estaban
Pocos días después se montó otra carpa informativa y un grupo de autodenominados "antifascistas" se dedicó a boicotear el acto, lo que obligó al despliegue de miembros de seguridad y alteró completamente la finalidad pretendida por la carpa. En el vídeo que sigue puede verse cómo con megáfonos se insultaba a quienes allí estábamos


Ninguno de estos ataques y boicots fue condenado por la UAB ni por otros que, sin embargo, no tienen reparo en escandalizarse cuando la violencia se dirige contra quienes no discrepan de las tesis nacionalistas. Esta diferencia en la valoración de las coacciones y las limitaciones a la libertad de expresión me preocupa por lo que tiene de síntoma de un deterioro profundo en la sensibilidad democrática.
Hace poco volvimos a tener ocasión de comprobarlo. De nuevo en la UAB una carpa de SCC era acosada por los intolerantes, que impidieron el desarrollo de la tarea informativa que nos habíamos propuesto.



En el vídeo se recogen algunos momentos de la tensión vivida


Al día siguiente la situación fue todavía peor: un cinefórum que pensábamos realizar tuvo que acabar desarrollándose en un aula protegidos por personal de seguridad. En estos vídeos puede verse la situación que se vivió.





Al acabar el acto, todavía un grupo de fascistas autodenominados antifascistas persiguieron a un grupo de integrantes de "Barcelona con la Selección" que habían acudido al cinefórum. El ataque está siendo investigado por la policía.
¿Hay diferencias sustanciales entre lo acaecido en la librería Blanquerna y lo que ha vivido "Barcelona con la Selección" y SCC? Cualquiera que vea las imágenes verá que no. Es por eso que resulta preocupante ya no el ataque, la coacción y el intento de arrinconamiento de quien no piensa de acuerdo con los estándares nacionalistas, sino, sobre todo, que estas actitudes, absolutamente reprobables en democracia, no sean contundentemente condenadas por instituciones y fuerzas políticas. Existe una tolerancia institucional ante los violentos que se alinean con el nacionalismo que no es en absoluto tranquilizadora. El próximo lunes tendremos ocasión de nuevo para comprobarlo. En el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès se presentará una moción de solidaridad con el ataque sufrido por SCC en la UAB, al lado mismo de Sant Cugat ¿apostamos algo a que esa moción no prospera y que se intentará echar un capote a los violentos?
En Cataluña son demasiados los que están dispuestos a admitir cierto nivel de coacción o violencia si va dirigido contra quienes se oponen al nacionalismo. No se trata de dramatizar; pero en esta semilla de tolerancia anida el árbol de la dictadura, y cuanto antes nos demos cuenta, mejor.

martes, 17 de enero de 2017

Cuando escribir mal es una provocación

Puigdemont dirige una carta a Rajoy con varios errores gramaticales y ortográficos. La noticia está circulando la mañana en que escribo esto y algunos aprovechan para señalar la falsedad de la reiterada afirmación según la cual el sistema denominado de "inmersión" en catalán que se sigue en la escuela catalana permite que el conocimiento del castellano en Cataluña sea tan bueno como en cualquier parte de España.



Quienes así opinan se burlan de las faltas cometidas como si fueran resultado de la incompetencia lingüística de sus redactores.
No comparto esta perspectiva.
Y no la comparto porque disienta de que la enseñanza monolingüe en catalán no es un instrumento adecuado para que se aprenda correctamente el castellano. En varias ocasiones he reiterado la falsedad de esta afirmación (la de que la inmersión permite un correcto conocimiento del castellano) y los problemas que plantea el modelo lingüístico que se aplica en la educación catalana (la última, aquí).
No, el problema es que en este caso los errores no responden -es mi impresión- a la falta de capacidad, sino al deseo de provocar y despreciar.
Me extrañaría que en una organización como la Generalitat no haya personas con conocimientos suficientes de español como para no redactar correctamente la carta que nos ocupa (y que, aparte de los errores, muestra un estilo poco elegante, así por ejemplo lo de "su Gobierno se ha negado a afrontar de manera verdadera, más de anuncios"). El problema es otro.
Los errores y las torpezas en la redacción se explican a partir del relato según el cual el español es una lengua extraña a Cataluña que podemos conocer, pero que no es nuestra, que no apreciamos y de la que nos gustaría desprendernos (puede comprobarse esta última afirmación aquí).
El problema no es la falta de competencia, sino que la carta y sus faltas muestran un desprecio que no solo va dirigido a Rajoy, sino también a todos los catalanes que tenemos el castellano como lengua materna y que no comulgamos con la mitología nacionalista que pretende que nuestra lengua es un injerto indeseable en la Cataluña (falsamente) milenaria que pretenden los nacionalistas.
Quien redactó la carta originalmente lo hizo -me parece evidente- de forma descuidada. Y después se eludió la precaución de que alguien con cierto conocimiento la revisara. Sorprende esta falta de atención cuando cualquier texto en catalán que produzcan las administraciones catalanas y tenga carácter oficial es cuidadosamente revisado lingüísticamente.
El mensaje que se traslada con este desinterés por la corrección del texto es el de que no se da especial valor a lo que se dirige al Presidente del Gobierno de todos los españoles y que tampoco es motivo de vergüenza que en lo que se escribe en castellano se cometan errores gramaticales u ortográficos. A algunos he conocido que a propósito empeoran su español para aparentar despego por una lengua que tanto les molesta. Como digo, aunque sorprenda a quienes no conozcan de primera mano lo que se vive en Cataluña, la voluntad de empobrecernos limitando el conocimiento del castellano llega a estos extremos.
Es por esto por lo que me indigna esta carta. No caigamos en el error de burlarnos; porque lo que denota no es motivo de burla, sino de irritación.

lunes, 16 de enero de 2017

Libre

Si la muerte llega ahora,
si libre entregas tu sangre y tu luz,
si dejas que la ola el pecho quiebre,
si te abandonas,
si las palmas de las manos ofreces,
si no temes la soga ni el puñal...
nadie por ti vendrá.
Los ojos vivos, la carne que tiembla
mientras aguarda la sombra que llega
y tu rostro comienza ya a tocar.
Ver más allá del final
la brisa entre las hojas,
las conversaciones plácidas,
jóvenes que caminan descuidados,
piel que brilla en el claro atardecer.
Gozar más allá de la oscuridad
sonrisas y amores, suaves caricias
que ya no sentirás.
Si cambias el temor de este instante
por vidas sin violencia ni injusticia
que otros -desconocidos- tendrán;
si hoy la muerte aceptas
sin reproches ni esperanzas, confiando

que algún día la hierba crecerá,
cubrirá las piedras ensangrentadas,
verdearán las rocas arrojadas
y nadie entonces ya recordará
este dolor fatal.
Confiando, sí
que esta noche a punto de llegar
sueño será, oscuro y frío, mortal;
pero sueño al fin, un sueño del que alguien,
-otro- despertará.
Confiando, sí
en la mañana en que el niño o la joven,
la mujer o el anciano,
serenos y tranquilos, aburridos quizás,
ignoren que la libertad que tienen,
la seguridad, la prosperidad
aquí fueron ganadas,
la tarde en que supiste
que esa mañana que no verás
más importa que la vida que pierdes,
que el recuerdo y la memoria
que contigo desaparecerán.
Si estas cosas haces,
un beso -el mío- en la frente, al morir,
recibirás.




A quienes debemos lo que ahora somos, lo que damos por sentado; a quienes con su sacrificio, a veces olvidado, hicieron posible un mundo mejor

sábado, 14 de enero de 2017

Dante y Ulises

No es posible leer los "Nueve ensayos dantescos" de Jorge Luis Borges sin acudir inmediatamente a la Divina Comedia de Dante Alighieri a leer o releer uno u otro episodio. Borges aporta una visión original sobre la Comedia y la convierte en puerta a un mundo lleno de misterios que transcienden a la propia obra. Los ensayos tienen la virtud de mostrarnos que la Divina Comedia es una obra que crea un Mundo, que, en cierta forma, crea vida.
Cuando se lee la Divina Comedia el lector tiene la sensación, pese al tema, de que se trata de algo en cierta forma real, y no es difícil confundir al autor con el protagonista de la obra. De esta confusión brotan las múltiples lecturas que permite ese relato inclasificable.
Recordemos, la "Comedia" (como la llamó Dante) comienza cuando su autor y protagonista se encuentra con Virgilio, quien ha sido enviado por Beatriz -una dama a quien Dante había amado sin ser correspondido y que tras su muerte el poeta coloca en el cielo- con el fin de que le guíe por los tres reinos de ultratumba a fin de que reconduzca su vida en un momento de confusión que se simboliza por la "selva oscura" donde se ubica el inicio del relato.
Virgilio y Dante entran en el Infierno y allí visitan sus distintos círculos, que se adentran hasta el centro de la Tierra. Penetran por una cueva que les hace ascender a las antípodas, donde se encuentra la montaña del Purgatorio, en sus diferentes gradas se preparan los salvados para ascender al Cielo. En lo alto del Purgatorio se encuentra el Paraíso Terrenal. Allí Virgilio desaparece ante la llegada de Beatriz, venida desde el Cielo y que guía a Dante en el Paraíso Terrenal y le hace ascender hasta las distintas esferas celestiales.
Durante su viaje Dante se encuentra con multitud de personajes tanto históricos como mitológicos e, incluso, conocidos de Dante o de la época de Dante. Uno de estos personajes es Ulises, a quien Dante encuentra en el Infierno, castigado por falsario. En su conversación con él, el griego relata al autor que en sus viajes pretendió visitar el Purgatorio, lugar prohibido para los vivos. Cuando ya estaban avistando la montaña una tormenta hundió la nave, seguramente castigados por haber pretendido ir más allá de lo que estaba permitido a los mortales.



Este episodio es aprovechado por Borges para uno de sus ensayos dantescos, donde el argentino repara en que la contraposición entre el viaje de Ulises y el del propio Dante podría mostrar un conflicto mental del autor. Se trata de una perspectiva interesante que va más allá de lo que habían expresado otros comentaristas de la Comedia. Me explico: en comentarios anteriores se había puesto de manifiesto que el intento mundano de Ulises de visitar el Purgatorio se contraponía al viaje teológico de Dante, guiado por la razón (Virgilio) e impulsado por la fe (Beatriz). Ahora bien, tal como señala Borges, no ha de confundirse el autor Dante con el personaje Dante. El personaje, efectivamente, está guiado por la razón y la fe, pero no así el autor, Dante, que es el único que crea todo el aparato en que consiste la obra. De la efectiva separación entre el personaje y el autor surge el conflicto que tan bien plantea Borges y que mostraría las dudas de Dante sobre si con su obra no estaría profanando un terreno para el vedado: el de aquello que está más allá de la muerte.
Aquí se queda el autor argentino. Cuando leí este ensayo me deslumbró la forma en que una observación certera -el autor no es el personaje- ilumina todo el escenario; pero, a la vez, tuve la certeza de que era necesario ir más allá de lo que planteaba Borges.



Creo que, efectivamente, en la separación entre el personaje Dante y el autor Alighieri está la clave para entender el episodio. Dante, a través de Ulises describe el viaje que le costó la vida al griego. Su intento de visitar los reinos del más allá se pagó con la vida. Alighieri, el autor, es consciente de que él está incurriendo en el mismo atrevimiento que Ulises, y que las justificaciones que pudiera tener (Virgilio, Beatriz) no son en absoluto reales. Así pues, pese a lo que nos cuenta, y teniendo en cuenta que Dante Alighieri sería, como todos sus contemporáneos, una persona religiosa; no creo que tuviera duda de que estaba tratando de manera mundana un misterio divino. En definitiva, que conscientemente estaba incurriendo en un pecado equivalente al que le costó la vida a Ulises.
Quizás esto parezca especulativo -y lo es, por supuesto- pero creo que hay otro elemento que Borges no tiene presente en su ensayo y que apoyaría que en este caso no nos encontramos ante un conflicto mental de Dante, sino ante la cruda confesión del pecado que, según él, cometía escribiendo la Comedia. Ulises está castigado no en el círculo de quienes pretenden desvelar misterios divinos o descubrir secretos, sino en el de los falsarios. Esto es, su castigo en el Infierno no es consecuencia de su imprudencia al querer visitar en vida el Purgatorio, sino de su engaño con el caballo de Troya.
Bien, es claro lo del caballo de Troya y, además, encaja perfectamente en una de las obsesiones de Dante, el restablecimiento del Imperio que sería heredero del Romano, en su día heredero del reino creado en Italia por Eneas, quien tuvo que huir de Troya tras la conquista de esta por los griegos gracias, precisamente al ardid de Ulises.



Todo muy bien, pero entonces ¿a qué el relato sobre el viaje de Ulises al Purgatorio que introduce otro pecado que no parece tener reflejo en el más allá? ¿Una simple digresión? Creo que no. Ya en la primera lectura sin prevención del encuentro entre Dante y Ulises hay algo que rechina, y en una obra tan perfecta como la Comedia eso es prácticamente impensable. Si asumimos plenamente lo que comentaba en el párrafo anterior -Alighieri es consciente de que la redacción de su obra es un pecado- se conectan de forma natural el viaje y el círculo en el que es castigado Ulises.
El autor se ve así mismo como Ulises, viajando a donde tiene prohibido, y, en realidad, sin más ayuda que su imaginación, pues ni Virgilio le auxilia ni Beatriz aparecerá beatífica a brindarle su mano al comenzar a redactar los cantos del Paraíso. En estas circunstancias él se sabe condenado, y se sabe condenado por haber creado una falsedad de forma tan perfecta que muchos la tomarán por verdadera.
Su verdadero pecado es, como el de todos los autores, el de haber pretendido crear un mundo que aparentara ser real, que fuera tomado por real por quienes lo leyeran o escucharan. De esta forma, el relato y el castigo de Ulises se complementan perfectamente, se presentan como un reflejo del propio drama de Dante, entregado a una obra a la que no solamente dedicará su vida, sino también su alma. De esta forma la confesión del Canto XXVI del Infierno es la más estremecedora declaración de amor a la literatura hecha por ningún autor jamás.
Maravilloso Dante. El artista por antonomasia.



sábado, 7 de enero de 2017

La otra mirada de La Llagosta (al otro lado de la carretera)

Comparto hoy un texto que no es mío, sino de Gracia Fuentes Cruz, "La otra mirada de La Llagosta (al otro lado de la carretera):

"La Llagosta que yo conocí en los años setenta era un pueblo en el que convivían personas venidas de muchos lugares diferentes, personas llenas de valor y valentía que lo arriesgaron todo por encontrar una vida nueva, una existencia  mejor, su futuro y el de sus hijos. Toda esta población que llegaba multiplicó de manera exponencial los pocos habitantes, campesinos en su mayoría, que encontraron a su llegada.
La carretera, la N-152 entonces, fue testigo del asombroso crecimiento del municipio. A un lado (derecho, bajando hacia Barcelona) quedaron los primeros habitantes de la zona, al otro, oleadas de inmigrantes que en pocos años fueron ocupando edificios construidos rápidamente, con urgencia, pero tambien sin control, sin planificación, sin servicios. El término municipal se agotó pronto entre edificaciones y polígonos industriales. Los niños jugábamos en la calle, asfaltadas algunas si y otras no, y las porterías de futbol se pintaban en las tapias de las fábricas que teníamos delante de casa.
Mientras el pueblo crecía, las dos comunidades que lo formaban, la de los “pageses” de la parte derecha de la carretera y la de los immigrantes de la izquierda, convivían, pero sin llegar a mezclarse del todo. Bien nos lo recordaba el cura al hacer la primera comunión: los niños de la parte derecha de la carretera eran colocados siempre en los primeros bancos y los de la izquierda por mucho que hubieran destacado en la catequesis se veían desplazados a los bancos de detrás.
La Llagosta era el pueblo de todos nosotros pero seguramente no lo veíamos igual unos y otros. Reflexiono sobre todo esto al llegar a mis manos un libro publicado por el Ayuntamiento, Mirades LaLlagosta: Passat, present i futur. Es una publicación basada esencialmente en fotografías. La gran mayoría de éstas reflejan las antiguas masías, los campos de cultivo y retratos de la gente que las habitaban y faenaban en ellas. Están ausentes los rostros y los nombres de todos aquellos que vinieron de tantos sitios para hacer el pueblo que hoy es La Llagosta. Cierto, hay fotografías de los bloques de viviendas que ocupábamos, la imagen que de nosotros tenían quienes vivían al otro lado de la carretera, pero no somos nosotros. Nuestras experiencias, nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestras esperanzas son también parte de La Llagosta y no nos contentamos con ser reflejo en la mirada de otros. Hace falta la mirada sobre La Llagosta desde la parte izquierda de la carretera."




lunes, 2 de enero de 2017

Razones para el pesimismo

Hace muy poco compartía una reflexión de hace un tiempo en la que planteaba que el mundo en el que ahora vivimos podría ser más justo y feliz que lo que realmente es. Partía de las expectativas de los años 70 y 80 del siglo XX y concluía con que, pese a que el desarrollo científico y tecnológico había ido incluso más allá de lo que entonces se calculaba, la sociedad no había podido convertirse en aquella ideal que entonces imaginábamos.
Como era de esperar no todo el mundo comparte este análisis, y en un interesante debate en facebook se me hizo notar que hace cuarenta años las cosas no eran tan bonitas como yo planteaba y que, por tanto, deberíamos reconocer que sí que se ha producido un progreso que debería satisfacernos. Como por casualidad, hace dos días leía un artículo en "El País" que desarrollaba esta idea, la de que pese al pesimismo generalizado el mundo estaba mejor que nunca. Los datos que aportaba el artículo eran incontestables; pero aún así queda la pregunta en el aire ¿por qué si los datos son positivos el pesimismo es generalizado? El artículo apunta unas cuantas respuestas, pero no creo que sean satisfactorias. Me parece que todavía hay que darle más vueltas al tema.



Lo primero es abordar la cuestión de si realmente hemos avanzado, hemos retrocedido o dónde narices estamos. Evidentemente, la respuesta ha de ser matizada. Existen progresos importantes en algunos temas, retrocesos en otros y, sobre todo, un cambio en la sociedad que hace difícil establecer comparaciones. Por otro lado debemos distinguir entre el mundo en general y nuestro entorno más próximo; esto es, que pasa si consideramos el conjunto del planeta o nuestro país, España. En lo que se refiere al mundo en general no creo que haya dudas de que ha habido un avance grande en el desarrollo de muchos países que hace cuarenta o cincuenta años pasaban por enormes dificultades. China, por ejemplo. Cuando yo era niño resonaban todavía las noticias sobre hambrunas que mataban a millones de personas. Ahora China es una potencia económica con una clase media de centenares de millones de personas y probablemente sería impensable en ella un desastre que condujera a la muerte por inanición de millones de personas en el país. Seguramente haya ahora mismo otros riesgos, de manera destacada la contaminación atmosférica; pero asumamos que en el terreno de los bienes que se producen y su reparto en China se ha producido un desarrollo muy importante.
Lo mismo se podría decir de muchos otros países y del planeta en su conjunto. Los datos del artículo de "El País" que citaba antes permiten ver como en Asia, en América Latina o en África la situación ha mejorado sensiblemente en términos de alfatebización, reducción de la pobreza extrema, hambrunas y atención médica.



En Europa todas las cosas a las que se acaba de hacer referencia se daban por superadas hace tiempo. Las últimas grandes hambrunas en Europa son del siglo XIX (como la gran hambruna irlandesa de 1845 a 1849). A mediados del siglo XX los europeos (occidentales) gozaban de sistemas democráticos, trabajos estables, salarios que permitían que tan solo uno fuera suficiente para el mantenimiento de un hogar, servicios públicos como sanidad y educación y jubilaciones generosas. Entre 1950 y 1975 se vivieron años de desarrollo (en parte también como consecuencia de la ayuda americana tras la II Guerra Mundial) y una estabilidad social bastante importante. El acceso a la educación era bastante abierto, y la obtención de un título universitario prácticamente garantizaba un estatus social desahogado. España llegó con algo de retraso a esta situación, pero creo que todos nos reconoceremos en este retrato si nos remontamos a los años 70 u 80 del siglo XX.
A finales del siglo XX y comienzos del XXI esto comenzó a cambiar. Creo que lo primero que notamos fue el deterioro de la estabilidad y condiciones laborales. En 2005 se acuñó el término "mileruista" para referirse a la situación en la que se encontraban muchos españoles, incluso con una muy buena formación que con un sueldo de tan solo mil euros al mes no tenían grandes expectativas de mejorarlo a lo largo de la vida. Además, la estabilidad laboral (un trabajo para toda la vida) que había caracterizado a los años cincuenta, sesenta y setenta desapareció: contratos temporales que se alargaban, etapas de paro entre trabajo y trabajo... sin alcanzar nunca el ansiado estatus de trabajador con un contrato indefinido.
Intuyo que este cambio fue más importante de lo que indican las meras cifras macroeconómicas. La falta de estabilidad laboral se convierte también en falta de estabilidad personal. Se alarga el tiempo que se pasa en casa de los padres antes de "independizarse", se retrasan los planes de formar familia o tener hijos... Tanto en mi generación como en la generación que la sigue conozco (y seguramente todos conocemos) casos que encajan en este perfil.
Tras la crisis de 2008 el término mileurista no se refiere ya a un contrato mal pagado porque en la actualidad un sueldo de mil euros ya es considerado un buen salario. La devaluación salarial de los últimos años ha llevado a que muchos salarios se sitúen en el entorno de los 800-900 euros mensuales, y en las mismas condiciones de precariedad que ya conocemos.
¿Alguien puede sostener que en España las condiciones laborales han mejorado en los últimos veinte años?
Por entrar mínimamente en datos macroeconómicos: en el año 2000 el PIB de España fue de 646.250 millones de euros y el salario medio anual de 17.319 euros. En el año 2015 el PIB de España fue de 1.081.190 euros y el salario medio de 26.259 euros (los datos los tomo de Datos Macro). Eso implica que en estos 15 años el PIB aumento un 67% (434.940 millones sobre 646.250 millones) y el salario medio creció un 52% (de 17.319 euros a 26.259 euros). Si el salario medio hubiera crecido en la misma proporción que el PIB el salario medio en España sería de 28.922 euros, y no de 26.259, un 10% más. Y estamos hablando de salarios medios; si consideráramos la mitad de los salarios más bajos es probable que nos encontráramos con una diferencia mayor. Seguro que los datos están por ahí y alguien podrá hacer el cálculo. En este mismo período el IPC subió un 43,2%. Esto es, el salario medio aún subió más que el IPC, pero me gustaría saber el resultado de comparar esta subida del IPC con los salarios que se sitúan por debajo del salario medio, y que ahora mismo en España son la de la mayoría de los trabajadores (en España, en el año 2014, un 45% de los trabajadores tenía ingresos inferiores a los 18.68.40 euros anuales, según datos del INE). Aún así, que el salario de cada trabajador pesa menos respecto al conjunto de la riqueza del país ahora que hace quince años es un dato irrefutable, así como el descenso de la participación de los salarios en el PIB.



Si de los salarios pasamos a las pensiones nos encontramos también con una situación de devaluación. Creo que eso es objetivo. Todos crecimos con la referencia mítica a los 65 años como edad de jubilación. Como es sabido, esto ya no es así, sino que la edad de jubilación se ha incrementado y la perspectiva es que se siga incrementando. Quizás éste sea un dato que contribuya a esa sensación de pesimismo que tanto extraña al autor del artículo que citaba al comienzo de esta entrada. Si no hacen más que repetirnos que tendremos que trabajar más años, con salarios más bajos y, además -y tal como veremos enseguida- para alcanzar pensiones menores ¿cómo narices vamos a ser optimistas?
Porque no se trata solo de que tendremos que trabajar más años, sino que, además, cobraremos menos de pensión. Para comprobarlo basta consultar los arts. 204 a 211 de la Ley General de Seguridad Social, que es donde se regula quiénes tienen derecho a la pensión de jubilación y cómo se calcula su cuantía. En la actualidad la pensión se calcula sobre los salarios de los 25 años anteriores a la jubilación. En el año 2000, el cálculo de la pensión se hacía sobre los 15 años anteriores. Además se introduce en la actualidad un factor de sostenibilidad que antes no existía. En fin, no creo que quepan excesivas dudas de que el objetivo es que las pensiones sean más reducidas; a lo que, por otra parte, también ayudará la disminución de los salarios.
Las perspectivas en cuanto a servicios públicos tampoco son halagüeñas. El discurso constante de la necesaria reducción del gasto público parece orientado a hacernos desconfiar de la sostenibilidad de servicios básicos como la sanidad y la educación; a lo que se une también la dificultad para el pago de las pensiones. Llama la atención, por poner solo un ejemplo, cómo recientemente la Generalitat de Cataluña destacaba como un logro ante inversores internacionales el descenso en el gasto público en sanidad, educación y servicios sociales. En Cataluña, por ejemplo, la subida de las tasas universitarias es una muestra clara de cómo algo que se daba por sentado, el acceso de cualquiera que tuviera méritos suficientes a la educación superior, ya no es tan claro dado lo elevado del coste de un curso en la Universidad.
Finalmente, hay un tema que tiene también su importancia en el ánimo con el que se afronta el futuro. Hace unas décadas se asumía que una buena formación aseguraba un futuro estable e ingresos razonables. Ahora eso ya no es así. Los titulados superiores no obtienen ni estabilidad en el empleo ni salarios que garanticen una posición equivalente a la que tenían sus homólogos de hace treinta o cuarenta años. Los médicos, abogados o ingenieros actuales no tienen el acceso a la posición social de sus equivalentes de los años cincuenta, sesenta o setenta del siglo XX. Hace veinte años recuerdo una conversación con mi casero, ejecutivo en una empresa, quien me contaba que estaban haciendo entrevistas de trabajo y que se le caía el alma a los pies porque se encontraban gente muy preparada, con un título universitario, un máster y muy buen conocimiento de inglés y francés y tan solo les ofrecían salarios modestos, porque -como él me reconocía- tenían cola para esos puestos y los candidatos estaban dispuestos a trabajar por cantidades inferiores a las que él mismo consideraba justas dada su preparación.
Me imagino que nadie se sorprenderá de lo que acabo de contar. Con frecuencia la distinción entre salarios no es debida a la formación, sino a la antigüedad. Un oficial de taller con un contrato antiguo puede estar cobrando más que el joven ingeniero que es su jefe. Me han comentado varias de estas situaciones que contribuyen a que la esperanza de que mediante el estudio y el esfuerzo se pueda conseguir una posición desahogada se volatilicen. Muchos de los jóvenes que han emigrado en los últimos años pueden dar testimonio de ello. Conozco a varios que se mostraban estupefactos de que con unas credenciales estupendas en cuanto a su formación no tuvieran opciones de conseguir la estabilidad laboral en España.



A la vista de lo que he comentado, no creo que sorprenda mi sorpresa por la que muestran personas como el autor del artículo de "El País" que citaba al comienzo, y que se extrañan del pesimismo generalizado en la sociedad. Si nos fijamos en nuestro entorno más inmediato, y con independencia de que la situación media no sea todavía mala, sí que es claro que hemos iniciado un camino descendente que no sabemos a dónde nos conducirá. Es cierto que a nivel global el mundo no ha empeorado y que existen regiones donde se ha vivido una mejora sustancial; pero eso no quita para que en Europa, y más en concreto en España, hayamos sufrido un descenso significativo en la calidad del trabajo y de las pensiones a la vez que se nos advierte del riesgo en el que se encuentra el estado de bienestar.
¿Existe una relación entre la mejora en algunas partes del planeta y el deterioro en otras? Creo que sí. Cuando hace veinte tantos años se aprobó la creación de la OMC mi primer pensamiento es que era un gesto de generosidad del primer mundo hacia los países en desarrollo. En contra de lo que entonces decían unos cuantos, calculaba que la facilitación de la llegada de mercancías y servicios procedentes de países donde los salarios son más bajos acabaría beneficiando a esos países, pero a costa de perjudicar las condiciones laborales en los países más desarrollados. Creo que el tiempo ha dado la razón a ese previsión. La globalización tiende a equilibrar las condiciones en todo el planeta, a acercar salarios y condiciones laborales y, por tanto, lo lógico es quienes estaban en mejor situación hace veinte años (Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia...) se vean perjudicados.
La duda que queda ahora es la de si tras esta primera etapa de igualación es posible mantener un desarrollo de los diferentes países del mundo en el que todos acaben mejorando sus condiciones de vida. Mi impresión es que sin una gobernanza pública de la globalización eso no es posible, ya que el mercado, por sí solo, conducirá a una espiral de depauperación de las condiciones de trabajo de la mayoría de la población



La globalización, por otra parte, ha tenido otra consecuencia, y es la de que todos nos sentimos más cerca de los problemas que nos rodean. Esta es una observación que correctamente se incluye en el artículo de "El País" que da pie a esta entrada. Y esto no es solamente consecuencia de la mejora de las comunicaciones y, especialmente, de Internet; sino de que las fronteras ahora ya no dibujan compartimentos estancos tras los cuales podemos sentirnos seguros. Ahora somos conscientes de que lo que está pasando en lugares que pueden parecer lejanos en realidad nos afectan directamente. Ninguna crisis nos es ajena porque realmente no lo es. Y de eso somos más conscientes (o asumimos inconscientemente) los ciudadanos que los poderes públicos. En este sentido me parece significativo un asunto relativamente menor, pero que da cuenta de esto que explico. Cuando se planteo una crisis de deuda en Chipre los responsables de la Unión Europea acordaron realizar una quita en los ahorros depositados en bancos chipriotas. Les pareció la mejor solución, pero tuvieron que volver sobre ella a las pocas horas porque los ahorradores europeos (incluidos los alemanes) reaccionaron espantados ante tal posibilidad asumiendo que si se había hecho en Chipre podría pasarles también a ellos (aquí lo explico con un poco más de detalle). El resultado es una preocupación constante por la forma en que nos afectarán las diversas crisis que se originan en el Mundo.
En definitiva, que me parece bastante justificada una aptitud pesimista. Estamos en una época de cambio profundo. Se están barajando de nuevo las cartas y son (somos) muchos los que podemos quedar excluidos, situados a un lado de una frontera social que puede permanecer por siglos. Con frecuencia pienso que lo que vivimos no es tan diferente de la situación que vivía Europa en el siglo XI, cuando acabó por cristalizar el feudalismo que dividió a la sociedad en dos grupos diferenciados e incomunicados: los pocos nobles privilegiados y los muchísimos explotados. Evidentemente, no es esta la situación... todavía; pero sería bueno seguir las tendencias para intentar evitar los riesgos de la sociedad que se nos está imponiendo.

jueves, 29 de diciembre de 2016

Mas, Ortega, Rigau y Homs camino del banquillo

Estremece leer los autos con los que concluye la instrucción de las investigaciones abiertas contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs



Estremece porque hemos estado muy cerca de que las gravísimas actuaciones que en esos autos se detallan hubieran quedado impunes. Estremece porque el 8 de noviembre de 2014 tuvimos que ser ciudadanos de a pie quienes denunciáramos el más grave atentado contra el Estado de Derecho perpetrado desde el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Estremece porque durante meses muchos mantuvieron que era mejor dejar pasar lo que había sucedido y dar por bueno que autoridades y funcionarios utilizaran los recursos de los que les hemos dotado para actuar de manera clara y arrogante contra el marco de convivencia que a todos nos vincula. Estremece porque hemos estado muy cerca de lanzar por la borda todo lo conseguido en las últimas décadas, todo lo que supone haber conseguido construir un país moderno, democrático, integrado en Europa y basado en el respeto a las reglas del Estado de Derecho.
Acabo de escribir que los hechos del 9 de noviembre de 2014 fueron el más grave atentado al Estado de Derecho desde el 23-F y eso merece una explicación. Evidentemente hemos sufrido y sufrimos vulneraciones de nuestro marco de convivencia de una enorme gravedad, y ahí no podemos dejar de mencionar la lacra que supuso la puesta en marcha de los GAL, un atajo en la lucha antiterrorista que nunca tuvo que ser ni siquiera imaginado; o los gravísimos casos de corrupción política que ahora mismo están pendientes en los tribunales. Se trata también de quiebras evidentes de los principios democráticos que, además, al igual que el 9-N, también tienen como protagonistas a funcionarios y autoridades públicas; pero en el 9-N hay un agravante respecto a estos casos: en los supuestos mencionados se ha actuado sin pretender hacer creer que lo que se hacía era legal o legítimo. Los casos de corrupción se han intentado ocultar, y los creadores del GAL bien han pretendido disimular su participación en esa banda criminal. En el caso del 9-N, al igual que en el 23-F nos encontramos ante la voluntad explícita de romper el orden constitucional, de sustituir el sistema de libertades del que nos hemos dotado por el sometimiento a quienes pretenden estar por encima de las reglas que nos vinculan a todos.
Porque de esto se trata en el denominado "proceso". El objetivo es que sobre el territorio de Cataluña y respecto a los catalanes se imponga la autoridad de los nacionalistas. No es una especulación, se ha hecho ya expreso y puede leerse en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña. La conclusión novena de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, aprobada por el Pleno del Parlamento de Cataluña el 27 de julio lo deja claro: todos estaremos sometidos a las decisiones de la asamblea constituyente y ni siquiera dispondremos de la posibilidad de acudir a los tribunales para pedir amparo:

"9. L’Assemblea Constituent, una vegada convocada, elegida i constituïda, disposarà de plens poders. Les decisions d’aquesta assemblea seran de compliment obligatori per a la resta de poders públics i per a totes les persones físiques i jurídiques. Cap de les decisions de l’assemblea no serà tampoc susceptible de control, suspensió o impugnació per cap altre poder, jutjat o tribunal."

("9. La Asamblea Constituyente, una vez convocada, elegida y constituida, dispondrá de plenos poderes. Las decisiones de esta asamblea serán de cumplimiento obligatorio para el resto de poderes públicos y para todas las personas físicas y jurídicas. Ninguna de las decisiones de la asamblea será susceptible de control, suspensión o impugnación por ningún otro poder, juzgado o tribunal").



El 9 de noviembre de 2014 fue el ensayo general de ese propósito de someternos a la autoridad del régimen nacionalista. Ante una decisión clara del Tribunal Constitucional que ordenaba la suspensión del proceso de participación ciudadana convocado por Artur Mas de forma consciente y expresa se decidió seguir adelante con el único argumento de que era la voluntad del pueblo. Un argumento que a todo demócrata debería poner los pelos de punta, porque es sabido que esa apelación al pueblo más allá de leyes y procedimientos es el recurso de todos los dictadores.

(Ejemplar del Völkischer Beobachter del 24 de marzo de 1933. Al dar la noticia de la entrega a Hitler de todos los poderes sobretitula: "Der Wille des deutschen Volkes erfüllt", "Se cumple la voluntad del pueblo alemán")


El Estado de Derecho falló al no conseguir impedir un delito claro, la desobediencia por parte de funcionarios y autoridades a una orden del Tribunal Constitucional; desobediencia que implicó, a su vez, que esas autoridades adoptaran resoluciones arbitrarias, carentes de amparo legal y, por tanto, abusivas. Debemos reflexionar sobre las razones que explican que todo un Estado fuera impotente para evitar una burla sin precedentes a la ley, a la Constitución y al Tribunal Constitucional; para impedir que millones de ciudadanos se sintieran compelidos por una administración, por un poder público, que actuaba en contra de la ley de una manera clara y manifiesta.
Afortunadamente la burla no llegó a completarse. Tarde, pero aún en plazo, la justicia actuó contra quienes de forma arrogante habían pretendido colocarse por encima de las normas que a todos nos vinculan. Terminada la instrucción tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (respecto a Mas, Ortega y Rigau) y el Tribunal Supremo (en relación a Homs) concluyen que existen indicios -en esta fase no puede haber más que indicios a falta de la prueba plena que se practicará en el juicio- de que su actuación en los días previos y posteriores al 9 de noviembre de 2014 fue constitutiva de los delitos de prevaricación y de desobediencia.
En los autos mencionados se detalla que los acusados tenían conocimiento de la prohibición de realización de la consulta que había dictado el Tribunal Constitucional y que pese a ello no solamente no hicieron nada para detener la consulta, sino que también continuaron desarrollando las actuaciones necesarias para que pudiera llevarse a cabo. Tal como se indica en el Hecho Segundo, número 4 del Auto del TS:

"Como es notorio, a pesar de la suspensión por parte del Tribunal Constitucional, ninguna de las actividades programadas para la consecución del proceso participativo, dejó de realizarse y la consulta efectivamente tuvo lugar el día 9 de noviembre; según la propia con 2.344.828 participantes. En esta cifra se incluyen los depositados entre los días 10 y 25 de noviembre en las Delegaciones Territoriales del Gobierno de la Generalitat, así como en las sedes en el extranjero de la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat".

En los Autos se detallan las actuaciones realizadas por los acusados tras la suspensión por parte del Tribunal Constitucional; entre ellas haber trasladado a la empresa encargada del soporte informático del proceso que su actuación no estaba afectada por la prohibición del Tribunal Constitucional; y eso pese a que la propia empresa se había dirigido a la Generalitat con el fin de que aclarara si debía o no seguir prestando sus servicios tras la prohibición de realización de la consulta que había dictado el Tribunal Constitucional. En los días previos a la realización de la consulta la empresa contratada por la Generalitat distribuyó en los centros donde se desarrollaría ésta los ordenadores que permitirían su realización y, además, se realizó la difusión de la propaganda institucional relativa a la consulta y se montó el centro de prensa desde el que se difundieron los resultados. Finalmente, ya en diciembre, el propio Francesc Homs remitió una carta al CAC dando cuenta de que ONDA CERO, CADENA SER y COPE se habían negado a difundir la campaña informativa de anuncios y mensajes relativos al proceso de participación del 9N. El fin de esa comunicación era que se sancionara a esos medios.

Estas actuaciones son calificadas por el Tribunal Supremo como prevaricadoras (art. 404 del Código Penal). Merece la pena reproducir lo que dice el Tribunal Supremo sobre este delito de prevaricación:

"el delito de prevaricación administrativa es el negativo del deber que se impone a los poderes públicos de actuar conforme a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico. En definitiva el delito de prevaricación administrativa sanciona los abusos de poder que representan la negación del propio Estado de derecho, pues nada lesiona más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes políticos en los vulneradores de la legalidad de la que ellos son los primeros custodios. Por ello, la nota de arbitrariedad es un aliud diferente del control judicial de los actos administrativos por la jurisdicción contenciosa. La nota de arbitrariedad supone que un apartamiento de toda normativa, es la voluntad de las personas concernidas la que se erige en única fuente de la decisión."

Debería ser evidente para todos esto que afirma el Tribunal Supremo. Los poderes públicos han de actuar conforme a la Constitución, no es legítimo que sustituyan la voluntad legal por la propia, aunque sea amparándose en un "el pueblo lo quiere", que, como veíamos, no es más que el subterfugio de los autoritarios. Y toda actuación de los poderes públicos que se aparte de lo que establece la ley no puede ser tolerada y ha de ser perseguida, porque, como dice el Tribunal Supremo, los ciudadanos tenemos derecho a esperar que los poderes públicos actúen dentro del marco legal. Este sometimiento a la ley es garantía de nuestras libertades.
Debería causar escándalo que se hubiera producido ante nuestros ojos la usurpación de los poderes públicos de la que fuimos testigos en el mes de noviembre de 2014. Merece la pena reproducir otro fragmento del Auto del Tribunal Supremo:

"Resoluciones arbitrarias, omisivas y activas, contrarias absolutamente a la Constitución, por cuanto desapoderada la Generalitat de la potestad para llevar a cabo la competencia que cuando menos tácitamente afirmaba sobre el "proceso participativo" que culminaba con la consulta; tales resoluciones y disposiciones, fuer cual fuere su contenido, contrariaban de modo grosero, el ordenamiento jurídico; y no sólo la legalidad ordinaria, sino el constitucional, al resultar carentes de todo soporte competencial, en ese momento inexistente, e imponer us propia voluntad sobre la del órgano constitucional, al que expresamente se le atribuye y obliga el dictado de la suspensión.
Que además suponían una suplantación del poder constituyente, al hacer prevalecer la voluntad propia (aún cuando se diga depositaria de un difuso mandato ciudadano, carente igualmente de ese carácter constituyente), con desprecio deliberado de la resolución que le suspende la potestad para desenvolver el "proceso participativo", dictada por el órgano a quien el constituyente encomendó tal tarea y control.
Resoluciones y disposiciones pues, injustas, contrarias a derecho, realizadas y dictadas, a sabiendas con plena consciencia de us ilicitud..."

La contundencia de los Autos que ponen fin a la instrucción en relación a Mas, Ortega, Rigau y Homs no dejan lugar a dudas sobre la claridad y gravedad de su actuación. Son una llamada de atención a  los políticos, opinadores y ciudadanos en general que durante meses han tenido la tentación de dar cobertura a una actuación inadmisible desde todos los puntos de vista. No es de recibo que las autoridades se salten la ley, no es de recibo que utilicen recursos y poderes públicos para destruir el Estado de Derecho y no es de recibo que se toleren esas actitudes.
Son quienes insisten en llevar a nuestras instituciones fuera del marco legal quienes han de bajar la cabeza y reconocer lo equivocado de su actitud. Solo así se sentarán las bases para la reconstrucción de una convivencia que estos irresponsables están poniendo en peligro.
Entretanto no queda más remedio que la ley y los tribunales sigan actuando.

Una última pregunta: ¿no hay manera que recuperemos los millones de euros que nos ha costado a todos los catalanes un proceso participativo que los tribunales ya están calificando como ilegal, arbitrario y abusivo? ¿No hay forma de que ese dinero que tendría que ir destinado a otros fines sea devuelto al conjunto de los ciudadanos?



martes, 27 de diciembre de 2016

La detención de Joan Coma

Hace unas semanas la alcaldesa de Berga fue detenida y trasladada ante el Juez para prestar testimonio como investigada en el marco de la instrucción de un proceso por desobediencia a instrucciones de la Junta Electoral. Entonces intentaba explicar que nadie debía rasgarse las vestiduras por lo que no era más que la actuación normal de la justicia y de la policía en un Estado democrático. Hoy nos encontramos ante un episodio similar: un concejal de Vic, Joan Coma, ha sido detenido para poder ser trasladado a la Audiencia Nacional con el fin de que pueda prestar declaración como investigado en relación a un proceso abierto contra él por la presunta comisión de un delito de incitación a la sedición.



Como en el caso de la alcaldesa de Berga, la detención no es propiamente por el delito que pudo haber cometido, sino por no haberse presentado ante el Juez una vez citado para ello. En un caso como éste la citación es obligatoria y si el investigado no acude ante la autoridad judicial ha de ser trasladado forzosamente ante el Juez; entre otras cosas porque la investigación no puede continuar sin el testimonio de la persona acusada. Cosas de un sistema garantista como es el español: nadie puede ser investigado sin darle la oportunidad de ser escuchado. Es por esto que es obligado para todos el cooperar con la justicia personándose cuando se es citado para ello. Hace poco yo mismo recibía una citación en este sentido, aunque no como investigado, sino como perjudicado y en ningún momento se me ocurrió no acudir a la llamada que realiza la justicia. Es de sentido común.
Pero sentado esto, creo que podemos ir más allá examinando las razones que han conducido a la instrucción que se está desarrollando en relación al Sr. Coma. Probablemente se pretenderá por parte de los separatistas que la mencionada detención es una muestra de la falta de calidad democrática del Estado español, pues se está investigando a Joan Coma por unas declaraciones realizadas, por meras palabras; en definitiva, por haber ejercitado la libertad de expresión. Como veremos esta es solamente una parte de la historia y conviene siempre examinar las cosas desde todos los ángulos.
Lo que origina la actuación contra el Sr. Coma es su Parlamento en el ayuntamiento de Vic el día 9 de diciembre de 2015. Según explican los medios el concejal pidió que se dejaran de obedecer las decisiones de las instituciones españolas, concluyendo con la afirmación de que "Desobediència, fa temps que la venim reclamant. Nosaltres hem dit que per fer la truita primer s'han de trencar els ous" ("Hace tiempo que venimos reclamando desobediencia. Nosotros hemos dicho que para hacer la tortilla primero se tienen que romper los huevos"). Esto es, romper con la legalidad vigente desobedeciendo las resoluciones de las instituciones españolas.
Es evidente que en caso de que se atendiera a lo que el Sr. Coma pedía se estaría incurriendo en un delito. En concreto en el delito de sedición tipificado en el art. 544 del Código Penal, en el que se establece que:

"Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales."

Las penas previstas para el delito de sedición son de prisión de ocho a diez años y de diez a quince años para quienes sean autoridad. La pena de prisión en este caso implica también la de inhabilitación absoluta.

El hecho de que la desobediencia a las leyes y decisiones esté penado no es ninguna particularidad del "malvado" ordenamiento jurídico español. Es algo propio de cualquier Estado de Derecho y, en realidad, de todos los Estados, pues no puede hablarse de Estado sin que el cumplimiento de las normas y sentencias sea obligado. Es algo bastante evidente. No es extraño que los propios separatistas reconozcan que la instauración de un Estado catalán exigirá que las decisiones del nuevo Estado sean obligatorias para todos. Basta, por ejemplo, recordar la conclusión novena de la comisión de estudio del proceso constituyente, aprobada por el Parlamento de Cataluña el 27 de julio de este año 2016:

"9. L’Assemblea Constituent, una vegada convocada, elegida i constituïda, disposarà de plens poders. Les decisions d’aquesta assemblea seran de compliment obligatori per a la resta de poders públics i per a totes les persones físiques i jurídiques. Cap de les decisions de l’assemblea no serà tampoc susceptible de control, suspensió o impugnació per cap altre poder, jutjat o tribunal."

("9. La Asamblea Constituyente, una vez convocada, elegida y constituida, dispondrá de plenos poderes. Las decisiones de esta asamblea serán de cumplimiento obligatorio para el resto de poderes públicos y para todas las personas físicas y jurídicas. Ninguna de las decisiones de la asamblea será susceptible de control, suspensión o impugnación por ningún otro poder, juzgado o tribunal").

No hay nada extraordinario, por tanto, en penar la desobediencia a los tribunales y a las leyes tal como se hace en España, donde, además, se establece que tal desobediencia solamente integrará el tipo penal de la sedición que reproducía antes como se hiciera de forma pública y tumultuaria, con utilización de la fuerza o al margen de las vías legales. De esta forma no toda desobediencia implicará sedición, sino, básicamente, aquella que se traduzca en actos públicos y con concurrencia de una pluralidad de personas (tumultuarios). La desobediencia que se limite al ámbito privado o que se manifieste de forma individual no entrará en el tipo del art. 544 del Código Penal.
En el caso del Sr. Coma, sin embargo, no se está investigando la efectiva desobediencia, sino la provocación para la comisión de este delito. Es decir, de lo que se acusa al concejal de Vic no es de desobedecer él mismo, sino de incitar a otros a que lo hagan, y a que lo hagan de la forma prevista en el art. 544 del Código Penal; esto es públicamente y de manera tumultuaria.
Evidentemente, será la instrucción que se está llevando a cabo la que determine si las palabras del Sr. Coma pueden ser entendidas efectivamente como una provocación para la comisión del delito que acabamos de describir; pero en caso de que se probara que, efectivamente, el propósito del concejal era alentar a esa desobediencia generalizada a las resoluciones de las instituciones españolas no podríamos concluir más que el Sr. Coma habría incurrido en el delito de sedición en tanto que provocador.
Con carácter general, la provocación para la comisión de un delito viene regulada en el art. 18 del Código Penal, donde se indica que "La provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito". En este mismo artículo se indica que la provocación no se castigará más que cuando la Ley así lo prevea. Lo que sucede es que en el caso de la sedición sí que se prevé como delito la provocación para el mismo, tal como se recoge en el art. 548 del Código Penal.
No es extraño que así pase. Tal como señalaba hace unos años en relación a otro caso que a mi me parecía también de provocación, en este caso al delito de rebelión, la familiaridad en el debate público con ciertos delitos puede limitar el rechazo que los mismos producen. Dado que esta tolerancia hacia el delito es negativa para la convivencia social, en determinados supuestos es necesario que la provocación para la comisión del delito sea también castigada. Así pasa, por ejemplo, con el delito de homicidio y el de asesinato (art. 141 del Código Penal), y también pasa con el delito que nos ocupa, el delito de sedición. Creo que todos estaremos de acuerdo en que no podemos banalizar la comisión de delitos, y admitir que la provocación para cometer el delito de sedición quedara impune sería tanto como admitir que resulta admisible ya no solo la incitación para su comisión, sino su comisión misma.
La sanción de la comisión del delito de sedición no es, por tanto, ningún atentado a la libertad de expresión; sino una consecuencia necesaria del respeto al Estado de Derecho. Creo que la mayoría de quienes reclaman la desobediencia que pide el Sr. Coma, y que supondría el inicio efectivo de un supuesto de sedición o, incluso de rebelión (arts. 472 y ss. del Código Penal) son conscientes de ello. Saben que de lo que se trata en el "proceso" es de sustituir una legalidad, la española actualmente vigente en Cataluña, por otra, la que pretenden imponer los separatistas; para lo que tienen que lograr, por la vía de hecho, el efectivo acatamiento a sus órdenes e instrucciones. En este sentido, la previa desobediencia a las leyes y sentencias del ordenamiento español no es más que el primer paso para conseguir el acatamiento al ordenamiento nacionalista. La conclusión novena de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente es buena muestra de ello.
Pongamos, por tanto, algo de serenidad en el debate que se está produciendo y no nos alarmemos por la actuación de la justicia en casos como el del Sr. Coma. Al revés, congratulémonos que ante el cúmulo de incumplimientos y desafíos en los que vivimos los catalanes, algo comience a ser escrutado por los tribunales. Quizás estemos en el camino de recuperar el Estado de Derecho que nos han arrebatado los separatistas.